Silvia López Peñaloza

Expediente 1228/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1228/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Silvia López Peñaloza

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil veintiuno Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa Gloria Angélica Jaimes Salgado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones y ofrece pruebas documentales; al respecto, se provee lo siguiente. De conformidad con el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se le tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que se ofrece, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como del expediente electrónico se advierte que no obran las constancias de notificación a la parte quejosa y autoridades responsables de la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en tal virtud y con la finalidad de proveer lo que en derecho corresponda y evitar dilaciones procesales, se comisiona al actuario de la adscripción para que lleve a cabo la formalidad procesal encomendada en la citada determinación y/o en su caso las vincule al expediente electrónico; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Javier Jiménez García solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda en Morelos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos (denominación correcta) y Delegado en Morelos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Acto reclamado: ".La omisión para que me sea devuelto el pago en exceso que realice, respecto de la liquidación de mi crédito por seguro de invalidez folio 412019/305, en el cual consta la liquidación del crédito hipotecario FOVISSSTE NÚMERO 1078603, pues la omisión me es violatoria de todo derecho a lo consagrado al artículo 8.". SEGUNDO. El veintiocho de enero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de la parte quejosa, radicó el asunto con el número de expediente 108/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: ? La omisión de dar respuesta al escrito de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La responsable Coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda en Morelos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, al rendir el informe justificado manifestó que no existe la autoridad señalada como responsable Delegado en Morelos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ese tenor se tiene por inexistente y ya no se hará mención de ella en esta sentencia, máxime que el escrito cuya omisión de respuesta se reclama, va dirigido a diversa autoridad. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la responsable Coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda en Morelos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos (denominación correcta), pues así lo reconoció en su informe con justificación. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." QUINTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable Coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda en Morelos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, aducen que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI y XXII, de la Ley de Amparo; debido a la falta de conceptos de violación Es infundada la causal de improcedencia que se hace valer, en razón de que acorde con lo que ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 68/2000, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, novena época, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR."; basta para tener como conceptos de violación, que el agraviado exponga de forma clara los razonamientos, que con tal sentido, se expresen en la demanda respectiva, aun cuando no se guarden, en estricto sentido, a la forma lógica del silogismo, ya que basta que se exponga con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le cause al quejoso el acto o ley reclamados. Entonces, de la lectura que se realiza a la demanda de amparo se advierte que, contrariamente a lo expuesto por la autoridad responsable, la parte quejosa sí expuso argumentos tendentes a demostrar la omisión en que incurrió la responsable en relación con el acto reclamado, tan es así que a simple vista se desprende que combate una violación al artículo 8 constitucional. De ahí que la causa de improcedencia en estudio resulte infundada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis identificada como VI.2o.C.185 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVII, junio de 2003, en la página 944, la que por rubro y texto dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO NO DEBE SER SOBRESEÍDO POR FALTA DE ELLOS, SI EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE EXPRESARON ARGUMENTOS TENDIENTES A COMBATIR EL ACTO RECLAMADO. Para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 166, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, es necesaria la ausencia o falta total de los conceptos de violación, o bien, que el acto reclamado se combata afirmando genéricamente que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, pues tales manifestaciones generales e imprecisas no constituyen propiamente la expresión de conceptos de violación que exige el último artículo citado, sin los cuales es imposible analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pero cuando del examen de los motivos de inconformidad se advierte que sí se expresan argumentos tendientes a combatir la ilegalidad del acto reclamado, es inconcuso que el juicio de garantías no debe sobreseerse por falta de conceptos de violación, pues en todo caso serán materia de estudio en cuanto al fondo del asunto, los cuales pueden ser calificados de fundados, infundados o inoperantes, lo que motivará la concesión o negativa de la protección federal, pero no su sobreseimiento". SEXTO. Estudio del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Pues bien, como se dijo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el que solicita le sea devuelta la cantidad de dinero que en exceso enteró con motivo del crédito hipotecario FOVISSSTE 1078603, y que la propia institución cuantificó en la suma de $76,470.18 (setenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos 18/100 moneda nacional), y señala que dicho actuar es contrario a lo dispuesto por el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asiste razón a la parte quejosa, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quién se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". De lo transcrito se colige, que cuando se presente algún escrito ante alguna autoridad, ésta debe acordarla y hacer conocer en breve término la respuesta a la parte interesada. Ahora bien, la parte quejosa por escrito de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, solicitó ante las responsables la devolución del numerario que en exceso enteró a la institución responsable con motivo del crédito hipotecario celebrado con ella, que fue registrado bajo el número 1078603, y refiere no se ha dado respuesta congruente fundada y motivada. Por su parte la responsable refiere que mediante oficio DM-SP-DV-138/2020, de veintisiete de enero de dos mil veinte, dio respuesta a la petición del quejoso, señalando que está realizando las acciones correspondientes a fin de estar en posibilidad de atender la petición hecha por la parte quejosa, que corresponde al área de competencia en oficinas centrales quienes tienen la facultad de llevar a cabo las acciones procedentes que peritan revisar y autorizar la devolución solicitada, la que notificó al impetrante el dieciocho de febrero del año en curso, así no ha dado un respuesta congruente, fundada y motivada a la petición elevada. En razón de lo anterior, para quien resuelve, se infringe en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se ha dado una respuesta congruente fundada y motivada a lo solicitado, es decir, no se ha emitido una contestación a todo lo peticionado de manera completa y congruente dirigida a la parte quejosa. Lo anterior es así, pues únicamente la responsable se limita a decir que está realizando las gestiones necesarias y que corresponde al área de competencia en oficinas centrales, sin precisar ni acreditar que actuaciones ha realizado para ello y cuál es el área competente para devolver el numerario reclamado, cuando la petición le fue presentada desde el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Por tanto, resulta claro que se ha violado lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Fundamental, en perjuicio de la parte quejosa. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado a Javier Jiménez García, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, dé contestación en forma congruente fundada y motivada con la documentación que así lo acredite a la petición realizada el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, y notificarlo como legalmente procesa. En apoyo se cita la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.), Registro 2015181, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1738, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Javier Jiménez García, respecto del acto reclamado a la Coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda en Morelos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que recibió el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, para los efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente

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