Silvia Noemi Araujo Garnica
Expediente 100/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Silvia Noemi Araujo Garnica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA III.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el veintiséis de marzo del año que transcurre, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, se procederá su destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existe documento original exhibido por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFÍQUESE.
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MESA III.- Mérida, Yucatán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, junto con los anexos que acompaña. Ahora bien, vista dichas constancias, las que ya obran glosadas y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, en razón de lo siguiente: Introducción. La quejosa ***, reclama a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de dictar laudo y notificarlo a las partes en el juicio laboral de origen. Hechos. De las constancias que obran glosadas en autos, se advierte que en fecha veintidós de enero del año en curso, se dictó el proyecto laudo correspondiente, y el cinco de febrero del mismo año, se elevó a categoría de laudo; y de las constancias que se glosan se advierte que se notificó a las partes el veintitrés de marzo del año en curso. Contexto legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; . Dicho precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto de molestia haya dejado de existir, restableciendo al quejoso en el estado en que se encontraba antes de los actos violatorios. Análisis. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal mencionado, este órgano de control constitucional considera que en la especie han cesado los efectos del acto omisivo que por esta vía jurisdiccional se impugna actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo. Como ya se ha dicho, en la especie la parte quejosa reclamó la omisión de dictar laudo y notificarlo a las partes, y posteriormente, la responsable en fecha n fecha veintidós de enero del año en curso, se dictó el proyecto laudo correspondiente, y el cinco de febrero del mismo año, se elevó a categoría de laudo; y se notificó a las partes el veintitrés de marzo del año en curso; de tal modo que la parte impetrante ya ha sido restituida en el goce de sus derechos fundamentales violados, puesto que la abstención imputada a la responsable dejó de existir, restableciéndose la situación que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional. De lo anteriormente reseñado, puede inferirse que si la demanda de amparo fue promovida el veintidós de enero del año en curso, y la autoridad responsable dictó laudo y lo notificó a las partes en fecha posterior, es claro que dejó de existir la omisión reclamada, por tanto, es evidente que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, y la omisión reclamada fue subsanada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación que se tenía antes del acto omisivo que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal que ya se ha acordado sobre la omisión que reclama e incluso notificado, pues ha sido restituida la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en virtud de que la omisión de dictar el acuerdo imputado a la responsable ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer en este procedimiento de amparo, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la creación del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre el particular son aplicables al caso, las jurisprudencias números 103 y 415, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 81 y 356, del Tomo VI, Materia Común, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que respectivamente señalan: "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal"; y, "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Contradicción de tesis 26/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 7 de febrero de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 10/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres. En consecuencia con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61 fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional que fue fijada para el día VEITITRÉS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LAS CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS.
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MESA III.- Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta y certificación que antecede, se acuerda: toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la autoridad responsable fin de que remita las constancias que le fueron requeridas en auto de dieciocho de marzo del año en curso; por tal motivo, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo a las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIA VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
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MESA III.- Mérida, Yucatán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de la cuenta, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y hágase relación de tal informe al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, del informe justificado rendido por la citada autoridad se advierte que el veintidós de enero del año en curso se emitió el proyecto de resolución y con fecha cinco de febrero siguiente, se elevó el mismo a categoría de laudo. Por tanto, con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que se gire a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, remita copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la resolución dictada, o bien informe las causas que lo impidan. Apercibida dicha autoridad que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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