Silvia Leticia Buenfil Cabrera

Expediente 93/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
93/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Silvia Leticia Buenfil Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJOS. Toda vez que no existe objeto alguno para que sigan permaneciendo en este Juzgado los tres legajos que se ordenaron formar en autos de siete y diez de febrero, y dos de mayo de dos mil veintitrés con las constancias remitidas por el Fiscal Coordinador Adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con residencia en esta ciudad y el Juez del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con residencia en Tekax de Álvaro Obregón, Yucatán, en consecuencia, devuélvase a las referidas autoridades, sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que recibieron dichos legajos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 93/2023-III, promovido por *****, contra actos atribuidos al Fiscal Investigador Adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con sede en Mérida, Yucatán -en su correcta denominación-; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El diez de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se recibió demanda de amparo presentada por S*****, sucesivamente parte quejosa, contra actos atribuidos al Fiscal Investigador Adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con sede en Mérida, Yucatán, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. Ese mismo día, por razón de turno, se recibió la demanda en este Juzgado; por lo cual, en auto de once posterior, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 93/2023. Se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió el informe con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclama un acto en materia penal el cual se ejecutó dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisan el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hace consistir en: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Fiscal Coordinador Adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con sede en Mérida, Yucatán. El acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés, en el cual se niega la expedición de copias al no tener la calidad de víctima en la carpeta de investigación C1/**/2022. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Fiscal Coordinador Adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con sede en Mérida, Yucatán, aceptó la existencia del acuerdo reclamado. Por lo anterior, ya que tales manifestaciones constituyen una confesión en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debe concluirse que sí existe dicho acuerdo. Máxime que del análisis a la constancias remitidas por el Fiscal responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del código citado, se advierte que se remitió copia certificada del acuerdo reclamado (legajo II). CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal. Ello, pues se hizo dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa fue notificada el cuatro de enero de dos mil veintitrés, lo que se corrobora con el oficio FEEC/UILECC-MII/03/2023 que obra en el legajo II, la cual surtió sus efectos al día siguiente en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así, sin tomar en cuenta los días inhábiles, la demanda de amparo se depositó el tercer día del plazo; esto es, el diez de enero de dos mil veintitrés, tal como se corrobora a continuación: (...) QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. En el caso, el juicio de amparo indirecto que se analiza se ubica en la hipótesis de procedencia que establece el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos emitidos por autoridades administrativas con facultades constitucionales y legales en la investigación de los delitos, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución. SEXTO. Causa de improcedencia. En el caso, el suscrito juzgador Federal, de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debido a que han cesado los efectos del acto combatido. El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La hipótesis legal contiene la cesación de efectos del acto reclamado. De manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. En otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Para demostrar lo anterior, es necesario conocer los antecedentes del acto reclamado, los cuales se extraen de las constancias remitidas por el Fiscal responsable y con las que se formaron los legajos II y III, de las que se advierte: (...) En el caso, el reclamo de la parte quejosa consiste en el acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación C1/**/2022, en el cual, el Fiscal Coordinador Adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con sede en Mérida, Yucatán, negó la expedición de copias cotejadas de la aludida indagatoria. Lo anterior, bajo el argumento de no estar legitimada para hacer una solicitud de tal naturaleza, al no contar con calidad de parte procesal, fue sustituido procesalmente por la determinación dictada en el cuadernillo **/2023 por el Juez del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que, determinó dejar sin efectos la audiencia de control en virtud de que **** carece de personalidad para realizar dicha promoción y por consiguiente para fijar audiencia. Es así, porque que la resolución que dejó sin efectos la audiencia de control, es la que actualmente rige, de ahí que se estime que ha operado la cesación de sus efectos por sustitución procesal, porque la resolución en comento, remplazó a los actos motivo de reclamo constitucional, esto es la negativa de expedición de copia cotejada de la carpeta de investigación. Por tanto, los actos reclamados en esta instancia constitucional han dejado de tener efectos jurídicos propios, pues ha sido sustituido procesalmente. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Con base en lo expuesto, el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés (auto que deja sin efectos audiencia de control), genera el efecto de que dicha determinación sustituya procesalmente a la impugnada en el presente juicio de amparo, y por ende, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que una resolución queda sustituida procesalmente por otra, cuando los efectos jurídicos de la primera no pueden surtir efectos, en virtud de la existencia de una diversa determinación emitida con posterioridad, como en el caso acontece, y en ese sentido, al sustituirse procesalmente el acto impugnado, deja de tener efectos legales propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, página: 841, del rubro y texto siguientes: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa para que amplíe su demanda, toda vez que, tal como lo indicó en su escrito de agravios y de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que *****, promovió diverso juicio de amparo 1277/2023 del índice de este Juzgado de Distrito, en el que señaló como acto reclamado el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés (auto que dejó sin efectos la audiencia de control judicial), dictado por el Juez del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Tekax de Álvaro Obregón, Yucatán, en el expedientillo */2023. Por consiguiente, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******, contra los actos que se reclaman al Fiscal Coordinador Adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad -en su denominación correcta-, consistentes en el acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés, en el cual se negó la expedición de copia cotejada de la carpeta de investigación C1/39/2022, por las razones expresadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio enviado vía ordinaria por el Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Tekax, Yucatán, mediante el cual remite las constancias que se le solicitaron mediante acuerdo de dos de mayo de la presente anualidad, en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicha documentación y hágase relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio enviado vía telegráfica por el Juez del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Tekax, Yucatán, mediante el cual informa sobre la resolución que recayó al expedientillo 3/2023, de su índice señalando que remite por la vía ordinaria copias debidamente certificadas de las constancias conducentes, mismas que le fueran solicitadas por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés. Por lo tanto, estese a la espera de las constancias que refiere la autoridad en cita. Finalmente agréguese el oficio signado por el Director Jurídico de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, mediante el cual hace del conocimiento el contenido del oficio ******************** de fecha veintiocho de abril del año en curso, con el cual se remitió la carpeta de investigación ********************, a la Fiscalía General del Estado, a fin que turne dicha indagatoria a la Unidad de Investigación y Litigación Competente; tómese nota de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Sofía Stael Chan Nahuat, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

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