Silvia Preciado Armenta

Expediente 237/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
237/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Silvia Preciado Armenta

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones El suscrito Secretario adscrito al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, CERTIFICA: Que las constancias que integran el presente expediente coinciden en todas sus partes con su similar que obra en forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. EL SECRETARIO DEL JUZGADO ANDRÉS ROSSELL MARTÍNEZ correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos los oficios que remiten las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, con los que dan respuesta al requerimiento efectuado en autos e informan las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El oficio que se provee, recibido vía correo electrónico oficial con la certificación respectiva, tiene valor pleno en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  3. Principal

    Debido a que la parte quejosa ******** no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Analizada la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del *******, Fiscal General del Estado de México, y otras autoridades; por lo tanto, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 237/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO HIPÓTESIS NORMATIVAS En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El precepto legal invocado en primer lugar prevé la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Por su parte, el precepto constitucional invocado señala que la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Lo establecido en la Carta Magna se replica en el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables. (.)" En ese contexto, fue intención del legislador federal dotar a las víctimas y ofendidos del delito de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras. Efectivamente, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que, en caso de ser procedente, ordene a la autoridad ministerial que subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Así, puede afirmarse que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito deben impugnarse ante el Juez de Control, tal y como lo mandata el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos, que se invoca enseguida: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Dicho precepto evidencia que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. HECHOS En la demanda de amparo la quejosa reclama: 1. Al Fiscal General del Estado de México; a la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, con sede en Amecameca, Estado de México; y al Ministerio Público de Ixtapaluca, Estado de México: La omisión de dar contestación al oficio ******** de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por la Fiscal Cuarta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XI, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido por la citada Agencia del Ministerio Público Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, con sede Amecameca, Estado de México, el veinticuatro de febrero del año en curso. 2. A la Fiscal Cuarta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XI, con residencia en Xalapa, Veracruz: a) La omisión de aplicar a las autoridades indicadas en el punto anterior una de las medidas de apremio previstas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que den cumplimiento a lo solicitado en el oficio también referido en el punto que antecede; y, b) La omisión de solicitar todas y cada una de las actuaciones que integran la averiguación previa ********, relacionada con la unidad vehicular con número de identificación ********, en la que la impetrante tiene reconocida la calidad de víctima. En el capítulo de hechos de la demanda de amparo, la que quejosa manifiesta -bajo protesta de decir verdad- que el siete de junio de dos mil diecinueve compró el vehículo descrito en líneas anteriores; que en el mes de junio de dos mil veintidós lo dejó estado en la calle y se lo llevó un grúa; que dicha unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público debido a que tenía un reporte de robo; que en relación con el citado vehículo se inició la carpeta de investigación número ********, a cargo de la Fiscal Cuarta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XI, con residencia en Xalapa, Veracruz; que el diecisiete de agosto de dos mil veintidós la quejosa se presentó ante la citada Fiscal, quien le informó que el reporte de robo del vehículo se emitió en Ixtapaluca, Estado de México, y que por ese motivo se había iniciado la diversa carpeta de investigación ********; que el quince de febrero de dos mil veintitrés la impetrante presentó un escrito en el que pidió a la Fiscal Cuarta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XI, con residencia en Xalapa, Veracruz, que solicitara todas y cada una de las actuaciones que integran la mencionada carpeta de investigación ********, esto para aclarar la verdad de los hechos; que, por virtud de lo anterior, la Fiscal Cuarta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XI, con residencia en Xalapa, Veracruz, emitió el oficio número ******** de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dirigido al Agente del Ministerio Público de Ixtapaluca, Estado de México, en el que le solicitó la información mencionada, otorgándole un plazo de setenta y dos horas para cumplir con lo solicitado; así como que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había dado respuesta al oficio de referencia. CONCLUSIÓN De los preceptos transcritos se desprende que la víctima u ofendido debe acudir ante el Juez de Control competente a impugnar las omisiones atribuibles a la Fiscalía en la etapa de investigación, esto para el efecto que el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, le exija la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias que se invocan enseguida: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017640 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 28/2018 10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943 Tipo: Jurisprudencia "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017641 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945 Tipo: Jurisprudencia "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, la parte quejosa debe agotar el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 240/2019, en sesión de nueve de octubre de dos mil diecinueve, planteó la siguiente interrogante: ¿De acuerdo con la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte, que resultó de la Contradicción de Tesis 233/2017, las omisiones del Ministerio Público durante la integración de una carpeta de investigación, para que sean recurribles a través del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben tener como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; o bien, pueden ser todas aquellas que se cometan durante la investigación? Al respecto, indicó que esa cuestión ya había sido abordada, analizada y dilucidada precisamente en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 233/2017; y, finalmente, realizó la siguiente precisión: "En ese orden de ideas, queda de manifiesto que las omisiones del Ministerio Público a las que esta Primera Sala se refirió en la ejecutoria de cita, tienen incidencia necesaria sobre la integración de la investigación; y no cualquier acto omisivo. Ello, en congruencia con la interpretación extensiva que se hizo respecto del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece el control judicial a través de un medio innominado de defensa, respecto de la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, que son actos que inciden en la paralización, suspensión, y terminación de una investigación." Bajo tales parámetros, si en el presente caso la parte quejosa reclama a las autoridades responsables -integrantes del Ministerio Público- diversas omisiones en las que incurrieron, las cuales impiden la debida integración de la carpeta de investigación número ********, del índice de la Fiscal Cuarta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XI, con residencia en Xalapa, Veracruz, en la que tiene la calidad de víctima, y además inciden en la terminación de esa indagatoria; entonces, es claro que tales omisiones debió combatirlas a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de acudir al juicio de amparo, Dado que se actualizó el supuesto de improcedencia del juicio de amparo invocado, debe DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso, donde oír y recibir notificaciones, el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, por contar con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión en derecho; sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO" ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a los usuarios ******** el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta del juicio de amparo; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarlo, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. DATOS DE CONTACTO Se toma como dato de contacto el correo electrónico que proporciona para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. EXHORTACIÓN A TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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