Silvia López Castro
Expediente 598/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silvia López Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercera interesada interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó y negó el amparo, sin que lo hayan realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 598/2022, promovido por Silvia López Castro, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Silvia López Castro, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con sede en La Piedad, Michoacán, y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este juzgado de distrito, se registró con el número 598/2022, y se admitió mediante proveído de dos de junio de dos mil veintidós, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Luego, el uno de julio de dos mil veintidós, se reconoció carácter de tercero interesado a José Juan Castro Bravo, en cuanto parte actora en el juicio ordinario civil de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto legal, el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de la demanda, se advierte que Silvia López Castro, reclama lo siguiente: Todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 1006/2016, que sobre cumplimiento de contrato privado de compraventa promovió José Juan Castro Bravo contra Alfonso Castro Romero, incluida la sentencia dictada en el juicio, y su ejecución. En dicho juicio se dictó sentencia que condenó al demandado Alfonso Castro Romero, al pago de la cantidad convenida por las partes y una vez hecho ello, se le entregue la posesión material del inmueble que abarca las calles Isidro Castillo número 474 y Francisco Mendoza número 491, de la colonia Las Colonias, en La Piedad, Michoacán; y, La inscripción de la demanda que dio origen dicho juicio y su admisión, realizada en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, el seis de junio de dos mil diecisiete. Actos que atribuye a las autoridades: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán; Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional; y, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, así como al Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado las responsables, consistentes en testimonio autorizado de las principales constancias que integran el juicio ordinario civil 1006/2016 [un tomo de pruebas], así como copia certificada de las constancias relativas a la anotación registral de la sentencia dictada en el citado juicio [las cuales obran agregadas al expediente]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia de los actos que se combaten, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Actos consentidos. El tercero interesado en su escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, adujo que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque no es creíble que la quejosa haya tenido conocimiento del juicio ordinario de origen hasta el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, si es hermana de su vendedora María Lidia López Castro, y ambas son sobrinas de Alfonso Castro Romero, anterior vendedor de María Lidia, para lo cual adjuntó diversas constancias a su escrito, a fin de acreditar el citado parentesco. No se actualiza la causal invocada, porque el conocimiento previo del asunto debe estar fehacientemente probado en el juicio. Lo anterior así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. De modo que en este caso, la presunción relativa a que al existir parentesco entre la quejosa y la persona con quien celebró el contrato de compraventa, así como con el demandado en el juicio de origen, no es un motivo suficiente para establecer que por esa razón tenía conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado. Como apoyo a lo antes argumentado se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 42/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Novena Época, registro digital 186084, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Falta de interés. Ahora bien, quien esto resuelve de oficio advierte que por lo que ve al acto identificado en el inciso a), consistente en todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 1006/2016, que sobre cumplimiento de contrato privado de compraventa promovió José Juan Castro Bravo contra Alfonso Castro Romero, incluida la sentencia dictada en el juicio, y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse de manera conjunta con lo establecido en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los artículos transcritos se obtiene que, los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, a virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva de un procedimiento seguido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, en el que José Juan Castro Bravo demandó de Alfonso Castro Romero, el cumplimiento de contrato de fecha once de diciembre de dos mil quince, consistente en la entrega de la cantidad de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de la venta del bien inmueble consistente en la fracción construida sobre el predio identificado con el número 7630, que abarca las calles Isidro Castillo Pérez número 474 y Francisco Mendoza número 491, de La Piedad, Michoacán. Bien inmueble respecto del cual la aquí quejosa aduce ser propietaria en virtud del contrato de compraventa celebrado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno en escritura pública 2787, por ende, ésta debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre dicha propiedad, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis I.13o.C.12 C (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, publicada en la página 2040, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, Materia Común, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501] que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tesis que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora, respecto a la persona extraña al juicio, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo disponen que el juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito es procedente contra actos dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 11/95, definió qué debe entenderse como persona extraña al juicio para efectos del juicio de amparo, entendida como aquella que no tenga la condición de parte constituida en el juicio o en el procedimiento y que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. En apoyo a lo anterior, es de citar la jurisprudencia P./J. 7/98, consultable en el Tomo VII, Enero de 1998, página 56, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro digital: 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Bajo esa perspectiva, si la persona que se ostenta extraña al juicio estima que existe una afectación en su esfera jurídica (cúmulo de derechos reconocidos por la Constitución Federal) por un acto de autoridad, debe demostrar su interés jurídico fehacientemente, es decir, que es titular del derecho subjetivo que estima afectado por el acto de autoridad, para hacer procedente el juicio de garantías biinstancial. Sin embargo, en el caso, la parte quejosa no acredita que se afecte su interés jurídico, toda vez que por un lado, el contrato de compraventa que exhibe respecto del inmueble que defiende, no formó parte de la litis en el juicio 1006/2016, de donde deriva el acto reclamado; y por otro, la acción sobre cumplimiento de contrato que ejercitó el actor en dicho procedimiento es personal, por lo que en ese sentido, el objeto del juicio sólo involucra a las partes en el acuerdo de voluntad cuyo cumplimiento se demanda. Afectación al interés jurídico. En torno al análisis de la afectación al interés jurídico de la quejosa, de las constancias del juicio ordinario civil 1006/2016 que nos ocupa, se advierte en lo que interesa lo siguiente: Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciséis, José Juan Castro Bravo, demandó en la vía ordinaria civil de Alfonso Castro Romero, las prestaciones siguientes: El cumplimiento del convenio privado de fecha once de Diciembre de dos mil quince; y, Como consecuencia de lo anterior, el pago de la cantidad de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) en los términos a que se obligó el demandado en la cláusula segunda del documento base de la acción. El catorce del propio mes y año se admitió a trámite la demanda y, seguido el trámite por sus cauces legales, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva en la que sustancialmente y para lo que aquí interesa, se resolvió: "SEGUNDO. Ha procedido la acción personal sobre cumplimiento de contrato privado de compraventa que en la vía ordinaria civil promueve José Juan Castro Bravo, por derecho propio, frente a Alfonso Castro Romero, de quien no prosperaron sus argumentos de defensa. TERCERO. Como consecuencia, se condena al demandado a pagar a favor del actor la suma de $240,000.00 doscientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional, como precio convenido por ambas partes, posterior a la celebración del contrato primigenio base de la acción. CUARTO. Una vez satisfecho el pago al vendedor, éste deberá hacer entrega de la posesión de la fracción del predio con construcción que conforma el inmueble objeto de la venta, como parte de la acción recíproca-sucesiva que asumió el aquí accionante a favor de su contrario." Determinación que indudablemente no afecta el interés jurídico de la peticionaria de amparo, atento a que en modo alguno se altera su carácter de propietaria respecto del bien inmueble materia del contrato de compraventa que celebró con María Lidia López Castro. Es así, principalmente porque de lo antes narrado se advierte que la acción ejercida por José Juan Castro Bravo, en el juicio ordinario civil 1006/2016, frente a Alfonso Castro Romero, fue el cumplimiento del contrato privado de fecha once de diciembre de dos mil quince. En congruencia con lo anterior, también se considera pertinente señalar que la acción personal es la que corresponde a alguno para exigir de otro el cumplimiento de cualquiera obligación, ya sea que ésta emane de contrato o cuasi contrato o nudo pacto, ya de delito o cuasi delito; y, acción real es la que nace de alguno de los derechos llamados reales, como son el dominio pleno o semi pleno sobre una cosa, la sucesión hereditaria, la servidumbre, la prenda o la hipoteca, y se llaman reales estos derechos, porque no afectan a la persona, sino a la misma cosa. En ese contexto, los artículos 1493 y 1531 del Código Civil para el Estado de Michoacán, establecen: "TÍTULO SEGUNDO DE LA COMPRA-VENTA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1413. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Artículo 1414. Por regla general la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho." Del texto de los numerales transcritos se advierte que el contrato de compraventa surge cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero; asimismo que la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho. En ese sentido, se obtiene que la acción de cumplimiento de contrato que se ejercitó en el juicio de origen respecto del acuerdo de voluntades en el que se pactó la entrega de una cantidad monetaria a cambio de la entrega de la posesión de un predio, es personal. Por tanto, en este caso, el objeto del juicio sólo interesa a las partes, pues la sentencia que en éste se dicte exclusivamente surte efectos entre ellas, por lo que no existe razón legal para que se llame al juicio a la aquí quejosa, ya que a ésta no le resulta el carácter de parte en lo que fue materia del referido litigio y, por ende, la resolución dictada en el mismo, no le afecta ningún derecho sustantivo protegido por la constitución a través de sus derechos fundamentales y menos aún el de audiencia. Es así, porque para que su otorgamiento se haga procedente, es indispensable que se pretenda privar o se prive al gobernado de alguno de los derechos enunciados en el artículo 14 Constitucional, lo que no ocurre en la sentencia dictada en este juicio natural, pues esta no puede afectar los derechos de propiedad o posesión que algún tercero haya adquirido respecto del inmueble materia de la compraventa que realizó el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, porque los efectos de dicha sentencia sólo se limitan al derecho del actor de que se le entregue la cantidad convenida a cambio de entregar la posesión de la fracción de un predio, pero no prejuzga o nulifica la existencia de los derechos de terceros ajenos al juicio en que se emita, salvo que con base en ella se pretenda, en ejecución, privar a la quejosa de sus derechos de propiedad o posesión. Por tanto, si el juicio natural solamente surtió efectos entre las partes, y no afecta algún derecho de la peticionaria del amparo, no hay razón legal para que fuera llamada al juicio generador, pues en éste sólo se debatió, decidió y ejecutó lo relativo al cumplimiento de contrato, sin que se transgrediera algún derecho de la aquí quejosa, por lo que es indiscutible que no hay afectación a su garantía de audiencia, ya que como se precisó, la finalidad de aquél juicio fue exigir el cumplimiento del contrato privado celebrado por las partes el once de diciembre de dos mil quince. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XV.1º.26 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 397 del tomo VI de julio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "GARANTÍA DE AUDIENCIA. NO ES NECESARIO OTORGARLA A TERCEROS RESPECTO DE LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE ACCIONES PERSONALES. Cuando en el juicio de garantías, el acto reclamado se haga consistir en que no se otorgó la garantía de audiencia a un tercero extraño en los juicios que versen sobre acciones personales, como lo es el de otorgamiento de escrituras, en aquél debe sobreseerse porque este último no afecta el interés jurídico del tercero, pues el citado juicio versó sobre una acción personal que se ejercita con el objeto de que la parte demandada otorgue la escrituración al actor del inmueble respecto del cual había celebrado contrato de compraventa, de tal manera que en este caso, el objeto del juicio sólo interesa a las partes, pues la sentencia que en éste se dicte exclusivamente surte efectos entre ellas, por lo que no existe razón legal para que se llame a juicio al tercero, ya que a éste no le resulta el carácter de parte interesada en lo que fue materia del referido litigio y, por ende, la resolución que en el mismo se dicte, no le afecta ningún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales y menos aún la de audiencia, porque para que su otorgamiento se haga procedente es indispensable que se pretenda privar o se prive al gobernado de alguno de los derechos enunciados en el artículo 14 constitucional, lo que no ocurre con el dictado de la sentencia en el juicio de referencia, pues ésta no puede afectar los derechos de propiedad o posesión que algún tercero haya adquirido respecto del inmueble de cuya escrituración se trate, porque los efectos de dicha sentencia sólo se limitan al derecho del actor de que se le otorgue la escrituración, pero no prejuzga ni nulifica la existencia de los derechos de terceros ajenos al juicio en que se emita, salvo que con base en ella se pretenda, en ejecución, privar al quejoso de sus derechos de propiedad o posesión." Así como la tesis (V Región) 5º.10 C (10ª), del libro 4, Marzo de 2014, del tomo II, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. CARECE DE ÉSTE EL QUEJOSO QUE, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO SUMARIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PRO FORMA). Conforme a la doctrina judicial, el interés jurídico en el juicio de amparo se entiende como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa afectación cese; por tanto, carece de éste el quejoso que, ostentándose como tercero extraño a juicio, reclama la falta de emplazamiento al juicio sumario civil de otorgamiento y firma de escritura, pues aun cuando resultara ser propietario del bien inmueble que fue materia de ese procedimiento, el efecto de la sentencia que ahí se pronuncia, por la propia naturaleza de la acción pro forma, no lo priva de derecho de propiedad o posesión alguno, pues su única finalidad es lograr que se obligue al demandado a otorgar un contrato que, aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley, sin prejuzgar sobre el mejor derecho de propiedad del vendedor (demandado en el juicio natural) o de algún tercero." También es de citar, por identidad jurídica sustancial, la tesis I.12o.C.146 C (10a.), consultable Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5299, Décima Época, Materia Civil, Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2020167, que dice: "OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO QUIEN SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DE ORIGEN, SI EN ÉSTE SE EJERCIÓ DICHA ACCIÓN PERSONAL Y EL QUEJOSO AFIRMA TENER LA POSESIÓN DEL INMUEBLE EN SU CALIDAD DE COMODATARIO. La acción personal de otorgamiento y firma de escritura, por ser de naturaleza personal, se ejerce con el objeto de que la parte demandada otorgue al actor, la escritura del inmueble materia del contrato de compraventa respectivo, por lo que el objeto del juicio sólo involucra a las partes de ese acuerdo de voluntades y la sentencia que ahí se dicte surte efectos exclusivamente entre ellas, sin afectar a quien resulte ajeno al contrato. En ese sentido, la resolución que se dicte en la controversia de mérito no causa perjuicio a terceros porque, al no ser parte en la relación jurídica materia del litigio, no puede surgir alguna obligación a su cargo ni privársele de un derecho, con motivo de la condena atinente. De ahí que no exista razón legal para que se llame a juicio a un tercero ajeno a la controversia de otorgamiento y firma de escritura, porque la resolución que en él se dicte, no le afecta algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, carece de interés jurídico porque es ajeno al acuerdo de voluntades relativo, pues los efectos de la sentencia se limitan al derecho del actor a que se le otorgue la escritura. Consecuentemente, no basta acreditar la posesión del inmueble, sino que ésta resienta una afectación con la tramitación del juicio de origen, lo que no se actualiza en virtud de que lo que se dilucida en el juicio natural es una acción personal de otorgamiento y firma de escritura, que sólo afecta a las partes que en él intervienen, además de que la ejecución de ninguna manera afecta la posesión que tiene el quejoso, porque el desposeimiento no forma parte de las prestaciones reclamadas. Así, lo resuelto no prejuzga sobre sus derechos posesorios, pues nada se resuelve al respecto y, en su caso, tendrá la oportunidad de hacerlos valer, una vez que en virtud de algún procedimiento se ordene la entrega del inmueble que defiende en su calidad de comodatario. En este sentido, no tiene por qué llamársele al juicio de otorgamiento y firma de escritura. De ahí que, si la parte quejosa acude a esta instancia constitucional y aduce un derecho de propiedad respecto del bien raíz señalado con antelación, entonces tiene la calidad de tercera respecto de dicho procedimiento, y por tanto los efectos del fallo decisorio en modo alguno pueden afectarle, pues se insiste, sólo estarán enderezados contra la parte reo en el juicio de origen. En consecuencia, al no haber demostrado la parte quejosa que el acto de autoridad materia de este apartado ha causado afectación en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, circunstancias que en el caso no acontecen, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto del acto reclamado en cita, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XII, de la Ley de Amparo de conformidad con lo que dispone la fracción V del numeral 63 del citado ordenamiento. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado identificado en el inciso b). Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Expuesto lo anterior, y como quedó precisado en el apartado de los actos reclamados, la quejosa se duele de la inscripción de la demanda que dio origen al juicio ordinario civil 1006/2016 y su admisión, realizada en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, el seis de junio de dos mil diecisiete, y al respecto esencialmente señala: Que la inscripción aquí reclamada, respecto del bien inmueble ubicado en el número 747 de la calle Isidro Castillo, antes Artes, colonia Las Colonias, de La Piedad, Michoacán, viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque carece de fundamentación y motivación, además de que transgrede lo dispuesto en los numerales 762 y 763 del Código Civil, que establece que el propietario de una cosa puede gozar y disponer con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes; y que la propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización, por lo que se pretende privarla de la propiedad del inmueble sin haber sido oída ni vencida en juicio y sin que se hayan seguido las formalidades del procedimiento. Que la inscripción reclamada fue ejecutada en un bien inmueble salido del patrimonio del posible deudor Alfonso Castro Romero, por lo que es violatoria del artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que sólo podrá ser eficaz cuando recae en bienes propiedad del deudor y por ello, la responsable no tiene derecho a secuestrar lo que salió del patrimonio del demandado. Aduce que la referida inscripción de seis de junio de dos mil diecisiete en el Registro Público de la Propiedad, es posterior al dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, fecha en la que sus vendedores adquirieron el inmueble materia de la compraventa, por lo que las anotaciones o embargos aun cuando se encuentren registrados no se pueden oponer en contra de quienes adquirieron con anterioridad la propiedad de los bienes inmuebles, y por ello los embargos o anotaciones registrados sobre dichos bienes con posterioridad a un acto traslativo de dominio son contrarios a derecho, porque sin ser parte en el juicio de origen se le pretende privar de la propiedad de un inmueble. Los anteriores argumentos son infundados. En efecto, de las constancias del juicio de origen se desprende que el juez natural en el auto de admisión de demanda de catorce de octubre de dos mil dieciséis, acordó favorable la petición del actor, en el sentido de girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con los insertos necesarios a fin de que se realizara la inscripción de la demanda que en la vía ordinaria civil sobre cumplimiento de convenio promovió José Juan Castro Bravo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán. Al respecto, debe precisarse que las anotaciones preventivas hechas en el Registro Público de la Propiedad originan la constitución de algunos derechos subjetivos, pues lo que se inscribe es el derecho procesal del actor y no el derecho sustantivo de propiedad respecto del inmueble controvertido. En esa virtud, la determinación del juez de origen y su ejecución por parte del Director del Registro Público de la Propiedad no resultan ilegales, pues cuando una demanda de controversia civil se relaciona, incluso de manera indirecta con derechos de propiedad de un inmueble, procede la anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad para salvaguardar derechos litigiosos del actor, mientras se resuelve el juicio de fondo de las prestaciones reclamadas, así como para ofrecer a terceros la publicidad de que un bien inmueble está en litigio y evitarles enajenaciones infructuosas como adquirentes de buena fe, respecto de predios y construcciones en controversia. Por ende, si la acción personal ejercitada por el actor del juicio consistió en la exigencia de cumplimiento de contrato, en el que demandó del deudor que se le cubriera la cantidad pactada en el citado acuerdo de voluntades a cambio de entregar la posesión de una fracción de predio, es posible afirmar que la anotación solicitada está justificada. Ahora bien, es incorrecto que la inscripción de demanda realizada en el juicio sobre cumplimiento de contrato 1006/2016, afecte la esfera jurídica de la quejosa, porque como quedó precisado con antelación, las determinaciones dictadas en el citado juicio de origen no le perjudican al no ser parte en dicho contradictorio, es decir, la inscripción ordenada tiene el efecto de salvaguardar los derechos del actor en el juicio respecto de las prestaciones que le reclamó a Alfonso Castro Romero. Aunado a lo anterior, como lo señala la peticionaria del amparo, dicha inscripción fue realizada el seis de junio de dos mil diecisiete, y siendo así ese acto es anterior al contrato de compraventa que celebró el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, de modo que sin desconocer que la quejosa exhibe un derecho subjetivo de propiedad, ese título no es suficiente para otorgarle la protección federal por derecho de audiencia. Lo anterior no puede ser de otra manera porque, si la inscripción de la demanda ante el Registro Público de la Propiedad, fue anterior al acto de traslación de dominio que demuestra la aquí quejosa, ello denota que el derecho subjetivo de propiedad que exhibe, si bien le permite demostrar interés jurídico para acudir a este amparo, no es apto para demostrar violación al derecho de audiencia que alega, puesto que no hubo obligación de llamarle al juicio de origen si su derecho de propiedad es posterior a la inscripción de demanda que reclama. En todo caso, la inscripción reclamada ya existía al momento de adquirir la propiedad, lo que debió tomar en cuenta la quejosa al celebrar el acto traslativo de dominio del inmueble y en ese sentido, la afectación al derecho que ostenta con el carácter de tercera extraña al juicio, en realidad no se configura. No obstante, debe decirse que lo anterior no implica que la quejosa no pueda entonces defender su derecho de propiedad frente a las instancias jurisdiccionales. Esto es, lo aquí resuelto no se traduce en una limitante al derecho a la tutela jurisdiccional de acuerdo a como se reconoce en el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto a que el derecho de la tutela judicial no se limita -en estos casos- a ser llamada al juicio ordinario civil por el cual se afecta el derecho de propiedad que ostenta un contrato de compraventa de fecha cierta. Lo que significa que la quejosa tiene habilitado invariablemente su derecho público subjetivo a la tutela jurisdiccional para defender sus intereses patrimoniales, lo que se traduce en la posibilidad de accionar en contra de quien en su caso le haya trasladado el dominio, o bien contra quien tiene el título de propiedad registrado, o en contra de quien considere, a fin de ejercer la mejor defensa de sus derechos, mediante pretensiones que deberá demostrar en un juicio contradictorio, a fin de probar un mejor derecho de propiedad o bien la nulidad registral, en tanto el sistema registral mexicano sigue el principio de que los registros de actos jurídicos tienen efectos declarativos y no constitutivos. Ello, podrá ser ejercido por la quejosa en la vía jurisdiccional adecuada, en la cual se erija como parte accionante, no así como parte demandada pues, como se ha precisado, no es posible considerar que deba ser llamada al juicio de origen cuando no hubo obligación de tenerla como parte demandada, lo que corrobora a su vez que no existe una afectación a su derecho de audiencia. En las condiciones apuntadas, al no prosperar los conceptos de violación aducidos, sin que exista deficiencia que suplir, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por a Silvia López Castro, por su propio derecho, en términos de la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Silvia López Castro, por su propio derecho, por los motivos que precisados quedaron en la consideración quinta de la presente sentencia. Tercero. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesada, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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