Silvia Prieto Zacatelco
Expediente 2528/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2528/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/02/2019
Partes del expediente
- Silvia Prieto Zacatelco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con anexo con número de registro 4150 de cuenta, atento a su contenido se provee: RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Se acusa recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de la copia del testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de Reclamación ******* derivada del recurso de queja ********, pronunciada el ocho de febrero de dos mil diecinueve y recibida en este órgano jurisdiccional el veintidós de febrero del año en curso. Comuníquese a las partes la resolución dictada por la superioridad, en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de reclamación interpuesto por la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Puebla y Encargada de la Defensa Jurídica de dicho Centro, contra el acuerdo de seis de agosto último, dictado por la Presidenta de este órgano de amparo, en el recurso de queja número ********, por virtud del cual se desechó por improcedente." Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En mérito de lo anterior, queda firme el auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 1326 a1328, dictado en el juicio de garantías en que se actúa, en el que se proveyó: Ahora, visto el estado de los autos, se advierte que la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Puebla, informó la imposibilidad jurídica y material para restituir al quejoso la posesión del predio materia de los actos reclamados, toda vez que: i.- Derivado del alto riesgo que en su momento representó para los usuarios de la Carretera Federal Libre de Peaje México-Tuxpan, el desproporcional tránsito en los tramos comprendidos entre las ciudades de Tlaxcala, Huauchinango, Xicotepec de Juárez y los límites de los Estados de Puebla y Veracruz, lo que ocasionaba el índice más elevado de accidentes automovilísticos en el Estado de Puebla, fue que surgió la urgente necesidad de construir la actual Autopista México-Tuxpan. ii.- Que si bien esa dependencia recibió la posesión del predio del quejoso por parte del Gobierno del Estado de Puebla, para destinarla a la construcción de la actual Autopista México-Tuxpan, fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la encargada de la construcción de las vías terrestres (carreteras), con lo que se benefició a la colectividad al optimizar las condiciones de transporte al acrecentar y mejorar la calidad de las vialidades. iii.- Que la actual Autopista México-Tuxpan es una vialidad concesionada a la persona moral denominada *********, quien es la encargada de operar, mantener y conservar el tramo carretero Ávila Camacho-Tihuatlán, con inicio en el entronque Ávila Camacho, kilómetro 178+000 (II) y terminación en el entronque Tihuatlán en el kilómetro 225+988 en los Estados de Puebla y Veracruz, por un plazo de treinta años, concesión que puede ser consulta en la página oficial de internet de esa Secretaría de Estado, en el link: **************, tramo en el que se encuentra el predio del quejoso. iv.- Que atento a lo anterior, resulta el hecho notorio de que dicha superficie ha sufrido un cambio físico, demográfico y urbanístico, toda vez que en la actualidad está construida la citada Autopista y ésta ya se encuentra en operación, resultando de suma importancia para el beneficio social, colectivo y regional para los usuarios que transitan sobre dicha autopista. v.- Que es totalmente imposible restituir la posesión al quejoso, pues es claro que con ello se causarían graves y mayores agravios al interés social que al causado al hoy quejoso. De lo que se concluye que la citada autoridad responsable vinculada se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de que con ello se afectaría a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener la parte quejosa. Y, tomando en consideración que los requisitos que establece la ejecutoria derivada del incidente de cumplimiento sustituto ********, dictada por el Máximo Tribunal del País el tres de noviembre de dos mil quince, cuando el cumplimiento sustituto es solicitado por cualquiera de las partes, son: 1) Petición por parte del quejoso al órgano jurisdiccional. 2) Que la autoridad manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos, o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener, o por que sea imposible el cumplimiento en sus términos o demasiado gravoso. 3) Hecho lo anterior, el órgano jurisdiccional que tramite el incidente de cumplimiento sustituto deberá emitir una opinión al respecto, previo análisis de la naturaleza del acto reclamado y de los requisitos constitucionales. 4) Enseguida, enviará los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el Pleno en ejercicio de su competencia originaria, resuelva en definitiva si esa forma de dar cumplimiento es procedente o no. 5) En caso de que el máximo Tribunal del país, se pronuncie a favor de la procedencia del cumplimiento sustituto, devolverá los autos al órgano jurisdiccional que conoció de la petición de cumplimiento sustituto, a efecto de que substancie el incidente que corresponda, en el que las partes contarán con la oportunidad de aportar diversas pruebas tendentes a precisar el monto de la indemnización que deba ser pagada a la parte quejosa por concepto de daños y perjuicios, así como en su caso, el factor de actualización correspondiente. 6) Resuelto lo anterior, en términos del artículo 204 de la Ley de Amparo, el Tribunal de Amparo requerirá a la autoridad responsable, para que sin excusa ni dilación alguna, realice el pago correspondiente a la quejosa. Asimismo, tomando en consideración la circular número ******** de fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por signada por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entró en vigor el seis de septiembre de dos mil diecisiete, y de la que se desprende en su cuarto punto, que determinó que le corresponde a los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, resolver en primera instancia si procede o no decretar el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, y en su caso, la cuantificación de los daños y perjuicios, en mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, acorde a las manifestaciones de la autoridad oficiante respecto de la imposibilidad material y jurídica que le asiste para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordenó la apertura de oficio del incidente de cumplimiento sustituto, y se ordenó dar vista las partes por el término de tres días legalmente computados, a fin de que aportaran las pruebas que estimaran pertinentes y realizaran las manifestaciones que a su interés legal conviniera. Finalmente, se reservó señalar día y hora para la celebración de la audiencia del incidente de cumplimiento sustituto, hasta en tanto transcurra el término concedido. De lo anterior, se advierte que el presente juicio es de aquellos casos en que la ejecución de la sentencia afecta gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, por lo que considera que existe imposibilidad material para tener por cumplida en su totalidad la sentencia dictada en autos; en tal virtud abrió a trámite el incidente de cumplimiento sustituto que tiene como finalidad resarcir económicamente al quejoso, ante la imposibilidad de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales violados, y hace necesario desplegar actuaciones con la finalidad de determinar la cuantía o definir los montos de la restitución que deben enterársele para lograr ese objetivo, y en su caso el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Asimismo, de autos se advierte que en proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, se reservó proveer respecto de las pruebas periciales que ofreció el quejoso en el incidente de mérito, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto por la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Puebla, en contra del proveído de doce de septiembre de este año, mediante el cual se ordenó la apertura del incidente de cumplimiento sustituto, lo que aconteció en los párrafos que anteceden, al respecto se provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa: a) Pericial en Valuación, a efecto de determinar el monto del inmueble a indemnizar por parte de la responsable, misma que se desahogará al tenor del cuestionario que relaciona en el escrito de mérito, con la salvedad que el valor comercial del bien a tomar en cuenta al elaborar el avalúo, es el que el inmueble tenía al ser afectado, es decir, cuando se ocupó ilegalmente, toda vez que desde ese momento fue afectada la posesión que correspondía al propietario aquí quejoso y, por tanto, es a esa fecha a la cual debe retrotraerse el avalúo, sin considerar las edificaciones sobrevenidas, lo anterior, sin perder de vista que el valor declarado deberá actualizarse al momento de su liquidación (fojas 1390 y 1391). Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J.13/2018 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 52, marzo de dos mil dieciocho, Tomo II, página 1350, con número de registro 2016491, de rubro y texto: "INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS EJIDALES. EL VALOR COMERCIAL QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA AL ELABORAR EL AVALÚO, ES EL QUE TENÍAN AL MOMENTO EN QUE FUERON AFECTADAS, MÁS LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. El derecho de un ejido o comunidad a recibir la indemnización por la ocupación ilegal de sus tierras surge cuando: a) se acrediten los elementos de la acción de restitución, entre otros, la ilegalidad de la ocupación; y b) se demuestre que las parcelas en cuestión se destinaron a la prestación de servicios públicos de interés general y social, por lo que resulta imposible devolverlas al ejido y, por tanto, se genera para éste el derecho al cumplimiento sustituto, esto es, al pago de una indemnización. Ahora bien, el valor comercial del bien a tomar en cuenta al elaborar el avalúo, es el que las tierras tenían al ser afectadas, es decir, cuando se ocuparon ilegalmente, toda vez que desde ese momento fue afectada la posesión que correspondía al ejido propietario y, por tanto, es a esa fecha a la cual debe retrotraerse el avalúo, sin considerar las edificaciones sobrevenidas; lo anterior, sin perder de vista que el valor declarado deberá actualizarse al momento de su liquidación." Téngase a la parte quejosa designando como perito de su parte, en materia de valuación al corredor público número 81 licenciado en derecho *********Requiérase al citado perito por conducto de la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de aquél al en que surta sus efectos la presente notificación, se presente ante este Juzgado Federal debidamente identificado a aceptar y protestar el cargo conferido. Apercíbase a la parte quejosa, que de no comparecer su perito, se tomará en cuenta únicamente los dictámenes que obren en autos. Gírese oficio al Coordinador Estatal de la Procuraduría General de la República, para que en el término de tres días legalmente computados proporcione el nombre y domicilio del perito valuador, que pueda fungir como perito oficial dentro del presente juicio. Córrase traslado a las partes con copia simple del cuestionario ofrecido por la parte quejosa en relación a la prueba pericial en comento, para que dentro del término de tres días, en su caso, designen perito, o bien amplíen por escrito el cuestionario exhibido, apercibidos que de no hacerlo, se desahogará la prueba tal y como la anuncio la parte oferente. Ahora, respecto de la prueba en Ingeniería, referente a la interpretación del estudio técnico de once de septiembre de dos mil nueve y determine si era factible modificar el trazo a que se refiere el decreto primario para evitar retrasos en la obra de la carretera México-Tuxpan, se desecha la citada prueba en virtud de que lo que pretende no es materia de estudio en incidente de mérito, ya que lo que pretende acreditar fue materia del estudio de la sentencia emitida. Por lo que hace a la prueba Pericial en Economía, que ofrece para que se el perito establezca los razonamientos económicos y estratégicos en la construcción de la carretera, así como la Pericial en Contabilidad Pública, con la que pretende acreditar la actualización del valor comercial, respecto del factor de actualización al momento de la afectación con el momento actual, se desechan dichas probanzas en virtud de que la afectación del inmueble y determinación del valor del mismo será materia de estudio de la diversa pericial en valuación y que en el presente juicio se determinó su procedencia. Agréguese a los autos el oficio con número de registro 4166 de cuenta, atento a su contenido se provee: Téngase al Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informando que en el recurso de queja ********, se proveyó que toda vez que quedó firme el auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, era un asunto concluido y ordenó el archivo del mismo, lo anterior, para los efectos legales procedentes. En obvio de mayores dilaciones en el presente juicio y a efecto de no contravenir el artículo 17 Constitucional, notifique a las partes el proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete y el presentes proveido y requiérase a las autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciban el oficio mediante el cual se les notifique el presente proveído, remitan a este Juzgado vía fax (número 01 222 303 72 00, extensión 2463) o correo electrónico institucional (2jdo6ctocaljf@correo.cjf.gob.mx), copia certificada del acuse con sello de recibo de oficio respectivo, lo anterior por ser indispensable para estar en aptitud de dar el trámite al incidente de cumplimiento sustituto. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE.
- Principal
SE ACUERDA ESCRITOS RESERVADOS EN EL EXPEDIENTILLO DE PROYECTOS VARIOS 2018. Desglósese los escritos de cuenta, signado por el tercero interesado, mismo que se encontraba reservado en el expedientillo de proyectos de varios 2018, para ser acordado en los autos del expediente en que se actúa. Agréguese los escritos de cuenta, signado por el tercero interesado, visto su contenido, se provee: Téngase al tercero interesado ofreciendo pruebas y formulando alegatos, sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que la sentencia fue dictada en el presente juicio el treinta y uno de enero pasado. DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO En términos de los artículos 30, fracción II y 31, fracción II de la ley de la materia, téngase a la parte tercera interesada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, la vía electrónica, en razón de que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con nombre de usuario *****. AUTORIZACIÓN CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Téngase a la parte tercera interesada solicitando la consulta vía electrónica del expediente en que se actúa, de su representante legal, toda vez que cuenta con la certificación digital de firma electrónica (FIREL), proporcionando su nombre de usuario; en tal virtud, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y los artículos 77, 78, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario LICENCIADOYANEZ soló por cuanto hace al presente juicio de garantías. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase por autorizados en los amplios términos que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA SILVIA PRIETO ZACATELCO, EL ACUERDO DE FECHA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, seis de febrero de dos mil diecinueve. V i s t o el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos, que el promovente, no dió cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, no obstante de estar legalmente notificado tal y como se advierte de las constancias que obran a fojas 34 y 35; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le previno en el citado proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo que presento la promovente. Notifíquese personalmente
- Principal
Agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por el Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, mediante los cuales en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que dejó insubsistente el embargo de seis de agosto de dos mil doce, trabado sobre el inmueble ubicado en ********************, así como las subsecuentes actuaciones en el expediente ******************** de su índice; por lo cual ordenó girar atento oficio al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, a fin de que dejara sin efectos el citado embargo, para lo cual remite copia certificada del oficio y acuse de recibido de dicho oficio. Ahora bien, toda vez que se desprende la intervención de diversa autoridad para el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a saber al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, por tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se le tiene con el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia protectora de derechos. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD VINCULADA. Requiérase a la Registrador Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, en su carácter de autoridad vinculada, para que en el término de tres días, de cumplimiento a lo ordenado por el Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla mediante oficio ******************** de diez de enero de dos mil dieciocho, para lo cual se remite copia autorizada del citado oficio, debiendo remitir constancias que así lo acrediten, o en su caso informe la imposibilidad legal con que cuenta, haciéndolo saber de inmediato a este Tribunal Federal, ello a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto será equivalente al monto vigente del salario mínimo en todo el país al momento de la entrada en vigor del referido decreto, esto es a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, se apercibe a la autoridad vinculada, que en caso de incumplimiento, además de la sanción económica antes mencionada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Dése cuenta en breve lapso para acordar lo que en derecho corresponda.
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