Silvia Margarita Salgado Pompeyo

Expediente 916/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
916/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • Silvia Margarita Salgado Pompeyo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Agréguense a estos autos el al oficio 2184 signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibido los oficios número 20646/2017 y el 22645/2017, de fechas trece de julio y cuatro de agosto del presente año, así como el anexo enviado, consistente en el original del toca 166/2016, del índice de la citada autoridad. Cúmplase. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos y los oficios del Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad y anexo que acompañó la primera autoridad. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo y de los informes justificados se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada en autos del toca 166/2016, por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que confirmó la diversa de quince de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial de la citada entidad, en la sección tercera del expediente 3052/2003, relativo al juicio de sucesiones unidas de intestado de los señores Saúl Pompeyo Vales y otros, en el que se discernió del cargo de albacea a Ligia Mercedes García Pompeyo. Para un mayor entendimiento del problema jurídico planteado en el presente asunto, es necesario realizar una relación de antecedentes que en el caso tienen relevancia, mismos que se desprenden de las constancias que obran en autos, relativas al juicio sucesorio 3052/2003 del índice del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial de la citada entidad; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, siendo éstos son los siguientes: Acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil tres, por medio del cual se radicó la sucesión intestamentaria con motivo de la denuncia del fallecimiento de Saul Pompeyo Campos y María Josefina Vales y Cervera; asimismo, se declaró como únicos y universales herederos a Saúl José, Ligia Mercedes, Silvia Margarita, Thelma Josefina del Socorro e Ileana Leticia de Fátima, todos de apellidos Pompeyo Vales. En audiencia de veintisiete de octubre de dos mil cuatro, se discernió del cargo de albacea a Thelma Josefina del Socorro Pompeyo Vales. Posteriormente, en audiencia de catorce de octubre de dos mil cinco, se discernió del cargo de albacea a Ileana Leticia de Fátima Pompeyo Vales. En audiencia de once de agosto de dos mil ocho, se discernió del cargo de Albacea a Ligia Mercedes Pompeyo Vales. Seguido el juicio sucesorio, en audiencia de quince de enero de dos mil dieciséis, se discernió del cargo de Albacea a Ligia Mercedes García Pompeyo. En contra del auto anterior, Silvia Margarita Pompeyo Vales interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, el cual, confirmó el auto apelado. Lo anterior, constituye el acto reclamado. Ahora bien, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En principio, cabe destacar el contenido de los citados preceptos legales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De los artículos antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es procedente, contra actos dictados en el juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación; y en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Respecto al significado del vocablo "imposible reparación" cabe realizar las siguientes consideraciones. A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones las precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal hizo patente su propósito de que, tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos", afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa Silvia Margarita Pompeyo Vales no se ostenta tercero extraña al procedimiento de origen, ni por equiparación, pues de su escrito de su demanda de amparo y de las constancias que envió la responsable como justificación a su informe, se advierte que es heredera de las sucesiones unidas de Saúl Pompeyo Vales y otros. Asimismo, se advierte que señala como acto reclamado la resolución de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada en autos del toca 166/2016, por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que confirmó la diversa de quince de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial de la citada entidad, en la sección tercera del expediente 3052/2003, relativo al juicio de sucesiones unidas de intestado de los señores Saúl Pompeyo Vales y otros, en el que se discernió del cargo de albacea a Ligia Mercedes García Pompeyo, posterior, en el que esta última, aceptó el cargo. Luego, dicho acto reclamado no es considerado como aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, sino que se trata de una cuestión intraprocesal. Es decir, el acto reclamado no constituye una determinación que inmediata y directamente afecte derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados por la constitución (vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, salud, etcétera). Así es, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que quedó transcrito, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en esta porción normativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material inmediata a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De tal suerte, con apego a dicho criterio, el amparo indirecto procede únicamente contra actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos, lo que sucede cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de éstos; pero además, los derechos deben ser sustantivos, es decir, que no deben ser derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues la afectación de éstos no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, siendo hasta ese momento en el que pueden consumarse de forma efectiva y se pueden hacer valer dichas violaciones. Debe decirse también, que la Ley de Amparo, al conceptualizar los actos de imposible reparación, no prevé aquellos actos intraprocesales que perturben derechos adjetivos, aunque causen una afectación en grado predominante o superior, (por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable, ocasionar el retardo grave del fallo definitivo, provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos), como por criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se había sostenido. Por tanto, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna, esto es, que incidan, afectando materialmente derechos sustantivos y que esos daños, no puedan ser reparados ni con la obtención de una sentencia favorable. Así es, el acto reclamado no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tienen una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acto que reclama de la autoridad responsable, no priva al impetrante de amparo, en el caso particular, en su carácter de promovente y heredero en el juicio de origen, del derecho de adjudicarse la parte de la masa hereditaria que le corresponde ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que el auto impugnado únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/2, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006338, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Bajo esa tesitura, el hecho de que se haya nombrado un nuevo albacea en el juicio sucesorio intestamentario, como se dijo, no es un acto de imposible reparación, pues la consecuencia será que el juicio siga su curso legal bajo la representación del albacea designado por el juez; de ahí que se estime que el acto reclamado es un acto intraprocesal que podrá ser impugnado, en su caso, como una violación procesal si la sentencia definitiva que se dicte fuera contraria a los intereses de los quejosos, en el amparo directo, por lo tanto, incuestionable resulta que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V, del artículo 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su décima época, libro 7, junio de 2014, tomo I, de materia común, página 39, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". (Lo subrayado es propio de este Juzgado.) En ese contexto, a la luz de la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, los actos procesales considerados como de grado predominante o superior, ya no pueden ser estudiados en el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de actos de imposible reparación. En esa medida, en el caso, el acto que se reclama no encuadra en la hipótesis normativa que alude a la afectación material de algún derecho sustantivo reconocido, que amerite su inmediato análisis constitucional, porque sus consecuencias, de momento, no son susceptibles de afectar inmediatamente y de modo irreversible alguno de los derechos fundamentales, pues está vinculada con situaciones de carácter formal o adjetivo, esto es, la resolución que ahora combate constituye una violación procesal que podrá ser reclamada con posterioridad cuando se resuelva en definitiva, y no así de manera destacada, como en la especie se pretende. En ese orden de ideas, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu -en sentido contrario-, ambos de la Ley Amparo 61, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    Vistos los presentes autos y los oficios del Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad y anexo que acompañó la primera autoridad. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo y de los informes justificados se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada en autos del toca 166/2016, por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que confirmó la diversa de quince de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial de la citada entidad, en la sección tercera del expediente 3052/2003, relativo al juicio de sucesiones unidas de intestado de los señores Saúl Pompeyo Vales y otros, en el que se discernió del cargo de albacea a Ligia Mercedes García Pompeyo. Para un mayor entendimiento del problema jurídico planteado en el presente asunto, es necesario realizar una relación de antecedentes que en el caso tienen relevancia, mismos que se desprenden de las constancias que obran en autos, relativas al juicio sucesorio 3052/2003 del índice del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial de la citada entidad; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, siendo éstos son los siguientes: Acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil tres, por medio del cual se radicó la sucesión intestamentaria con motivo de la denuncia del fallecimiento de Saul Pompeyo Campos y María Josefina Vales y Cervera; asimismo, se declaró como únicos y universales herederos a Saúl José, Ligia Mercedes, Silvia Margarita, Thelma Josefina del Socorro e Ileana Leticia de Fátima, todos de apellidos Pompeyo Vales. En audiencia de veintisiete de octubre de dos mil cuatro, se discernió del cargo de albacea a Thelma Josefina del Socorro Pompeyo Vales. Posteriormente, en audiencia de catorce de octubre de dos mil cinco, se discernió del cargo de albacea a Ileana Leticia de Fátima Pompeyo Vales. En audiencia de once de agosto de dos mil ocho, se discernió del cargo de Albacea a Ligia Mercedes Pompeyo Vales. Seguido el juicio sucesorio, en audiencia de quince de enero de dos mil dieciséis, se discernió del cargo de Albacea a Ligia Mercedes García Pompeyo. En contra del auto anterior, Silvia Margarita Pompeyo Vales interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, el cual, confirmó el auto apelado. Lo anterior, constituye el acto reclamado. Ahora bien, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En principio, cabe destacar el contenido de los citados preceptos legales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De los artículos antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es procedente, contra actos dictados en el juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación; y en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Respecto al significado del vocablo "imposible reparación" cabe realizar las siguientes consideraciones. A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones las precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal hizo patente su propósito de que, tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos", afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa Silvia Margarita Pompeyo Vales no se ostenta tercero extraña al procedimiento de origen, ni por equiparación, pues de su escrito de su demanda de amparo y de las constancias que envió la responsable como justificación a su informe, se advierte que es heredera de las sucesiones unidas de Saúl Pompeyo Vales y otros. Asimismo, se advierte que señala como acto reclamado la resolución de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada en autos del toca 166/2016, por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que confirmó la diversa de quince de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial de la citada entidad, en la sección tercera del expediente 3052/2003, relativo al juicio de sucesiones unidas de intestado de los señores Saúl Pompeyo Vales y otros, en el que se discernió del cargo de albacea a Ligia Mercedes García Pompeyo, posterior, en el que esta última, aceptó el cargo. Luego, dicho acto reclamado no es considerado como aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, sino que se trata de una cuestión intraprocesal. Es decir, el acto reclamado no constituye una determinación que inmediata y directamente afecte derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados por la constitución (vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, salud, etcétera). Así es, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que quedó transcrito, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en esta porción normativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material inmediata a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De tal suerte, con apego a dicho criterio, el amparo indirecto procede únicamente contra actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos, lo que sucede cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de éstos; pero además, los derechos deben ser sustantivos, es decir, que no deben ser derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues la afectación de éstos no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, siendo hasta ese momento en el que pueden consumarse de forma efectiva y se pueden hacer valer dichas violaciones. Debe decirse también, que la Ley de Amparo, al conceptualizar los actos de imposible reparación, no prevé aquellos actos intraprocesales que perturben derechos adjetivos, aunque causen una afectación en grado predominante o superior, (por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable, ocasionar el retardo grave del fallo definitivo, provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos), como por criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se había sostenido. Por tanto, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna, esto es, que incidan, afectando materialmente derechos sustantivos y que esos daños, no puedan ser reparados ni con la obtención de una sentencia favorable. Así es, el acto reclamado no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tienen una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acto que reclama de la autoridad responsable, no priva al impetrante de amparo, en el caso particular, en su carácter de promovente y heredero en el juicio de origen, del derecho de adjudicarse la parte de la masa hereditaria que le corresponde ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que el auto impugnado únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/2, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006338, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Bajo esa tesitura, el hecho de que se haya nombrado un nuevo albacea en el juicio sucesorio intestamentario, como se dijo, no es un acto de imposible reparación, pues la consecuencia será que el juicio siga su curso legal bajo la representación del albacea designado por el juez; de ahí que se estime que el acto reclamado es un acto intraprocesal que podrá ser impugnado, en su caso, como una violación procesal si la sentencia definitiva que se dicte fuera contraria a los intereses de los quejosos, en el amparo directo, por lo tanto, incuestionable resulta que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V, del artículo 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su décima época, libro 7, junio de 2014, tomo I, de materia común, página 39, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". (Lo subrayado es propio de este Juzgado.) En ese contexto, a la luz de la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, los actos procesales considerados como de grado predominante o superior, ya no pueden ser estudiados en el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de actos de imposible reparación. En esa medida, en el caso, el acto que se reclama no encuadra en la hipótesis normativa que alude a la afectación material de algún derecho sustantivo reconocido, que amerite su inmediato análisis constitucional, porque sus consecuencias, de momento, no son susceptibles de afectar inmediatamente y de modo irreversible alguno de los derechos fundamentales, pues está vinculada con situaciones de carácter formal o adjetivo, esto es, la resolución que ahora combate constituye una violación procesal que podrá ser reclamada con posterioridad cuando se resuelva en definitiva, y no así de manera destacada, como en la especie se pretende. En ese orden de ideas, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu -en sentido contrario-, ambos de la Ley Amparo 61, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    Vistos los presentes autos y los oficios del Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad y anexo que acompañó la primera autoridad. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo y de los informes justificados se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada en autos del toca 166/2016, por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que confirmó la diversa de quince de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial de la citada entidad, en la sección tercera del expediente 3052/2003, relativo al juicio de sucesiones unidas de intestado de los señores Saúl Pompeyo Vales y otros, en el que se discernió del cargo de albacea a Ligia Mercedes García Pompeyo. Para un mayor entendimiento del problema jurídico planteado en el presente asunto, es necesario realizar una relación de antecedentes que en el caso tienen relevancia, mismos que se desprenden de las constancias que obran en autos, relativas al juicio sucesorio 3052/2003 del índice del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial de la citada entidad; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, siendo éstos son los siguientes: Acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil tres, por medio del cual se radicó la sucesión intestamentaria con motivo de la denuncia del fallecimiento de Saul Pompeyo Campos y María Josefina Vales y Cervera; asimismo, se declaró como únicos y universales herederos a Saúl José, Ligia Mercedes, Silvia Margarita, Thelma Josefina del Socorro e Ileana Leticia de Fátima, todos de apellidos Pompeyo Vales. En audiencia de veintisiete de octubre de dos mil cuatro, se discernió del cargo de albacea a Thelma Josefina del Socorro Pompeyo Vales. Posteriormente, en audiencia de catorce de octubre de dos mil cinco, se discernió del cargo de albacea a Ileana Leticia de Fátima Pompeyo Vales. En audiencia de once de agosto de dos mil ocho, se discernió del cargo de Albacea a Ligia Mercedes Pompeyo Vales. Seguido el juicio sucesorio, en audiencia de quince de enero de dos mil dieciséis, se discernió del cargo de Albacea a Ligia Mercedes García Pompeyo. En contra del auto anterior, Silvia Margarita Pompeyo Vales interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, el cual, confirmó el auto apelado. Lo anterior, constituye el acto reclamado. Ahora bien, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En principio, cabe destacar el contenido de los citados preceptos legales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De los artículos antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es procedente, contra actos dictados en el juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación; y en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Respecto al significado del vocablo "imposible reparación" cabe realizar las siguientes consideraciones. A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones las precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal hizo patente su propósito de que, tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos", afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa Silvia Margarita Pompeyo Vales no se ostenta tercero extraña al procedimiento de origen, ni por equiparación, pues de su escrito de su demanda de amparo y de las constancias que envió la responsable como justificación a su informe, se advierte que es heredera de las sucesiones unidas de Saúl Pompeyo Vales y otros. Asimismo, se advierte que señala como acto reclamado la resolución de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada en autos del toca 166/2016, por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que confirmó la diversa de quince de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial de la citada entidad, en la sección tercera del expediente 3052/2003, relativo al juicio de sucesiones unidas de intestado de los señores Saúl Pompeyo Vales y otros, en el que se discernió del cargo de albacea a Ligia Mercedes García Pompeyo, posterior, en el que esta última, aceptó el cargo. Luego, dicho acto reclamado no es considerado como aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, sino que se trata de una cuestión intraprocesal. Es decir, el acto reclamado no constituye una determinación que inmediata y directamente afecte derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados por la constitución (vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, salud, etcétera). Así es, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que quedó transcrito, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en esta porción normativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material inmediata a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De tal suerte, con apego a dicho criterio, el amparo indirecto procede únicamente contra actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos, lo que sucede cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de éstos; pero además, los derechos deben ser sustantivos, es decir, que no deben ser derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues la afectación de éstos no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, siendo hasta ese momento en el que pueden consumarse de forma efectiva y se pueden hacer valer dichas violaciones. Debe decirse también, que la Ley de Amparo, al conceptualizar los actos de imposible reparación, no prevé aquellos actos intraprocesales que perturben derechos adjetivos, aunque causen una afectación en grado predominante o superior, (por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable, ocasionar el retardo grave del fallo definitivo, provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos), como por criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se había sostenido. Por tanto, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna, esto es, que incidan, afectando materialmente derechos sustantivos y que esos daños, no puedan ser reparados ni con la obtención de una sentencia favorable. Así es, el acto reclamado no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tienen una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acto que reclama de la autoridad responsable, no priva al impetrante de amparo, en el caso particular, en su carácter de promovente y heredero en el juicio de origen, del derecho de adjudicarse la parte de la masa hereditaria que le corresponde ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que el auto impugnado únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/2, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006338, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Bajo esa tesitura, el hecho de que se haya nombrado un nuevo albacea en el juicio sucesorio intestamentario, como se dijo, no es un acto de imposible reparación, pues la consecuencia será que el juicio siga su curso legal bajo la representación del albacea designado por el juez; de ahí que se estime que el acto reclamado es un acto intraprocesal que podrá ser impugnado, en su caso, como una violación procesal si la sentencia definitiva que se dicte fuera contraria a los intereses de los quejosos, en el amparo directo, por lo tanto, incuestionable resulta que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V, del artículo 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su décima época, libro 7, junio de 2014, tomo I, de materia común, página 39, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". (Lo subrayado es propio de este Juzgado.) En ese contexto, a la luz de la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, los actos procesales considerados como de grado predominante o superior, ya no pueden ser estudiados en el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de actos de imposible reparación. En esa medida, en el caso, el acto que se reclama no encuadra en la hipótesis normativa que alude a la afectación material de algún derecho sustantivo reconocido, que amerite su inmediato análisis constitucional, porque sus consecuencias, de momento, no son susceptibles de afectar inmediatamente y de modo irreversible alguno de los derechos fundamentales, pues está vinculada con situaciones de carácter formal o adjetivo, esto es, la resolución que ahora combate constituye una violación procesal que podrá ser reclamada con posterioridad cuando se resuelva en definitiva, y no así de manera destacada, como en la especie se pretende. En ese orden de ideas, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu -en sentido contrario-, ambos de la Ley Amparo 61, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

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