Silvia Méndez Serrano

Expediente 16/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
16/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Silvia Méndez Serrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    iv) Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto de siete de febrero de dos mil dieciocho (fojas 34 a 38), por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, México; siete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México, mediante el cual remite copia certificada del auto de uno de febrero de dos mil dieciocho dictado en el expediente 1361/2015. Atento a lo anterior; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales conducentes. Así las cosas, en el presente juicio la quejosa Silvia Méndez Serrano, reclama la omisión de la autoridad responsable de dictar la resolución en el incidente de acumulación, y la abstención de no dar continuidad a la secuela procesal, en virtud de que no ha señalado fecha para la reinstalación de la aquí quejosa. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable, recibidas el veintiséis de enero de la presente anualidad (foja 19), y el seis de febrero de los corrientes, se advierte que el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, de la responsable resolvió el incidente de acumulación, y el uno de febrero de la presente anualidad, señaló las trece horas del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho para que el actuario de la adscripción lleve a cabo la reinstalación de la aquí quejosa Silvia Méndez Serrano. A las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Se invoca en lo conducente, la tesis 226 con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. La quejosa aduce que la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México, ha omitido dictar la resolución en el incidente de acumulación, y se ha abstenido de no dar continuidad a la secuela procesal, en virtud de que no ha señalado fecha para la reinstalación de la aquí quejosa. Sin embargo, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 19), se recibió el oficio por el cual la responsable resolvió el incidente de acumulación, y en esta fecha, se tuvo por recibido el diverso por el cual la autoridad responsable señala fecha para la reinstalación de la ahora quejosa. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México, resolvió el incidente de acumulación derivado del expediente de origen, y señaló fecha y hora a efecto de que el actuario de esa adscripción lleve a cabo la reinstalación de la aquí quejosa Silvia Méndez Serrano; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando al momento de la presentación de la demanda existía la omisión o abstención reclamada, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, con número de registro 168189, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." De la misma manera, sirve de apoyo la jurisprudencia 103 con número de registro 917637, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 415 con número de registro 917949, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis aislada P. CL/97, con número de registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la audiencia constitucional prevista para las once horas con quince minutos del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, queda sin efectos por las consideraciones expuestas anteriormente. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que la parte tercero interesada haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que los terceros interesados no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que esta determinación deberá notificarse a través de la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la quejosa y por lista al tercero interesado. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Liliana Lozano Mendoza, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Toluca, México; dos de febrero de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse en esta fecha, sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la autoridad responsable en auto de veintinueve de enero de la presente anualidad; a efecto de que remita la totalidad de las constancias de las que emana el acto que se reclama en el presente juicio. Así, para dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha se difiere, y en su lugar se fijan las once horas con quince minutos del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Liliana Lozano Mendoza, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Toluca, México; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Por recibido el ocurso de cuenta por el cual Felipe López Maya, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, hace diversas manifestaciones a manera de alegatos. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno durante la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Liliana Lozano Mendoza, que autoriza y da fe. Doy fe

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