Silvia Iturbe Olivares
Expediente 449/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Silvia Iturbe Olivares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Este expediente es susceptible de ser conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se sobreseyó y concedió la protección constitucional. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. En atención al estado que guardan los autos y al estudio de las constancias relativas a cumplimentar el fallo amparador, este juzgado realiza el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a ********** y/o **********, la que causó ejecutoria el treinta de junio siguiente y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, mediante oficio con registro 8894, la apoderada legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informó que el treinta de junio pasado emitió el cheque 132403493, por la cantidad de $85,056.04 (ochenta y cinco mil, cincuenta y seis pesos 04/100 moneda nacional) a favor de ********** y/o **********, a efecto de pagar la pensión por jubilación conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número CP/62518/20. Documentales que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Así las cosas, es evidente que ya se acató puntualmente el fallo protector, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de la materia se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023 del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de julio de dos mil veintitrés. Téngase a la apoderada legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibido que de no formular pronunciamiento alguno, este juzgado de Distrito tomará en consideración las constancias de mayor relevancia que obran en el juicio de amparo y resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se titula: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 449/2023-IV, promovido por *********, por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial y por la responsable al rendir su informe de ley. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 449/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades. II. En proveído del catorce de abril pasado, este juzgado federal admitió a trámite la demanda, la registró con el número 449/2023-IV, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de abstención de autoridad administrativa, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La omisión de realizar el pago de pensión por jubilación aceptada por la quejosa el diez de febrero del presente año. Tercero. En principio, es menester destacar que los actos omisivos, en atención a su naturaleza jurídica, implican una abstención o no hacer de la autoridad responsable. Por ello, para estar en aptitud de determinar su certeza o inexistencia, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad a fin de establecer si existe o no la obligación de actuar en la forma que indica la peticionaria del amparo; pues de lo contrario, se llegaría a la conclusión errónea que cualquier omisión reclamada fuera cierta, sin que se considere la exigencia objetiva de que debe obrar en un sentido específico. En efecto, omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa Así las autoridades responsables Presidente y Comité de pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto de su representante legal, al rendir su informe de ley, negaron la existencia del acto reclamado, manifestando que no es el órgano facultado para realizar el pago de pensión por jubilación aceptado por la quejosa, mediante el escrito de diez de febrero del presente año. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto por lo que respecta a las responsables Presidente y Comité de pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dado que no es jurídicamente posible atribuir a dichas autoridades la omisión reclamada por la quejosa, pues no está dentro de sus facultades realizar el pago a la solicitud correspondiente. Cuarto. El Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe aceptó tácitamente la existencia del acto reclamado, por tanto, se tiene por cierto. Quinto. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia o sobreseimiento que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualizan causas de improcedencia en el asunto de mérito, toda vez que las dos autoridades que las invocaron negaron los actos y se tuvieron por inexistentes, por lo que se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. Sexto. Son fundados los conceptos de violación. En la especie la parte quejosa se duele de la omisión del Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de realizar el pago de pensión aceptada por la quejosa el diez de febrero del presente año, insiste la promovente que dicha omisión violenta su esfera jurídica de manera irreparable pues es su medio de subsistencia. Lo cual resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por ser pensionada la recurrente y acorde a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación en la tesis 2ª. XCV/2014 (10a), de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS". Debe destacarse que la pensión constituye un derecho fundamental de seguridad social, consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), Constitucional, que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (...) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (...) XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte." El precepto constitucional trascrito, contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, también prevé el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Ahora, el derecho a recibir una pensión por jubilación constituye uno de los propósitos fundamentales del principio de la previsión social. Por consiguiente, se puede concluir que los pensionados, tienen el derecho constitucional a recibir una pensión que les permita vivir, pero además, que ese derecho no es sólo una prerrogativa más, sino que debe atender a parámetros específicos como son la vida digna y el derecho a un mínimo vital. Ahora bien, en este apartado debe enfatizarse que los derechos humanos destacados, en función de una pensión, no sólo se respeta a través de proveer al pensionado de una cantidad para que haga frente a las necesidades que pueda tener como individuo en la vejez, y de conformidad con lo que haya cotizado durante su vida laboral activa, y conforme a las reglas y tabuladores que para ello existe en el ámbito administrativo, sino que por ello, el Estado, como garante de la subsistencia del pensionado, debe entregar y cubrir en tiempo la pensión digna, para no hacer ilusorios los derechos humanos referidos. Ello, porque el pensionado depende del pago de su pensión, para satisfacer sus necesidades mediatas e inmediatas, y al no pagársele en el tiempo en que se debe hacerlo, conforme al calendario de pagos previamente establecido, queda en estado de vulnerabilidad, al no poder adquirir lo más necesario para subsistir, como son los alimentos, ni hacer frente a los compromisos económicos adquiridos, como son el pago de servicios, de vivienda, tampoco puede acceder a servicios de salud y de educación, menos a un medio ambiente sano y sustentable, que le permita vivir dignamente. Una vez expuestas las anteriores premisas, queda evidenciado que el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ha omitido realizar las gestiones administrativas correspondientes para realizar el pago de la pensión por jubilación a la que tiene derecho la quejosa, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número CP/62518/20, del quince de marzo de dos mil veinte, retrasando injustificadamente dicho pago de pensión; lo cual, indudablemente, constituye una violación a los derechos humanos de dignidad humana y del mínimo vital. Lo anterior, porque durante el tiempo en que no ha recibido su pago de pensión, carece de los medios para la plena satisfacción de todas sus necesidades básicas, en virtud de su dignidad como ser humano, lo cual, no se subsana únicamente con el pago posterior o tardío de tales pensiones, ya que ello no retribuye en nada las molestias, problemas y obstáculos que una persona debe enfrentar para subsistir hasta en tanto el pago acontece. Por tanto, el Estado, a través de la autoridad responsable, incumplió con la obligación de garantizar tales derechos humanos, porque a él, se reitera, le corresponde asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que adquirió la pensionada aquí quejosa a recibir el pago de una pensión, la que debe ser realizada en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna, a este despliegue estatal se le conoce como obligación estatal de garantía y se traduce en la obligación del Estado a través de esos entes públicos de mantener el disfrute del derecho, pero además también el mejorarlo y restituirlo en caso de violación. En efecto, al restringirse el derecho de la peticionaria de amparo de recibir su pago de pensión en tiempo, se violan los derechos humanos invocados, ya que la pensión por jubilación, protege la dignidad de los pensionados y el derecho al mínimo vital, que comprende las satisfacciones necesarias para que ese retiro sea digno. Es aplicable, la tesis XV.3o.9 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 2361, del Libro 75, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2020, Décima Época, con registro 2021661, de título: "PENSIÓN JUBILATORIA. LA OMISIÓN RECURRENTE DE PAGARLA OPORTUNAMENTE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA DIGNIDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS JUBILADOS". Por esas razones, y ante lo fundado de los conceptos de violación, se impone conceder a la quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, serán los de obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo le exija, por lo que, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a la autoridad señalada como responsables dependiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), a realizar lo siguiente: De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias (con la autoridad que corresponda), a fin de que en el término de cinco días, compruebe a este juzgado federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por jubilación, le correspondan a Silvia Iturbe Olivares y/o Silvia Olivares Iturbe, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número CP/62518/20, en los términos establecidos en el mismo y debidamente actualizadas; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Para lo cual, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago de dicha pensión por jubilación, por lo que, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. En el entendido de que esta sentencia se tendrá por cumplida una vez que la autoridad responsable lleve a cabo el primer pago relativo a la pensión a la que tiene derecho la parte quejosa, en los términos establecidos; finalmente, lo informe a este juzgado remitiendo las constancias que lo acredite, sin que sea motivo del cumplimiento las sumas aritméticas que realice la responsable al respecto, ni la continuación de pagos de pensión posteriores. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***********, contra los actos reclamados al Presidente y Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Segundo. Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *************, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.
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