Silvia Margarita Guzmán González

Expediente 209/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
209/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Silvia Margarita Guzmán González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de ÚNICO: La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Silvia Margarita Guzmán González, contra el acto que reclama de las autoridades responsables, que quedó transcrito en el resultando primero, por los motivos y efecto precisado en la parte final considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy nueve de octubre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Silvia Margarita Guzmán González, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridad responsable. Instituto Morelense de Información Pública y Estadística con residencia en esta ciudad. Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos, a través de la Subdirección de Administración y Finanzas del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos. Acto reclamado: "La amonestación impuesta mediante resolución de fecha 20 de enero de 2023 y notificada el 23 de enero del 2023, y solicita obre constancia en el expediente laboral. SEGUNDO. El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, esta autoridad previno a la quejosa, una vez que fue contestada, el veintisiete de febrero siguiente, admitió a trámite la demanda de la quejosa, radicó el asunto con el número de expediente 209/2023, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La inscripción de la amonestación en expediente laboral ordenado en resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las responsables, pues así lo reconocieron en su informe con justificación, lo que se corrobora con las constancias que acompañó el Instituto Morelense; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. En consecuencia, acorde al informe afirmativo y a la plena eficacia de las documentales exhibidas, está demostrada fehacientemente la existencia del acto combatido según las jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Quinta Época, visibles en las páginas doscientos treinta y uno y ciento cincuenta y tres del Tomo VI, publicadas en los Apéndices de dos mil y mil novecientos noventa y cinco, con registros electrónicos números 917812 y 394182 de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es inatendible la causa de improcedencia planteada por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, prevista en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha autoridad responsable no manifiesta los motivos por los cuales considera que opera, ya que se limitó a citarla sin exponer argumento alguno que justifique o motive la razón por la que se actualiza, pues únicamente señala que consintió expresamente el acto pues la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, fue notificada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a través del oficio IMIPE/CESyV/0048/2023 -acto reclamado-, se insiste, sin precisar cómo es que se actualiza, sin que en el caso particular este juzgador advierta su obvia u objetiva constatación, lo que impide analizarlas. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 263 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". QUINTO. Estudio del asunto. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Es importante señalar que la solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio a favor del quejoso. En el caso, el concepto de violación donde la quejosa refiere que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, redunda en un mayor beneficio a la inconforme, debido a que, de concederse el amparo respecto de tal circunstancia, provocaría que la autoridad responsable deje insubsistente el mismo, sin perjuicio de que pudiera emitir otro de la misma naturaleza pero cumpliendo con los requisitos constitucionales previstos por el artículo 16 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/83, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 1745, registro digital 164369, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso." Es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional, el concepto de violación en que se esgrime que la determinación reclamada es violatoria de los artículos 14 y16 de la Constitución Federal, porque las responsables al emitir la resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés, que ordena la sanción impuesta consistente en una amonestación se agregue al expediente laboral de la quejosa, así como vista al superior jerárquico, así como al órgano interno de control, comisario público o contralor interno del sujeto obligado, no analizó adecuadamente la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana. Como se estableció, el acto reclamado consiste en la resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés, que impone una sanción consistente en una amonestación a la quejosa, particularmente que ordena sea agregada al expediente laboral de la sancionada y vista al superior jerárquico, que refiere la parte quejosa conculca su derecho humano consagrado en el numeral 14 y 16 Constitucional por falta de exhaustividad, fundamentación y motivación en la determinación. En lo que interesa el acto reclamado es del tenor siguiente: Respecto de dicho principio, los artículos 64, 67, 72, 141, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, establecen: Artículo 64. Corresponde al Instituto vigilar que las obligaciones de transparencia que publiquen los Sujetos Obligados cumplan con lo dispuesto en el presente Título y demás disposiciones aplicables. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los requerimientos, recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos en los que los Sujetos Obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Artículo 67. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que los Sujetos Obligados den a las obligaciones de transparencia. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de cumplimiento de tales obligaciones. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento y se integrará por las siguientes etapas: I. Presentación de la denuncia ante el Instituto; II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado; III. Resolución de la denuncia, y IV. Ejecución de la resolución. Artículo 72. El Instituto resolverá la denuncia, dentro de los veinte días hábiles siguientes al término del plazo en que el Sujeto Obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios. La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del Sujeto Obligado." Artículo 141. El Instituto impondrá al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los Sujetos Obligados, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: I. Amonestación; II. Amonestación pública, o III. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El incumplimiento de los Sujetos Obligados será difundido en caso de amonestación pública en el portal de transparencia del Instituto. En caso de que el incumplimiento de la determinación del Instituto, que implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 143 de esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Las multas que se fijen se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos, según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan." De los dispositivos legales transcritos se advierte que las resoluciones que emita el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la existencia de los dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado de las resoluciones sancionadoras, los requisitos de fundamentación y motivación. Ahora bien, de la resolución reclamada se advierte que la autoridad emisora, refiere que la quejosa no cumplió con las observaciones y recomendaciones realizadas por el Pleno de ese Instituto en reiteradas ocasiones, en consecuencia, le impuso una amonestación prevista en el artículo 141 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, además en el acuerdo sancionador determinó lo siguiente: ".tal acción se realizará remitiendo copia certificada del presente acuerdo al área de recursos humanos del sujeto obligado- o su similar-, ello con la finalidad de que dicho registro sea agregado al expediente laboral del infractor, igualmente se hará de conocimiento de su superior jerárquico, así como del órgano interno de control, comisario público o contralor interno del sujeto obligado, según corresponda, a efecto de que se lleven a cabo los procedimientos administrativos de responsabilidad a que haya lugar.."; En efecto, asiste la razón a la parte quejosa, porque la determinación que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que carece fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer, pues dichos dispositivos establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)". A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas jurisprudencias en las que define los conceptos de fundamentación y motivación; entre ellas, se encuentra la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 30, Tercera Parte, página 57, registro digital 238924, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Así, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, en tanto que por motivación, el señalamiento en forma precisa de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa citada. Además, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia 264, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Séptima Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, página 1239, registro digital 1011558, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Luego, la transgresión al artículo 16 constitucional, derivada de que las autoridades omitan fundar y motivar sus actos, constituye una violación de derechos fundamentales en alguna de las siguientes vertientes: a) De forma: cuando se trata de la falta total de fundamentación y/o motivación; y, b) De fondo: cuando lo que se presenta es una indebida o incorrecta fundamentación y/o motivación. El supuesto previsto en el inciso a) se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se consideraron para subsumirlo en la hipótesis prevista en la ley. Mientras, la violación precisada en el inciso b) acontece cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación, significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, y se traduce en una violación formal; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación o motivación, entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas, así como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta en una violación material o de fondo. Así de la transcripción del acto reclamado, y de las constancias remitidas a esta autoridad por la responsable que han sido valoradas con anterioridad, se advierte que al imponer la sanción con la que apercibió a la ahora quejosa en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos, -amonestación prevista en el numeral 141 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos-, también ordenó remitir al expediente laboral de la impetrante de amparo, copia de la determinación reclamada, así como hacer del conocimiento del superior jerárquico a efecto de llevar a cabo los procedimientos administrativos a que haya lugar, por ello, la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, al no expresar los fundamentos legales para ello, ni se advierten del acuerdo donde se apercibe a la quejosa con la imposición de la sanción prevista en el numeral 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, -IMIPE/CESyV/456/2022-, que al final se hizo efectiva en el acto reclamado. Esto es así, ya que al no fundar y motivar debidamente la sanción impuesta a la quejosa en los términos apuntados, impide a esta autoridad abordar su estudio. Por tanto, dicha irregularidad conculca en perjuicio de la justiciable su derecho fundamental de seguridad jurídica, por tratarse de una resolución que carece de la debida fundamentación y motivación, al no precisar cual es el sustento legal para ordenar remitir copia de la determinación que impone una amonestación a la quejosa a su expediente laboral y vista al superior jerárquico. En ese orden de ideas, al resultar fundado el concepto de violación analizado, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Para el efecto de que la autoridad responsable Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del Estado de Morelos, deje insubsistente la resolución que dio origen al acuerdo IMIPE/CESyV/0048/2023, de veinte de enero de dos mil veintitrés, así como sus efectos y consecuencias, y en su lugar emita otra, fundada y motivada, y resolviendo lo que en derecho corresponda con libertad de jurisdicción. Tiene aplicación a la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 67/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, visible en la página 358, tomo VIII, septiembre de 1998, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO.- Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO: La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Silvia Margarita Guzmán González, contra el acto que reclama de las autoridades responsables, que quedó transcrito en el resultando primero, por los motivos y efecto precisado en la parte final considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy nueve de octubre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha está transcurriendo el plazo que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo, otorgado mediante auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por el cual se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos, mediante el cual remite copias certificadas de diversas constancias; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte y por satisfecho el requerimiento que se le hizo en auto de diez de mayo de dos mil veintitrés. Ahora, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, con el oficio con anexo de cuenta, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, visto el volumen de las documentales que anexa como complemento a su informe justificado, fórmese un anexo por separado, ello para el mejor manejo del expediente en que se actúa, el cual podrá ser consultado por las partes en el momento en que lo soliciten. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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