Silvia Robledo Gonzalez

Expediente 661/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
661/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Silvia Robledo Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio 4985/2021, firmado electrónicamente por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual acusa recibo del oficio 25493/2021 y sus anexos. Asimismo, informa que admitió el recurso interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado como recurso de queja 270/2021 de su índice; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Silvia Robledo González, contra actos de las autoridades siguientes*** Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 661/2021. DESECHAMIENTO Debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el caso, se aprecia que la promovente del amparo reclama primeramente en esta vía constitucional sustancialmente el acuerdo de once de diciembre de dos mil siete, dictado en el juicio dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 464/2008 del índice del juzgado señalado como responsable, manifestando que dicho auto que reclama trajo como consecuencia su respectiva notificación y así sucesivamente el dictado de una sentencia de veintisiete de febrero de dos mil nueve, emitida en juicio de origen en la que es parte demanda. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifiesta que se hizo sabedora de la instauración de juicio seguido en su contra desde el uno de octubre de dos mil ocho, fecha en la que fue emplazada a juicio, por conducto del actuario adscrito al juzgado señalado como responsable, y que con motivo a ello, mediante escrito de catorce del citado mes y año, contestó la demanda, opuso excepciones y ofreció pruebas. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, la manifestación vertida por la parte quejosa respecto de la fecha en que tuvo conocimiento del ato reclamado, constituye una confesión expresa que hace prueba plena en su contra, respecto a que la parte quejosa tenía conocimiento del acto reclamado desde el uno de octubre de dos mil ocho, fecha en la que fue emplazada a juicio, por conducto del actuario adscrito al juzgado señalado como responsable. Por tanto, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para promover el juicio de amparo, transcurrió evidentemente en exceso, pues la demanda fue presentada hasta el nueve de noviembre de la presente anualidad; es claro que la misma resulta extemporánea. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracciones XIV y XIX, en relación con el numeral 17 de la ley de la materia, promovida por Silvia Robledo González, respecto del acto reclamado consistente en todo el procedimiento que estima viciado desde el acuerdo de once de diciembre de dos mil siete, dictado en el juicio dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 464/2008 del índice del juzgado señalado como responsable. Por otra parte, también se estima que en el presente juicio de amparo, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente sustancialmente en la diligencia de remate en segunda almoneda y pública subasta de su bien inmueble (casa), ordenada en auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 464/2008 del índice del juzgado señalado como responsable, se actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo Ahora bien, del estudio integral del escrito de demanda se obtiene que, en el caso, el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en sustancialmente en la diligencia de remate en segunda almoneda y pública subasta de su bien inmueble (casa), ordenada en auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 464/2008 del índice del juzgado señalado como responsable. Asimismo, se advierte que la aquí quejosa es parte demandada en el juicio de origen y que el acto reclamado fue emitido en el periodo de ejecución de sentencia, la cual fue dictada el veintisiete de febrero de dos mil nueve, mismo que no goza de autonomía propia y destacada, antes bien, es acto concomitante al procedimiento mismo de ejecución, cuyo objeto es el cumplimiento del fallo, contra los cuales, el amparo indirecto sólo procederá cuando se emita la última resolución dictada en ese trámite. En este supuesto relativo a los actos dictados en el procedimiento de remate, como en el caso que nos ocupa, el amparo indirecto procede, contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. De modo que, es claro que se trata de una determinación inicial del procedimiento de remate, la cual, en su caso, puede ser reclamada como violación procesal en la demanda de amparo que se enderece contra la última resolución con que culmine la citada fase, dado que las actuaciones realizadas dentro del procedimiento, no pueden ser combatidas a través del juicio de amparo indirecto, habida cuenta de que, en la especie, como se vio, ya se pronunció sentencia definitiva, la cual se encuentra en la etapa ejecutiva; por tanto, en razón del interés social, no es viable entorpecer o dilatar, el cumplimiento de ese fallo mediante juicios de amparos biinstanciales contra las actuaciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del procedimiento de remate; lo que tiene su razón de ser en evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie en dicha etapa. Por tanto, es evidente que los actos reclamados no constituyen una resolución definitiva en el procedimiento de origen, en términos del tercer párrafo de la fracción IV, del precepto 107 de la ley de la materia, pues no ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados, circunstancia que hace improcedente el juicio de amparo. Como apoyo de esta determinación, debe precisarse que todo procedimiento judicial, por su propia naturaleza, requiere la realización de diversos actos procesales que pueden causar molestias a las partes, las cuales se encuentran obligadas a soportarlas toda vez que tales procedimientos son los medios que la Constitución General de la Republica establece a favor de los particulares para que exijan justicia y hagan valer sus derechos. De ahí que, sea válido concluir que al ser emitidos los actos reclamados como inicio del procedimiento, tendiente a la ejecución de la sentencia dictada en el controvertido de origen, el amparo que se promueva en su contra es improcedente al no ordenar de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados. En las relatadas consideraciones, al no constituir los actos reclamados el auto que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, párrafo tercero, de la ley de la materia; por tanto, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con apoyo en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal, la demanda de referencia, respecto del acto reclamado precisado con anterioridad.

  3. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA) Vista la demanda de amparo que promueve Silvia Robledo González, contra actos de las autoridades siguientes*** Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 661/2021. DESECHAMIENTO Debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el caso, se aprecia que la promovente del amparo reclama primeramente en esta vía constitucional sustancialmente el acuerdo de once de diciembre de dos mil siete, dictado en el juicio dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 464/2008 del índice del juzgado señalado como responsable, manifestando que dicho auto que reclama trajo como consecuencia su respectiva notificación y así sucesivamente el dictado de una sentencia de veintisiete de febrero de dos mil nueve, emitida en juicio de origen en la que es parte demanda. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifiesta que se hizo sabedora de la instauración de juicio seguido en su contra desde el uno de octubre de dos mil ocho, fecha en la que fue emplazada a juicio, por conducto del actuario adscrito al juzgado señalado como responsable, y que con motivo a ello, mediante escrito de catorce del citado mes y año, contestó la demanda, opuso excepciones y ofreció pruebas. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, la manifestación vertida por la parte quejosa respecto de la fecha en que tuvo conocimiento del ato reclamado, constituye una confesión expresa que hace prueba plena en su contra, respecto a que la parte quejosa tenía conocimiento del acto reclamado desde el uno de octubre de dos mil ocho, fecha en la que fue emplazada a juicio, por conducto del actuario adscrito al juzgado señalado como responsable. Por tanto, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para promover el juicio de amparo, transcurrió evidentemente en exceso, pues la demanda fue presentada hasta el nueve de noviembre de la presente anualidad; es claro que la misma resulta extemporánea. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracciones XIV y XIX, en relación con el numeral 17 de la ley de la materia, promovida por Silvia Robledo González, respecto del acto reclamado consistente en todo el procedimiento que estima viciado desde el acuerdo de once de diciembre de dos mil siete, dictado en el juicio dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 464/2008 del índice del juzgado señalado como responsable. Por otra parte, también se estima que en el presente juicio de amparo, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente sustancialmente en la diligencia de remate en segunda almoneda y pública subasta de su bien inmueble (casa), ordenada en auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 464/2008 del índice del juzgado señalado como responsable, se actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo Ahora bien, del estudio integral del escrito de demanda se obtiene que, en el caso, el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en sustancialmente en la diligencia de remate en segunda almoneda y pública subasta de su bien inmueble (casa), ordenada en auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 464/2008 del índice del juzgado señalado como responsable. Asimismo, se advierte que la aquí quejosa es parte demandada en el juicio de origen y que el acto reclamado fue emitido en el periodo de ejecución de sentencia, la cual fue dictada el veintisiete de febrero de dos mil nueve, mismo que no goza de autonomía propia y destacada, antes bien, es acto concomitante al procedimiento mismo de ejecución, cuyo objeto es el cumplimiento del fallo, contra los cuales, el amparo indirecto sólo procederá cuando se emita la última resolución dictada en ese trámite. En este supuesto relativo a los actos dictados en el procedimiento de remate, como en el caso que nos ocupa, el amparo indirecto procede, contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. De modo que, es claro que se trata de una determinación inicial del procedimiento de remate, la cual, en su caso, puede ser reclamada como violación procesal en la demanda de amparo que se enderece contra la última resolución con que culmine la citada fase, dado que las actuaciones realizadas dentro del procedimiento, no pueden ser combatidas a través del juicio de amparo indirecto, habida cuenta de que, en la especie, como se vio, ya se pronunció sentencia definitiva, la cual se encuentra en la etapa ejecutiva; por tanto, en razón del interés social, no es viable entorpecer o dilatar, el cumplimiento de ese fallo mediante juicios de amparos biinstanciales contra las actuaciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del procedimiento de remate; lo que tiene su razón de ser en evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie en dicha etapa. Por tanto, es evidente que los actos reclamados no constituyen una resolución definitiva en el procedimiento de origen, en términos del tercer párrafo de la fracción IV, del precepto 107 de la ley de la materia, pues no ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados, circunstancia que hace improcedente el juicio de amparo. Como apoyo de esta determinación, debe precisarse que todo procedimiento judicial, por su propia naturaleza, requiere la realización de diversos actos procesales que pueden causar molestias a las partes, las cuales se encuentran obligadas a soportarlas toda vez que tales procedimientos son los medios que la Constitución General de la Republica establece a favor de los particulares para que exijan justicia y hagan valer sus derechos. De ahí que, sea válido concluir que al ser emitidos los actos reclamados como inicio del procedimiento, tendiente a la ejecución de la sentencia dictada en el controvertido de origen, el amparo que se promueva en su contra es improcedente al no ordenar de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados. En las relatadas consideraciones, al no constituir los actos reclamados el auto que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, párrafo tercero, de la ley de la materia; por tanto, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con apoyo en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal, la demanda de referencia, respecto del acto reclamado precisado con anterioridad.

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