Silvia Rivera Esquivel

Expediente 1321/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1321/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Silvia Rivera Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal. Vista la certificación secretarial asentada en primer término, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal para interponer el recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo del expediente. Por otra parte, en cuanto al estado procesal de autos, se obtiene que no existe diligencia pendiente por acordar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, archívese el expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    Se concluye que la quejosa debió interponer, previo al juicio de amparo, el recurso ordinario de revocación contra el acto aquí reclamado, esto es, debió agotar el citado recurso en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Es aplicable la tesis XIX.2º.13K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta del tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, por las consideraciones que la sustentan, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia común, Tomo XXIII, Febrero de 2006, visible en la página 1624, de rubro y sinopsis: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, se reitera se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.

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