Silvia Rocio Ruiz Zamarripa

Expediente 900/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
900/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • Silvia Rocio Ruiz Zamarripa

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. En esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Notifíquese. Mesa V.

  2. Principal

    Agréguense sin mayor proveído los escritos firmados por ****, toda vez que los solicitantes de amparo únicamente lo autorizaron para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, sin que tenga amplias facultades para promover en el presente asunto. Asimismo, se precisa que en el ocurso de demanda los solicitantes de amparo manifestaron expresamente autorizar al ocursante a efecto de oír y recibir notificaciones, documentos y valores, imponerse de autos y recabar constancias a través de cualquier medio electrónico. Notifíquese. Mesa V.

  3. Principal

    Se agrega la razón signada por la actuaria de la adscripción, mediante la cual se advierte la imposibilidad que le asistió para notificar a los solicitantes de amparo el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el domicilio que señalaron en su escrito inicial de demanda, tal como se aprecia de las siguientes capturas: [*]. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase la notificación del citado acuerdo, el presente auto, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se deberá fijar en los estrados de este órgano de control, hasta en tanto designen nuevo domicilio para tales efectos. ACUERDO DE CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO: "Recepción. Se recibe la demanda de amparo signada por ***, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 62 y 221 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y regístrese en el libro de gobierno con el número 900/2021-V. Desechamiento. De acuerdo con el precepto 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Ahora, del análisis integral efectuado a la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados son: - Todos los acuerdos, decretos y resoluciones que sigan dilatando el juicio sucesorio testamentario radicado con el número de expediente 1061/2021, del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, concretamente el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se fijaron las once horas con treinta minutos del catorce de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la junta de herederos, puesto que existe una dilatación procesal; así como su ejecución. De los antecedentes que dieron origen a los actos combatidos y que fueron narrados por la parte promovente en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se desprenden los siguientes: Partiendo de esa base, el suscrito juzgador concluye que cobra vigencia la causa de improcedencia establecida en el precepto 61, fracción XVIII, de la normativa aplicable, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". De la interpretación de los numerales transcritos, se concluye que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley regulatoria del acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, pues existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin interponerlo la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, es decir, sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. La obligación de mérito la exige esencialmente la fracción reproducida en relación con los actos provenientes de autoridades encargadas de la administración de justicia, esto es, sean judiciales o materialmente jurisdiccionales del orden federal, estatal, municipal y de cualquier materia civil, mercantil, administrativo, familiar, agrario, fiscal, entre otras; así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes integrantes del elenco procesal del juicio o procedimiento instruido bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le agravia. Aunado a que en torno al principio de definitividad se establece su excepción sólo en algunos casos y bajo condiciones específicas, las cuales prevé la Ley de Amparo, en el transcrito numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), como lo establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 8, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017117, de contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, en el Título Décimo Sexto denominado "De las controversias del orden familiar", en la parte que interesa, establece: "ARTICULO 950. Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore. ARTÍCULO 951. Salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía." "ARTÍCULO 952. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes." Además de los preceptos transcritos, la misma legislación en los numerales 79, 691 y 696 indican: "ARTÍCULO 79. Las resoluciones son: I.- Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II.- Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III.- Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV.- Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V.- Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; VI.- Sentencias definitivas." "ARTÍCULO 691 (.) Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables.." ARTÍCULO 696. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Lo anterior no es aplicable en las apelaciones que se interpongan en contra de resoluciones que resuelvan excepciones procesales. En caso de apelaciones en contra de medidas de apremio o de multas sólo se suspenderá el procedimiento por lo que hace a su aplicación." De los preceptos transcritos, se desprenden las premisas siguientes: a) Las resoluciones sobre cuestiones del orden familiar pueden ser apeladas. b) Se consideran resoluciones, entre otras, aquellas determinaciones que se ejecuten provisionalmente y se llaman autos provisionales, así como simples determinaciones de trámite, que se denominan decretos. c) Los autos e interlocutorias son apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. d) La sentencia definitiva dictada en los juicios del orden familiar, es apelable. Entonces, resulta impugnable el auto combatido, a través del recurso de apelación. El artículo 6881 de la legislación en cita, establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal confirme, revoque o modifique la determinación del Juez. En ese contexto, la parte quejosa al haber tenido conocimiento y no estar conforme con el acto que se reclama, por los motivos señalados por el juez natural, debió agotar el recurso de apelación previsto en la ley ordinaria, antes de la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior es así, porque al ser impugnable la actuación reclamada a través del recurso de apelación, es indudable que antes de acudir a promover demanda de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponerlo, y al no agotarlo, el acto combatido carece de definitividad, pues es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de definitividad, el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado. Además, tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del arábigo 61 de la legislación reglamentaria únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de juicio, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, y cuando se trate de personas extrañas a las controversias, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Por tanto, si el señalado recurso de apelación tiene por finalidad revocar o modificar la actuación reclamada, la parte promovente pudo hacer valer los agravios que considerara le deparan a la determinación impugnada de veinticinco de octubre del año que transcurre. Asimismo, sirve de apoyo de lo antes sustentado, en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187016, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registros 2002359 y 2005917, de rubros siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Suprema, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cabe apuntar que la cita que en esta resolución se realiza de los criterios interpretativos emitidos por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, es viable para sustentar lo que así se decide, pues no obstante que algunos surgieron durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, no se oponen a lo previsto en la que actualmente rige; ello, conforme a sus artículos segundo y sexto transitorios. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los dispositivos 27, fracción I, de la ley de la Ley de Amparo y 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como tal el que indica. Autorizados. Se faculta en términos del segundo párrafo, última parte, del precepto 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica, únicamente para oír y recibir notificaciones. Medios electrónicos. Con base en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, en el entendido de que el uso de dichas reproducciones será responsabilidad de quien las obtenga. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que se practiquen las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Por otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid- 19, se exhorta a la parte promovente que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (juicio en línea). Asimismo, para mejorar la comunicación, se le exhorta a que proporcione alguna modalidad a través de la cual se pueda tener un contacto expedito, es decir, a que señale un número telefónico en el que pueda recibir mensajería instantánea (verbigracia Whatsapp), así como un correo electrónico. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte promovente." Notifíquese por lista a la parte promovente el auto indicado y el presente acuerdo. MESA V.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente. Mesa V.

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