Silvia Pascual López
Expediente 1055/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Silvia Pascual López
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el once de noviembre del año en curso, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por SILVIA PASCUAL LÓPEZ, contra actos del Presidente del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 1055/2021; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la diversa V -interpretada en sentido contrario- del diverso 107 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El primero de los citados preceptos establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar, y en su caso tener por actualizada, alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. El segundo de los numerales reproducidos, sostiene que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos dictados dentro de juicio, sólo procede siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación, en, aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, nuestro más alto tribunal ha definido que para calificar a un acto como irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos con consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, esto es, debería recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior, tiene sustento en las razones que informan el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En el caso concreto la promovente (actora en el juicio de origen) señala como acto reclamado la omisión y silencio total respecto de la promoción presentada por su autorizado con fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que solicita se ordene el emplazamiento correspondiente y se continúe con el proceso en el juicio civil 399/2021 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz; lo cual, estima violatorio de su derecho a una justicia pronta y expedita. Ahora bien, acorde lo dispuesto en la jurisprudencia del rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", el juicio de amparo indirecto será procedente si existe una omisión o falta de respuesta a una petición expresa dentro de juicio que implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; sin embargo, cuando dentro de un procedimiento jurisdiccional, un gobernado promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su conocimiento, el trámite no solamente se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, sino que debe estarse a los plazos y términos previstos por el legislador ordinario en la norma secundaria. Sirve de ilustración a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Atento a ello, y en el caso que nos acontece, el reclamo se da dentro de un procedimiento, por lo que no es dable considerar que hay una transgresión al derecho sustantivo de acceso a la justicia pronta y expedita, porque no se trata de una afectación autónoma respecto del procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en el propio contexto jurisdiccional, por lo que tiene un carácter adjetivo, el cual tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria. Lo antes expuesto, pone en relieve que la falta o negativa de practicar la notificación que refiere el quejoso no es de aquellos actos que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impida el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una violación de carácter adjetiva o procesal por tratarse del silencio por parte de la autoridad para emitir una determinación en relación con la solicitud planteada por la aquí quejosa dentro de un procedimiento administrativo. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado de la solicitud plantada, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una resolución favorable. Ello es así, ya que en el caso concreto no se actualizan los supuestos de excepción a que se refiere la tesis recién invocada, toda vez que, en principio, no se advierte que exista una paralización total del procedimiento de origen que derive de la dilación que se refiere la parte quejosa en su demanda de amparo; ello, pues tal conducta omisiva no constituye en sí misma una suspensión de dicho juicio, sino que se traduce en la inacción por parte de las responsables dentro del plazo que la legislación aplicable establece para realizar el emplazamiento de mérito. En segundo lugar es así, ya que la omisión combatida tampoco conlleva una dilación abierta en el procedimiento natural que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que para ello la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado un parámetro mínimo objetivo a fin de otorgar certeza jurídica a los justiciables, el cual permite definir cuándo una dilación procedimental en materia laboral puede considerarse como una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización; situación que no se actualiza en el caso concreto, tal como se verá a continuación. Efectivamente, la Sala mencionada, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en la que determinó que para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben de transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse la omisión reclamada, por ser ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De dicha ejecutoria, emergió la jurisprudencia cuyos rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese orden de ideas, si en la especie el juicio de origen se rige por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y dicha normatividad en su artículo 11 dispone un periodo de ciento ochenta días como máximo para que el juicio permanezca inmóvil, entonces no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, dado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintisiete de octubre de dos mil veintiuno- sólo habían transcurrido treinta días naturales después de que el juez del proceso, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recibiera la promoción que refiere la quejosa, para realizar el emplazamiento solicitado por la parte quejosa. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas que cita en su escrito de demanda, atendiendo a que no se encontró registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Asimismo, toda vez que señaló como domicilio procesal los estrados de este juzgado; por lo tanto, se ordena a las actuarias adscritas a este Juzgado hacer las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. DOMICILIO CONVENCIONAL Asimismo, se le tiene autorizando como medio alternativo para contacto el correo electrónico siguiente: sogotegoyo@hotmail.com, y como medio de cercioramiento o confirmación el número de teléfono 2241090590. Lo cual se autoriza de ser necesario y en forma extraordinaria en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, debiendo el servidor público encargado de realizar la notificación, de ser el caso, efectuar la certificación respectiva en la que conste el cercioramiento de la recepción por esa vía, ante el representante de la parte quejosa o por la persona autorizada por la misma. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. lo anterior se notifica por este medio a la parte promovente, por así haberlo señalado.
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