Silvia Margarita Olazaran Linares y Otros.

Expediente 132/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
132/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Silvia Margarita Olazaran Linares
  • Silvia Margarita Olazaran Linares y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda y dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a doce de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención formulada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, sin que a la fecha lo hubiese hecho; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, por lo que de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo generadora de este asunto; en esa virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Silvia Margarita Olazarán Linares, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro uno de Juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo, que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, con el número 132/2021-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo siguiente: Las autoridades que señala como responsables en el presente juicio de amparo; y, El acto en específico que le atribuye a cada una de las autoridades responsables, así como la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Lo anterior, así debido a que en su escrito de demanda refiere reclamar el acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente 1654/2014, relativo a juicio ejecutivo mercantil, emitido por el Juez Tercero de primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el cual se pretende su desalojo, notificado en el correo electrónico, y el auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, donde se le requiere el citado desalojo en el término de cinco días, con apercibimiento de ejecución forzosa. Posteriormente, en la citada demanda refiere que los acuerdos reclamados fueron dictados en el juicio ejecutivo mercantil 1653/2014, del índice del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; concluyendo, en sus conceptos de violación que tales actos deriva del expediente 793/2017, relativo a juicio ejecutivo mercantil, del índice estadístico del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. Sin soslayar que en el capítulo de actos reclamados refiere que es una resolución la que combate en el presente juicio. Luego, para concluir solicita la suspensión de los actos reclamados para que las cosas se mantengan en el estado, y que sus menores hijos sigan gozando de la convivencia. En consecuencia, es necesario requerir a la promovente para que precise de manera categórica la autoridad o autoridades responsables y los actos que a cada una, de ser el caso reclama así como la fecha en que tuvo conocimiento. Criterio que encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, Materia Común, página 250, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Lo anterior es así, ya que la autoridad o autoridades como tal, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se les atribuye, pues de lo contrario, no tiene la oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de sus actos. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a todo lo anterior, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.

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