Silvia Quintero Pereda

Expediente 529/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
529/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Silvia Quintero Pereda

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de control electrónico respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del 1. Juez Segundo de primera Instancia de la Ciudad de Veracruz y otras autoridades. Regístrese con el número 529/2023-IX en el libro de gobierno respectivo. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, el promovente reclama a 1. Juez y Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Ciudad de Veracruz y otras autoridades lo siguiente: 1. El primer acto de aplicación del artículo 192 del Reglamento interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, mediante resolución de fecha trece de abril de dos mil veintitrés y notificada de manera personal el veinticuatro de mayo siguiente, dentro de los autos del juicio ordinario civil 2362/2011. 2. La ejecución Jurídica y material del primer acto de aplicación del artículo 192 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder judicial del Estado de Veracruz mediante resolución de trece de abril de dos mil veintitrés y notificada de manera personal el veinticuatro de mayo siguiente, dentro de los autos del juicio ordinario civil 2362/2011. 3. La resolución de trece de abril de dos mil veintitrés y notificada de manera personal el veinticuatro de mayo siguiente, dentro de los autos del juicio ordinario civil 2362/2011. 4. La ejecución jurídica y material del inconstitucional arbitraria y caprichosa resolución de trece de abril de dos mil veintitrés y notificada de manera personal el veinticuatro de mayo siguiente, dentro de los autos del juicio ordinario civil 2362/2011. Del 3. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 1. La Aprobación, expedición y promulgación del artículo 192 del reglamento interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz que se tilda en inconstitucional. En tal virtud, respecto a los actos reclamados se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los diversos 107, fracción V; 170, fracción I; 171 y 172, fracciones IX y XII; todos de la Ley de Amparo. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los numerales invocados, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. La interpretación de los artículos citados, ponen en consideración, dos aspectos destacados: a) Que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emanados dentro de un juicio, siempre y cuando tengan una ejecución de imposible reparación, o bien cuando es promovido por un tercero extraño; y, b) Que las violaciones procesales cometidas en el juicio sólo pueden ser reclamables en amparo directo, que se promueve contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio de que se trate. De ahí, es preciso señalar qué se entiende por actos dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación, y por tercero extraño a juicio. Así, respecto a los actos de ejecución irreparables, debe entenderse como aquellos cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho humano de que se trate. En cambio, cuando los actos ejecutados dentro del juicio infrinjan las leyes del procedimiento y afectan las defensas del quejoso, es decir, violaciones procesales, no tienen una ejecución de imposible reparación, entonces la vía para combatirlas, es el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del juicio ordinario civil 2362/2011, en el cual el 1. Juez Segundo de Primera Instancia de la Ciudad de Veracruz admitió el recurso de apelación con efecto devolutivo, asimismo requirió a la actora (aquí quejosa) exhibiera copias o constancias para integrar el recurso de apelación. Apercibiéndola que de no hacerlo se le tendrán por no señaladas en términos del artículo 192 del reglamento interior del Consejo de la Judicatura del estado de Veracruz. Recurso intentado contra la resolución del incidente que declaró la nulidad del emplazamiento realizado respecto de la petición incidental de cancelar una pensión alimenticia. Luego, en el caso que nos ocupa, el acto que en esta vía se combate, no es de imposible reparación, en razón de que el acuerdo de referencia constituye una violación procedimental en términos de los artículos 514 y 516 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Ello es así, pues el acuerdo reclamado no puede verse de forma autónoma, sino dentro de un procedimiento en el que el impetrante de amparo es parte. Se refiere al trámite del recurso de apelación que interpuso contra la resolución dictada en el incidente de nulidad de emplazamiento promovido dentro del diverso de cancelación de pensión alimenticia. Lo que trae como consecuencia no se esté en el caso de excepción para acudir al juicio biinstancial, puesto que se trata de una violación adjetiva -requerir exhiba copia de las constancias que integrara el testimonio de alzada-, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente, y el impulso del procedimiento a petición de parte, para el efecto de obligar a la autoridad cumpla lo solicitado. Cuestión que estaría subsanada o no le depararía perjuicio en el caso de obtener sentencia favorable en el juicio de origen de donde deriva el acto materia de reclamo. Aún en el supuesto contrario, está en condiciones de invocar dichas violaciones en vía de concepto de violación al promover el amparo directo en contra del fallo que ponga fin al incidente de cancelación de la pensión alimenticia, según lo dispone el artículo 171 del ordenamiento legal invocado. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. En términos de lo expuesto anteriormente, no es dable analizar el restante acto que reclama del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, relativo a la inconstitucionalidad del artículo 192 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Lo anterior, en razón de que la norma tildada de inconstitucional, es combatida como consecuencia de un primer acto concreto de aplicación que se hace consistir en la solicitud de que exhiba copias de las constancias que estime necesarias para integrar el recurso de apelación intentado. Pero contra ello la demanda constitucional resulta improcedente. Entonces, el presente juicio de amparo también lo es en relación con dicha norma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 149, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3750, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, del Apéndice de 2011, registro 1004947, Materia Constitucional, que dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Sin dejar de aclarar no obsta se reclame la inconstitucionalidad de una norma general. Porque cuando ésta se aplica dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera la exención para acudir de inmediato al amparo. En estos casos al estar íntimamente vinculada la aplicación de la norma de la resolución reclamada, debe seguir la suerte del litigio. Y solo podrá ser combatida en la resolución final. De resultar desfavorable y si la violación procesal afectó sus defensas y trascendió al resultado del fallo. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita el acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "********************". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo. Se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado (********************). AUTORIZADOS. Se tienen con tal carácter en términos amplios del ordinal 12 de la Ley reglamentaria, a ********************, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. PRUEBAS. Conforme al ordinal 119 de la Ley en comento, se tiene como tales las documentales que adjuntó al escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese electrónicamente.

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