Silvia Rodríguez Arana

Expediente 1044/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1044/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Silvia Rodríguez Arana

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Silvia Rodríguez Arana por su propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada de iniciales R. M. R. quien aduce es su menor hija, fórmese el amparo correspondiente, registrándose con el número 1044/2020. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa Silvia Rodríguez Arana por su propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada de iniciales R. M. R. quien aduce es su menor hija reclama del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, Salvador Hernández Martínez la resolución del recurso de revocación de diez de noviembre de dos mil veinte dictada dentro de la causa penal 135/2019/SAN MARTIN, por medio de la cual dicho juez responsable determinó confirmar el auto de seis de noviembre de dos mil veinte en el que declaró dejar sin materia el recurso de queja instado por la impetrante de amparo toda vez que las omisiones respecto de acordar sus escritos de veintiocho de octubre del presente año de las que se dolía la quejosa fueron subsanada en diverso auto de tres de noviembre de la presente anualidad. Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que la parte promovente Silvia Rodríguez Arana por su propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada de iniciales R. M. R. quien aduce es su menor hija se ostenta con el carácter de agraviada en la causa penal 135/2019/SAN MARTIN generadora del acto reclamado, por ello resulta indudable que el promovente es parte formal en dicho proceso penal. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . . . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo;. Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el caso concreto, como se destacó, la quejosa reclama del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con Sede en San Martín Texmelucan, Puebla, Salvador Hernández Martínez, la resolución del recurso de revocación de diez de noviembre de dos mil veinte dictada dentro de la causa penal 135/2019/SAN MARTIN, por medio de la cual dicho juez responsable determinó confirmar el auto de seis de noviembre de dos mil veinte en el que declaró dejar sin materia el recurso de queja instado por la impetrante de amparo toda vez que las omisiones respecto de acordar sus escritos de veintiocho de octubre del presente año de las que se dolía la quejosa fueron subsanada en diverso auto de tres de noviembre de la presente anualidad. Como se ve, el acto reclamado consiste esencialmente en la abstención o retardo del juez responsable de acordar los escritos de veintiséis de octubre de dos mil veinte dentro de la causa penal 135/2019/SAN MARTÍN lo que evidencia que el acto reclamado (que repercutirá necesariamente en un aspecto de índole valorativo dentro del proceso generador) no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo de la quejosa. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA demanda de amparo QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizada a la persona que menciona en los términos precisados en el proemio de dicha demanda. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento del correo electrónico utopia1291@hotmail.com, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que respecta a la petición de la impetrante en cuanto a permitir el uso de medios electrónicos de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se provee de conformidad su solicitud, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario; empero, se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 6, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado únicamente está facultado para programar citas de acceso físico a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia necesaria. De tal manera que, tomando en consideración que la solicitud de impetrante no se trata de una diligencia que el juzgado determine como necesaria, por no tratarse de un caso urgente, sino que es a petición del propio interesado, entonces, queda a cargo de la misma, obtener la cita correspondiente para el desahogo de la diligencia que requiere, en los términos establecidos en el artículo 32 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del micrositio "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para consultar expedientes, donde a su vez se le permitirá que la persona a cuyo nombre la solicita y en su caso otra persona autorizada en el expediente ingrese al órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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