Silvia Judith Alba Miranda

Expediente 100/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
100/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Silvia Judith Alba Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda que le dio origen.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese la razón mediante la cual el Actuario Judicial de la adscripción manifiesta su imposibilidad para notificar personalmente a la quejosa el acuerdo de dos de marzo del presente año, por las razones que expone; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícese la notificación de esa determinación por medio de lista. Notifíquese por lista a la impetrante el auto de dos de marzo del año en curso ACUERDO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintiuno. Radicación Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, al que adjunta el juicio de amparo directo 584/2020 formado con motivo de la demanda promovida por Silvia Judith Alba Miranda, el informe justificado del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Tlalnepantla, Estado de México, así como el cuaderno de amparo 24/2020; toda vez que por acuerdo de quince de noviembre del año pasado el titular de ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del ocurso constitucional; fórmese expediente con el número 100/2021-III que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. Al respecto, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 45 de la Ley de amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Desechamiento Resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61 , por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Sentado lo anterior, conviene acotar que la quejosa señala como actos reclamados: a) La resolución dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veinte en el juicio ordinario mercantil 103/2013, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la demandada -aquí agraviada- contra el auto de cinco de febrero de esa anualidad, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en ese expediente. b) La omisión de proveer sobre la demanda de amparo directo presentada contra el acuerdo que inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en el proceso mercantil de origen. Una vez analizada en su totalidad la demanda en cuestión, se advierte que, por lo que hace a la interlocutoria resumida en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario2 , por no ser la última resolución emitida en la etapa de ejecución del juicio ordinario mercantil 103/2013. Conforme a los preceptos invocados, el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo, así como las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa; además, si la acción constitucional intentada versa sobre remates, únicamente podrá promoverse contra la última resolución, que es la que indistintamente ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Así quedó establecido en la jurisprudencia P./J. 32/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , de contenido: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En el caso, la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el acuerdo de cinco de febrero del año pasado, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil 103/2013, no puede considerarse como la última resolución dictada en ejecución de sentencia, por el contrario, el auto que declara que una resolución ha quedado firme sólo tiene por objeto informar a las partes que precluyó su derecho para recurrirla, esto es, se trata de un acto de naturaleza informativa que se dicta después de concluido el juicio. Bajo esa óptica, es evidente que el acto combatido no encuadra dentro de la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo para ser examinado aisladamente en el juicio de amparo biinstancial, toda vez que los perjuicios que pudiera irrogar a la amparista la determinación reclamada podrán ser combatidos mediante amparo indirecto cuando en el expediente de origen se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones que, habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa durante la referida fase ejecutiva y hubieren trascendido al resultado de la determinación. Cabe acotar que la interlocutoria impugnada de modo alguno afecta derechos sustantivos de la inconforme, porque, como se dijo, la resolución dictada en el recurso de revocación sólo infringe derechos adjetivos; de igual forma, no se trata de alguno de los casos de excepción a la regla, entre otros, arresto, resoluciones de incidentes de liquidación o aquellos actos que gozan de autonomía propia, pues en el caso concreto esa resolución, de manera implícita, tiene como efecto que quede subsistente el auto que declaró como cosa juzgada la sentencia definitiva emitida en el proceso de origen. Este juzgador no desatiende el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 83/20014 de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR TRATARSE DE UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO.", puesto que los temas dilucidados en la ejecutoria que le dio origen consistieron en determinar qué tipo de resolución es el auto en el que se declara que una sentencia ha causado ejecutoria, qué debe entenderse por juicio para efectos del amparo y cuál es el juicio de amparo procedente (si el directo o indirecto); empero, pese a que el auto que declara firme una sentencia debe combatirse por la vía indirecta (por emitirse una vez concluido el juicio), en este caso esa determinación no constituye la última en la etapa de ejecución, porque no es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco ordena el archivo definitivo del expediente. De igual forma se torna improcedente la acción de amparo intentada contra el diverso acto reprochado, consistente en la omisión de proveer sobre la demanda de amparo directo que presentó la amparista contra el acuerdo que inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario mercantil 103/2013, al tenor de lo estipulado en el numeral artículo 61, fracción IX, de la ley reglamentaria, en razón de que ello deriva de la tramitación de un juicio de amparo. La disposición legal invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos (incluidas las omisiones) derivadas de los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, dado que dicha disposición fue contemplada por el legislador en atención a que sería un contrasentido ejercer un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad. Resulta ilustrativa la tesis II.2o.C.48 K del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito5 , que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." Cabe acotar que la causa de improcedencia que se estudia no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada con motivo del juicio de amparo, inmerso en él, ya sea el auto admisorio de demanda, suspensión o cualquier otro auto de tramitación, incluso una omisión, como la que se estudia en el caso concreto, pues no deja de ser un acto - aunque de carácter omisivo- derivado de un juicio constitucional. Además, debe decirse que el juicio constitucional no es la vía idónea para controvertir y, por consiguiente, decidir acerca de si existió o no desacato a la obligación impuesta a la autoridad responsable de remitir al tribunal colegiado correspondiente la demanda de amparo directo presentado por la aquí agraviada, pues ello es propio del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas a lo largo de esta determinación, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Silvia Judith Alba Miranda, con fundamento en el numeral 113 de la normatividad de la materia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Domicilio y autorizados Tomando en consideración que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez, Estado de México), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se autorizan a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Expediente electrónico Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" En términos del artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea"

  3. Principal

    ... Notifíquese personalmente a la quejoso en el domicilio señalado en su demanda...

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