Silvia Perales Méndez
Expediente 1763/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1763/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Silvia Perales Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En veintidós de diciembre de dos mil quince, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que del cuatro al diecisiete de diciembre de dos mil quince, transcurrió el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de noviembre del presente año, en el juicio de amparo 1763/2015.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil quince en la que se sobreseyó este juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Devuélvase al Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, el duplicado del proceso penal 15/2015-V en dos tomos, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. En mérito de lo anterior, y toda vez que el fallo de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primer del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Como está ordenado en proveído de diecinueve de noviembre del presente año, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En uno de diciembre de dos mil quince, la licenciada María soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del despacho del juzgado con el oficio con registro 23721 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de diciembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1763/2015, mismo que quedó registrado en el Juzgado a su cargo como cuaderno de antecedentes 542/2015-III; en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar, el veinticinco de noviembre del año en curso; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución que emitió y dos legajos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, se sobreseyó el juicio de amparo; notifíquese personalmente a las partes; y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, ASÍ COMO LA SENTENCIA PRONUNCIADA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En uno de diciembre de dos mil quince, la licenciada María soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del despacho del juzgado con el oficio con registro 23721 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de diciembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1763/2015, mismo que quedó registrado en el Juzgado a su cargo como cuaderno de antecedentes 542/2015-III; en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar, el veinticinco de noviembre del año en curso; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución que emitió y dos legajos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, se sobreseyó el juicio de amparo; notifíquese personalmente a las partes; y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Ajc." SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015. VISTOS, para dictar sentencia, los autos relativos al juicio de amparo 1763/2015, promovido por Francisco Javier Martínez Gallo, en su carácter de defensor particular de Silvia Perales Méndez, contra actos del Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; y otra, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil quince , ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, Francisco Javier Martínez Gallo, en su carácter de defensor particular de Silvia Perales Méndez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de veintiuno de septiembre del año en curso , admitió la demanda de amparo, registrándola con el consecutivo 1763/2015; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación; tuvo como tercera interesada a Euro Equipos Agroindustriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y señaló día y hora para la audiencia constitucional; mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil quince , se desechó el escrito de ampliación de demanda; y finalmente la audiencia constitucional tuvo verificativo el treinta de octubre de dos mil quince . TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre. CUARTO. Envío de expediente. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en dicha entidad, en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo de referencia a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito Auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil quince , se avocó al conocimiento del juicio de amparo. Lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 542/2015-III; y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Punto Quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito; y además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; lo anterior, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción I y 76 de la Ley de Amparo, se concluye que los actos impugnados son los siguientes: Del Juez Tercero de lo Penal en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, se le reclama: El auto de formal prisión de treinta y uno de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 15/2015-V, instruida contra Silvia Perales Méndez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado. Del Director del Centro de Readaptación Social en la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, se reclama: El cumplimiento y ejecución del auto de formal prisión mencionado. TERCERO. Certeza de acto. Son ciertos los actos reclamados al Juez Tercero de lo Penal en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas , así como al Director del Centro Regional de Reinserción Social , ya que así se advierte de las constancias que el citado Juez remitió al presente asunto inherentes a la causa penal 15/2015-V, documentales que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Sustenta lo antes dicho la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, Apéndice de 1995, de epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de treinta y uno de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 15/2015-V, instruida contra Silvia Perales Méndez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado, en virtud de que la demanda de amparo promovida en su contra fue presentada fuera del plazo legal. Para evidenciar lo anterior resulta necesario insertar el contenido del artículo 61 fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de las disposiciones transcritas, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para la presentación de la demanda es de quince días, con las salvedades que de manera limitativa contempla en las fracciones de la I a la IV, conforme a las cuales los plazos podrán ser de treinta días, ocho y siete años, y en cualquier tiempo, siempre que se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, actos en materia agraria o de aquéllos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. En materia penal las únicas dos excepciones que se contemplan para promover la demanda en un plazo distinto al genérico es cuando se trata de sentencias definitivas condenatorias que impongan pena de prisión y cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, supuestos en los que la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años y en cualquier tiempo, respectivamente. Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé la forma en que deben computarse los plazos contemplados en el numeral 17, estableciendo que éstos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del citado artículo 17, que se computará a partir del día de entrada en vigor de la ley. De lo anterior, se desprende que las demandas de amparo promovidas fuera del plazo establecido en los artículos antes citados son improcedentes, ya que se considera que los actos reclamados en ellas devienen consentidos tácitamente al no haberse impugnado en los lapsos previstos en dichos normativos. En el caso concreto, la impetrante de la protección constitucional promovió la demanda de amparo fuera del término de quince días hábiles, sin que al efecto se encuentre en alguno de los supuestos de excepción a la regla que contempla el artículo 17, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo (treinta días en tratándose de leyes autoaplicativas o procedimiento de extradición, ocho años cuando se trate de sentencia condenatoria dictada en un procedimiento penal, siete años en caso de privación total o parcial, temporal o definitiva de los derechos agrarios de los núcleos de población y cualquier tiempo en el supuesto de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional -pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormentos, multa excesiva, confiscación de bienes y cualquier otra inusitada y trascendental-). En efecto, de las constancias que obran en autos se advierte que el auto de formal prisión reclamado se notificó a la quejosa el treinta y uno de julio de dos mil quince; por lo que ésta surtió efectos el mismo día en términos del artículo 67 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, que establece lo siguiente: "ARTICULO 67. Los términos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los términos los domingos ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarles su declaración preparatoria o de resolver sobre la procedencia de su formal prisión o libertad". Cabe destacar que no obstante que el aludido código adjetivo penal, no contiene disposición expresa a partir de cuándo surten sus efectos las notificaciones; sin embargo atendiendo al texto del referido artículo 67 que establece que los términos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación, se infiere que las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se realizan; de ahí que el término para efecto de la presentación de la demanda de amparo comenzará a correr al día siguiente al en que se hizo la notificación. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la tesis emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN QUE SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES CONFORME AL ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. El artículo 21 de la Ley de Amparo, dispone que el término para la promoción del juicio de garantías es de quince días contados desde el día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Ahora bien, el Código Federal de Procedimientos Penales, no contiene disposición expresa a partir de cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo el artículo 71 prevé que: "Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación ..."; de ahí se infiere que, de acuerdo a dicho precepto, las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se realizan, comenzando a correr el término para efectos de la interposición del amparo, al día siguiente al de la notificación." Asimismo, resulta ilustrativa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL. SURTEN EFECTOS EN EL MOMENTO MISMO EN QUE SE PRACTICAN. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece que el término para la interposición de la demanda de amparo será el de quince días contados desde el siguiente al en que haya surtido efectos al quejoso la notificación del acto reclamado, remitiendo a la ley ordinaria para determinar en qué momento surte efectos aquélla. Ahora bien, en el caso del procedimiento penal federal, el código procesal respectivo, aun cuando no contiene una disposición que expresamente lo determine, de lo señalado en su artículo 71, en el sentido de que los plazos son improrrogables y empezarán a correr al día siguiente al de la notificación, salvo disposición expresa en contrario, se desprende que ésta surte efectos en el momento mismo en que se practica, pues la denominación "surte efectos la notificación" debe entenderse jurídicamente referida a su eficacia, en la medida en que haya logrado comunicar legalmente a las partes lo resuelto por el órgano jurisdiccional como consecuencia del correcto desarrollo del proceso, pues es a partir de ese momento en que se encuentra en aptitud de ejercer sus derechos inherentes". Partiendo de ese tenor, se puede colegir que el término de quince días para promover el presente juicio de amparo inició el día hábil siguiente al en que se hizo la notificación, esto es, el tres de agosto de dos mil quince, y feneció el veintiuno siguiente, descontándose para el cómputo respectivo los días ocho, nueve, quince y dieciséis de agosto, todos de dos mil quince, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo . Por tanto, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, el dieciocho de septiembre de dos mil quince, según se desprende del sello de recibido , es incuestionable que su presentación resulta extemporánea, al haber transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido que en la parte final de la resolución que constituye el auto de formal prisión aparece una leyenda de notificación realizada al defensor de la quejosa de tres de agosto de dos mil quince; sin embargo, la misma no se especifica a qué proveído corresponde, y aún en el caso de considerar que ésta aludiera a la notificación del auto de formal prisión, de igual manera resulta extemporánea la presentación de la demanda de amparo si se toma en cuenta que dicha notificación se hizo el tres de agosto de dos mil quince, ya que el computo iniciaría el cuatro de ese mismo mes, que es el día hábil siguiente y fenecería el veinticuatro de agosto, descontándose para el cómputo respectivo los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de agosto, todos de dos mil quince, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; pues como se dijo, el escrito de demanda se presentó hasta el dieciocho de septiembre de dos mil quince. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la citada Ley Reglamentaria, relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". No pasa inadvertido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 39/2013 (10a.) , en la que medularmente sostuvo que aun cuando en la legislación no se advierte el momento preciso a partir del cual surten efectos las notificaciones personales, debe atenderse al mayor beneficio para las partes y, por ende, considerarse que las mismas surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen; el criterio de mérito es el de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). El artículo 21 de la Ley de Amparo prevé el término de quince días para interponer la demanda relativa, contado desde el siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o el acuerdo que reclame. Ahora bien, aun cuando el numeral 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco disponga que los plazos procesales corren a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, incluido el día del vencimiento, y que cuando el plazo sea común a varias partes, éste debe computarse desde el día siguiente a aquel en que todas hayan quedado notificadas, del título VI, intitulado "Actos procesales", capítulo IV, denominado "Notificaciones", del propio código, no se advierte el momento preciso a partir del cual surten efectos las notificaciones personales en los juicios civiles. De ahí que ante la falta de regulación sobre el tema y toda vez que se encuentra involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, debe atenderse al mayor beneficio para las partes y, por ende, considerarse que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, conforme al cual todas las autoridades deben aplicar el principio interpretativo pro persona, esto es, realizar la interpretación que más favorezca a los derechos de los quejosos, dichas notificaciones surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen, pues sólo de esta manera éstos cuentan con un día más para poder presentar su demanda de amparo en la forma y los términos previstos en el referido artículo 117." Sin embargo, el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que fue interpretado por el Máximo Tribunal, prevé un supuesto distinto al contenido en el numeral 67 del código adjetivo penal para el Estado de Zacatecas, ya que éste último no prevé que deban surtir efectos las notificaciones. En efecto, la parte conducente del referido numeral 117 -cuyo contenido interpretó el Máximo Tribunal- prevé que los plazos procesales empezarán a correr a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento; sin embargo, el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, aplicable al caso, no contempla el hecho de que las notificaciones "surtan efectos", ya que expresamente refiere que los términos judiciales son improrrogables y empezarán a contarse desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación. De ahí que el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda ser considerado para interpretar por analogía el texto del artículo 67 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas. Resta añadir que el sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Readaptación Social en la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, al no reclamarse por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 647, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de epígrafe y contenido siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Silvia Perales Méndez, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo al Juez Tercero de lo Penal en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, y al Director del Centro de Readaptación Social en la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; por conducto del Juzgado de origen; se instruye a la secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011, de quince de marzo de dos mil once, signada por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido de la misma en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico, devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, debiendo quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 542/2015-III del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Gustavo Almendárez García, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, asistido de la Secretaria Paulina Cisneros Nájar, que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de noviembre de dos mil quince, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
En dieciséis de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con un escrito con registro 20518 y copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de octubre de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta signado por licenciado José Antonio Borraz García, en su carácter de autorizado de la quejosa SILVIA PERALES MENDEZ, mediante el cual solicita la ampliación de su demanda de amparo, respecto de un nuevo acto reclamado, el cual hace consistir en la negativa a la libertad de la quejosa por el Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del proceso 15/215 que se instruye en su contra. Ahora bien, cabe precisar que la ampliación de demanda, conforme a las reglas establecidas tanto por el Pleno como por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de rubros: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE." Y "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN.", procede cuando del informe rendido por la autoridad responsable se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Sin embargo, cuando la ampliación de la demanda sea por diversos actos de autoridad, además de los requisitos anteriores, debe existir siempre una relación o vinculación de causa-efecto con los actos reclamados primigenios, o con la causa eficiente de los mismos, es decir, es menester que existan datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados primeramente señalados en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional, ya que, de no existir esa relación, se permitiría toda clase de ampliación respecto de actos que en realidad estarían desvinculados de los reclamados en la demanda de amparo, como sucede en el presente caso, en razón de que los actos reclamados primigenios en el libelo constitucional se hicieron consistir en el auto de formal prisión dictado en contra de la ahora quejosa el treinta de julio del presente año, dentro de la causa penal 15/2015-V, dictado por el Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; de lo que se colige, que el acto reclamado por el que ahora pretende la quejosa ampliar su demanda de garantías, no tiene relación o vinculación de causa-efecto con los actos reclamados primigenios, o con la causa eficiente de los mismos; por lo que al no existir datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados primeramente en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional; por tanto, resulta improcedente la ampliación de la demanda que plantea el quejoso. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALAN ACTOS QUE NO GUARDAN VINCULACIÓN CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE O NO SON CAUSA EFICIENTE DE LOS MISMOS. La ampliación de demanda, conforme a las reglas establecidas tanto por el Pleno como por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de rubros: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE." y "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN.", procede cuando del informe rendido por la autoridad responsable se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Sin embargo, cuando la ampliación de la demanda sea por diversos actos de autoridad, además de los requisitos anteriores, debe existir siempre una relación o vinculación de causa-efecto con los actos reclamados primigenios, o con la causa eficiente de los mismos, es decir, es menester que existan datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados primeramente señalados en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional, ya que, de no existir esa relación, se permitiría toda clase de ampliación respecto de actos que en realidad estarían desvinculados de los reclamados en la demanda de amparo, como sucede, verbigracia, cuando se plantea la ampliación de la demanda de amparo respecto de la escritura o del documento que contiene el contrato de garantía hipotecaria, en el Registro Público de la Propiedad, por su aparente vinculación con el juicio especial hipotecario y su procedimiento de remate, seguido sin la audiencia del peticionario de amparo; empero, en realidad dicha inscripción no está vinculada al juicio hipotecario o al procedimiento de remate, pues la inscripción del referido gravamen nace de la naturaleza inscribible del acto jurídico que le dio origen, pero no a consecuencia del juicio hipotecario reclamado, en cambio, el juicio natural y toda la tramitación se origina, no por la referida inscripción, sino por el incumplimiento de pago atribuido al deudor principal o al garante hipotecario; de ahí que no sea dable ampliar la demanda de amparo para considerar como acto reclamado la citada inscripción del contrato fundatorio, cuando se reclama la violación al derecho fundamental de audiencia en juicio hipotecario.". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
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