Silvia Patricia Galan de la Garza
Expediente 362/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/08/2018
Partes del expediente
- Silvia Patricia Galan de la Garza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual remite copia autorizada de la resolución dictada dentro de la queja 59/2018, relativa al medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el auto en el que se desechó de plano su demanda de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado, glósense las constancias remitidas, acúsese recibo y estese a lo resuelto por el Superior al tenor del siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Finalmente, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula....V
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa, el cual quedó registrado con el número de toca 59/2018 de su índice; lo que se asienta para los efectos legales conducentes...V
- Principal
Agréguense a los autos el escrito y anexo, presentados por la quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 y relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió la resolución impugnada, en los términos que en el informe justificado se precisan, y con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de lo actuado en el presente expediente para apoyar el contenido de dicho informe, en términos del referido artículo. Dentro del término legal remítase testimonio certificado al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del mencionado recurso, en la inteligencia de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa...V
- Principal
Agréguese a los autos, para que obre como debida constancia, el escrito signado por la quejosa ********, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho; en consecuencia, se acuerda: DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando la ley ordinaria que regula el procedimiento conceda algún recurso mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir como actos reclamados a) el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desecha el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y, b) el auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho, en el cual se declara que ha causado estado la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete; dictados por la autoridad responsable en el expediente 325/2010. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar claridad al sentido del presente proveído conviene citar los hechos que relató la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado. Que la aquí quejosa, es parte dentro del expediente 325/2010 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar de Querétaro, en el cual se determinó la ejecución de sentencia por el adeudo de pensión alimenticia y el cobro de gastos y costas derivadas del citado expediente. El diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se admitió la planilla de liquidación. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez responsable dictó la resolución interlocutoria, en la cual determinó improcedente la vía de apremio solicitada por la quejosa en relación al pago de diversas cantidades. La parte quejosa interpuso recurso de apelación en contra dicha resolución interlocutoria, el que, mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable desechó. -acto reclamado a)-. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la resolución interlocutoria antes mencionada. -acto reclamado b)- DESECHAMIENTO DEL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO COMO a) Ahora, el acto que combate la parte quejosa a criterio de esta Juzgadora, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia, que en el caso lo es el recurso de denegada apelación que establece el artículo 760 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que dice lo siguiente: "Artículo 760. El recurso de denegada apelación procede contra el auto que desecha una apelación si se interpone por escrito presentado dentro de los tres días siguientes." En ese contexto, se concluye que respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dictado por la autoridad responsable, mediante el cual se desecha el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, sí procede el recurso de denegada apelación, previsto en el artículo 760 de la ley procesal de la materia, previo a la instauración del juicio de amparo; pues es incuestionable que el objeto de dicho medio de defensa, consiste en que el Juez Cuarto de Primera Instancia Familiar de Querétaro, a quien se reclama el acto impugnado, admita el recurso de apelación; por ende, también es claro, que el amparista estaba obligado a agotar el recurso de denegada apelación aludido, antes de promover el juicio de amparo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis aislada XX.2o.16 P, visible en la página 1122, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE, EN MATERIA PENAL FEDERAL. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA EL PROVEÍDO QUE DESECHA EL INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE CONDENA CONDICIONAL, PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El acuerdo dictado por un Juez de Distrito en el que desecha el incidente no especificado de condena condicional, debe impugnarse a través del recurso de revocación, previsto en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, porque el hecho de que el quejoso se encuentre privado de su libertad y el acto reclamado sea de naturaleza penal, no significa que se actualice alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 del Carta Magna, en virtud de que la afectación de su libertad deriva de la sentencia emitida en el procedimiento respectivo y orden de reaprehensión, no del desechamiento del incidente que es un aspecto de carácter procesal; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad previsto en el citado precepto de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal". En la inteligencia de que la parte quejosa no se encuentra en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el aludido recurso, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis a que se contraen los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, providencias precautorias o medida cautelar restrictiva de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; no es persona extraña al procedimiento de origen; ni se trata de un auto de vinculación a proceso; y la procedencia del recurso multicitado no se encuentra sujeto a interpretación adicional. De lo expuesto, se deja en evidencia que el peticionario de amparo, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, debió de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debió interponer RECURSO DE DENEGADA APELACIÓN respecto de los actos de que se trata, como medio ordinario de defensa que la Ley le confiere, previsto en el artículo 760 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, al ser parte en el juicio natural. Motivo por el cual, si la parte quejosa se duele del auto del auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dictado por la autoridad responsable, mediante el cual se desecha el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho; y derivado de esa medida insiste en las violaciones cometidas; luego, válidamente se concluye que en contra de la decisión de desechar el recurso de apelación, previo al juicio de amparo, debe ser combatido a través del recurso de denegada apelación. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." DESECHAMIENTO DEL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO COMO b) Ahora, respecto del acto reclamado consistente en el auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho, en el cual se declara que ha causado estado la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, a criterio de esta resolutora, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia. Por tanto, ésta juzgadora considera que en el caso, previo al juicio de amparo, la quejosa debió agotar el principio de definitividad; esto es, el recurso ordinario de defensa que prevé la ley procesal de la materia para combatir el citado auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho. Es aplicable a lo anterior la tesis visible a fijas 65, del tomo V, segunda parte-1, enero a junio de 1990, octava época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en que el quejoso debe agotar antes de interponer su demanda, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; o sea, que es al interesado a quien incumbe observar tal principio antes de acudir al juicio de amparo y no a la autoridad responsable, por lo que consecuentemente, ésta no puede infringir el repetido principio en las resoluciones que emita." De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, al ser parte en el juicio natural y participar activamente en él, la parte quejosa bien pudo intentar contra el auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho, el recurso de revocación de conformidad con el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, actualizándose de este modo un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar la demanda planteada en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, a la letra dice: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De lo cual, se desprende que el medio de impugnación idóneo contra el acto que por esta vía se reclama, es el recurso de revocación, pues a través del mismo se podría revocar el acto de autoridad que se combate en esta vía de amparo, y que en el caso concreto, lo constituye el auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho. De ahí que, se insiste, al ser parte actora en el juicio natural, la aquí quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, agotar el recurso de revocación, de conformidad con el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. Resulta aplicable la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 175974, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, visible en la página 1654, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En la inteligencia de que la parte quejosa no se encuentra en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el aludido recurso, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis a que se contraen los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, providencias precautorias o medida cautelar restrictiva de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; no es persona extraña al procedimiento de origen; ni se trata de un auto de vinculación a proceso; y la procedencia del recurso multicitado no se encuentra sujeto a interpretación adicional. De lo expuesto, se deja en evidencia que la peticionario de amparo, previó a la interposición del juicio de amparo indirecto, debió de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debió interponer recurso de revocación respecto del acto de que se trata, como medio ordinario de defensa que la Ley le confiere, previsto en el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, al ser parte en el juicio natural. Finalmente, resulta conveniente invocar la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Finalmente, se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados...V NP
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