Silvia Maria del Pilar Orozco Y Osorio
Expediente 777/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Silvia Maria del Pilar Orozco Y Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte tercero interesada y a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados, el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos el escrito firmado por el apoderado legal de ***************, tercero interesado, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el escrito original, así como una copia más del mismo, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el mismo, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda, para que al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Principal
Audiencia Constitucional ....En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario con quien legalmente actúa, dan inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 777/2023, promovido por ********************, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto de admisión e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por el tercero interesado y la autoridad responsable ordenadora. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza tales pruebas documentales. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que el secretario hace constar que mediante escrito recibido el trece de junio de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y registrado con número de folio 10384, el apoderado legal de la parte tercera interesada ejerció ese derecho. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 777/2023, y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. ....; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. ...III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al [1] Juzgado Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y a la [2] Actuaria, adscrita al juzgado referido, pues además de que en su informe justificado la primera responsable aceptó el acto reclamado, y la segunda se adhirió al informe justificado rendido por su superior, de donde se obtiene la existencia del mismo. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que remitió la autoridad responsable ordenadora, relativas al expediente ******************** del juicio especial hipotecario de su índice, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que dichas documentales fueron expedidas por una funcionaria pública en ejercicio de sus atribuciones y de las cuales se desprende la existencia del acto reclamado. IV. Oportunidad. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues la quejosa en su demanda de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento de que había un juicio seguido en su contra el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, sin que de constancias se advierta una fecha distinta a la manifestada por la amparista, con la que se acredite fehacientemente que hubiera tenido conocimiento del acto reclamado en momento diverso, por ende, debe tomase en cuenta esa fecha para el computo de la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a contabilizarse al día siguiente a aquél en el que tuvo conocimiento, por lo que el lapso para la presentación de la demanda transcurrió del uno al veintiuno de junio, ambos de dos mil veintitrés, debiendo descontarse, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de junio, todos del año en cita, por tratarse de días inhábiles, al ser sábados y domingos, en atención a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En atención a lo anterior, si la demanda de amparo fue presentada el cinco de junio de dos mil veintitrés (tercer día del plazo), es claro que su presentación fue oportuna. V. Antecedentes. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones que obran en las constancias remitidas por la autoridad responsable. 1. Mediante escrito recibido el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, *********, en su carácter de apoderados legales de *******, demandaron en la vía especial hipotecaria a ******************** -aquí quejosa- en su carácter de "acreditado" y/o "garante hipotecario". 2. De tal demanda correspondió conocer al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el cual, mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, admitió la demanda registrándola con el número de expediente ********************, asimismo, se ordenó el emplazamiento de la demandada -aquí quejosa- por conducto del actuario que correspondiera, dándole el término de cinco días para dar contestación a la demanda instaurada en su contra y requiriéndole designar un perito en materia de valuación de bienes. 3. Consecuentemente, el seis de marzo de dos mil diecinueve, la actuaría adscrita al órgano jurisdiccional de referencia, se constituyó en el domicilio de la demandada -aquí quejosa- a fin de emplazarla a juicio, sin embargo, al no encontrar a la persona buscada, procedió a dejar un citatorio con la persona que se encontraba en el inmueble, -quien dijo ser empleado de la persona buscada-, en dicho citatorio se fijaron las trece horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve , a fin de que la parte demandada esperara a la actuaría para la práctica de una diligencia de carácter judicial. 4. Siendo día y hora señalada en el citatorio, la actuaria se constituyó nuevamente en el domicilio de la demandada -aquí quejosa- a fin de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, no obstante, la persona buscada no se encontraba, toda vez que quien atendió el llamado de la fedataria fue diversa persona -quien dijo ser trabajador de la persona buscada-, señalando que la persona buscada no la pudo esperar pero que sí habitaba en el domicilio, por lo que la actuaría procedió a realizar el emplazamiento con dicha persona. -Estas últimas dos actuaciones, constituyen el acto reclamado- 5. Seguidamente, en acuerdo de quince de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por perdido su derecho a ******************** -aquí quejosa- para oponerse a la demanda instaurada en su contra, toda vez que no hizo valer defensas dentro del periodo de emplazamiento, ni realizó dentro del plazo, el pago de la cantidad reclamada, además, se estableció que las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, se le harían por medio del Boletín Judicial y se citó a las partes para oír la sentencia definitiva del juicio. 6. En atención a lo anterior, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se dictó sentencia en el juicio especial hipotecario ********************, en donde se determinó que la parte actora -aquí tercera interesada- probó la acción deducida en contra de la aquí quejosa, resolviéndose en lo que interesa, de la forma siguiente: "R E S U E L V E: [.] TERCERO.-se declara el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito que consta en la escritura pública número ******* de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, documental antes valorada, respecto del bien inmueble identificado como *****************, con las siguientes medidas y colindancias: (.) al encontrarse acreditado el incumplimiento de la demandada por cuanto al pago de sus obligaciones contraídas, en la forma y en términos que se precisaron anteriormente. CUARTO.- Se condena a la demandada *************, al pago de la cantidad de $8,209,795.49 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS (sic) NOVENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) por concepto de capital vencido, (suerte principal) atendiendo al adeudo que presente desde el día tres de diciembre de dos mil dieciocho. QUINTA.- Se condena a la demandada al pago de los INTERESES ORDINARIOS, por la cantidad de $210,484.54 (DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.) más lo que se siga generando hasta la total solución del presente asunto, previa liquidación que al efecto se formule, en la inteligencia de que los mismos deberán cuantificarse en la forma y términos que pactaron las partes en la cláusula antes mencionada. SEXTA.- Se condena a la demandada ************ al pago de las comisiones por la cantidad de $1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS (sic) CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) más los intereses que se sigan generando hasta la total solución del presente asunto, previa liquidación que al efecto se formule, en la inteligencia de que los mismos deberán cuantificarse en la forma y términos que pactaron las partes en la cláusula antes mencionada. SÉPTIMA.- Se condena a la demandada ************** al pago de la comisión por cobranza por la cantidad de $8,850.18 (OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N.) más los intereses que se sigan generando hasta la total solución del presente asunto, previa liquidación que al efecto se formule, en la inteligencia de que los mismos deberán cuantificarse en la forma y términos que pactaron las partes en la cláusula antes mencionada. OCTAVO.- Se condena a la demandada al pago de los INTERESES MORATORIOS, por la cantidad de $282,394.16 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.) más los que se sigan generando hasta la total solución del presente asunto, previa liquidación que al efecto se formule, en la inteligencia de que los mismos deberán cuantificarse en la forma y términos que pactaron las partes en la cláusula antes mencionada. [.]" 7. Dicha sentencia causo ejecutoria el catorce de agosto de dos mil diecinueve, y en auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, se inició, en vía de apremio, la ejecución forzosa de la sentencia definitiva, toda vez que la demandada -aquí quejosa- no había dado cumplimiento voluntario en el plazo concedido, así mismo se le requirió para que en un término de tres días, designara perito en materia de valuación. 8. Posteriormente, en acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, toda vez que la demandada -aquí quejosa-, no dio cumplimiento al requerimiento en el auto que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido de que el dictamen se perfeccionaría con el dictamen que en su momento emitiría el perito designado por el juzgado, asimismo, se señaló fecha y hora para la junta de peritos, respecto de la cual, previos diferimientos, se tuvo por perdido dicho derecho a las partes el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. 9. Ulteriormente, previo señalamiento de remate, en acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se señaló de nueva cuenta fecha y hora para el remate en primera almoneda de la finca hipotecada, por la cantidad que cubriera las dos terceras partes de $11,201,500.00 (once millones doscientos un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) -valor pericial emitido por el perito designado por el juzgado-, asimismo se convocaron postores mediante edictos. 10. Consecuentemente, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte -fecha señalada para el remate de primera almoneda-, al no haber comparecido postor ni acreedor alguno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 748 del Código Procesal Civil, se le tuvo por adjudicado a favor de la parte actora -aquí tercera interesada-, los derechos de la propiedad inmueble hipotecada, determinándose así mediante resolución interlocutoria de aprobación de remate en primera almoneda de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la cual causo ejecutoria el dieciséis de diciembre siguiente. 11. En atención a lo anterior, en acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la demandada -aquí quejosa-, comparecer a la Notaría Pública Número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado, a fin de firmar la protocolización de las actuaciones judiciales mediante la escritura respectiva, y mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, y toda vez que la demandada -aquí quejosa- no dio cumplimiento al requerimiento hecho, por vía de oficio se ordenó remitir los autos del juicio a la notaria referida a efecto de que se firmara la protocolización de las actuaciones judiciales mediante escritura respectiva, debiendo firmar la juzgadora en rebeldía de la demandada. 12. Posteriormente, en acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la demandada -aquí quejosa-, hacer entrega del bien inmueble hipotecado a la parte actora -aquí tercera interesada- por conducto de sus apoderados legales, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se utilizaría el uso de la fuerza pública y fractura de cerraduras en caso de ser necesario, entre otras cosas. 13. El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la actuaria adscrita al juzgado y el apoderado legal de la parte actora -aquí tercera interesada-, se constituyeron en el inmueble hipotecado a fin de llevar a cabo la entrega del referido predio, sin embargo, fueron atendidos por diversa persona de la buscada, quien manifestó que no vivía ahí la demandada -aquí quejosa- pero que sí la conocía, negándose a mostrarles algún contrato de arrendamiento o documento con el que la persona que los atendió, acreditara la posesión del mismo. 14. Ante tal circunstancia, en acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, se autorizó el auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras para que la fedataria adscrita al juzgado, diera cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, y pusiera en posesión real, material y jurídica a la parte actora -aquí tercera interesada- el inmueble que fue adjudicado a su favor, ordenándose girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos para tal fin, ingresando al inmueble el doce de junio de dos mil veintitrés. VI. Procedencia del juicio de amparo El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna en relación al acto reclamado y este juzgado no advierte de oficio que se actualice una de ellas, de modo que se procede ocuparse del fondo del asunto. VII. Estudio de fondo. Algunos de los conceptos de violación expuestos por la quejosa, resultan fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, en términos de la jurisprudencia P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 190656, de rubro "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL." Esencialmente la parte quejosa sostiene en sus conceptos de violación que se transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que en la tramitación del juicio especial hipotecario *****************, no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, así como se violó su derecho de audiencia. De igual forma, la impetrante afirma que no tuvo conocimiento de la existencia del referido juicio, dado que las autoridades responsables omitieron efectuar el emplazamiento de que se trata conforme a las reglas establecidas en el artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, toda vez que no fue notificada personalmente. Asimismo, refiere que se le hizo del conocimiento por distinta persona que hay un juicio en el que se ordenó el remate de su propiedad, sin que se le haya notificado debidamente la iniciación de un procedimiento judicial en su contra, lo que ocasionaría que se le prive de su propiedad, violando su garantía de debido proceso, agregando que las actuaciones a lo largo del juicio no se emitieron de acuerdo a la ley, careciendo de fundamentación y motivación Lo anterior, sostiene la quejosa, ocasionó que el juicio se siguiera a sus espaldas, por lo que no estuvo en posibilidad de ser oída en juicio ni ofrecer pruebas a efecto de desvirtuar las pretensiones de la parte actora -aquí tercera interesada-. Como ya se adelantó, son fundados tales conceptos de violación hechos valer por la amparista, suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que del reclamo principal se advierte la existencia de una violación evidente de la ley que dejó sin defensa a la parte quejosa, pues se practicó defectuosamente el emplazamiento de la parte demandada en el juicio natural, lo cual constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, razón por la cual debe concederse la protección constitucional solicitada. Primeramente, es de precisar que de las constancias remitidas por la responsable, relativas al juicio especial hipotecario ********************, se advierte que la amparista forma parte de este, pues se trata de la demandada, además de que a la fecha de presentación de la demanda de amparo ya se había emitido sentencia definitiva condenatoria en su contra, por lo que, como anteriormente se señaló, le asiste el carácter de tercer extraño por equiparación, ya que pese a ser parte en el juicio de origen, por defecto en el emplazamiento, no pudo comparecer a juicio a deducir sus derechos. Resulta ilustrativa la tesis II.1o.T.19 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con número de registro digital 2015371, de contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PARA DETERMINAR SI SE ESTÁ EN PRESENCIA DE DICHA FIGURA. Para determinar si se está en presencia de persona extraña equiparable o tercero extraño a juicio por equiparación, se precisan como presupuestos que: 1) se hubiere enderezado contra el quejoso un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio; y, 2) se haya dictado en dicho juicio o procedimiento un fallo condenatorio en su contra. Asimismo, se requiere: a) no haber tenido oportunidad de comparecer al juicio o al procedimiento para ser oído en su defensa, por desconocerlo; b) que ello obedeció a alguna de las siguientes circunstancias: b.1 que no obstante ser señalado como demandado o que la autoridad ordenó llamarlo en el procedimiento seguido en forma de juicio, no se ordenó emplazarlo o no se le llamó al procedimiento; b.2 que habiéndose ordenado su emplazamiento, éste no se practicó; o, b.3 que el emplazamiento o llamado fue defectuoso. De ahí que si una vez admitida la demanda de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito advierte que se está en presencia de una persona extraña a juicio por equiparación, deberá declararse incompetente y remitir los autos a un Juez de Distrito para que se avoque a su conocimiento, conforme al artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo." Ahora, partiendo de esa premisa y toda vez que hay una violación a la ley que dejó sin defensa a la parte quejosa, ya que se practicó defectuosamente el emplazamiento de la parte demandada en el juicio natural, en lo que interesa, el artículo 131 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, señala: "ARTICULO 131.- Forma de la primera notificación. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará personalmente al demandado o a su representante en el domicilio designado, y encontrándolo presente en la primera busca, el actuario, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la diligencia con éste, entregándole y corriéndole traslado con el escrito de demanda y documentos fundatorios de la acción, así como con transcripción del auto que ordena el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del Tribunal en donde se encuentra radicado. El actuario levantará razón del acto, anotando todas las circunstancias anteriores, recabando la firma o huella digital del emplazado y notificado; de no poder hacerlo o rehusarse, se harán constar tales hechos. En caso de que el actuario no encontrare presente al demandado o a su representante en la primera busca, le dejará citatorio en el que hará constar la fecha y hora de su entrega, la hora fija hábil del día siguiente para que le espere, nombre del promovente, tribunal que ordena la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita, recogiéndole firma o huella digital, o haciendo constar que ésta no supo hacerlo o se negó a firmar, de todo lo cual asentará razón en autos. Si el demandado no espera a la citación del actuario, éste procederá a notificarlo por cédula de notificación personal en el acto, procediendo a entender la diligencia con cualquiera de los parientes o domésticos del demandado o con la persona adulta que viva en el domicilio, por lo que por conducto de cualquiera de ellos entregará y correrá traslado al demandado con la cédula y documentos mencionados en el párrafo primero de este artículo. El actuario asentará razón del acto con anotación de las anteriores circunstancias, recogiendo la firma o huella digital de la persona que reciba, o haciendo constar el hecho de no saber firmar o negarse a ello." Del precepto legal transcrito, se advierten las formalidades esenciales que se deben guardar en tratándose de la primera notificación o emplazamiento a juicio, a saber: 1. Se practicará personalmente al demandado o a su representante, en el domicilio designado; 2. Si se encuentra en la primera búsqueda, el actuario, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la diligencia con éste, entregándole y corriéndole traslado con el escrito de demanda y documentos fundatorios de la acción, así como con transcripción del auto que ordena el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del Tribunal en donde se encuentra radicado. 3. El actuario levantará razón del acto, anotando todas las circunstancias anteriores, recabando la firma o huella digital del emplazado y notificado; de no poder hacerlo o rehusarse, se harán constar tales hechos. 4. En caso de que el actuario no encontrare presente al demandado o a su representante en la primera busca, le dejará citatorio, en el cual hará constar: a) Fecha y hora de su entrega; b) La hora fija hábil del día siguiente para que le espere; c) Nombre del promovente; d) Tribunal que ordena la diligencia; e) La determinación que se manda notificar; y f) El nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita, recogiéndole firma o huella digital, o haciendo constar que ésta no supo hacerlo o se negó a firmar. g) De todo lo anterior asentará razón en autos. 6. Si el demandado no espera a la citación del actuario, éste procederá a notificarlo por cédula de notificación personal en el acto. 7. La diligencia respectiva, se entenderá con cualquiera de los parientes o domésticos del demandado o con la persona adulta que viva en el domicilio, por lo que por conducto de cualquiera de ellos entregará y correrá traslado al demandado con la cédula y con el escrito de demanda y documentos fundatorios de la acción, así como con transcripción del auto que ordena el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del tribunal en donde se encuentra radicado. 8. El actuario asentará razón del acto con anotación de las anteriores circunstancias, recogiendo la firma o huella digital de la persona que reciba, o haciendo constar el hecho de no saber firmar o negarse a ello. Los requisitos acabados de reseñar constituyen las formalidades esenciales que deben observarse al momento de practicar un emplazamiento a juicio, los cuales deben observarse de manera irrestricta, sin excepción alguna; pues de encontrarse viciado dicho llamamiento a juicio se estaría en presencia de la violación procesal de mayor magnitud y gravedad, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, dado que afecta la exigencia de que a aquél a quien se practica se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un estado de indefensión. En el caso en particular, aconteció el caso en que la actuaria adscrita al órgano jurisdiccional, se constituyó en el domicilio de la parte demandada a fin de poder llevar a cabo el emplazamiento, sin embargo, al no encontrar a la persona buscada, dejó citatorio el cual, a continuación se hace un cuadro comparativo del requisito legal establecido en el precepto transcrito y la actuación de la Actuaria adscrita al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Primera búsqueda: Del citatorio realizado el seis de marzo de dos mil diecinueve se observa lo siguiente: REQUISITO LEGAL ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD ****** 1.Cercioramiento por la actuaria de actuar en el domicilio correcto Se llevó a cabo toda vez que la actuaria judicial asentó haberse constituido a las trece horas con quince minutos el seis de marzo de dos mil diecinueve en el domicilio ubicado en *******, cerciorándose con los signos exteriores que tiene a la vista, y además del dicho de un empleado del domicilio. 2. Cercioramiento por la actuaria de que en dicho domicilio vive el demandado Asentó que una persona de nombre ******* quien no se identificó pero procedió a dar su media filiación; manifestó ser empleado de la persona buscada, así mismo, bajo protesta de decir verdad refirió que la persona buscada sí habita en el domicilio en el que se actúa pero que no se encontraba. 3. Indicación de que no encontró a la persona buscada y señalamiento de los siguientes requisitos: Estando en el domicilio, y con lo anterior, la actuaria cercioró que no encontró a la persona buscada, por lo que procedió a dejar el citatorio con el trabajador del lugar. ***** a) Fecha y hora de su entrega; Hizo constar la fecha y hora de entrega, misma que fue testada como obra en el documento, asentándose de la siguiente manera: "Dejando el presente citatorio a las Once horas con Quince Treinta minutos, del día de hoy, en poder de (.)" Posteriormente, final del documento quedó asentado: "Cuernavaca, Morelos; A Seis de Marzo 2019." b) La hora fija hábil del día siguiente para que le espere; De la misma forma, testó el dato quedando de la siguiente manera: "Sírvase a Usted esperar a la suscrita Actuaria Adscrita al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos a las Once Trece horas con Quince Treinta minutos del día siete del mes de marzo del año dos mil diecinueve, (.)" c) Nombre del promovente; No se observa d) Tribunal que ordena la diligencia; En el proemio está asentado: "SEGUNDA SECRETARIA JUZGADO OCTAVO CIVIL" Además, después de precisar el acuerdo en que se ordenó la diligencia, está asentado: "(.) dictado por el Titular del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, (.)" e) La determinación que se manda notificar; No está debidamente asentado la determinación a notificar, ni la diligencia a practicar, siendo que solamente está precisado: "(.) en el domicilio al rubro citado, para la práctica de una diligencia de carácter judicial, ordenada en autos de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve (.)" f) El nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita, recogiéndole firma o huella digital, o haciendo constar que ésta no supo hacerlo o se negó a firmar. Sí asentó el nombre de la persona a quien se dejó el citatorio, quien sí firmó de recibido. Sin embargo, no señaló su domicilio, solo precisó que no se identificó. Además, en la razón que se levantó de dicha diligencia, se asentó solo que trabajaba en el domicilio, sin hacer mayor pronunciamiento respecto de tal cuestión. 3. De todo lo anterior asentará razón en autos. Quedo debidamente asentada la razón del citatorio, sin embargo se advierte que en la razón actuarial la fedataria judicial sólo asentó que se constituyó a las trece horas con quince minutos, sin señalar tiempo de espera o cuando concluyó dicha diligencia, mientras que el citatorio asentó que fue entregado a las once horas con treinta minutos. Segunda búsqueda: Emplazamiento. Siendo día y hora precisada en el citatorio de seis de marzo de dos mil diecinueve, al regresar y no encontrar de nueva cuenta a la persona buscada, la actuaria judicial llevó a cabo el emplazamiento, de los cuales obra razón levantada con dicho motivo, así como copia de la cédula entregada, en los términos siguientes: REQUISITO LEGAL ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD 1. Cercioramiento de que se encuentra en el inmueble señalado en autos y que la persona buscada vive en dicho lugar Señaló nuevamente que se cercioró por los signos exteriores del inmueble que tuvo a la vista, así como por el dicho de una persona quien dijo ser trabajador de la persona buscada. a) El emplazamiento se entenderá con cualquiera de los parientes o con la persona adulta que viva en el domicilio. La actuaria judicial precisó en el acta de la diligencia la data en que se efectuó, esto es, las trece horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve, la cual corresponde a la fecha indicada en el citatorio. Luego, quien atendió a la actuaria fue quien dijo ser empleado de la persona buscada de nombre *******, mismo que se identificó con credencial de elector y señaló que la persona buscada no los pudo esperar para ese día y hora, manifestando además que sí vive en el domicilio la persona buscada. b) Por conducto de cualquiera de ellos entregará y correrá traslado al demandado con la cédula y con el escrito de demanda y documentos fundatorios de la acción, así como el auto que ordena el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del tribunal en donde se encuentra radicado Se dejaron copias exhibidas, donde la actuaria plasmo: "(.) le notifico el contenido íntegro del auto que antecede mediante el cual: Le corro traslado y le emplazo para que dentro del término de CINCO DÍAS produzca contestación a la demanda entablada en contra; (.)" Asimismo en la cedula de notificación, se transcribió el auto que se notificaba y contenía los siguientes datos del juicio: "EXPEDIENTE ********************. ****** ESPECIAL HIPOTECARIO JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO" c) La actuaria asentará razón del acto con anotación de las anteriores circunstancias. Quedo asentada la razón del acto con las circunstancias en las que se llevó acabo. d) Recogerá la firma o huella digital de la persona que reciba, o haciendo constar el hecho de no saber firmar o negarse a ello. La notificación no se encuentra firmada, sin embargo, en la razón actuarial se hizo constar que no firmó. De lo anterior se aprecia, que en la primera búsqueda, el citatorio previo a la práctica del emplazamiento, no cumplió con todos los requisitos establecidos en el segundo párrafo del transcrito artículo 131 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos; pues la actuaria subordinada a la responsable ordenadora, incumplió los requisitos asentados en el anterior cuadro como 3, incisos c), e) y f). En primera, porque tratándose del requisito enlistado como 3, inciso c), la actuaria omitió asentar el nombre del actor, lo que impidió a la demandada -aquí quejosa-, tener conocimiento de quien había ejercido alguna acción en su contra. Asimismo, respecto del diverso inciso e), la fedataria tampoco asentó con precisión la determinación a notificar ni la diligencia a practicar, siendo este el motivo por el cual se buscaba a la demandada, sin que fuera suficiente que sentara que se trataba de una diligencia de carácter judicial, pues si bien, dada la naturaleza del juicio, no era necesario especificar en el citatorio que la actuación que llevaría a cabo tenía como finalidad el requerimiento de pago por vencimiento de contrato, así como la ejecución y entrega de la garantía hipotecaria (siendo ésta el inmueble de la quejosa), lo cierto es que sí era necesario asentar que era para emplazar a juicio. Por último, respecto al inciso f), si bien en el citatorio y su respectiva razón actuarial, se asentó el nombre de la persona a quien se entregó el citatorio, -quien dijo trabajar en el domicilio-, no se advierte de los mismos que se haya hecho el requerimiento de proporcionar su domicilio. Aunado a lo anterior, es de precisarse que respecto del citatorio así como de su razón actuarial, se advierte que en el primero de los mencionados se asentó que se dejaba a las once horas con treinta minutos, mientras que en el razonamiento respectivo, señaló que se constituyó a las trece horas con quince minutos del seis de marzo de dos mil veintidós, sin señalar una hora distinta. De allí que en este caso en específico, en que se advierte dicha irregularidad, en conjunto con la falta de los requisitos señalados, es que no se tiene certeza de la hora en que fue entregado, pues incluso en el propio citatorio se habían asentado las once horas con quince minutos del seis de marzo de dos mil veintidós, y con posterioridad fue testado tal dato por la actuaría en cuestión, para indicar que había sido entregado a las once horas con treinta minutos de ese día, de allí que con independencia de que cumplió con el artículo 86 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, se obtiene que en la razón actuarial se indica una hora distinta -que corresponde a la indicada en el citatorio antes de ser testado-, sin que se precise en esta última, una hora diversa en que se haya entregado el mismo, mientras que en el citatorio con motivo de que fue testado se indica una distinta. Aunado a lo anterior, se tiene también que como ya se indicó, que en el emplazamiento que se entiende con persona diversa al demandado, el actuario en cuestión, además de la cédula que contenga la transcripción del auto notificado, debe entregar copias del escrito de demanda y documentos fundatorios de la acción que se hayan acompañado al escrito inicial, los cuales son precisados en el artículo 131 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. En ese sentido, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que en los casos en que la legislación procesal aplicable señale como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a la misma, tal enunciado normativo debe interpretarse en el sentido de que el emplazamiento resulta válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los documentos con los que corrió traslado al demandado. De esa manera, en caso de no satisfacerse tal exigencia, apunta nuestro tribunal constitucional, que debe concluirse que la diligencia de emplazamiento no cumplió a cabalidad con su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado la información que le permitirá ejercer adecuadamente sus derechos de defensa, de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica previstos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que da lugar a la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave en el procedimiento. El criterio anterior se contiene en la jurisprudencia 1a./J.39/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época, con registro 2022118, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." En ese contexto, se tiene que en la diligencia de emplazamiento, la notificadora fue omisa en describir los documentos con los que se corrió traslado a la demandada, en tanto que en la cédula de notificación sólo se asentó que se le entregaban a la persona con quien entendió la diligencia copias de traslado, mientras que en la razón actuarial respectiva no se mencionó algo al respecto. Entonces, como la actuaria no explicó de cuáles documentos fueron esas copias de traslado que le entregó; no cumplió esa formalidad legal, la cual es necesaria en el emplazamiento, lo que ocasiona, por consiguiente, que tal diligencia carezca de validez. Por todo lo analizado, es evidente que citatorio previo a la práctica del emplazamiento, no cumplió con todos los requisitos establecidos en el segundo párrafo del transcrito artículo 131 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. Por tanto, el mismo resulta ilegal, así como también el emplazamiento que se practicó con posterioridad, pues éste es resultado de un acto viciado de origen; de ahí que, el emplazamiento reclamado está afectado de nulidad, por lo que no puede producir efectos. Siendo que no debe perderse de vista que como se refirió, todos los requisitos previstos en el artículo 131 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, son las formalidades esenciales que deben observarse al momento de practicar un emplazamiento a juicio, los cuales deben observarse de manera irrestricta, sin excepción alguna. En esa tesitura, como se adelantó, los conceptos de violación de análisis, expuestos por la parte quejosa, resultan fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la [2] Actuaria Adscrita al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, que no fueron reclamados por vicios propios, en términos de la jurisprudencia II.3o. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro 218867, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Lo anterior sin que se inobserven los demás conceptos de violación hechos valer por la quejosa, no obstante, resultan de estudio innecesario, pues el pronunciarse sobre ellos -con independencia de resultar fundados- no superaría el resultado del fallo protector, pues los analizados han sido los de mayor trascendencia y otorgan a la amparista el mayor beneficio, concediéndole la protección más favorable posible, ello en observancia al artículo 189 de la Ley de Amparo y atendiendo el principio de mayor beneficio. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 3/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 179367 de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional." Resta decir que en similares términos se resolvieron los amparos en revisión ****************, **************** y ******************, del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en los que se declararon ilegales los emplazamiento efectuados en juicios civiles locales en el Estado, porque en los citatorios relativos no se asentó el nombre de la parte actora, la determinación que se mandó notificar -pues sólo se indicó que era para la práctica de una diligencia-, y el domicilio de la persona a quien se dejó tal documento, o bien, la razón de que se negó a proporcionar el mismo, respectivamente, lo cual coincide con lo acontecido en la especie. Los cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser consultables a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que se inadviertan los alegatos formulados por la parte tercera interesada, empero, no resulta obligación de este juzgado su estudio, en tanto que los mismos no forman parte de la litis en este juicio de amparo conforme a la jurisprudencia P.J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". VIII. Efectos de la concesión. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por *******************, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable [1] Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el emplazamiento realizado a ***************** dentro del juicio especial hipotecario **************** de su índice. 2. Declare insubsistente todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia dictada en el juicio de origen, y los actos dictados en ejecución de la misma 3. Ordene realizar de nueva cuenta el emplazamiento de *****************. Mientras que la [2] actuaria adscrita al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, deberá realizar aquellas acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ejecutoria, en el ámbito de sus respectivas competencias, al tener la calidad de autoridad ejecutora. Por tanto, con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la justicia federal, a ****************, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando II, por las razones y fundamentos expuestos en el último de ellos, ambos de esta sentencia. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil veintitrés. ...Agréguese el escrito signado por la quejosa *********, por medio del cual solicita copias simples y autoriza personas; visto su contenido, por lo que hace a las personas que autoriza para imponerse de los presente autos, deberá estarse a lo decretado en proveído de siete de junio del presente año, en el que se le tuvo por autorizados para tal efecto. Por otro lado, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia que solicita, en días hábiles de lunes a viernes dentro del horario establecido de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, dejando asentada en autos la razón de su recibo; por tanto, queda a su disposición el expediente en esta secretaría para el trámite correspondiente, teniéndose por autorizadas para recibirla a las persona que propone para tal efecto. Sin perjuicio de los anterior se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas que ofrece en su informe de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional relativa. Atendiendo al volumen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las mismas se ordena formar el anexo I, respetándose folio, rúbrica y entresello que contengan, ello para su mejor manejo. Notifíquese.
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