Silvia Rivera Aguilar

Expediente 813/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
813/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Silvia Rivera Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, nueve de febrero de dos mil veintiuno. -ESTADO PROCESAL DEL JUICIO- Visto el estado procesal del presente juicio, del que se advierte que mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, sin que se haya devuelto el cuaderno de prueba que remitió la autoridad responsable en alcance a su informe con justificación. -DEVUELVE CUADERNO DE PRUEBA- En consecuencia, devuélvase al Juez Primero de lo Familiar en el Estado el anexo que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/0020.... 813/2020-III

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintiuno de enero de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es destruible, en términos del artículo 21, inciso c) del referido ordenamiento legal, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, en la fecha y términos antes indicados. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción II, inciso a) del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, y por lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. ..813/2020-III.

  3. Principal

    Del cuaderno de pruebas que en anexo correspondiente a este juicio de amparo se formó, relativo a las constancias originales del juicio único civil 862/2019 (divorcio incausado) del índice del Juzgado Primero Familiar del Estado -autoridad responsable-, así como de las constancias certificadas que allegó aquélla a este sumario constitucional, mediante oficio 3722, con fecha de ingreso veintiséis de noviembre del año en curso, se advierte lo siguiente: a) El dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se decreta la disolución del vínculo matrimonial que contrajeron Efrén José Ramírez Jaime y Silvia Rivera Aguilera y se aprobaron las cláusulas primera (patria potestad sobre la entonces menor hija de ambos, hoy mayor de edad María Fernanda Ramírez Rivera; quinta (menaje de bienes) y octava de la que fuera presentada por el primeramente mencionado; y se ordenó citar a las partes para comparecieran a audiencia en donde se promovería el acuerdo entre las partes sobre las cláusulas no aprobadas (fojas27-29 del anexo I). b) El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, Silvia Rivera Aguilera, promovió en la vía incidental reclamando las siguientes prestaciones: (i) pensión alimenticia retroactiva y definitiva; (ii) guarda y custodia de su hija menor de edad; (iii) convivencia con la menor de edad; (iv) designación de cónyuge (sic) que tendrá el uso de la morada conyugal; (v) administración de los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta la liquidación; y (vi) liquidación de la sociedad conyugal (fojas 42-47; ibídem). c) Por escrito ingresado el veintiuno de febrero del año en curso, Silvia Rivera Aguilera solicitó determinación sobre la custodia provisional de su hija menor de edad a su favor y respecto a la pensión alimenticia provisional en beneficio de ambas (foja 318; ibídem). d) A la anterior solicitud recayó auto de veintiuno de febrero siguiente, en el que se declaró estado de minoridad de la hija de ambas partes, se ordenó nombramiento de tutor y vista al Ministerio Público, para estar en posibilidad de proveer sobre la medida provisional de custodia de la entonces menor de edad María Fernanda Ramírez Rivera (foja 319 del anexo). e) En proveído de diecisiete de marzo del dos mil veinte se tuvo a Saúl Alonso Andrade, aceptando el cargo de tutor especial y se señaló fecha para la audiencia prevista en el artículo 242 bis del Código de Procedimientos Civiles (escucha de opinión de menor de edad) (fojas 351-352 del anexo). f) Por auto de nueve de julio de dos mil veinte, se ordenó realizar la audiencia ordenada mediante la aplicación electrónica denominada "zoom" (foja 362-363; ibídem). g) El cinco de agosto de dos mil veinte se verificó la audiencia incidental en los autos del incidente para resolver cuestiones inherente al divorcio, en la que se aprobó un convenio entre las partes, determinando el juez familiar lo siguiente: ".en la inteligencia que quedan pendientes por resolver la guarda, custodia de la menor, convivencia, alimentos tanto para la menor como para la actora." (foja 378 vuelta; ibídem). h) El nueve de septiembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 242 bis de la legislación adjetiva civil estatal, en la que se escuchó la opinión de la hasta entonces menor de edad María Fernanda Ramírez Rivera y se citó a las partes para oír sentencia interlocutoria (fojas 385-388 del cuaderno de pruebas). i) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el juez familiar responsable dictó sentencia interlocutoria únicamente con relación a la medida provisional de custodia exigida por los padres de la menor de edad, en la que resolvió que durante la tramitación del procedimiento, correspondería aquella a Efrén José Ramírez Jaime y estableció un régimen provisional de convivencia de la menor de edad con Silvia Rivera Aguilera, requiriéndose a ambos progenitores, para que acudan al taller de "crianza positiva" que imparte el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia (fojas 389-394; ibídem). Resolución la anterior que se erige como el acto reclamado en el presente juicio de amparo. j) El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el juez familiar dictó un auto en el que declara que María Fernanda Ramírez Rivera adquirió la mayoría de edad y, por lo tanto, ha cesado la representación que ostentaba Efrén José Ramírez Jaime, esto en términos de los 670 y 671 del Código Civil del Estado de Aguascalientes y 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que previno a la primeramente mencionada para que señalara domicilio y se manifestara respecto de los alimentos provisionales solicitados en su favor. k) Finalmente, el veintitrés de noviembre siguiente se dictó auto en el que en otras cuestiones, se acordó el escrito presentado por María Fernanda Ramírez Rivera, manifestado que hace suya la demanda interpuesta por su padre con respecto a los alimentos en su favor. Documentales de las que derivan los antecedentes expuestos, a las que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. -SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA- Ahora bien, se acota en principio lo dispuesto por los artículos 21, 289, fracción III, 293, fracción I, 437, último párrafo y 671 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes que disponen: "Artículo 21.- El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley." "Artículo 289.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: I.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores de edad o incapaces; (.)." Artículo 293.- En el Juicio de divorcio se fijará la situación de los hijos menores de edad o incapaces, para lo cual en la sentencia respectiva, se deberá resolver lo siguiente: I.- Todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación; a la guarda y custodia, así como a las obligaciones de crianza; y al derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores, el cual sólo deberá limitarse o suspenderse cuando exista riesgo para los hijos. "Artículo 437.- (.) La custodia es un derecho y obligación que corresponde a quienes ejercen la patria potestad, ella implica la obligación de cohabitar con el menor, guardar y cuidar su persona, su educación, su formación y sus bienes." "Artículo 671.- El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes." *subrayado añadido. De la interpretación armónica, sistemática y funcional de los anteriores preceptos, emerge que el cónyuge que unilateralmente desee promover el divorcio, deberá anexar una propuesta de convenio en la que, entre otras cuestiones, designe la persona que deberá mantener la guarda y custodia de los hijos menores de edad, lo cual deberá ser fijado por el juez en la sentencia que se pronuncie, pues la custodia del menor es un derecho y obligación que corresponde a quienes ejercen la patria potestad. En tanto que, la ley civil determina que la mayoría de edad tiene como consecuencia que la persona pueda disponer libremente de su persona y de sus bienes. De lo anterior se desprende que, subsistiendo jurídicamente la interlocutoria reclamada, ha dejado de existir su objeto o materia, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, ha sobrevenido en forma manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo" Ahora bien, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos y sus garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Para tal efecto, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese orden de ideas, del precepto transcrito con antelación, emerge que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo que acontece cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese tenor, para que se configure el motivo de improcedencia en análisis, se requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista; b) que no pueda surtir efecto legal o material; y, c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Ahora bien, en la hipótesis en estudio se actualiza la causa de improcedencia mencionada, porque se reclama del Juez Primero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes, la sentencia interlocutoria dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, únicamente con relación a la medida provisional de custodia exigida por los padres de la entonces menor de edad, en la que resolvió que durante la tramitación del procedimiento, correspondería aquella a Efrén José Ramírez Jaime y estableció un régimen provisional de convivencia de la menor de edad con Silvia Rivera Aguilera, requiriéndose a ambos progenitores, para que acudan al taller de "crianza positiva" que imparte el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia. Así, el primer punto se cumple en la medida en que la sentencia interlocutoria subsiste jurídicamente, por no haber sido declarada sin efectos; el segundo también se cumple, pues esa sentencia que determina a quien corresponde la custodia provisional de la hija menor de edad, ya no podrá surtir efecto legal o material alguno en la esfera de derechos de la quejosa, por haber desaparecido la situación de hecho que propicia la determinación de custodia, dado que aquella alcanzó la mayoría de edad y así fue declarado por la autoridad responsable; y, del mismo modo, se satisface el tercer requisito, ya que la materia de la controversia que dirimió la interlocutoria combatida, consistente en la asignación de la persona que tendrá la custodia de la menor de edad, también habrá dejado de existir. De esta guisa, respecto de la interlocutoria reclamada, se tiene que de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su oficio 3722, con fecha de ingreso veintiséis de noviembre del año en curso, emerge que el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el juez familiar dictó un auto en el que declara que María Fernanda Ramírez Rivera adquirió la mayoría de edad y, por lo tanto, ha cesado la representación que ostentaba Efrén José Ramírez Jaime, esto en términos de los 670 y 671 del Código Civil del Estado de Aguascalientes y 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Bajo esa óptica, en el caso concreto, a pesar de la subsistencia de la sentencia interlocutoria que determina la guarda y custodia provisional en favor del tercero interesado respecto de la hija de ambos contendientes, siendo precisamente esa custodia, la que constituye la materia de la litis incidental ventilada, es claro que una decisión de esa naturaleza, no puede irradiar efectos sobre los interesados, en tanto subsista también la condición de minoría de edad de la persona sobre la que recae, habida cuenta que en función de la normativa comentada en supra líneas, la persona que ha alcanzado la mayoría de edad -como en el caso acontece respecto de la hija de la quejosa y el tercero interesado- por disposición legal dispone enteramente de su persona y de sus bienes, de tal suerte que, salvo expresas excepciones taxativamente indicadas en la ley civil estatal, no tiene necesidad de que en su favor se designe a la persona que ejercerá la custodia provisional sobre ella, en tanto dura el procedimiento, a fin de que cohabite, guarde y cuide de su persona, su educación, su formación y sus bienes. En conclusión, a pesar de que subsiste la interlocutoria reclamada en la que se determinó la custodia provisional de la entonces menor de edad María Fernanda Ramírez Rivera, verídico resulta también que al haber alcanzado la mayoría de edad la indicada, ha dejado de existir el objeto jurídico de esa determinación, habida cuenta que ante la desaparición de la condición personal de la hasta entonces menor de edad por haber alcanzado su mayoría, deviene innecesario o insubsistente un pronunciamiento sobre a quien corresponde ejercer su custodia, pues ya dispone enteramente de su persona y de sus bienes, con lo que indudablemente ha dejado de existir la materia de la decisión interlocutoria que ahora se combate. Siendo entonces evidente por lo expuesto, que a pesar de subsistir la interlocutoria reclamada, ha dejado de surtir su objeto legal, porque su finalidad ya no puede lograrse, habida cuenta que la custodia decretada sobre la hija de los divorciados en favor de su padre y sus efectos, no se concretan en el sentido de la violación alegada en la esfera jurídica de la quejosa, al haber desaparecido el presupuesto de la custodia, que es la minoría de edad de la persona sobre la que recae, propiciando que aun ante la eventual concesión del amparo, sus efectos restitutorios serían de imposible realización. Apoya lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. ...Ahora, la parte quejosa reclama del Juez Primero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes, la sentencia interlocutoria dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, únicamente con relación a la medida provisional de custodia exigida por los padres de la entonces menor de edad, en la que resolvió que durante la tramitación del procedimiento, correspondería aquella a Efrén José Ramírez Jaime y estableció un régimen provisional de convivencia de la menor de edad con Silvia Rivera Aguilera, requiriéndose a ambos progenitores, para que acudan al taller de "crianza positiva" que imparte el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia. De esta guisa, respecto de la interlocutoria reclamada, se tiene que de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su oficio 3722, con fecha de ingreso veintiséis de noviembre del año en curso, emerge que el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el juez familiar dictó un auto en el que declara que... adquirió la mayoría de edad y, por lo tanto, ha cesado la representación que ostentaba Efrén José Ramírez Jaime, esto en términos de los 670 y 671 del Código Civil del Estado de Aguascalientes y 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Así, se colige que, este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sus efectos tutelares no podrían materializarse de ninguna manera en la esfera de derechos de la parte quejosa, pues como se explicitó, ha desaparecido la materia de pronunciamiento judicial que contiene la resolución reclamada. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en anteriores términos y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario, traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.... Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.... -SE DEJA INSUBSISTENTE FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL- Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la quejosa, al tercero interesado en el domicilio ubicado en... y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a la autoridad responsable y mediante lista al resto de las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 25/2020. (III)

  4. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos al tercero interesado José Efrén Ramírez Jaime el proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte que dice: Del cuaderno de pruebas que en anexo correspondiente a este juicio de amparo se formó, relativo a las constancias originales del juicio único civil... (divorcio incausado) del índice del Juzgado Primero Familiar del Estado -autoridad responsable-, así como de las constancias certificadas que allegó aquélla a este sumario constitucional, mediante oficio 3722, con fecha de ingreso veintiséis de noviembre del año en curso, se advierte lo siguiente: a) El dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se decreta la disolución del vínculo matrimonial que contrajeron Efrén José Ramírez Jaime y Silvia Rivera Aguilera y se aprobaron las cláusulas primera (patria potestad sobre la entonces menor hija de ambos, hoy mayor de edad María Fernanda Ramírez Rivera; quinta (menaje de bienes) y octava de la que fuera presentada por el primeramente mencionado; y se ordenó citar a las partes para comparecieran a audiencia en donde se promovería el acuerdo entre las partes sobre las cláusulas no aprobadas (fojas27-29 del anexo I). b) El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, Silvia Rivera Aguilera, promovió en la vía incidental reclamando las siguientes prestaciones: (i) pensión alimenticia retroactiva y definitiva; (ii) guarda y custodia de su hija menor de edad; (iii) convivencia con la menor de edad; (iv) designación de cónyuge (sic) que tendrá el uso de la morada conyugal; (v) administración de los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta la liquidación; y (vi) liquidación de la sociedad conyugal (fojas 42-47; ibídem). c) Por escrito ingresado el veintiuno de febrero del año en curso, Silvia Rivera Aguilera solicitó determinación sobre la custodia provisional de su hija menor de edad a su favor y respecto a la pensión alimenticia provisional en beneficio de ambas (foja 318; ibídem). d) A la anterior solicitud recayó auto de veintiuno de febrero siguiente, en el que se declaró estado de minoridad de la hija de ambas partes, se ordenó nombramiento de tutor y vista al Ministerio Público, para estar en posibilidad de proveer sobre la medida provisional de custodia de la entonces menor de edad María Fernanda Ramírez Rivera (foja 319 del anexo). e) En proveído de diecisiete de marzo del dos mil veinte se tuvo a Saúl Alonso Andrade, aceptando el cargo de tutor especial y se señaló fecha para la audiencia prevista en el artículo 242 bis del Código de Procedimientos Civiles (escucha de opinión de menor de edad) (fojas 351-352 del anexo). f) Por auto de nueve de julio de dos mil veinte, se ordenó realizar la audiencia ordenada mediante la aplicación electrónica denominada "zoom" (foja 362-363; ibídem). g) El cinco de agosto de dos mil veinte se verificó la audiencia incidental en los autos del incidente para resolver cuestiones inherente al divorcio, en la que se aprobó un convenio entre las partes, determinando el juez familiar lo siguiente: ".en la inteligencia que quedan pendientes por resolver la guarda, custodia de la menor, convivencia, alimentos tanto para la menor como para la actora." (foja 378 vuelta; ibídem). h) El nueve de septiembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 242 bis de la legislación adjetiva civil estatal, en la que se escuchó la opinión de la hasta entonces menor de edad María Fernanda Ramírez Rivera y se citó a las partes para oír sentencia interlocutoria (fojas 385-388 del cuaderno de pruebas). i) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el juez familiar responsable dictó sentencia interlocutoria únicamente con relación a la medida provisional de custodia exigida por los padres de la menor de edad, en la que resolvió que durante la tramitación del procedimiento, correspondería aquella a Efrén José Ramírez Jaime y estableció un régimen provisional de convivencia de la menor de edad con Silvia Rivera Aguilera, requiriéndose a ambos progenitores, para que acudan al taller de "crianza positiva" que imparte el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia (fojas 389-394; ibídem). Resolución la anterior que se erige como el acto reclamado en el presente juicio de amparo. j) El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el juez familiar dictó un auto en el que declara que María Fernanda Ramírez Rivera adquirió la mayoría de edad y, por lo tanto, ha cesado la representación que ostentaba Efrén José Ramírez Jaime, esto en términos de los 670 y 671 del Código Civil del Estado de Aguascalientes y 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que previno a la primeramente mencionada para que señalara domicilio y se manifestara respecto de los alimentos provisionales solicitados en su favor. k) Finalmente, el veintitrés de noviembre siguiente se dictó auto en el que en otras cuestiones, se acordó el escrito presentado por María Fernanda Ramírez Rivera, manifestado que hace suya la demanda interpuesta por su padre con respecto a los alimentos en su favor. Documentales de las que derivan los antecedentes expuestos, a las que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. -SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA- Ahora bien, se acota en principio lo dispuesto por los artículos 21, 289, fracción III, 293, fracción I, 437, último párrafo y 671 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes que disponen: "Artículo 21.- El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley." "Artículo 289.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: I.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores de edad o incapaces; (.)." Artículo 293.- En el Juicio de divorcio se fijará la situación de los hijos menores de edad o incapaces, para lo cual en la sentencia respectiva, se deberá resolver lo siguiente: I.- Todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación; a la guarda y custodia, así como a las obligaciones de crianza; y al derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores, el cual sólo deberá limitarse o suspenderse cuando exista riesgo para los hijos. "Artículo 437.- (.) La custodia es un derecho y obligación que corresponde a quienes ejercen la patria potestad, ella implica la obligación de cohabitar con el menor, guardar y cuidar su persona, su educación, su formación y sus bienes." "Artículo 671.- El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes." *subrayado añadido. De la interpretación armónica, sistemática y funcional de los anteriores preceptos, emerge que el cónyuge que unilateralmente desee promover el divorcio, deberá anexar una propuesta de convenio en la que, entre otras cuestiones, designe la persona que deberá mantener la guarda y custodia de los hijos menores de edad, lo cual deberá ser fijado por el juez en la sentencia que se pronuncie, pues la custodia del menor es un derecho y obligación que corresponde a quienes ejercen la patria potestad. En tanto que, la ley civil determina que la mayoría de edad tiene como consecuencia que la persona pueda disponer libremente de su persona y de sus bienes. De lo anterior se desprende que, subsistiendo jurídicamente la interlocutoria reclamada, ha dejado de existir su objeto o materia, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, ha sobrevenido en forma manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo" Ahora bien, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos y sus garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Para tal efecto, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese orden de ideas, del precepto transcrito con antelación, emerge que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo que acontece cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese tenor, para que se configure el motivo de improcedencia en análisis, se requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista; b) que no pueda surtir efecto legal o material; y, c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Ahora bien, en la hipótesis en estudio se actualiza la causa de improcedencia mencionada, porque se reclama del Juez Primero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes, la sentencia interlocutoria dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, únicamente con relación a la medida provisional de custodia exigida por los padres de la entonces menor de edad, en la que resolvió que durante la tramitación del procedimiento, correspondería aquella a Efrén José Ramírez Jaime y estableció un régimen provisional de convivencia de la menor de edad con Silvia Rivera Aguilera, requiriéndose a ambos progenitores, para que acudan al taller de "crianza positiva" que imparte el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia. Así, el primer punto se cumple en la medida en que la sentencia interlocutoria subsiste jurídicamente, por no haber sido declarada sin efectos; el segundo también se cumple, pues esa sentencia que determina a quien corresponde la custodia provisional de la hija menor de edad, ya no podrá surtir efecto legal o material alguno en la esfera de derechos de la quejosa, por haber desaparecido la situación de hecho que propicia la determinación de custodia, dado que aquella alcanzó la mayoría de edad y así fue declarado por la autoridad responsable; y, del mismo modo, se satisface el tercer requisito, ya que la materia de la controversia que dirimió la interlocutoria combatida, consistente en la asignación de la persona que tendrá la custodia de la menor de edad, también habrá dejado de existir. De esta guisa, respecto de la interlocutoria reclamada, se tiene que de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su oficio 3722, con fecha de ingreso veintiséis de noviembre del año en curso, emerge que el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el juez familiar dictó un auto en el que declara que María Fernanda Ramírez Rivera adquirió la mayoría de edad y, por lo tanto, ha cesado la representación que ostentaba Efrén José Ramírez Jaime, esto en términos de los 670 y 671 del Código Civil del Estado de Aguascalientes y 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Bajo esa óptica, en el caso concreto, a pesar de la subsistencia de la sentencia interlocutoria que determina la guarda y custodia provisional en favor del tercero interesado respecto de la hija de ambos contendientes, siendo precisamente esa custodia, la que constituye la materia de la litis incidental ventilada, es claro que una decisión de esa naturaleza, no puede irradiar efectos sobre los interesados, en tanto subsista también la condición de minoría de edad de la persona sobre la que recae, habida cuenta que en función de la normativa comentada en supra líneas, la persona que ha alcanzado la mayoría de edad -como en el caso acontece respecto de la hija de la quejosa y el tercero interesado- por disposición legal dispone enteramente de su persona y de sus bienes, de tal suerte que, salvo expresas excepciones taxativamente indicadas en la ley civil estatal, no tiene necesidad de que en su favor se designe a la persona que ejercerá la custodia provisional sobre ella, en tanto dura el procedimiento, a fin de que cohabite, guarde y cuide de su persona, su educación, su formación y sus bienes. En conclusión, a pesar de que subsiste la interlocutoria reclamada en la que se determinó la custodia provisional de la entonces menor de edad María Fernanda Ramírez Rivera, verídico resulta también que al haber alcanzado la mayoría de edad la indicada, ha dejado de existir el objeto jurídico de esa determinación, habida cuenta que ante la desaparición de la condición personal de la hasta entonces menor de edad por haber alcanzado su mayoría, deviene innecesario o insubsistente un pronunciamiento sobre a quien corresponde ejercer su custodia, pues ya dispone enteramente de su persona y de sus bienes, con lo que indudablemente ha dejado de existir la materia de la decisión interlocutoria que ahora se combate. Siendo entonces evidente por lo expuesto, que a pesar de subsistir la interlocutoria reclamada, ha dejado de surtir su objeto legal, porque su finalidad ya no puede lograrse, habida cuenta que la custodia decretada sobre la hija de los divorciados en favor de su padre y sus efectos, no se concretan en el sentido de la violación alegada en la esfera jurídica de la quejosa, al haber desaparecido el presupuesto de la custodia, que es la minoría de edad de la persona sobre la que recae, propiciando que aun ante la eventual concesión del amparo, sus efectos restitutorios serían de imposible realización. Apoya lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. ...Ahora, la parte quejosa reclama del Juez Primero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes, la sentencia interlocutoria dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, únicamente con relación a la medida provisional de custodia exigida por los padres de la entonces menor de edad, en la que resolvió que durante la tramitación del procedimiento, correspondería aquella a Efrén José Ramírez Jaime y estableció un régimen provisional de convivencia de la menor de edad con Silvia Rivera Aguilera, requiriéndose a ambos progenitores, para que acudan al taller de "crianza positiva" que imparte el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia. De esta guisa, respecto de la interlocutoria reclamada, se tiene que de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su oficio 3722, con fecha de ingreso veintiséis de noviembre del año en curso, emerge que el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el juez familiar dictó un auto en el que declara que... adquirió la mayoría de edad y, por lo tanto, ha cesado la representación que ostentaba Efrén José Ramírez Jaime, esto en términos de los 670 y 671 del Código Civil del Estado de Aguascalientes y 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Así, se colige que, este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sus efectos tutelares no podrían materializarse de ninguna manera en la esfera de derechos de la parte quejosa, pues como se explicitó, ha desaparecido la materia de pronunciamiento judicial que contiene la resolución reclamada. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en anteriores términos y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario, traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.... Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.... -SE DEJA INSUBSISTENTE FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL- Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la quejosa, al tercero interesado en el domicilio ubicado en... y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a la autoridad responsable y mediante lista al resto de las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 25/2020. (III)

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