Silvia Meza Valdez
Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Silvia Meza Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
I- R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ********************, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
I- Agréguese el oficio de cuenta signado por el juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veintisiete de marzo del año en curso, remite en medio óptico que contiene copias certificadas, legibles y completas de las constancias que integran al expediente 306/2020 y su acumulado 662/2020, de su estadística. Sin pasar inadvertido, lo expuesto por el juez responsable en relación a su imposibilidad de remitir los autos originales de dicho expediente, en virtud de que fueron remitidos el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, a la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por motivo del recurso de apelación interpuesto por Karen Alejandra Contreras Meza en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de ese mismo mes y año; de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba tal disco compacto, sin perjuicio de relacionarlo de nueva cuenta para ser tomado en consideración y ser valorado conforme a derecho en la audiencia constitucional correspondiente. Asimismo, con fundamento en el precepto legal 117 de la Ley de la materia, con los medios de pruebas de referencia, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Aplica en lo conducente, la tesis Jurisprudencial I.5o.C.2.K, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.". De igual manera, se ordena el resguardo del disco compacto remitido por la oficiante, en la Secretaría de este Juzgado Federal, a disposición de las partes; medida que se adopta para evitar que se deteriore y tener un mejor manejo de este expediente. Finalmente, se deja sin efectos el apercibimiento contenido en el auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio a la autoridad correspondiente.
- Principal
I- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa no está debidamente integrado el presente juicio de amparo en virtud de que no obra la totalidad de las constancias indispensables para la substanción del mismo. Lo anterior, toda vez que de una revisión minuciosa del oficio ********************, de siete de diciembre de dos mil veintidós, remitido por el juez de instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado refiriendo que los actos que se le atribuyen son "parcialmente ciertos"; se advierte que el juez destaca que dentro del expediente natural ******************** de su índice, se encuentra vinculado mediante sentencia definitiva de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno el expediente ********************. Sin embargo, el juez responsable no remite la totalidad de las constancias a que hace referencia, tal y como se le requirió el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós en la solicitud de informe justificado. En consecuencia, a fin de que este órgano jurisdiccional cuente con los medios de prueba idóneos para resolver lo que en derecho proceda, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable en este asunto juez de instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, para que en el término de tres días legalmente computados, remita copias certificadas, legibles y completas del expediente ******************** y su acumulado ******************** de su estadística. Se apercibe a la citada autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 [diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional], que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 [ciento tres pesos 74/100 moneda nacional], valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización [UMA] correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J.17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo: V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Por tanto, para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo las diez horas con diez minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio a la autoridad correspondiente.
- Principal
I- Agréguese el escrito de cuenta, signado por Leticia Catzín Uc, mediante el cual señala usuario electrónico para consultar el presente expediente en línea. En atención a su contenido, no es dable acceder a su petición planteada, toda vez que se encuentra autorizada únicamente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo en el presente expediente. Sin que pase desapercibido, que del contenido de la certificación que antecede, se desprende que su cédula profesional no ha sido registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; por lo tanto, no cuenta con facultades para promover en representación del aquí quejoso, ni de cualquier otra persona. Aunado a que el artículo 12 de la ley de Amparo, refiere expresamente que tratándose de las materias, civil, mercantil o administrativa, se debe acreditar que la persona a quien se autorice se encuentre legalmente facultada para ejercer la profesión de abogado y deberá proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue la autorización, requisitos que no fueron señalados desde el escrito inicial de demanda por el promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro digital 226763, emitida por el Semanario Judicial de la Federación que es del tenor siguiente: "AUTORIZADOS PARA OIR NOTIFICACIONES. CATEGORIAS QUE CONTIENE EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 27 reformado de la Ley de Amparo, comprende dos clases de autorizados para oír notificaciones: A). El consignado en la primera parte del segundo párrafo, el cual queda facultado para realizar los actos que ahí se precisan, entre ellos cualquiera que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante; y B). El previsto en la segunda parte del mismo párrafo, quien sólo queda autorizado para oír notificaciones e imponerse de los autos. En la primera hipótesis y tratándose de las materias, civil, mercantil o administrativa, se debe acreditar que la persona a quien se autorice se encuentra legalmente facultada para ejercer la profesión de abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue la autorización. En el segundo de los casos, no es preciso cumplir ese requisito, por lo tanto, si el juez de Distrito sólo tuvo a una persona como autorizada para notificársele el auto que mando aclarar la demanda, este tribunal no puede revocar esa autorización y estimar que se le debió tener por autorizada en los términos del inciso A) precitado, si no consta que en el escrito de demanda se haya acreditado que está autorizada para ejercer la profesión de abogado, ni se proporcionaron los datos correspondientes que exige la ley". Notifíquese por lista electrónica a las partes.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,571 expedientes
- Silvia Guadalupe Vazquez Acevedo663/2015
- Silvia Hernández Román357/2023
- Silvia Jimenez Lopez355/2020
- Silvia Leticia Juarez Diaz888/2016
- Silvia Leticia Tamayo Y Alonzo1109/2022
- Silvia Meza Valdez534/2017
- Silvia Meza Valdez230/2017
- Silvia Pool Caamal535/2021
- Silvia Rosa Chew Bolaños141/2017
- Silvia Rosa Chew Bolaños805/2019
- Silvia Rosario Rodríguez Iuit614/2021
- Silvia Suarez Cortes320/2020