Silvia Patricia Martínez Sosa
Expediente 358/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silvia Patricia Martínez Sosa
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el Artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que mediante resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se SOBRESEYÓ el juicio de amparo; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de mayo de dos mil veintiuno. SOLICITA SE DESVINCULE AUTORIDADES Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual refiere que en virtud de que dejó de existir la figura de delegado o encargado y/o suplente de dicha institución, solicita se desvincule del presente juicio a la autoridad que representa. Atento a esa petición, no procede realizar mayor pronunciamiento en torno a la misma, toda vez que a la fecha la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Silvia Patricia Martínez Sosa, ya fue ejecutoriada, por lo que no existe actuación pendiente de realizar en el presente juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Silvia Patricia Martínez Sosa, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe. Mach
- Principal
. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VI-358/2020, promovido por Silvia Patricia Martínez Sosa, contra actos del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veinte, ante la Secretaria de Guardia adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Silvia Patricia Martínez Sosa promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en si perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de uno de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda relativa, misma que se registró bajo el número VI-358/2020; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama en esta instancia constitucional: La negativa a otorgar la atención médica especializada virtud a que no se le han suministrado los medicamentos que le fueron prescritos denominados CAPECITABINA, DENOSUMAB o DONOSUMAB. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por el Director del Hospital Regional Morelia, por propio derecho y en representación del Subdirector Médico, Coordinador de Servicios de Atención al Derechohabiente y Coordinador de Recursos materiales, todos del Hospital Regional de Morelia del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, así como del diverso rendido por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal, en representación del Delegado Estatal en Michoacán y Titular de la representación estatal en Michoacán, del citado instituto, con residencia en esta ciudad, se advierte que negaron el acto que se les atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones realizadas, así como con las documentales exhibidas en autos de cuyo contenido se evidencia que hasta el seis de agosto de dos mil veinte, se surtió el medicamento prescrito desde el treinta de junio de dos mil veinte, de modo que a la fecha de presentación de la demanda no se había suministrado a la promovente del amparo los medicamentos recetados. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito juzgador considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia invocada por el Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional en su pedimento, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la norma transcrita, se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías, y en consecuencia, los efectos del mismo, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, no se entrará al estudio de fondo de las violaciones aducidas en la de la demanda de garantías, derivada del acto ahí reclamado, toda vez que durante la tramitación del presente juicio, sobrevino la causa de improcedencia antes referida. En efecto, la quejosa en su libelo constitucional fue preciso en señalar que su reclamo consistía, específicamente, en la negativa a proporcionar atención médica especializada virtud a que no se había suministrado los medicamentos prescritos, por parte de las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, consistente en el expediente clínico de la quejosa, se aprecia que el seis de agosto de dos mil veinte, Silvia Patricia Martínez Sosa, recibió los medicamentos prescritos, circunstancia que se corrobora de lo narrado por el autorizado de la aludida quejosa quien señaló que al comunicarse vía telefónica con ella, esta le informó que ya había recibido los medicamentos requeridos y que aún contaba con las dosis para varios días. La circunstancia antes narrada hace patente que el acto reclamado por la parte quejosa, ha cesado en cuanto a sus efectos; ello es así, puesto que se le proporcionaron los medicamentos prescritos a la quejosa, evidenciándose de este modo, que los efectos de la negativa u omisión reclamada, ha desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Además no debe perderse de vista que la omisión específica que aquí se reclama cesó totalmente en sus efectos; de modo incluso que, si posteriormente llegara a existir una diversa omisión por parte de las autoridades responsables, dicha abstención sería distinta y desvinculada con la que aquí se combate, por lo que la quejosa estaría en aptitud de reclamarla en su momento, sin que pueda analizarse en el presente asunto por ser futura e incierta en el momento en que se resuelve. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Silvia Patricia Martínez Sosa, en contra de la omisión reclamada a las autoridades responsables, atento a las razones contenidas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. 1248. DELEGADO EN MICHOACÁN DEL ISSSTE. 1249. TITULAR DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL EN MICHOACÁN DEL ISSSTE. 1250. DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD Y/O HOSPITAL REGIONAL DE MORELIA, DEL ISSSTE. 1251. SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD Y/O HOSPITAL REGIONAL DE MORELIA DEL ISSSTE. 1252. COORDINADOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD Y/O HOSPITAL REGIONAL DE MORELIA DEL ISSSTE. 1253. COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD Y/O HOSPITAL REGIONAL DE MORELIA DEL ISSSTE. Por medio de la presente remito a Usted copia certificada de la sentencia dictada en esta fecha dentro del juicio de amparo VI-358/2020, promovido por Silvia Patricia Martínez Sosa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Mich., a 25 de noviembre de 2020. A T E N T A M E N T E . LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LIC. SILVIA LORENA ARENAS RAYA. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO RECIBO DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO. SECCION DE AMPARO QUEJOSO: SILVIA PATRICIA MARTÍNEZ SOSA EXPEDIENTE: AMPARO VI-358/2020 CONTENIDO: SENTENCIA 1248. DELEGADO EN MICHOACÁN DEL ISSSTE. 1249. TITULAR DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL EN MICHOACÁN DEL ISSSTE. 1250. DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD Y/O HOSPITAL REGIONAL DE MORELIA, DEL ISSSTE. 1251. SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD Y/O HOSPITAL REGIONAL DE MORELIA DEL ISSSTE. 1252. COORDINADOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD Y/O HOSPITAL REGIONAL DE MORELIA DEL ISSSTE. 1253. COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD Y/O HOSPITAL REGIONAL DE MORELIA DEL ISSSTE. De acuerdo con el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Firmo el presente con la autoridad notificada (o persona a quien se entrega en su oficio). Morelia, Michoacán, a de de 2020 V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VI-358/2020, promovido por Silvia Patricia Martínez Sosa, contra actos del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veinte, ante la Secretaria de Guardia adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Silvia Patricia Martínez Sosa promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en si perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de uno de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda relativa, misma que se registró bajo el número VI-358/2020; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama en esta instancia constitucional: La negativa a otorgar la atención médica especializada virtud a que no se le han suministrado los medicamentos que le fueron prescritos denominados CAPECITABINA, DENOSUMAB o DONOSUMAB. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por el Director del Hospital Regional Morelia, por propio derecho y en representación del Subdirector Médico, Coordinador de Servicios de Atención al Derechohabiente y Coordinador de Recursos materiales, todos del Hospital Regional de Morelia del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, así como del diverso rendido por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal, en representación del Delegado Estatal en Michoacán y Titular de la representación estatal en Michoacán, del citado instituto, con residencia en esta ciudad, se advierte que negaron el acto que se les atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones realizadas, así como con las documentales exhibidas en autos de cuyo contenido se evidencia que hasta el seis de agosto de dos mil veinte, se surtió el medicamento prescrito desde el treinta de junio de dos mil veinte, de modo que a la fecha de presentación de la demanda no se había suministrado a la promovente del amparo los medicamentos recetados. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito juzgador considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia invocada por el Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional en su pedimento, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la norma transcrita, se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías, y en consecuencia, los efectos del mismo, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, no se entrará al estudio de fondo de las violaciones aducidas en la de la demanda de garantías, derivada del acto ahí reclamado, toda vez que durante la tramitación del presente juicio, sobrevino la causa de improcedencia antes referida. En efecto, la quejosa en su libelo constitucional fue preciso en señalar que su reclamo consistía, específicamente, en la negativa a proporcionar atención médica especializada virtud a que no se había suministrado los medicamentos prescritos, por parte de las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, consistente en el expediente clínico de la quejosa, se aprecia que el seis de agosto de dos mil veinte, Silvia Patricia Martínez Sosa, recibió los medicamentos prescritos, circunstancia que se corrobora de lo narrado por el autorizado de la aludida quejosa quien señaló que al comunicarse vía telefónica con ella, esta le informó que ya había recibido los medicamentos requeridos y que aún contaba con las dosis para varios días. La circunstancia antes narrada hace patente que el acto reclamado por la parte quejosa, ha cesado en cuanto a sus efectos; ello es así, puesto que se le proporcionaron los medicamentos prescritos a la quejosa, evidenciándose de este modo, que los efectos de la negativa u omisión reclamada, ha desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Además no debe perderse de vista que la omisión específica que aquí se reclama cesó totalmente en sus efectos; de modo incluso que, si posteriormente llegara a existir una diversa omisión por parte de las autoridades responsables, dicha abstención sería distinta y desvinculada con la que aquí se combate, por lo que la quejosa estaría en aptitud de reclamarla en su momento, sin que pueda analizarse en el presente asunto por ser futura e incierta en el momento en que se resuelve. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Silvia Patricia Martínez Sosa, en contra de la omisión reclamada a las autoridades responsables, atento a las razones contenidas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. A T E N T A M E N T E. LA SECRETARIA DEL JUZGADO. LIC. SILVIA LORENA ARENAS RAYA
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