Silvia Lorena Balam Ventura
Expediente 271/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Silvia Lorena Balam Ventura
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del proveído de veintidós de mayo de dos mil diecisiete (fojas 54 a 57), que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; sin que las partes hayan hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el referido proveído, para todos los efectos legales. Por otro lado, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción una vez trascurrido cinco años, por haberse sobreseído fuera de audiencia el amparo. Por otra parte, no pasa inadvertido que en el presente asunto obran el acuse de recibo del escrito de nueve de marzo de dos mil diecisiete, documento que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger el documento de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será destruido igual que el presente asunto.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veinticinco de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintuidós de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguense a los autos los oficios signados por el Secretario de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, y Actuario de su adscripción, mediante los cuales rinden informe justificado. Asimismo, se tiene a las autoridades responsables remitiendo copia certificada del auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, a través del cual se admitió el juicio reclamatorio de demanda individual promovida por la quejosa, y sus respectivas constancias de notificación realizadas a las partes, los cuales obran en el expediente laboral DIT-087/2017. A las documentales que anexan al oficio de cuenta, se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de proveer su demanda laboral y de notificar ésta a las partes, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora, de los preceptos transcritos se aprecia que prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior, no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, del análisis de las copias certificadas enviadas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes justificados, se advierte que por auto de veintiséis de abril del presente año, se acordó la demanda laboral interpuesta por la aquí quejosa, misma que se notificó a las partes el cuatro, diez y once de los corrientes, tal como se acredita de las constancias actuariales, que anexó a su oficio el Actuario responsable. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto a la parte quejosa. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Quintana Roo, el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, proveyó la demanda laboral presentada por la quejosa, así como que el cuatro, diez y once de los corrientes se llevó a cabo la notificación de dicho auto de manera personal a las partes, en segundo lugar, al haber proveído respecto a la demanda laboral y realizar su notificación, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía la hoy quejosa; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. No pasa inadvertido el hecho de que el acuerdo que recayó a la demanda laboral de la quejosa fuera emitido el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, esto es, anterior a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintisiete del citado mes y año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, empero, debe destacarse que la notificación de dicho acuerdo se realizó de manera personal a la parte quejosa el cuatro de mayo del año que transcurre, de ahí que las omisiones que reclama la quejosa sí existían al momento de instar la acción constitucional, ya que el acto relativo a la emisión del acuerdo que recayó a su demanda laboral no se le hizo saber a la quejosa sino con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete; de ahí que se actualice la cesación de efectos del acto y, no su inexistencia a la fecha de la presentación de la demanda de amparo. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta con la que ***, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo y otra autoridad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 271/2017, y se admite en sus términos la demanda de que se trata. Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.
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