Silvia Mayela Mancinas Franco
Expediente 998/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Silvia Mayela Mancinas Franco
Actuaciones
- Principal
I. Efectivo apercibimiento. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de noventa días hábiles concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este juzgado a recibir los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, sin que dentro de ese lapso lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por lo que se ordena que los referidos documentos se dejen glosados al presente juicio y sigan su suerte, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, serán destruidos. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Finalmente, se advierte que la parte quejosa anexó un documento original y otro en copia certificada a su escrito inicial de demanda; por lo que con fundamento en los artículos 18 y 20 del aludido acuerdo, y los puntos 4.2 y 4.3 del citado manual, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, acuda a este juzgado de Distrito a recoger los documentos mencionados que exhibió en la tramitación del presente juicio. Se le apercibe que de hacerlo en el lapso indicado, se remitirán al archivo junto con el expediente para que sigan su suerte, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, serán destruidos. Para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior y hasta en tanto subsistan las condiciones de trabajo determinadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales25/2020 y 1/2021, del mismo órgano plenario que reformaron el Acuerdo inicialmente citado únicamente con relación al periodo de vigencia; se deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I. Estado de autos. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el dieciocho de agosto del año en curso, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, *******, por conducto de su apoderado legal ****** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por los actos que hizo consistir en la omisión de desahogar las pruebas documentales e instrumentales ofrecidas por las partes dentro del incidente de acumulación interpuesto en el juicio laboral 95/2019 del índice de la responsable, a fin de que éste pueda resolverse. II. Sobresee fuera de audiencia. Ahora, revisadas las constancias que integran el presente juicio de amparo, así como las diversas allegadas con el informe que remitió la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: a. Cesación de efectos. Tocante a dichos actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, como ya se mencionó, los actos reclamados consisten en la omisión de las responsables de desahogar las pruebas documentales e instrumentales ofrecidas por las partes dentro del incidente de acumulación interpuesto en el juicio laboral 95/2019 del índice de la responsable, a fin de que éste pueda resolverse, Luego, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y de las constancias que acompañaron en su apoyo, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que por acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del citado expediente 95/2019, se acordó lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes dentro en el incidente de acumulación, en específico, tuvo por admitidas todas y cada una de ellas. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, en virtud de que como se estableció, la omisión de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, dejó de existir con la emisión del citado proveído de uno de septiembre del presente año. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. No está por demás añadir, que si bien la parte impetrante refiere a que a la fecha no se ha resuelto el incidente de acumulación planteado en el juicio laboral de origen, esto se debe a la omisión de la responsable de hacer pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas dentro de dicha incidencia, lo que constituye el acto destacada materia de análisis en el presente amparo, no así la falta de dictado de resolución que dirima dicho incidente, puesto que el órgano jurisdiccional del conocimiento, con motivo del acto reclamado, sólo está limitado a realizar pronunciamiento respecto a lo peticionado por el quejoso en la etapa procesal en la que se encuentra; de ahí que las diversas actuaciones que se realicen y deriven del aludido incidente, de no estar conforme con ellas, deberán ser materia de estudio en diverso juicio de amparo que promueva como parte agraviada, como se desprende, por analogía, de la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCION DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACION DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007)". III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como correspondan los informes justificados que rinden las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango y su presidente; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO1" Notifíquese.
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