Silvia Margarita Calderón Rodríguez
Expediente 507/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Silvia Margarita Calderón Rodríguez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE NUEVE DE JULI DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CONLO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto la demanda de Amparo de cuenta signada por Silvia Margarita Calderón Rodríguez, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Civil por Audiencias de este Distrito Bravos y Jefe de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales; la cual quedó registrada en el libro de gobierno con el número 507/2021-IV. Precisado lo anterior, de la revisión que de la misma se hace, se advierte en forma manifiesta e indudable la actualización de una causal de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los antecedentes expresados bajo protesta de decir verdad por la promovente en la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado lo constituye la audiencia de remate programada para el quince de julio de dos mil veintiuno, fijada dentro de los autos del expediente 676/2019, en donde el juez responsable al resolver el juicio de desocupación de su índice, en donde se relaciona el inmueble que la quejosa defiende como de su propiedad. Lo anterior hace evidente que el juicio de amparo es improcedente, porque tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que solamente podrá promoverse el juicio de amparo en la vía indirecta contra la última resolución dictada en el procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante la etapa de ejecución de sentencia que hubieren dejado sin defensa a la quejosa, porque la ejecución de una sentencia es de orden público y los jueces tienen que velar por su estricta observancia y cumplimiento. Ahora bien, en el caso, la promovente del amparo, manifiesta que no es parte procesal del juicio de origen, sino que sólo se le llamó o notificó en la etapa de ejecución de sentencia; es indudable que no se actualiza la regla citada, toda vez que si bien es cierto que quedó sujeta a las reglas de esa etapa (remate), porque su actuar únicamente puede ser en la medida en que dicho litigio se lo permita (ejecución de sentencia). Con base en ello, es de indicarse, que en determinado momento la última resolución de dicho procedimiento que tendría afectación a la quejosa, lo es el fincamiento y adjudicación del inmueble, que es la actuación anterior a la orden de escrituración y entrega del citado bien, por ser a partir de ese momento en que se le causa una afectación en sus derechos. Además, porque esa última actuación (fincamiento y adjudicación) es en la que la quejosa puede tener injerencia, pues ésta ya no podrá ser motivo de análisis en la última resolución del procedimiento de remate que la Ley de Amparo regula para la procedencia del amparo indirecto. Atento a lo anterior, es evidente que en la especie se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XXII (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: I a III (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". Del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte, como se dijo, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, y en tratándose de procedimientos de remate, en contra de la última resolución, la cual es aquella que en este caso, al no ser la promovente parte del juicio natural, sino sólo en la etapa de ejecución de sentencia la última resolución de dicho procedimiento que tendría afectación a la quejosa, lo es el fincamiento y adjudicación del inmueble, que es la actuación anterior a la orden de escrituración y entrega del citado bien, por ser a partir de ese momento en que se le causa una afectación en sus derechos. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, específicamente en el remate. Lo cual significa que las violaciones sufridas en la fase ejecutiva, pueden ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en dicha etapa, siendo en este caso, el fincamiento y adjudicación del inmueble, con lo que se evita el abuso del juicio de garantías biinstancial; pues de lo contrario, pese a la existencia de una sentencia, el procedimiento natural aun siendo de orden público, se vería obstaculizado, contraviniendo entonces al interés de la sociedad en la prosecución y culminación de los procedimientos judiciales. Ahora bien, del concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que se entiende aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; según se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo1 que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por lo que, si en el caso la determinación de la citada audiencia de remate que se reclama culmina con el fincamiento y adjudicación del inmueble, que es susceptible de combatirse mediante amparo indirecto, resulta inconcuso que todas aquellas violaciones que se cometan en el procedimiento de ejecución, podrán combatirse en el juicio de amparo indirecto, hasta que culmine, lo anterior en congruencia con las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, específicamente conforme al artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. En el caso, el acto que se reclama consiste en la fecha programada para llevar a cabo la audiencia de remate (quince de julio de dos mil veintiuno) señalada por el juez responsable dentro de los autos del juicio de origen 2676/2019, por lo que no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución, ni tampoco se afecta de manera directa un derecho sustantivo de la promovente. Sirve de apoyo, la tesis 177, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Quinta Época, página 145, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Así como la diversa IV.2o.C.15 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, enero de 2020, Tomo III, Décima Época, Materia Común, Civil, registro 2021505, página 2661, que establece: "REMATE. LA EXCEPCIÓN A LA REGLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA CUANDO QUIEN SE OSTENTA COMO QUEJOSA, NO ES PARTE PROCESAL DEL JUICIO DE ORIGEN Y SÓLO SE APERSONÓ A ÉL, EN AQUELLA ETAPA, A DEDUCIR SU DERECHO DEL TANTO O COMO ACREEDOR [ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 13/2016 (10a.)]. De acuerdo con el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, tratándose del procedimiento de remate, el juicio de amparo sólo será procedente contra la última resolución dictada en aquél, entendida ésta, como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; lo que, incluso, ha sido considerado dentro de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante lo anterior, al no establecer dicho numeral, de manera puntual y concreta, en contra de qué sujetos es aplicable dicha regla, puede inferirse, de una interpretación lógica y sistemática, que dicho supuesto sólo cobra aplicación respecto de las partes procesales del juicio, y más en específico, contra el ejecutado (demandado), pues es en quien recaen, indistintamente, esas órdenes (escrituración y entrega del bien rematado). En esa medida, cuando quien se ostenta como quejosa en el juicio de amparo, no es parte procesal del juicio de origen, puesto que si bien quedó integrada a la litis, únicamente en esa etapa (remate), sólo se le llamó o apersonó a deducir su derecho del tanto, al ser copropietaria del bien inmueble objeto del remate (que lo asimila a la de un acreedor); es indudable que no se actualiza la regla citada, toda vez que si bien es cierto que quedó sujeta a las reglas de esa etapa (remate), también lo es que ello no acontece en cuanto a los fines de la procedencia del amparo, porque su actuar únicamente puede ser en la medida en que dicho litigio se lo permita y que el mismo le pueda deparar algún perjuicio pues, se insiste, su actuación se circunscribe a esa etapa. Con base en ello, es de indicarse, que la última resolución de dicho procedimiento que afecta a la quejosa (copropietaria), lo es el fincamiento y adjudicación del inmueble, que es la actuación anterior a la orden de escrituración y entrega del citado bien, por ser a partir de ese momento en que se le causa una afectación en sus derechos. Además, porque esa última actuación (fincamiento y adjudicación) es en la que la quejosa puede tener injerencia, pues ésta ya no podrá ser motivo de análisis en la última resolución del procedimiento de remate que la Ley de Amparo regula para la procedencia del amparo indirecto; pues en ella, en todo caso, sólo podrán tener injerencia, el ejecutado y el ejecutante del bien inmueble". En las relatadas condiciones, al no encuadrar el juicio dentro del supuesto establecido por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, resulta improcedente, en términos de lo que dispone el diverso 61, fracción XXIII del mismo ordenamiento, debiéndose con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHARSE DE PLANO la demanda en estudio por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Calle Bosque de Aldama número 1380, fraccionamiento Los Bosques de esta ciudad, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Bernabé Agosto Sandoval, al estar registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales" y en términos restringidos del citado numeral a los licenciados Alfonso Calanche Sáenz, Julio Alberto Aguayo Méndez, Adriana Selene Urbina Franco y Victoria Martínez Solano, por no contar con dicho registro. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial C, la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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