Silvia León Medel
Expediente 1209/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Silvia León Medel
- SILVIA LEÓN MEDEL y Otros.
Actuaciones
- Incidental
Por lo expuesto y además con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo: S E R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por XXXXX, contra los actos y autoridades precisadas en el último considerando por las razones y fundamentos ahí expuestos.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Escrito de demanda signado por Silvia León Medel. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1209/2019. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, del análisis oficioso que se realiza a la demanda de amparo debe decirse que ésta debe desecharse parcialmente, por lo que se procede a efectuar el análisis respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Precisado lo anterior, tenemos que el quejoso reclama como actos: La privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. La integración de la carpeta de investigación CDI XXXXX/2019/UF. La puesta a disposición ante los Juzgados de Control. De modo que respecto del acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación CDI 3258/2019/UF, este órgano de control constitucional, de oficio, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6° todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: [...] En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar parcialmente la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° del mismo ordenamiento legal en cita, respecto de los actos reclamados consistentes en la integración de la carpeta de investigación en contra de la quejosa. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, por cuanto hace a los restantes actos reclamados se admite a trámite la demanda de amparo que promueve XXXXX, por su propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por separado y duplicado tramítese el incidente de suspensión. Dése a la Representación Social de la adscripción la intervención que le compete. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose, que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Se fijan las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requiérase a la autoridad responsable, para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacerlo así al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, conforme a la actualización publicada el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero siguiente. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a la autoridad responsable que está en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrá adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o al número de fax 01 222 303 72 00 extensión 1856, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado. Se apercibe a la autoridades responsable, que no cumplir con esa obligación con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero pasado, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Ahora, se requiere a la autoridades responsable, para que en el supuesto de aceptar el acto reclamado, en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación correspondiente, informen el último domicilio particular que tengan registrado de la víctima u ofendido, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá multa consistente en cincuenta días de salario mínimo, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto señalado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existen con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de la responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Sin embargo, no se impide a la parte quejosa que hasta antes de que se resuelva este asunto, aclare o corrija la denominación de la autoridad que se deje de tener como responsables. Asimismo, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme a su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la casa 2104 de la calle 41 Sur, colonia Belisario Domínguez de Puebla Capital, por tener autorizados los cuales están en posibilidad de consultar el presente juicio. Se tiene por autorizados en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Adriana González Franco y Fabián Gómez y González, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos
- Incidental
TRAMITESE EL INC. DE SUSP. PIDASE A LAS AUT. RESP. RINDAN SU INF. PREVIO. SE FIJAN PARA LA CELEBRACION DE LA AUD. INC. LAS 09:20 HRS. DEL 24/DICIEMBRE/2019. SE REQUIERE A LAS AUT. RESP. DEN CUMPLIMIENTO A LO QUE SE INDICA. ... SE NIEGA LA SUSPENSION PROVISIONAL... SE LE TIENE SEÑALANDO DOMICILIO Y AUTORIZANDO A LAS PERSONAS QUE MENCIONA PARA LOS FINES QUE INDICA. SE FACULTA AL ACTUARIO PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN EL PRESENTE INCIDENTE EN DIAS Y HORAS INHABILES. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LAS AUTORIDADES QUE TENGAN EL CARACTER DE TERCERAS PERJUDICADAS QUE EN EL PRESENTE JUICIO UNICAMENTE LES SERAN NOTIFICADAS POR MEDIO DE OFICIO EN SU RESIDENCIA OFICIAL, LAS DETERMINACIONES QUE POR SU IMPORTANCIA DEBAN NOTIFICARSE CON LAS REGLAS DE AQUELLAS QUE DEBAN SER PERSONALES Y LAS RESTANTES NOTIFICACIONES SE LES NOTIFICARAN POR MEDIO DE LISTA. COMO LO SOLICITA LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 278 Y 279 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE LA MATERIA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU ARTICULO 2, EXPIDANSE LAS COPIAS CERTIFICADAS QUE SOLICITA, PREVIA TOMA DE RAZÓN Y FIRMA DE RECIBO QUE SE DEJE EN AUTOS, AUTORIZANDO PARA RECOGERLAS A LAS PERSONAS QUE INDICA, QUIENES DEBERÁN IDENTIFICARSE A SATISFACCIÓN DE ESTE JUZGADO.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Escrito de demanda signado por Silvia León Medel. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1209/2019. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, del análisis oficioso que se realiza a la demanda de amparo debe decirse que ésta debe desecharse parcialmente, por lo que se procede a efectuar el análisis respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Precisado lo anterior, tenemos que el quejoso reclama como actos: La privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. La integración de la carpeta de investigación CDI XXXXX/2019/UF. La puesta a disposición ante los Juzgados de Control. De modo que respecto del acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación CDI 3258/2019/UF, este órgano de control constitucional, de oficio, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6° todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: [...] En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar parcialmente la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° del mismo ordenamiento legal en cita, respecto de los actos reclamados consistentes en la integración de la carpeta de investigación en contra de la quejosa. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, por cuanto hace a los restantes actos reclamados se admite a trámite la demanda de amparo que promueve XXXXX, por su propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por separado y duplicado tramítese el incidente de suspensión. Dése a la Representación Social de la adscripción la intervención que le compete. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose, que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Se fijan las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requiérase a la autoridad responsable, para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacerlo así al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, conforme a la actualización publicada el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero siguiente. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a la autoridad responsable que está en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrá adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o al número de fax 01 222 303 72 00 extensión 1856, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado. Se apercibe a la autoridades responsable, que no cumplir con esa obligación con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero pasado, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Ahora, se requiere a la autoridades responsable, para que en el supuesto de aceptar el acto reclamado, en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación correspondiente, informen el último domicilio particular que tengan registrado de la víctima u ofendido, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá multa consistente en cincuenta días de salario mínimo, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto señalado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existen con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de la responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Sin embargo, no se impide a la parte quejosa que hasta antes de que se resuelva este asunto, aclare o corrija la denominación de la autoridad que se deje de tener como responsables. Asimismo, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme a su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la casa 2104 de la calle 41 Sur, colonia Belisario Domínguez de Puebla Capital, por tener autorizados los cuales están en posibilidad de consultar el presente juicio. Se tiene por autorizados en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Adriana González Franco y Fabián Gómez y González, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos
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