Silvia López Hernández
Expediente 538/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Silvia López Hernández
- Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que se sobreseyó en el presente juicio, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 538/2020, promovido por **, apoderada legal de **, en contra del acto de la autoridad que se menciona más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, mediante escrito de nueve de octubre del año dos mil veinte, recibido el diez de noviembre siguiente, en la oficialía de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la quejosa solicitó a los Miembros de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, se llevará a cabo la calificación de las pruebas, dentro del juicio laboral **. La referida interesada manifestó que, a la fecha de presentación de la demanda, no le había sido notificado el acuerdo que recayera a dicha promoción, por ello, considera que se violan en su perjuicio los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **, apoderada legal de **, presentó un escrito el catorce de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual promovió juicio de amparo indirecto en contra de los Miembros de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, donde fue registrada bajo el expediente 538/2021 y admitida el catorce de mayo de dos mil veintiuno. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad de quien reclama una omisión tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama de los Miembros de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, lo siguiente: La omisión de acordar el escrito de fecha nueve de octubre del dos mil veinte, dentro del expediente laboral número 611/2017(2). EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado el auxiliar de la Junta Especial dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, negó el acto que se atribuye adicho tribunla laboral, bajo el argumento que el trece de mayo de dos mil veintiuno, se dictó el acuerdo que recayó al escrito de la parte quejosa de nueve de octubre del dos mil veinte. Ahora bien, es cierto que el acuerdo de que se trata, fue emitido un día antes de la presentación de la demanda de amparo, sin embargo, también se conoce que esa determinación fue notificada a las partes hasta el ocho de junio de dos mil veintiuno -casi un mes después y con posterioridad al requerimiento del informe justificado en este asunto-, y por ese motivo se estima acreditada la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las documentales anexadas por la autoridad responsable, consistentes en diversas copias certificadas del expediente laboral número 611/2017(2). Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. . VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA En la especie, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se advierte que el acto atribuido a los Miembros de la Junta Especial dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, consistentes en la omisión de acordar el escrito de fecha nueve de octubre del dos mil veinte, dentro del expediente laboral número 611/2017(2), por el que solicitó se llevará a cabo la calificación de las pruebas, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en autos se advierte que cesaron en sus efectos. A fin de evidenciar lo anterior, es conveniente precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en este asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior da pauta para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que el acto atribuido a la responsable cesó en sus efectos ya que mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, se calificaron las pruebas de las partes, y esa determinación fue notificada a la parte quejosa el ocho de junio siguiente. En ese sentido, resulta notorio que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa; es decir, los efectos de los actos reprochados desaparecieron, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. VII. DECISIÓN En esas condiciones, ante la constatación de un impedimento jurídico previsto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 63, fracción V del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por **, a través de su apoderada legal, respecto del acto reclamado y la autoridad precisados en el apartado IV de esta resolución, en los términos del diverso VI. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que a la fecha no ha transcurrido el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con motivo de la vista otorgada con el informe justificado rendido por la auxiliar de la Junta Especial dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez y su respectivo anexo. En ese orden, a fin de dar oportunidad a las partes de imponerse de los autos y alegar lo que a su derecho convenga, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las catorce horas con quince minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la auxiliar de la Junta Especial dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, téngasele negando el acto que se le atribuye y dese vista a las partes. Asimismo, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibidas las documentales que acompaña a su informe la aludida autoridad, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, con su contenido, dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, la autoridad responsable informa que el último domicilio en los autos del juicio laboral 611/2017 (2) de la empresa tercera interesada Manpower Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra ubicado en calle Cuitláhuac, número ciento once, Santa Rosa Panzacola, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los numerales 5º, fracción III y 26, fracción I, inciso B, de la ley de la materia, con copia de este auto, así como de la demanda, emplácese a este juicio a la tercera interesada Manpower Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado o representante legal, en el citado domicilio. Asimismo, el actuario adscrito deberá requerirlo para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Zona Metropolitana de Oaxaca, apercibido que de no efectuarlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán mediante lista de acuerdos, en términos del precepto 29 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En ese orden, el actuario adscrito deberá cerciorarse que ahí reciben notificaciones la citada tercera interesada. Asimismo, hágasele de su conocimiento que se encuentran señaladas las catorce horas con quince minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la tercera interesada.
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