Silvia Nohemí Molina Castro y Otros.

Expediente 1355/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1355/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Silvia Nohemí Molina Castro y Otros.
  • Silvia Nohemí Molina Castro
  • Representante Local de la Oficina Local del Instituto Nacional de Migración, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido...

  2. Principal

    ...se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo...

  3. Principal

    ...agréguese a los autos el oficio INM/ORTAM/ORLREY/DAJ/0021/2021 que remite el Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, y remite las constancias solicitadas...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado actual que guardan los autos de este juicio, se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia de ley, sin embargo, no se cuenta con las constancias necesarias para resolver el presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia fotostática certificada íntegra y legible de las constancias donde se desprenda el estado migratorio de Silvia Nohemí y Sindy Marisela de apellidos Molina Castro; ello en virtud de que de autos se despende que las quejosas directas se encuentran en las instalaciones de la referida autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 199454), cuyo rubro y texto marcan: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cinco minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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