Silvia Leticia Figueroa y Ramírez
Expediente 1090/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Silvia Leticia Figueroa y Ramírez
- Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mexicali, Baja California, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley mencionada en primer término, se declara que dicha resolución que sobreseyó el juicio de amparo promovido por Silvia Leticia Figueroa y Ramírez, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del trece de abril de dos mil veintiséis, por encontrarse en la hipótesis del artículo 21, inciso a), del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente al de su publicación, acorde al transitorio primero del citado acuerdo. De conformidad con el artículo 18, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, es susceptible de depuración al haberse otorgado la medida cautelar solicitada. De igual forma, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá destruirse una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 15, del capítulo quinto del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el citado acuerdo. De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se precisó en la certificación que antecede. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos para dictar sentencia, en el juicio de amparo 1090/2022-5; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial y posteriormente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, Silvia Leticia Figueroa y Ramírez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra por actos reclamados que enseguida se transcriben: "."A. El "Presupuesto de Servicio" identificado con el número de folio 86104 de fecha 17 de junio de 2022 a las 16:14:42 horas, notificado personalmente a la suscrita en esa misma fecha, en las instalaciones de la CESPM con domicilio conocido ubicado en Calzada Independencia esquina con Avenida de los Héroes, Centro Cívico, en Mexicali, Baja California a través del cual se comunica a la suscrita el requerimiento de pago de la cantidad de $53,540.53 (Cincuenta y tres mil quinientos cuarenta pesos 53/100 M.N.), mismo que carece de cualquier fundamentación y/o motivación. B. La orden de suspensión, corte, restricción total y privación del suministro de agua potable y servicios de alcantarillado sanitario en los predios propiedad de la suscrita, identificado con la clave catastral: NV-099-066 al cual le corresponde la cuenta número 001-065-0252-00 y No. de Medidor 0014017596 destinado al servicio no doméstico para oficinas respecto del bien inmueble ubicado en la Avenida Reforma número 1705, Colonia Nueva, en Mexicali, Baja California de fecha 17 de junio de 2022 -notificado ese mismo día-, identificado con el oficio "No. De Plazo: 2856995", mediante el cual se apercibió a la suscrita del corte y/o reducción del servicio de agua y se me citó en sus oficinas el día domingo 26 de junio de 2022 - no obstante que pude acudir hasta el día hábil siguiente, es decir el 27 de junio de 2022-, acto que pone en peligro mis derechos fundamentales, a mínimo vital, de acceso al agua, libre desarrollo de la personalidad, salud y el derecho de propiedad de la suscrita. C. La orden verbal formulada por el C. Edgar Alfredo Navejar Reyes, en su carácter de Jefe de Zona 03 de la CESPM que formuló a la suscrita el día 27 de junio de 2022 en las oficinas de dicha dependencia en la que apercibió a la suscrita con el retiro del aparato medidor, con el que cuenta la suscrita n el predio señalado y ubicado en el inciso anterior, acto que está poniendo en peligro mis derechos fundamentales, al mínimo vital, de acceso al agua, libre desarrollo de la personalidad, salud y el derecho de propiedad de la suscrita. D. La orden verbal formulada por el C. Edgar Alfredo Navejar Reyes, en su carácter de Jefe de Zona 03 de la CESPM que formuló a la suscrita el día 27 de junio de 2022 en las oficinas de dicha dependencia en la que apercibió nuevamente a la suscrita para pagar la cantidad de $24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de "Derechos de Conexión" dentro de los 30 días siguientes, con la amenaza de que de no hacerlo se privaría a la suscrita del servicio de agua, acto que pone en peligro mis derechos fundamentales, al mínimo vital, de acceso al agua, libre desarrollo de la personalidad, salud y el derecho de propiedad de la suscrita. E. De igual modo, la emisión de los actos señalados en los apartados que anteceden, que se encuentran fuera de todo procedimiento administrativa, sin que se otorgara a la suscrita la garantía de audiencia y defensa, sin fundar ni motivar de forma alguna y sin que medie notificación formal alguna de la causa legal de los actos emitidos por las autoridades responsables. F. Todos y cada uno de los actos de aplicación directos e indirectos de los actos reclamados y los requerimientos verbales formulados en la reunión de fecha 27 de junio de 2002, que derivan del supuesto cobro por los derechos "derechos de conexión", constituido por el oficio denominado "Presupuesto de Servicios" de fecha 17 de Junio del 2022 emitido por la CESPM, mediante el cual se requiere a la suscrita el pago de: a) "DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE" por la cantidad de $34,039.73 (Treinta y cuatro mil treinta y nueve pesos 73/100 M.N.); b) "DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE" por la cantidad de $13,588.71 (Trece mil quinientos ochenta y ocho pesos 71/100 M.N.); c) "365 (CONSTANCIA Y REVALUACIÓN ANUAL)" por la cantidad de $1,946.12 (Mil novecientos cuarenta y seis 12/100 M.N.)" SEGUNDO. Admisión. Por proveído de trece de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo en sus términos bajo el expediente 1090/2022-5, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el Acuerdo 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclaman actos de autoridades que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la parte quejosa reclama: El presupuesto de servicios de diecisiete de junio de dos mil veintidós, relativo a la cuenta 01-065-0252-00. La orden de retiro del aparato medidor asignado a la cuenta 01-065-0252-00. La orden de corte del servicio de agua de la cuenta 01-065-0252-00. Las órdenes verbales de orden de retiro del aparato medidor y corte del servicio de agua asignado a la cuenta 01-065-0252-00 No es el caso de tener como actos reclamados lo aseverado por la parte quejosa de ausencia de fundamentación y motivación, en virtud de que esos alegatos se encuentran encaminado a combatir los actos reclamados antes destacados, por lo que éstos aspectos serán examinados como un argumento de los conceptos de violación que formuló la parte quejosa. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que, por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76-Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. En relación a los actos reclamados consistentes en la orden de retiro del aparato medidor, la orden de corte del servicio de agua y las órdenes verbales de orden de retiro del aparato medidor y corte del servicio de agua asignados a la cuenta 01-065-0252-00, las autoridades responsables Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Encargado de Cortes y Reducciones de la Zona Comercial Número 03 de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y Subrecaudador de Rentas Adscrito a la Zona Número 03 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, al rendir sus informes justificados negaron la emisión de los actos reclamados. La parte quejosa no aportó prueba que desvirtúe dicha negativa, por lo que no se acreditó la existencia de los actos reclamados imputados a las citadas autoridades responsables; por tal motivo, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 310, publicada en la página doscientos nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, tomo VI, Materia Común editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuye, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Existencia del acto reclamado. Debe tenerse por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jefe de Zona 03 de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, no obstante que al rendir su respectivo informe justificado haya negado su existencia, sin embargo, del contenido del mismo, se advierte que justifica la legalidad de su actuar. Además, del oficio reclamado relativo a la cuenta 01-065-0252-00, de diecisiete de junio de dos mil veintidós, que exhibió la parte quejosa en su demanda de amparo, se desprende que quien emitió esa comunicación fue esa dependencia; de ahí la presente determinación de existencia de actos. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis visible en la página 391 Tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época (registro: 211004), que señala: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." SEXTO. Causales de improcedencia. Tratándose del ejercicio de la acción de amparo, sea que las partes lo aleguen o no, el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, la suscrita advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la primera hipótesis de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos. En ese sentido, es importante precisar el contenido del artículo 107 fracción I de la Constitución Federal, así como el 5º y 61 fracción XII, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Del primer precepto transcrito, se desprende el principio de instancia de parte agraviada, el cual consiste en que el juicio debe promoverse por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; en su segundo párrafo se advierte que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Sobre el tema, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital: 2019456, Tomo: Libro 64, Marzo de 2019 Tomo II, página 1598, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." De esa forma, del contenido del criterio jurisprudencial transcrito se aprecian los elementos constitutivos del interés jurídico como requisito de procedencia de los juicios de amparo: a) Que el quejoso acredite la existencia de un derecho subjetivo que se estime agraviado; y b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En la inteligencia de que, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo, en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo. El segundo numeral invocado señala que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, y prescribe además que puede promoverlo quien sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, que podrá pedirse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. El tercero de los preceptos legales citados toma como base para establecer la improcedencia del amparo la inexistencia del agravio personal y directo o colectivo, es decir, interpretando a contrario sensu la disposición legal contenida en la fracción XII, del artículo 61, del ordenamiento jurídico invocado, se infiere que para que proceda el juicio de amparo contra un acto de autoridad se requiere que éste afecte los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, es decir, que produzca un agravio al impetrante por sí o a la colectividad. Así, de la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos legales, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso, o bien su interés legítimo. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo, y que por perjuicio debe entenderse la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. El interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por tanto, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. El perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. En ese contexto, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso concreto, la parte quejosa comparece al juicio de amparo reclamando la emisión del oficio mediante el cual se le hace del conocimiento un presupuesto por concepto de derechos de conexión a los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, sobre la cuenta 01-065-0252-00, emitidos por el Jefe de Zona 03 de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Lo anterior es así, atendiendo a los conceptos de interés jurídico antes mencionados, pues para que proceda el juicio de amparo, debe acreditar la existencia de un derecho en su haber patrimonial o jurídico (interés jurídico), y por otra parte el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional en demanda del respeto a sus derechos, o en su defecto, que se afectó su esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo que no acontece en la especie, ya que la promovente del amparo, si bien, reclama la emisión del oficio mediante el cual se le hace del conocimiento un presupuesto por concepto de derechos de conexión a los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario; sin embargo, se dice que en el presente caso no se afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues del contenido de los documentos que anexa a su demanda de amparo, se advierte que en el oficio sólo se da a conocer un presupuesto por concepto de derechos de agua, sin embargo, no se observa que obre apercibimiento de sanción o consecuencia legal alguna en caso de incumplimiento, mucho menos que se le prive de derecho fundamental alguno en esos actos de autoridad. En síntesis, se advierte que únicamente se trata de un presupuesto por aquel concepto de agua, por lo que tal determinación no resulta ser vinculatoria, ya que no existe apercibimiento o sanción alguna descrita en caso de no aceptar dicha invitación, mucho menos, insístase, de su contenido se advierte que se prive derecho constitucional alguno de la moral quejosa, pues, recuérdese, para la procedencia del juicio constitucional se requiere que exista de manera clara una afectación real y actual en la esfera jurídica de derechos del promovente, lo cual, en el caso no aconteció. En efecto, en dicho documento solamente se convoca al gobernado a efectuar determinada acción, sin establecer sanción alguna para el caso de incumplimiento, por lo cual, dicho oficio, en realidad, constituye una comunicación, que no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica del gobernado al no establecer un requerimiento so pena de determinada sanción y, por ende, no causan perjuicio al interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es decir, no constituye una resolución de carácter definitivo, cuyo objetivo principal sea la supresión, revocación o menoscabo del servicio o derechos de la moral impetrante, lo cual, no implica una violación de algún derecho por parte de la autoridad responsable, máxime que, se insiste, no se advierte algún apercibimiento realizado en contra la de moral quejosa que tenga por objeto afectar su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 149/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias Administrativa, Novena Época, Tomo XVII, Enero de 2003, página 522, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "RENTA. LAS "CARTAS INVITACIÓN" EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO CONSTITUYEN EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. Los oficios o "cartas invitación" emitidos por la Administración Central de Programas Especiales del Servicio de Administración Tributaria mediante los que se comunica al contribuyente, que tiene trabajadores y empleados a su servicio, la obligación derivada del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto a la determinación del subsidio acreditable contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y en los cuales se indica que en la contradicción de tesis 97/2000-SS (jurisprudencia 2a./J. 19/2001) la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto de dicho subsidio, deben incluirse las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados, no generan un perjuicio al contribuyente traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ello es así, porque con dichos documentos solamente se le comunica al contribuyente la jurisprudencia de este Alto Tribunal, en cuanto a la inclusión de las cuotas patronales mencionadas para determinar el subsidio acreditable, convocándolo a corregir su situación fiscal si incurrió en la omisión de no considerar tales cuotas, y si bien se le indica que una vez regularizada su situación fiscal, se proporcione a la autoridad fotocopia de las declaraciones presentadas en las que conste el pago de las diferencias dentro de un plazo no mayor a quince días, no se establece sanción alguna para el caso de incumplimiento, por lo cual, dichas cartas, en realidad, constituyen un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trascienden de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente y, por ende, no le causan perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo." De ahí que, como se desprende del texto del numeral 5 fracción I, de la Ley de Amparo, únicamente tiene legitimación para acudir al juicio constitucional la persona física o moral que alegue que el acto que se reclama produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, en virtud a que la figura jurídica de la legitimación está íntimamente ligada con el interés jurídico que corresponde a quien acude en demanda de la protección federal, mismo que debe ser acreditado por el peticionario del amparo y que consiste en demostrar haber sufrido un perjuicio por el acto de autoridad de que se queja, ya que, de otra suerte, su acción constitucional sería improcedente. En resumen, para acudir al juicio de amparo, es insuficiente que exista en acto informativo de autoridad, que según la apreciación del particular, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal, pues es necesario que se acredite que dicha conducta afecta la esfera de derechos subjetivos de la accionante de la instancia constitucional. Es aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, página 225, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En efecto, como lo establece el citado criterio, la tutela del derecho solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos y las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, sin dejar de observar que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, pues no puede inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección constitucional, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, que dice: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, al no haberse acreditado que el acto reclamado cause perjuicio a la parte quejosa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados, al actualizarse lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento. Similares consideraciones sustentó el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del amparo en revisión 553/2021, de su índice, derivado del juicio de amparo 901/2020, de la estadística de este órgano jurisdiccional. Cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento de mérito, esta juzgadora está impedida para analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaria supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto, y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Silvia Leticia Figueroa y Ramírez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables y por los motivos precisados en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando séptimo. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y se ordena al Secretario de Juzgado supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. En cumplimiento a la presente resolución, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Mexicali, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ******************** autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, mediante el cual, exhibe vía electrónica el comprobante de pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintidós, lo anterior, de conformidad con los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, en relación a lo previsto en el artículo 3, fracción VI1, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, para dar cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en veintisiete de julio de dos mil veintidós, por lo cual, este órgano jurisdiccional toma nota, para los efectos legales correspondientes.
- Incidental
Mexicali, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Enrique Tamez Pedroza, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, mediante el cual, exhibe vía electrónica el comprobante de pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de octubre de dos mil veintidós, lo anterior, de conformidad con los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, en relación a lo previsto en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, para dar cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en veintisiete de julio de dos mil veintidós, por lo cual, este órgano jurisdiccional toma nota, para los efectos legales correspondientes.
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