Silvia Reyes Alvarez

Expediente 1086/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1086/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Silvia Reyes Alvarez
  • Berenice Rafaela Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno Vista la certificación y los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días concedido a Francisco Juárez Pérez, Defensor Público Federal de Silvia Reyes Álvarez, Berenice Rafaela Rojas, Wendy Hernández García, Alejandra Flores Sánchez, Alma Edith o Alma Padilla Mauricio, Rosario Margarita Cavazos Reyna, Zenaida Durán Aguilar, Paula Andrea García Bedolla, Susana García Pérez, Gloria Ramírez Reyes, Eufemia García Rosendo, Johana Guadalupe González Millán, Jésica San Juana Martínez Cortez, Leticia Sierra Camacho, Laura Ramírez Reyes, Catalina Nava Millán, Alicia Álvarez Cano, Diana Elizabeth Reyes Partida, Mariana Sánchez Ríos, Thiany María Vivero Berrocal, Evelyn Valeria Carmona Arredondo, Leydi de Jesús Maya, Aleyda María Leal Delgado, Ilse Marisela López Cacheux, Minerva Aguilar Alejo, Arlene Pacheco Mena, María Eugenia Tapia Carrillo y Cynthia Monserrath Ruvalcaba Cortez, mediante proveído de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para que diera cumplimiento al mismo, transcurrió del veinte al veintiséis de abril de la presente anualidad, sin contar el veinticuatro y veinticinco del mismo mes año, sin que dicha parte, hubiese dado cumplimiento a dicho requerimiento; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de citado y se provee lo siguiente. Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. La parte impetrante del amparo señala como acto reclamado: "...De la C. Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca se reclama la resolución que dictó el cuatro de noviembre de dos mil veinte en la controversia judicial 347/2020, misma que a la fecha no ha sido notificada al suscrito; en la que omitió pronunciarse sobre la violación a los derechos humanos de las aquí quejosas y no dar efectos generales a su resolución. ".De la C. Directora del Centro Federal de Readaptación Social N° 16, "CPS-Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, se reclama la OMISIÓN de proporcionar a las internas del centro penitenciario a su digno cargo atención médica general oportuna, así como atención médica especializada en ginecología permanente, viéndose afectadas en su salud e inclusive su vida." Empero, dicho acto no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que, previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En la especie, como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado destacado a la autoridad responsable, consistente en resolución que dictó el cuatro de noviembre de dos mil veinte en la controversia judicial 347/2020, misma que a la fecha no ha sido notificada al suscrito; en la que omitió pronunciarse sobre la violación a los derechos humanos de las aquí quejosas y no dar efectos generales a su resolución, es susceptible de reclamarse mediante el recurso de apelación que contempla el artículo 132 fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dice: Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. De ahí que, si los inconformes estiman que dichos actos fueron emitidos en forma ilegal o indebida, como se advierte de lo anterior, debieron haber agotado el recurso de apelación, previo a la promoción de este juicio de amparo. Orienta a lo anterior, por identidad de razones y similitud jurídica, la siguiente tesis cuyo texto y rubro se transcriben. Registro digital: 2023190 Instancia: Primera Sala Undécima época Materias(s): Penal, común Tesis: 1a. XXIV/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, junio de 2021, tomo IV, página 3506 Tipo: Aislada "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Por consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que, la demanda de amparo deviene notoria e indudablemente improcedente, toda vez que en la especie se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si el inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número VI.1°J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 51, tomo 67, julio de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b) y c) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo se refiere consiste en la resolución que dictó el cuatro de noviembre de dos mil veinte en la controversia judicial 347/2020, misma que a la fecha no ha sido notificada al suscrito; en la que omitió pronunciarse sobre la violación a los derechos humanos de las aquí quejosas y no dar efectos generales a su resolución, de modo que, este acto no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar. Máxime, que las mismas son de aplicación estricta y no admiten analogía o similitud jurídica, y el quejoso está obligado a promover los medios ordinarios de defensa previo a la instauración del juicio de amparo, más aún que, el propio precepto legal ya invocado de la de Ley Nacional de Ejecución Penal permite la impugnación en los términos señalados incluso por un tercero. Sobre el particular, se cita la tesis I.3o.C.38 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 9, agosto de 2014, tomo III, página 1908, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU CONFIGURACIÓN A PARTIR DE LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El artículo 61, fracción XVIII, del ordenamiento invocado establece que el amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, la fracción apuntada, en su último párrafo, dispone: "... Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Esta regla introduce un cambio notable en la configuración del principio de definitividad, porque reconoce el derecho del justiciable de agotar los recursos a su alcance, inclusive, aquellos cuya procedencia sea dudosa, lo cual no constituye una obligación a su cargo, porque en ese supuesto tiene la libertad de acudir al juicio constitucional. Por esa razón, este tribunal considera que la regla incorpora la doctrina del recurso de "dudosa procedencia" para efectos del acceso al amparo, según la cual, la procedencia del recurso es "dudosa" cuando no es constatable prima facie, sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar mediante ejercicios hermenéuticos discutibles. Lo anterior debe distinguirse de los criterios relacionados a la "causa notoria y manifiesta de improcedencia", porque éstos se refieren a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. No obstante, la regla en estudio va más allá, porque a partir de su aplicación, el Juez constitucional no podrá decretar la improcedencia del juicio, al dictar sentencia, bajo el argumento de que el gobernado debió agotar algún recurso, si la procedencia del medio de impugnación depende de la interpretación adicional o dudosa o de la integración de la ley. En la actualidad, el Juez de amparo debe identificar, incluso, al dictar el fallo, si la procedencia del medio de impugnación es "dudosa", esto es, si en lugar de surgir del texto claro y terminante de la ley, deriva de su interpretación o, inclusive, de su integración cuando el fundamento legal sea insuficiente para determinarla porque, de ser así, debe entenderse que el gobernado quedó en libertad de acudir al amparo y, en congruencia con ese derecho, proceder al estudio de lo planteado por el quejoso, de no presentarse alguna otra causa de improcedencia.". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por Francisco Juárez Pérez, Defensor Público Federal de Silvia Reyes Álvarez, Berenice Rafaela Rojas, Wendy Hernández García, Alejandra Flores Sánchez, Alma Edith o Alma Padilla Mauricio, Rosario Margarita Cavazos Reyna, Zenaida Durán Aguilar, Paula Andrea García Bedolla, Susana García Pérez, Gloria Ramírez Reyes, Eufemia García Rosendo, Johana Guadalupe González Millán, Jésica San Juana Martínez Cortez, Leticia Sierra Camacho, Laura Ramírez Reyes, Catalina Nava Millán, Alicia Álvarez Cano, Diana Elizabeth Reyes Partida, Mariana Sánchez Ríos, Thiany María Vivero Berrocal, Evelyn Valeria Carmona Arredondo, Leydi de Jesús Maya, Aleyda María Leal Delgado, Ilse Marisela López Cacheux, Minerva Aguilar Alejo, Arlene Pacheco Mena, María Eugenia Tapia Carrillo y Cynthia Monserrath Ruvalcaba Cortez, contra los actos reclamados a la Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca y Directora del Centro Federal de Readaptación Social N° 16, "CPS Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal a la parte quejosa el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; al respecto, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique de manera personal dicho auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR PERSONALMENTE VÍA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO SILVIA ÁLVARES REYES EL AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEE DOS MIL VEINTE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Se agrega a los presentes autos el escrito de demanda signada por FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ, Defensor Público Federal de Silvia Reyes Alvarez, Berenice Rafaela Rojas, Wendy Hernández García, Alejandra Flores Sánchez, Alma Edith o Alma Padilla Mauricio, Rosario Margarita Cavazos Reyna, Zenaida Durán Aguilar, Paula Andrea García Bedolla, Susana García Pérez, Gloria Ramírez Reyes, Eufemia Garcia Rosendo, Johana Guadalupe González Millán, Jésica San Juana Martínez Cortez, Leticia Sierra Camacho, Laura Ramírez Reyes, Catalina Nava Millán, Alicia Alvarez Cano, Diana Elizabeth Reyes Partida, Mariana Sánchez Ríos, Thiany María Vivero Berrocal, Evelyn Valeria Carmona Arredondo, Leydi de Jesús Maya, Aleyda María Leal Delgado, Ilse Marisela López Cacheux, Minerva Aguilar Alejo, Arlene Pacheco Mena, María Eugenia Tapia Carrillo y Cynthia Monserrath Ruvalcaba Cortez, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Distrito Asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado De Morelos, con residencia en esta ciudad. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1086/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención de la demanda. Ahora, antes de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, por escrito y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correrles traslado a las partes, aclare lo siguiente: Del contenido de su demanda refiere que promueve a favor de diversas internas de las que proporciona su nombre; sin embargo, también refiere que promueve por diversas reclusas, pues en diversas partes de su demandada manifiesta ".y DEMÁS INTERNAS del Centro Federal de Readaptación Social N° 16, "CPS-Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos" Ahora, el numeral 6 de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, puede hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley; en consecuencia: PRIMERO. Bajo protesta de decir verdad se hace necesario manifieste, SI solo promueve demanda de amparo por las personas que refiere en su escrito de demanda o también a favor de diversas reclusas, y de ser así, proporcione el nombre de todas y cada una de las personas privadas de su libertad a favor de las cuales promueve demanda de amparo. SEGUNDO. Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento, fue notificado o se hizo sabedor del acto que reclama. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, únicamente se tramitara el juicio por las personas que señala en su escrito de demanda de amparo. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS: Toda vez que no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, por tal motivo, se tiene para tales efectos los estrados de este juzgado federal; sin embargo, y como se desprende del escrito de demanda, el promovente es defensor público federal adscrito al Instituto de la Defensoría Pública Federal, por única ocasión notifíquesele en las instalaciones donde tiene su sede dicho instituto. De conformidad con lo establecido por el "ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, por medio del usuario que refiere, a través de la cuenta que se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta medios electrónicos. Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Téngase únicamente por señalado el correo electrónico que proporciona como auxiliar para mejor contacto con la promoverte dada la pandemia que se vive en el país, sin que se pueda llevar a cabo notificaciones en el mismos dado que no se encuentra autorizada dicha situación en la Ley de Amparo. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. Nfl.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Se agrega a los presentes autos el escrito de demanda signada por FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ, Defensor Público Federal de Silvia Reyes Alvarez, Berenice Rafaela Rojas, Wendy Hernández García, Alejandra Flores Sánchez, Alma Edith o Alma Padilla Mauricio, Rosario Margarita Cavazos Reyna, Zenaida Durán Aguilar, Paula Andrea García Bedolla, Susana García Pérez, Gloria Ramírez Reyes, Eufemia Garcia Rosendo, Johana Guadalupe González Millán, Jésica San Juana Martínez Cortez, Leticia Sierra Camacho, Laura Ramírez Reyes, Catalina Nava Millán, Alicia Alvarez Cano, Diana Elizabeth Reyes Partida, Mariana Sánchez Ríos, Thiany María Vivero Berrocal, Evelyn Valeria Carmona Arredondo, Leydi de Jesús Maya, Aleyda María Leal Delgado, Ilse Marisela López Cacheux, Minerva Aguilar Alejo, Arlene Pacheco Mena, María Eugenia Tapia Carrillo y Cynthia Monserrath Ruvalcaba Cortez, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Distrito Asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado De Morelos, con residencia en esta ciudad. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1086/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención de la demanda. Ahora, antes de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, por escrito y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correrles traslado a las partes, aclare lo siguiente: Del contenido de su demanda refiere que promueve a favor de diversas internas de las que proporciona su nombre; sin embargo, también refiere que promueve por diversas reclusas, pues en diversas partes de su demandada manifiesta ".y DEMÁS INTERNAS del Centro Federal de Readaptación Social N° 16, "CPS-Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos" Ahora, el numeral 6 de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, puede hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley; en consecuencia: PRIMERO. Bajo protesta de decir verdad se hace necesario manifieste, SI solo promueve demanda de amparo por las personas que refiere en su escrito de demanda o también a favor de diversas reclusas, y de ser así, proporcione el nombre de todas y cada una de las personas privadas de su libertad a favor de las cuales promueve demanda de amparo. SEGUNDO. Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento, fue notificado o se hizo sabedor del acto que reclama. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, únicamente se tramitara el juicio por las personas que señala en su escrito de demanda de amparo. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS: Toda vez que no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, por tal motivo, se tiene para tales efectos los estrados de este juzgado federal; sin embargo, y como se desprende del escrito de demanda, el promovente es defensor público federal adscrito al Instituto de la Defensoría Pública Federal, por única ocasión notifíquesele en las instalaciones donde tiene su sede dicho instituto. De conformidad con lo establecido por el "ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, por medio del usuario que refiere, a través de la cuenta que se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta medios electrónicos. Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Téngase únicamente por señalado el correo electrónico que proporciona como auxiliar para mejor contacto con la promoverte dada la pandemia que se vive en el país, sin que se pueda llevar a cabo notificaciones en el mismos dado que no se encuentra autorizada dicha situación en la Ley de Amparo. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. Nfl.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano