Silvia Lorena Ramos Fregoso
Expediente 2170/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2170/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/05/2019
Partes del expediente
- Silvia Lorena Ramos Fregoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, el dos de abril del presente año (fojas 104 y 105), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de tres de abril del año en curso (foja 106), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el nueve de abril del año en curso (foja 109), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del once al quince de abril del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 52 a 74), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago de concepto de inscripción de documento público, así como del concepto de inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por los quejosos, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por inscripción de documento público, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por cada operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pago que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos o privados, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por el pago por concepto de inscripción previsto en el artículos 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, relativo a la cuota fija mínima, lo anterior respecto de la cantidad de $14,457.13 (catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con trece centavos 13/100, moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público, así como los impuestos para el fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; asimismo, calcular el monto que la parte quejosa deberá erogar con motivo de los impuestos especiales contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por el concepto previamente referido; asimismo, la cantidad resultante debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por la autoridad responsable el dos de abril del presente año (fojas 104 y 105), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por la cantidad de $14,481.16 (catorce mil cuatrocientos ochenta y un pesos con dieciséis centavos 16/100 moneda nacional), cantidad que tuvo que ser actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $14,457.13 (catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con trece centavos 13/100, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), así como la cantidad correspondiente motivo de los impuestos especiales en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cuota mínima referida que resulta ser $145.60 (ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta centavos 60/100, moneda nacional), da como resultado $14,031.53 (catorce mil treinta y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100, moneda nacional), cantidad que debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cinco de octubre de dos mil dieciocho y el veintinueve de marzo del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada; por tanto, el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a febrero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de febrero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre del año pasado fue 100.9170; y para el mes de febrero del año en curso 103.079. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0214 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $14,331.80 (catorce mil trecientos treinta y un pesos con ochenta centavos 80/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $300.47 (trecientos pesos con cuarenta y siete centavos 47/100, moneda nacional). No pasa inadvertido, que el monto que el ente responsable debía devolver a la parte quejosa era de la cantidad de $14,331.80 (catorce mil trecientos treinta y un pesos con ochenta centavos 80/100 moneda nacional); sin embargo, reintegró el monto de $14,481.16 (catorce mil cuatrocientos ochenta y un pesos con dieciséis centavos 16/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $149.36 (ciento cuarenta y nueve pesos con treinta y seis centavos 36/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, el dos de abril del presente año (fojas 104 y 105), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de tres de abril del año en curso (foja 106), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el nueve de abril del año en curso (foja 109), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del once al quince de abril del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 52 a 74), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago de concepto de inscripción de documento público, así como del concepto de inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por los quejosos, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por inscripción de documento público, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por cada operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pago que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos o privados, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por el pago por concepto de inscripción previsto en el artículos 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, relativo a la cuota fija mínima, lo anterior respecto de la cantidad de $14,457.13 (catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con trece centavos 13/100, moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público, así como los impuestos para el fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; asimismo, calcular el monto que la parte quejosa deberá erogar con motivo de los impuestos especiales contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por el concepto previamente referido; asimismo, la cantidad resultante debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por la autoridad responsable el dos de abril del presente año (fojas 104 y 105), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por la cantidad de $14,481.16 (catorce mil cuatrocientos ochenta y un pesos con dieciséis centavos 16/100 moneda nacional), cantidad que tuvo que ser actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $14,457.13 (catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con trece centavos 13/100, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), así como la cantidad correspondiente motivo de los impuestos especiales en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cuota mínima referida que resulta ser $145.60 (ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta centavos 60/100, moneda nacional), da como resultado $14,031.53 (catorce mil treinta y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100, moneda nacional), cantidad que debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cinco de octubre de dos mil dieciocho y el veintinueve de marzo del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada; por tanto, el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a febrero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de febrero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre del año pasado fue 100.9170; y para el mes de febrero del año en curso 103.079. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0214 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $14,331.80 (catorce mil trecientos treinta y un pesos con ochenta centavos 80/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $300.47 (trecientos pesos con cuarenta y siete centavos 47/100, moneda nacional). No pasa inadvertido, que el monto que el ente responsable debía devolver a la parte quejosa era de la cantidad de $14,331.80 (catorce mil trecientos treinta y un pesos con ochenta centavos 80/100 moneda nacional); sin embargo, reintegró el monto de $14,481.16 (catorce mil cuatrocientos ochenta y un pesos con dieciséis centavos 16/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $149.36 (ciento cuarenta y nueve pesos con treinta y seis centavos 36/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector.
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