Silvia Patricia Hernández López
Expediente 1118/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Silvia Patricia Hernández López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese
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Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dicte la resolución relativa al incidente de declaración de beneficiarios dentro del expediente 148/E02/2020, de lo cual deberá dar noticia a este Juzgado" Por otro lado, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada de la resolución incidental de dependencia económica de dos de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 148/E02/2020. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese; y personalmente a las partes, corriéndoles traslado con copia del oficio que se provee y anexos.
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EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL diecinueve de agosto de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1118/2022, promovido por Silvia Patricia Hernández López, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción de los terceros interesados, ya que por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se postergó su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, el cual ya se encuentra agregado al presente cuaderno. De igual forma, que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual, informa que mediante oficio de cinco de agosto de dos mil veintidós, fue rendido el informe justificado solicitado por este Juzgado. Enseguida el Juez acuerda: Sin mayor trámite se agrega para que obre como corresponda, en virtud de que las constancias que señala fueron recibidas en auto de diez de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, toda vez que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento del tercero interesado, no ha lugar a ello, pues lo único que traería sería el retardo del fallo y lo que se busca consagrar con la presente celebración es el principio contenido en el artículo 17 Constitucional; aunado a ello el sentido de la resolución no variaría. Por otra parte, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: el Secretario da nueva cuenta con las documentales aportadas por la parte quejosa y por la autoridad responsable; el Juez acuerda: se tiene por recibidas, admitidas y desahogadas las documentales de cuenta, y no habiendo más pruebas que desahogar, se cierra el periodo. Enseguida se abre el periodo de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: al no haber alegatos pendientes por relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1118/2022, promovido por Silvia Patricia Hernández López; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado el uno de junio siguiente, compareció Silvia Patricia Hernández López, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del a Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "IV.-ACTO RECLAMADO.- La tardanza y omisión para dictar la resolución interlocutoria de declaración de beneficiarios dentro del expediente Laboral Número." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda registrada con el número 1118/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento de los terceros interesados, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dictar la resolución de declaración de beneficiarios. TERCERO. Certeza de acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama, precisando que en virtud del exceso de trabajo imperante en dicha junta, manifestando encontrarse en vías de dictar la resolución cuya omisión de emitir se reclama. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por plenamente probado el acto reclamado. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede abordar el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa resultan fundados respecto a la omisión de dictar la resolución de declaración de beneficiarios dentro del expediente laboral número 148/E02/2020, puesto que con lo anterior, la autoridad responsable viola el derecho fundamental de administración de justicia pronta; y en vía de consecuencia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución. En relación a ese derecho fundamental, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicha norma superior en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En otras palabras, el derecho fundamental en estudio, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora bien, una vez establecido que el Alto Tribunal ya definió con precisión el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe realizarse dentro de la necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y carga de trabajo de los órganos, se efectúen en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En el caso concreto, la parte quejosa reclama una omisión de dictar la resolución interlocutoria de declaración de beneficiarios, dentro del expediente laboral número 148/E02/2020. En ese sentido conviene traer a la vista el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo que dispone lo siguiente: "Artículo 503.- Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios; IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron." Del precepto 503, se desprende un procedimiento para-procesal a seguir y al cual deberá sujetarse la autoridad laboral, tendiente a la investigación de beneficiarios y dependientes económicos de un trabajador fallecido. Esto es, cuando se reciba el aviso de la muerte del trabajador y se reclame el pago de la indemnización, la autoridad laboral mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante su potestad, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos. Asimismo, realizada la investigación y comprobada la naturaleza del riesgo, la responsable, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización. Al respecto, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, señaló que no se ha emitido la resolución incidental de dependencia económica, dentro del juicio laboral 148/E02/2020. De lo anterior, se pone de relieve que existe una dilación procesal a cargo de la responsable que debe ser subsanada por esta vía, pues con su omisión transgrede el artículo 503 de la ley federal del trabajo, ello atendiendo a que una vez celebrada la audiencia incidental, estaba obligada a pronunciar la resolución correspondiente, lo que no ha acontecido, y el dejar al arbitrio y fuera de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo las actuaciones del tribunal, haría nugatorio el derecho de la parte quejosa a una pronta expedición de justicia, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita por los tribunales facultados, para impartirla en los plazos y términos que para tal efecto fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por consiguiente, al estar demostradas las violaciones alegadas, lo que procede es restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, concediendo la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dicte la resolución relativa al incidente de declaración de beneficiarios dentro del expediente 148/E02/2020, de lo cual deberá dar noticia a este Juzgado. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Silvia Patricia Hernández López, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo y que se menciona en el último del presente fallo, por las razones y para el efecto que se exponen en el mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, se le tiene a la Junta responsable, informando la imposibilidad para dar contestación y recibir notificaciones vía electrónica, por las razones que expone y, que estará dando cumplimiento a los requerimientos mediante el sistema de comunicación tradicional, esto es, de forma física. Notifíquese.
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