Silvia Morales Rosales

Expediente 151/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
151/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Silvia Morales Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, través del cual, trascribe el proveído de trece de febrero del año en curso, de cuyo contenido se advierte que el juzgado de su adscripción aceptó la competencia declinada por este juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por ****, registrándolo con el número de amparo indirecto 131/2023-I de su índice, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Archivo Atento a lo anterior, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, el diverso 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos del Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se declinó competencia y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintitrés. Radicación Vista la demanda promovida por Silvia Morales Rosales, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 151/2023-IV-C. Acto reclamado En ese sentido, es dable precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: ( La omisión de dar respuesta a su solicitud de pensión, formulada el treinta de agosto de dos mil veintidós, a la cual se le asignó el folio 7,722-43202, presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Amecameca del Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. Incompetencia Ahora bien, este Juzgado, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene tener presente el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: 1. El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener su ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, en virtud de que la parte quejosa reclama de manera toral: ( La omisión de dar respuesta a su solicitud de pensión, formulada el treinta de agosto de dos mil veintidós, a la cual se le asignó el folio 7,722-43202, presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Amecameca del Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. En ese tenor, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, toda vez que implica un impacto específico en la emisión del dictamen respectivo mismo que conlleva al pago de la pensión solicitada; motivo por el cual, conlleva un principio de ejecución, pues el pago de dicha pensión está intrínsecamente ligado al lugar donde se efectuará el pago, y será este lugar en el que resienta su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el lugar de pago. Luego, en el caso se afirma que el acto reclamado conlleva ejecución en el Municipio de Amecameca, Estado de México, pues en el escrito de cuenta la parte quejosa anexó el acuse de la solicitud presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Amecameca del Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, el treinta de agosto de dos mil veintidós, del que se advierte que el lugar de pago es en el municipio indicado, en el Estado de México; además que su domicilio se encuentra en calle del Panteón, sin número, barrio San Martín Ecatzingo, municipio de Ecatzingo, Estado de México. Apoya a la presente determinación, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por qué el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." En consecuencia, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determina carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, por considerar que quien debe hacerlo es el: Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Sirve de apoyo, por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 166109, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, octubre de 2009, página 95, de título, subtitulo y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Asimismo, la determinación anterior se sustenta en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, dentro del conflicto competencial 34/2022, de su índice, en la que sustancialmente se determinó que la omisión reclamada tiene ejecución y su materialización se realizará en el lugar donde se reciba el pago de esa pensión. Por tanto, se ordena remitir el juicio de amparo y traslados, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que tengan a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, en términos a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia, y acuse de recibo correspondiente. Atento a lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario ********************; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no así el domicilio físico que proporciona, lo anterior, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal . Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con evidencia criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional.

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