SILVIA LOURDES ROCHA MARES y Otros.
Expediente 395/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- SILVIA LOURDES ROCHA MARES y Otros.
- MIGUEL ÁNGEL ACOSTA PARRA y Otros.
- GABRIELA VALENZUELA MARISCAL y Otros.
- Silvia Lourdes Rocha Mares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado el presente auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. De acuerdo la fracción IV del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito este asunto es susceptible de depuración dado que, por resolución de treinta de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, revocó la sentencia dictada por este juzgado y le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Silvia Lourdes Rocha Mares, Miguel Ángel Acosta Parra y Gabriela Valenzuela Mariscal, en el toca de revisión 52/2019 relativo al presente juicio de amparo, motivo por el cual deberá conservarse la demanda y la sentencia inherentes al presente juicio y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del Artículo Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisional y definitivamente la medida cautelar, respecto de los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, el auto y resolución inherentes a la suspensión provisional y definitiva concedida en el incidente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, no así el duplicado en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el treinta de julio de dos mil dieciocho, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Silvia Lourdes Rocha Mares, Miguel Ángel Acosta Parra y Gabriela Valenzuela Marisca; sentencia que fue recurrida por los citados quejosos. Luego, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en el toca de revisión 52/2019 resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Silvia Lourdes Rocha Mares, Miguel Ángel Acosta Parra y Gabriela Valenzuela Marisca, contra el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 490/2018 por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte de Sinaloa, con sede en Los Mochis; lo anterior, para los efectos señalados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.". Lo anterior, en razón de que el órgano colegiado de referencia estimó que había sido vulnerado el derecho de defensa de los quejosos Silvia Lourdes Rocha Mares, Miguel Ángel Acosta Parra y Gabriela Valenzuela Marisca, así como el debido proceso, en términos de los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IV, Constitucionales, al igual que el numeral 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y expuso los antecedentes de la investigación con los que consideró que existían datos que establecían que se habían cometido los hechos que la ley señala como delito en cuestión, y que existía la posibilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, después de que éstos eligieron que su situación jurídica se resolviera en esa audiencia, lo que evidentemente aconteció en un momento procesal que no está permitido conforme a la interpretación correcta del numeral 313 de la legislación nacional procesal en comento, lo que se tradujo en la inobservancia del debido proceso, puesto que se obstaculizo la posibilidad de los imputados de tener una adecuada defensa, en razón de que no tuvieron la oportunidad de conocer previamente los datos de prueba, con el fin de poder estar en aptitud de decidir de manera informada el momento en el cual querían que se resolviera su situación jurídica. Entonces, la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que, la autoridad responsable dejara insubsistente la audiencia inicial a partir de donde los justiciables decidieron que se resolviera su situación dentro de la misma audiencia a que alude el artículo 19 Constitucional, con el fin de que previo a ello, la representación social de estimarlo procedente, solicitara la vinculación a proceso exponiendo los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación que acreditaran la existencia de los hechos materia de imputación y la probabilidad de que los imputados lo hubieran cometido o participado en su comisión, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial tendría como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndoles a los imputados y a sus defensores, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideraran podrían desvirtuar la postura ministerial. Entonces, la representación social de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso exponiendo los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación que acrediten la existencia de los hechos materia de la imputación y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informar ustificarían dicho acto de molestia, permitiéndoles a los imputados y a sus defensores, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideraran podrían desvirtuar la postura ministerial. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en el toca de revisión 52/2019, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, resolvió conceder al Amparo y Protección de la Justicia Federal a los impetrantes a Silvia Lourdes Rocha Mares, Miguel Ángel Acosta Parra y Gabriela Valenzuela Marisca, contra el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 490/2018 por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte de Sinaloa, con sede en Los Mochis. En este tenor, en auto de once de junio de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con sede en el ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la respectiva notificación, otorgara cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, la autoridad responsable en comento, mediante oficio 3554/2019 presentado en la oficialía de partes de este juzgado, comunico que a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, fijó las doce horas del diecisiete de junio pasado, a fin de llevar a cabo la audiencia en que se resolvería el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Después, por medio de diverso oficio 3788/2019, la responsable de referencia hizo del conocimiento de este juzgado, que en audiencias de diecisiete, veinte y veinticinco de junio de dos mil diecinueve, otorgó cumplimiento a la sentencia constitucional. En la especie, con base en los efectos de la sentencia constitucional, es oportuno señalar que en audiencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, después de la identificación de las partes y explicación del motivo de la audiencia, esto es, dar cumplimiento a la sentencia constitucional, a las 13:51:00 el agente del Ministerio Público manifestó su deseó de solicitar vinculación a proceso, para ello, expuso los fundamentos, motivos y datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación que acreditan la existencia de los hechos materia de la imputación y la probable participación en su comisión, expresando las razones especificas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, terminando su intervención a las 14:35:20. En ese tenor a las 14:35:21, el Juez le otorgó el uso de la voz a la defensa, por conducto de su defensor, quien realizó diversas manifestaciones en torno a los datos de prueba expresados por el agente del Ministerio Público. Por su parte, a las 14:36:40, el Juez les preguntó a los imputados sobre en qué momento querían que se les resolviera su situación jurídica, explicándoles que pudiera ser en ese momento, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas. En ese sentido, los imputados a las 14:38:42 horas expresaron su deseo de que se les resolviera su situación jurídica dentro del plazo constitucional ampliado, esto es, ciento y cuarenta y cuatro horas. Asimismo, el Juez le concedió el uso de la voz al defensor particular, quien ofreció medios de prueba consistentes en testimoniales. En esta línea, la autoridad responsable le concedió el uso de la voz al representante social, quien solicitó vinculación a proceso, expuso los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación que acrediten la existencia de los hechos materia de la imputación, la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, y con dicha información -teniendo como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la información informal justificarían dicho acto de molestia- se le permitió a los imputaciones y a sus defensores, ponderar, decidir que su situación jurídica fuera resuelta dentro del plazo constitucional ampliado, esto es, ciento cuarenta y cuatro horas, a efecto de ofrecer los medios de prueba con los cuales considera podrían desvirtuar la postura ministerial. Entonces, los efectos de la sentencia constitucional fueron cumplidas por la autoridad responsable. En el entendido de que, la concesión no prejuzgó sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se han cometidos hechos que la ley señala como delito ni sobre la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implicó un obstáculo para emprender su análisis de fondo, por lo que quedaron expeditas las facultades del Juez responsable que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda. En el entendido de que el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con sede en el ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, por oficio 3887/2019 informó que el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia en la cual se vinculó a proceso los quejosos en comento. Entonces, si el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, en estricto acatamiento a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IV, Constitucionales, así como a lo previsto en el numeral 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sustancialmente darle la oportunidad a los quejosos de ejercer una adecuada defensa; se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a los impetrantes en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS QUEJOSOS SILVIA LOURDES MARES, GABRIELA VALENZUELA MARISCAL Y MIGUEL ÁNGEL ACOSTA PARRA, EL AUTO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Silvia Lourdes Rocha Mares, Miguel Ángel Acosta Parra y Gabriela Valenzuela Marisca; sentencia que fue recurrida por los citados quejosos. Luego, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en el toca de revisión 52/2019 resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Silvia Lourdes Rocha Mares, Miguel Ángel Acosta Parra y Gabriela Valenzuela Marisca, contra el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 490/2018 por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte de Sinaloa, con sede en Los Mochis; lo anterior, para los efectos señalados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.". Lo anterior, en razón de que el órgano colegiado de referencia estimó que había sido vulnerado el derecho de defensa de los quejosos Silvia Lourdes Rocha Mares, Miguel Ángel Acosta Parra y Gabriela Valenzuela Marisca, así como el debido proceso, en términos de los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IV, Constitucionales, al igual que el numeral 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y expuso los antecedentes de la investigación con los que consideró que existían datos que establecían que se habían cometido los hechos que la ley señala como delito en cuestión, y que existía la posibilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, después de que éstos eligieron que su situación jurídica se resolviera en esa audiencia, lo que evidentemente aconteció en un momento procesal que no está permitido conforme a la interpretación correcta del numeral 313 de la legislación nacional procesal en comento, lo que se tradujo en la inobservancia del debido proceso, puesto que se obstaculizo la posibilidad de los imputados de tener una adecuada defensa, en razón de que no tuvieron la oportunidad de conocer previamente los datos de prueba, con el fin de poder estar en aptitud de decidir de manera informada el momento en el cual querían que se resolviera su situación jurídica. Entonces, la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que, la autoridad responsable dejara insubsistente la audiencia inicial a partir de donde los justiciables decidieron que se resolviera su situación dentro de la misma audiencia a que alude el artículo 19 Constitucional, con el fin de que previo a ello, la representación social de estimarlo procedente, solicitara la vinculación a proceso exponiendo los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación que acreditaran la existencia de los hechos materia de imputación y la probabilidad de que los imputados lo hubieran cometido o participado en su comisión, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial tendría como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndoles a los imputados y a sus defensores, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideraran podrían desvirtuar la postura ministerial. Entonces, la representación social de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso exponiendo los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación que acrediten la existencia de los hechos materia de la imputación y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informar ustificarían dicho acto de molestia, permitiéndoles a los imputados y a sus defensores, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideraran podrían desvirtuar la postura ministerial. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en el toca de revisión 52/2019, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, resolvió conceder al Amparo y Protección de la Justicia Federal a los impetrantes a Silvia Lourdes Rocha Mares, Miguel Ángel Acosta Parra y Gabriela Valenzuela Marisca, contra el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 490/2018 por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte de Sinaloa, con sede en Los Mochis. En este tenor, en auto de once de junio de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con sede en el ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la respectiva notificación, otorgara cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, la autoridad responsable en comento, mediante oficio 3554/2019 presentado en la oficialía de partes de este juzgado, comunico que a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, fijó las doce horas del diecisiete de junio pasado, a fin de llevar a cabo la audiencia en que se resolvería el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Después, por medio de diverso oficio 3788/2019, la responsable de referencia hizo del conocimiento de este juzgado, que en audiencias de diecisiete, veinte y veinticinco de junio de dos mil diecinueve, otorgó cumplimiento a la sentencia constitucional. En la especie, con base en los efectos de la sentencia constitucional, es oportuno señalar que en audiencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, después de la identificación de las partes y explicación del motivo de la audiencia, esto es, dar cumplimiento a la sentencia constitucional, a las 13:51:00 el agente del Ministerio Público manifestó su deseó de solicitar vinculación a proceso, para ello, expuso los fundamentos, motivos y datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación que acreditan la existencia de los hechos materia de la imputación y la probable participación en su comisión, expresando las razones especificas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, terminando su intervención a las 14:35:20. En ese tenor a las 14:35:21, el Juez le otorgó el uso de la voz a la defensa, por conducto de su defensor, quien realizó diversas manifestaciones en torno a los datos de prueba expresados por el agente del Ministerio Público. Por su parte, a las 14:36:40, el Juez les preguntó a los imputados sobre en qué momento querían que se les resolviera su situación jurídica, explicándoles que pudiera ser en ese momento, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas. En ese sentido, los imputados a las 14:38:42 horas expresaron su deseo de que se les resolviera su situación jurídica dentro del plazo constitucional ampliado, esto es, ciento y cuarenta y cuatro horas. Asimismo, el Juez le concedió el uso de la voz al defensor particular, quien ofreció medios de prueba consistentes en testimoniales. En esta línea, la autoridad responsable le concedió el uso de la voz al representante social, quien solicitó vinculación a proceso, expuso los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación que acrediten la existencia de los hechos materia de la imputación, la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, y con dicha información -teniendo como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la información informal justificarían dicho acto de molestia- se le permitió a los imputaciones y a sus defensores, ponderar, decidir que su situación jurídica fuera resuelta dentro del plazo constitucional ampliado, esto es, ciento cuarenta y cuatro horas, a efecto de ofrecer los medios de prueba con los cuales considera podrían desvirtuar la postura ministerial. Entonces, los efectos de la sentencia constitucional fueron cumplidas por la autoridad responsable. En el entendido de que, la concesión no prejuzgó sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se han cometidos hechos que la ley señala como delito ni sobre la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implicó un obstáculo para emprender su análisis de fondo, por lo que quedaron expeditas las facultades del Juez responsable que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda. En el entendido de que el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con sede en el ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, por oficio 3887/2019 informó que el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia en la cual se vinculó a proceso los quejosos en comento. Entonces, si el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, en estricto acatamiento a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IV, Constitucionales, así como a lo previsto en el numeral 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sustancialmente darle la oportunidad a los quejosos de ejercer una adecuada defensa; se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a los impetrantes en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio suscrito por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en Goros II, mediante el cual informa que cumplió la ejecutoria de amparo, en la medida que el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se celebró audiencia en la cual se vinculó a proceso a los quejosos. Y, adjunta copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada en la causa penal 490/2018 de veinticinco de junio de dos mil diecinueve y de la constancia por escrito de la nueva resolución de vinculación de la misma fecha, así como el índice cronológico de la audiencia. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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