Silvia Martínez Olivares

Expediente 494/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
494/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Silvia Martínez Olivares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    Oficio. La autoridad responsable Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla: a. Rinde su informe justificado; y, b. Señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa delegados. c. Proporciona datos de contacto. Fundamentación. Artículos 117 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Domicilio. Se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones, el indicado por la autoridad oficiante. Delegados. Se tienen como delegados a las personas mencionadas en el informe de cuenta. Datos de contacto. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala la autoridad responsable, a través del cual se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante dos escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1. Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtué la negativa del acto cuestionado. 2. En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Como se observa, en el caso concreto, se reclaman abstenciones u omisiones por parte de la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, que se traducen en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que en este capítulo, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: En el caso, la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, no se encuentra en condiciones para resolver el recurso administrativo registral, correspondiente a la solicitud de control interno ******************** Lo anterior, pues del informe justificado, se advierte que la autoridad responsable manifiesta que no se encuentra facultada para resolver el recurso administrativo registral, correspondiente a la solicitud de control interno ********************, toda vez que es potestad única y exclusiva del Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. Lo anterior se sustenta en los artículos 4, fracción III, de la Ley del Registro Público del Estado de Puebla; 2, fracción VIII, y 10 fracción XXIV, de Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; los cuales se transcriben: "ARTÍCULO 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por: [.] III.- Director General: Al Titular de la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; [.]" "ARTÍCULO 2. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: [.] VIII. Director General: Al Titular de la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla;[.]" "ARTÍCULO 10. Al frente de cada Dirección habrá un Titular, que en el ámbito de su respectiva competencia, tendrá las siguientes atribuciones: [.] XXIV. Resolver de conformidad con la legislación aplicable, los recursos administrativos de revisión en materia de catastro o recursos administrativos registrales que se interpongan en contra de los actos emanados de las autoridades catastrales y registrales, según corresponda; [.]" Como se advierte de los anteriores artículos, el Titular de la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, lo es, el Director General de dicho Instituto, y al ser el Titular tiene como atribución resolver de conformidad con la legislación aplicable, los recursos administrativos registrales que se interpongan en contra de los actos emanados de las autoridades catastrales y registrales, según corresponda. De lo anterior se colige entonces, que la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, no se encuentra en posibilidad de resolver el recurso administrativo registral, correspondiente a la solicitud de control interno ********************, toda vez que es potestad única y exclusiva del Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. Por tanto, el acto reclamado deviene inexistente. Entonces, queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la inexistencia, en función de que la autoridad responsable no se encuentra en posibilidades de subsanar la omisión reclamada. Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado precisado, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No ha lugar a dar vista de ampliación. Por parte, no ha lugar a dar vista a la quejosa para ampliar la demanda de amparo, toda vez que mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, se le previno a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridades responsables al Director de Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y al Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, y al contestar la prevención mediante escrito presentado en fecha de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, expresamente dijo que: "Por otra parte ÚNICAMENTE SEÑALO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE: A la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla [.]". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas del veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Tercero interesado. No pasa inadvertido para este Juzgador que en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, que el mismo no se llevará a cabo en virtud del sobreseimiento decretado en este acuerdo; no obstante, ello no es impedimento para dictar la presente resolución, toda vez que el sentido de la misma no le causa perjuicio. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    7.- ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y/O INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA,*** EL ACUERDO DE 14 DE ABRIL DE 2023 QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. Oficio. La autoridad responsable Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla: a. Rinde su informe justificado; y, b. Señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa delegados. c. Proporciona datos de contacto. ...Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Domicilio. Se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones, el indicado por la autoridad oficiante. Delegados. Se tienen como delegados a las personas mencionadas en el informe de cuenta. Datos de contacto. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala la autoridad responsable, a través del cual se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo,.. Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante dos escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1. Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtué la negativa del acto cuestionado. 2. En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Como se observa, en el caso concreto, se reclaman abstenciones u omisiones por parte de la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, que se traducen en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que en este capítulo, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: ..VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar - ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa.. En el caso, la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, no se encuentra en condiciones para resolver el recurso administrativo registral, correspondiente a la solicitud de control interno 202218085 Lo anterior, pues del informe justificado, se advierte que la autoridad responsable manifiesta que no se encuentra facultada para resolver el recurso administrativo registral, correspondiente a la solicitud de control interno 202218085, toda vez que es potestad única y exclusiva del Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. Lo anterior se sustenta en los artículos 4, fracción III, de la Ley del Registro Público del Estado de Puebla; 2, fracción VIII, y 10 fracción XXIV, de Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; los cuales se transcriben: ARTÍCULO 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por: .. III.- Director General: Al Titular de la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; .. "ARTÍCULO 2. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: .. VIII. Director General: Al Titular de la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla;.. ARTÍCULO 10. Al frente de cada Dirección habrá un Titular, que en el ámbito de su respectiva competencia, tendrá las siguientes atribuciones: XXIV. Resolver de conformidad con la legislación aplicable, los recursos administrativos de revisión en materia de catastro o recursos administrativos registrales que se interpongan en contra de los actos emanados de las autoridades catastrales y registrales, según corresponda; Como se advierte de los anteriores artículos, el Titular de la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, lo es, el Director General de dicho Instituto, y al ser el Titular tiene como atribución resolver de conformidad con la legislación aplicable, los recursos administrativos registrales que se interpongan en contra de los actos emanados de las autoridades catastrales y registrales, según corresponda. De lo anterior se colige entonces, que la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, no se encuentra en posibilidad de resolver el recurso administrativo registral, correspondiente a la solicitud de control interno 202218085, toda vez que es potestad única y exclusiva del Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. Por tanto, el acto reclamado deviene inexistente. Entonces, queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la inexistencia, en función de que la autoridad responsable no se encuentra en posibilidades de subsanar la omisión reclamada. Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado precisado, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No ha lugar a dar vista de ampliación. Por parte, no ha lugar a dar vista a la quejosa para ampliar la demanda de amparo, toda vez que mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, se le previno a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridades responsables al Director de Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y al Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, y al contestar la prevención mediante escrito presentado en fecha de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, expresamente dijo que: Por otra parte ÚNICAMENTE SEÑALO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE: A la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas del veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Tercero interesado. No pasa inadvertido para este Juzgador que en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, que el mismo no se llevará a cabo en virtud del sobreseimiento decretado en este acuerdo; no obstante, ello no es impedimento para dictar la presente resolución, toda vez que el sentido de la misma no le causa perjuicio.

  4. Incidental

    Oficio. La Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, envía el original del incidente de suspensión 409/2022-IX, y la ejecutoria dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, en el incidente de revisión 279/2022 de su índice, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO. EN LA MATERIA DE LA REVISION SE MODIFICA LA INTERLOCUTORIA RECURRIDA.... SEGUNDO. SE NIEGA LA SUSPENSION DEFINITIVA... TERCERO. SE CONCEDE LA SUSPENSION DEFINITIVA... Acuse. Acúsese de inmediato el recibo de estilo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa. Cuaderno de Antecedentes. Glósese el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 128 y 146 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable. Congreso del Estado de Puebla, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la resolución dictada por la superioridad, cuyos efectos son los siguientes: "En consecuencia, contrario a lo concluido por el A quo, sí es factible conceder la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias de la aplicación de la norma reclamada, puesto que se trata del cobro de la cantidad de---, por concepto de cobro del impuesto predial y recargos en aplicación del artículo 4, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, vigente en los ejercicios del dos mil diecisiete al dos mil veintidós; por lo que procede revocar la negativa a fin de conceder la medida solicitada. En la inteligencia de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva surtirá efectos siempre que la quejosa garantice ante la autoridad hacendaria el interés fiscal en el monto que se pretende cobrar, es decir, de ---." A efecto de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Tribunal Colegiado oficiante, se ordena girar oficio a las autoridades responsables, para qué informen el cumplimiento dado a la suspensión definitiva, para lo cual se remite copia autorizada del presente testimonio. Apercibimiento. En la inteligencia de que las autoridades responsables deberán remitir a este Juzgado Federal, dentro del mismo plazo, las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo.

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