Silvia Reyes Venegas

Expediente 138/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
138/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Silvia Reyes Venegas

Actuaciones

  1. Principal

    hago constar, que en esta fecha notifiqué a la parte quejosa MARIANO RAFAEL SOTO CORTEZ, el auto de dieciocho de diciembre de veinte, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. "...Tijuana, Baja California, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 138/2021- V. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que debe desecharse de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio , y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Silvia Reyes Venegas, por su propio derecho es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Del estudio de la demanda en su capítulo de antecedentes de los actos reclamados, se obtienen datos relevantes para la determinación adoptada por esta juzgadora, derivadas propiamente de las manifestaciones de la quejosa expresadas bajo protesta de decir verdad. De ello destaca que la ahora quejosa es parte actora en el juicio ordinario civil 658/2020 del índice del Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad; asimismo, en el hecho uno cita que el trece de noviembre de dos mil veinte, se emplazó a las demandadas en el citado juicio, en el que se les otorgó el plazo de cinco días a efecto de que produjeran su contestanción. Refiere que la demandada dio contestación el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por lo que excedió por más de cinco días el plazo para producir su contestación; de igual manera, aduce que no obstante lo anterio el juez responsable dictó un auto el cinco de enero de dos mil veintiuno -que constituye el acto reclamado-, en el que tuvo por admitada la contestación de demanda, lo que -dice- la deja en estado de indefensión. Manfiesta la quejosa que cuando solicitó se declarará la rebeldía de la parte demandada, el juez Primero de lo Civil de esta ciudad, emitió un acuerdo, el ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que fijó fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, Manifestaciones que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que lo precisó bajo protesta de decir verdad, lo que se traduce en una confesión expresa. De ello se deduce que la promovente acude a esta instancia constitucional a reclamar los autos dictados el cinco de enero y ocho de febrero, ambos de dos mil vientiuno, en el juicio ordinario civil 658/2020 por el Juez Primero de lo Civil, con sede en esta ciudad, juicio en el que no se ha dictado sentencia y en el que es la parte actora. Ahora, de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, solo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. La interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Como se estableció, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados las determinaciones del juez civil de tener por admitida la contestación demanda y señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia, dictadas en autos de cinco de enero y ocho de febrero, ambos de dos mil veintiuno, en el juicio ordinario civil 658/2020 del índice del Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad y como la demandada. Esa información, permite concluir que se está en presencia de determinaciones que por el momento no tienen sobre las personas o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que los autos combatidos no afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjeran únicamente tienen efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Entonces, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Con base en lo expuesto puede afirmarse que los actos que reclama la quejosa no constituyen un acto que afecte materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al tratarse de una violación procesal, en la medida que versaron sobre tener por contestada la demanda y señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia. Esto es, dichas determinaciones no constituyen por sí solas una afectación a derechos sustantivos, ya que son actos derivados del procedimiento judicial respectivo, el cual concluirá en un momento dado con la sentencia que se dicte en el mismo, la cual podría resultar favorable para la quejosa, supuesto en el que las violaciones reclamadas podrán ser reparadas en su totalidad; caso contrario, podrá hacer valer las pretendidas violaciones que intenta contra la sentencia que dirima el juicio civil, al promover el recurso ordinario que proceda e incluso, de ser el caso acudir al juicio de amparo directo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 29/20031 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto establece las reglas para la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se trata de actos dictados dentro de juicio, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador 1 Página 11, Tomo XVII, junio de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 184221. utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Silvia Reyes Venegas, por su propio derecho. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales, materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los 2 Página 325, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005917. presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Señalamiento de autorizado. Por otro lado, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a José Manuel Armenta Peredo, dado que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en únicamente para oír y recibir notificaciones a Edith Sotelo Venegas, por así haberlo solicitado. Datos de contacto. Ahora, en relación al número de teléfono y correo electrónico que señala, se hace saber a la promovente que con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del mismo, a través del cual única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, sin que sea dable tenerlo como medio de de Amparo no los establece como tal, de ahí que serían nulas las notificaciones que sean realizadas por esos medios. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente a la promovente

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