Silvia Juliana Mejia Muriel
Expediente 938/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2023
Partes del expediente
- Marley Paola Ferreira Bravo
- Silvia Juliana Mejia Muriel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a las agraviadas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, el proveído de tres de febrero del año en curso, toda vez que no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se ordena notificarles por lista en los estrados de este juzgado el auto de tres de febrero del año en curso y las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto, señalen domicilio para ese efecto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/Akms
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ETRADOS DE ESTE JUZGADO A LOS QUEJOSOS SILVIA JULIANA MEJÍA MURIEL Y MARLEY PAOLA FERREIRA BRAVO, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DICTADO EN TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".."..Tijuana, Baja California, tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio1 y anexo de cuenta que remite el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado el auto de diez de enero del año en curso, remite copia certificada del expediente administrativo migratorio de las agraviadas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, de las que se advierte que se les otorgó documento provisional de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas y anexa constancias de salida, respectivamente. Ahora, tomando en consideración el estado que guarda el presente expediente, se advierte que no obstante haberse realizado una búsqueda ante la autoridad responsable, de las directamente agraviadas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Luis Carlos López Saavedra, no se logró su comparecencia. Lo anterior, pues mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado aceptó la competencia planteada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en el juicio de amparo 1876/2022, de su índice, y se declaró subsistente la suspensión de plano decretada en dicho expediente, por lo que hace a los actos consistentes en la 1) incomunicación, 2) tortura y malos tratos, 3) detención o privación de la libertad fuera de procedimiento, 4) orden de su deportación, expulsión o repatriación de las quejosas a su país de origen y 5) traslado, respecto de quienes el promovente Luis Carlos López Saavedra, indicó se encontraban detenidas en las Instalaciones del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. En la misma fecha, este juzgado facultó al fedatario de la adscripción para que requiriera al promovente a fin de que informara dónde podían ser localizadas las agraviadas, sin que hubiere desahogado tal requerimiento. Lo anterior, pues las constancias remitidas por el juzgado declinante, se obtuvo que la fedataria judicial adscrita al entonces Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, al constituirse en la citada estación migratoria, no encontró a las quejosas. Luego, en proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, se requirió al Titular del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, a fin de que informara algún domicilio en el cual pudieran ser localizadas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo. En ese tenor, no obstante de haber agotado los medios de localización de las directamente agraviadas ante la autoridad señalada como responsables y por medio de su promovente del juicio de amparo, no se logró su comparecencia para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor; por tanto, en atención a lo anteriormente señalado y al estado que guarda el presente expediente, en el caso procede desechar la demanda promovida a favor de Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, por las siguientes consideraciones. Al respecto, la fracción I del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Por ende, si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, en el caso, al no existir la voluntad de quienes aparecen como directamente agraviadas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, pues de autos se advierte que no existe dato alguno de que en este momento se encuentren detenidas en las instalaciones de la autoridad responsable como inicialmente lo señaló el promovente, pues únicamente se advierte que tenían conocimiento que fueron detenidas por autoridades migratorias el veinte de noviembre de dos mil veintidós, aunado a lo informado por el Titular de la Oficina de Representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, en el sentido de que las agraviadas se encuentra en libertad desde el veinte de noviembre de dos mil veintidós - día en que presentaron su demanda de amparo-, es dable colegir que en caso no hay instancia de parte agraviada, por consiguiente, debe considerarse que los actos que se contienen en el escrito de demanda no afectan los intereses jurídicos de la parte quejosa, puesto que no se logró su comparecencia para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda intentada a su favor por terceras personas. Establecido lo anterior, en atención a la falta de manifestación expresa de haber sido sometidas a algún procedimiento migratorio y no haber podido ser localizadas para que señalaran si ratificaban o no el escrito de demanda promovida a su favor y, como consecuencia de ello al no existir instancia de parte agraviada, este Juzgador estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que la hipótesis antes precisada respecto de las directamente agraviadas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, surge previo a la admisión de la demanda de amparo, no se surte la posibilidad de proveer sobre éste y dar inicio al juicio de amparo, ante la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio; por lo que al carecer precisamente de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quien aparece como promovente una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, constitucional; en consecuencia, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda de amparo, presentada a favor Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo. Cabe destacar que en el caso, no se señaló como actos reclamados la desaparición forzada de personas y, que el supuesto en el que se encontraban Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo al parecer a disposición de las autoridades migratorias, no se actualiza, puesto que como señaló la propia autoridad, las quejosas se encontraba en libertad el día de la presentación de la demanda de amparo. Sin que se inadvierta que el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio cuando se desista el quejoso de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento; sin embargo, se estima que tal hipótesis se actualiza una vez que el juicio de amparo ha sido admitido, por tanto iniciado conforme al artículo 115 de la ley de la materia, esto es, haber señalado fecha de audiencia constitucional y requerir el informe justificado respectivo al correr traslado a las partes con la demanda, lo cual en el caso no acontece. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese personalmente..".
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexo de cuenta, que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante los cuales, remite sin diligenciar el exhorto electrónico 605/2022, número de orden 605/2022, girado en el juicio de amparo 1876/2022, de su índice. Ahora, toda vez que mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se reservó a acordar sobre la competencia planteada, hasta en tanto obrara el resultado de la referida comunicación, se procede a proveer en los siguientes términos: En ese tenor, tomando en consideración que en proveído de veinte de noviembre del año en curso, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata por razón de territorio, toda vez que se advirtió que el acto reclamado tiene ejecución material en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en los dispuesto por el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional acepta el conocimiento del juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por artículo 126 de la Ley de Amparo, subsiste en los términos ordenados la determinación dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en relación con la suspensión de plano otorgada a las directamente agraviadas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, contra los actos reclamados consistentes en: 1) incomunicación, 2) tortura y malos tratos, 3) detención o privación de la libertad fuera de procedimiento, 4) orden de su deportación, expulsión o repatriación de las quejosas a su país de origen y 5) traslado; lo anterior, para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar en contra de las agraviados cualquiera de los actos precisados con anterioridad. En virtud de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS informen a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la suspensión decretada, debiendo remitir copia certificada, íntegra y legible de las constancias relativas, apercibidas que en caso de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización de esta fecha; ello, con independencia de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir con su conducta. Se hace de su conocimiento que dicho informe, así como cualquier oficio podrá enviarse vía electrónica a este Juzgado Federal -desde una cuenta de correo oficial-, a la cuenta de correo electrónico institucional 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de firma electrónica. Asimismo, se previene a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo que aquí se ordena podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;.. [.]" En ese orden, se hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibirlos, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el ordinal 245 de la ley de la materia. En ese sentido, se les requiere para que al rendir su informe expresamente indiquen su denominación correcta o, en su caso, las razones por las cuales la autoridad a la que se encuentre dirigido el oficio no existe; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Luego, toda vez que en la comunicación que se agrega en el presente acuerdo, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita al Juzgado de Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de notificar a las quejosas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, toda vez que le informaron que las referidas quejosa no se encuentran alojadas en las instalaciones de la Estación Migratoria, de esta ciudad. En consecuencia, se faculta a la persona Actuaria de este Juzgado para que se constituya en el domicilio procesal señalado por el promovente Luis Carlos López Saavedra, en su escrito inicial de demanda, a fin de que informe donde pueden ser localizadas las quejosas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo y requerirlas para que en el acto mismo de la notificación o bien dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por sí o a través de su legítimo representante, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo se tendrá por no presentada y quedará sin efecto la medida decretada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/Akms
- Principal
veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a Luis Carlos López Saavedra, promovente del amparo en favor de las agraviadas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, el acuerdo dictado (a) el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hechas la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexo de cuenta, que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante los cuales, remite sin diligenciar el exhorto electrónico 605/2022, número de orden 605/2022, girado en el juicio de amparo 1876/2022, de su índice. Ahora, toda vez que mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se reservó a acordar sobre la competencia planteada, hasta en tanto obrara el resultado de la referida comunicación, se procede a proveer en los siguientes términos: En ese tenor, tomando en consideración que en proveído de veinte de noviembre del año en curso, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata por razón de territorio, toda vez que se advirtió que el acto reclamado tiene ejecución material en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en los dispuesto por el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional acepta el conocimiento del juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por artículo 126 de la Ley de Amparo, subsiste en los términos ordenados la determinación dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en relación con la suspensión de plano otorgada a las directamente agraviadas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, contra los actos reclamados consistentes en: 1) incomunicación, 2) tortura y malos tratos, 3) detención o privación de la libertad fuera de procedimiento, 4) orden de su deportación, expulsión o repatriación de las quejosas a su país de origen y 5) traslado; lo anterior, para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar en contra de las agraviados cualquiera de los actos precisados con anterioridad. En virtud de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS informen a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la suspensión decretada, debiendo remitir copia certificada, íntegra y legible de las constancias relativas, apercibidas que en caso de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización de esta fecha; ello, con independencia de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir con su conducta. Se hace de su conocimiento que dicho informe, así como cualquier oficio podrá enviarse vía electrónica a este Juzgado Federal -desde una cuenta de correo oficial-, a la cuenta de correo electrónico institucional 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de firma electrónica. Asimismo, se previene a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo que aquí se ordena podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;.. [.]" En ese orden, se hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibirlos, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el ordinal 245 de la ley de la materia. En ese sentido, se les requiere para que al rendir su informe expresamente indiquen su denominación correcta o, en su caso, las razones por las cuales la autoridad a la que se encuentre dirigido el oficio no existe; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Luego, toda vez que en la comunicación que se agrega en el presente acuerdo, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita al Juzgado de Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de notificar a las quejosas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo, toda vez que le informaron que las referidas quejosa no se encuentran alojadas en las instalaciones de la Estación Migratoria, de esta ciudad. En consecuencia, se faculta a la persona Actuaria de este Juzgado para que se constituya en el domicilio procesal señalado por el promovente Luis Carlos López Saavedra, en su escrito inicial de demanda, a fin de que informe donde pueden ser localizadas las quejosas Silvia Juliana Mejía Muriel y Marley Paola Ferreira Bravo y requerirlas para que en el acto mismo de la notificación o bien dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por sí o a través de su legítimo representante, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo se tendrá por no presentada y quedará sin efecto la medida decretada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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