Silvia Iris Perez Mendoza

Expediente 966/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
966/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Silvia Iris Perez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan interponer recurso de revisión en contra de la resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, sin que hayan interpuesto dicho recurso. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 2 Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletorio a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se declara que causa estado la resolución de diecinueve de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 3 ??A???????????? respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, lo anterior acorde a lo dispuesto al artículo 21, inciso c) del acuerdo general relativo, y el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.1 sub punto 2, inciso a), del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 4 que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Silvia Iris Pérez Mendoza, por medio del cual solicita la devolución del original de la tarjeta de circulación con número de folio TA 1875281 y original de carta factura número 17080 que exhibió con la demanda de garantías que dio origen al presente juicio y autoriza para tales efectos a Delia Idemy Morales Pérez y/o Pamela Renata Dávila Portillo. En atención a lo anterior, como lo solicita la impetrante de garantías, se autoriza la devolución de los documentos originales a las personas que cita, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como una medida de seguridad para los justiciables y los servidores públicos ante la epidemia que vive el país, se hace saber a la quejosa Silvia Iris Pérez Mendoza, que se PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 5 ??A???????????? encuentra a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx, así como el número de fax 962 62 61 84 1 (en un horario comprendido de las ocho a las doce horas), a fin de coordinar fecha y hora para la diligencia y entrega de los documentos exhibidos. Asimismo, en preparación a dicha diligencia, una vez que se haya coordinado la fecha y hora referidos en el párrafo precedente, se instruye a la quejosa para que a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", posteriormente "Agenda OJ", realice la cita correspondiente a fin de que se encuentren en aptitud de comparecer ante este Juzgado Federal y se realicen las gestiones administrativas conducentes por parte del personal adscrito a este órgano jurisdiccional para su entrega el día y hora acordados. Lo anterior, en el entendido de que únicamente se permitirá el ingreso de la persona que generó dicha cita, y una más, la cual no estará exenta de registrarse al momento de presentarse en las instalaciones del edificio sede. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado correspondiente al Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Rezago número Cuatro, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña. Lo anterior, sin que resulte necesario hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante proveído de diecinueve de agosto del año en curso, se acordó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con motivo del desistimiento manifestado por la quejosa Silvia Iris Pérez Mendoza. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el pedimento firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por medio del cual formula alegatos y solicita se le expida copia certificada de la resolución que se dicte. Atento a su contenido, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el pedimento del representante social adscrito fue recibido en este órgano jurisdiccional a las catorce horas con seis minutos del veinticinco de agosto del presente año, esto es, posterior a la hora señalada para la audiencia incidental. En consecuencia, agréguese a los autos sin realizar mayor pronunciamiento respecto a los alegatos que formula el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por haber sido promovidos de manera extemporánea. Asimismo, como lo solicita la Representante Social de la Federación, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídasele copia certificada de la resolución incidental dictada en el presente asunto, previa razón que de su recibo se deje en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, ante la presencia de Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia incidental en el incidente de suspensión derivado del juicio de garantías 966/2022, promovido por Silvia Iris Pérez Mendoza, sin la comparecencia de las partes, ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: No. CONSTANCIAS FOJAS 1 COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO 1 a 8 2 SUSPENSIÓN PROVISIONAL 11 a 18 3 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 19 4 EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO 19 Asimismo, el Secretario certifica que: El Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento de su intención. Al efecto, la Jueza de Distrito acuerda: Visto lo de cuenta, se tiene por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Acto seguido, se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que únicamente fueron ofrecidas por la parte quejosa con el escrito de demanda. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Téngase por ofrecidas como pruebas las documentales exhibidas por la parte quejosa con el escrito de demanda, las cuales en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, y por tanto, se cierra dicho período. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y ante ese escenario se declara cerrada dicha fase. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número 966/2022. RESULTANDO: ÚNICO. Silvia Iris Pérez Méndoza, reclamó de la Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana adscrito a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, con sede en esta ciudad, el acto que hizo consistir en: La negativa de devolver el vehículo marca Chevrolet, modelo 2020, color negro, con número de serie LSGHD52H5LD098869, placas DNP-541-C del Estado de Chiapas, dentro de los autos del registro de atención 2513-089-501-2021. Asimismo, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que la autoridad responsable realice la devolución del vehículo asegurado. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada en los términos propuestos por la parte promovente, y por lo tanto, tal estudio abordará lo concerniente al acto reprochado frente a las consecuencias susceptibles de paralizarse. En ese sentido, cabe aclarar que se ajustarán los efectos de la medida suspensiva de trato, en aras de fijar la situación en que deberá de quedar el estado de las cosas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio principal. Máxime porque, como se precisará a continuación, los alcances de la suspensión tratándose del acto reclamado, se encuentran expresamente previstos en la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. CONSIDERANDO: ÚNICO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este Órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. A) INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable que a continuación se indica, negó la existencia del acto reclamado al rendir su respectivo informe previo, sin que a la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. AUTORIDAD RESPPONSABLE SENTIDO DEL INFORME PREVIO FOJA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA MESA DE REZAGO NÚMERO CUATRO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. NIEGA 25 Al respecto, es necesario precisar que dentro del informe previo rendido por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Rezago Número Cuatro, con sede en esta ciudad, se advierte que se formó el Registro de Atención número 2513-089-0501-2021, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el delito en materia de transporte público, en contra de la quejosa Silvia Pérez Méndoza y otro, en donde se puso a disposición el vehículo marca Chevrolet, tipo Aveo, modelo 2020, número de serie LSGHD52H5LD098869, placas DNP-541-C del servicio particular del Estado de Chiapas, y con fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, compareció la impetrante ante dicha representación social, acreditando la propiedad del citado automotor, sin exhibir ninguna constancia de permiso o concesión de transporte público que la acreditara como concesionaria, y hasta el momento no ha dado cumplimiento a dicho requisito, por lo que la unidad motriz se encuentra asegurada y continúa la investigación de los hechos. En ese sentido, lo procedente es desvirtuar la negativa de la autoridad responsable y tener por cierto el acto reclamado, tomando en consideración que el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Rezago Número Cuatro, con sede en esta ciudad, afirma que la quejosa compareció ante dicha representación social, en la que acreditó la propiedad del vehículo asegurado en el registro de atención número 2513-089-0501-2021, sin que haya exhibido ninguna constancia de permiso o concesión de transporte público que la acreditara como concesionaria, la cual fue le requerida y no ha sido exhibida, de tal forma que dichas manifestaciones conllevan una aceptación del acto reclamado consistente en la negativa de devolver el vehículo afecto al citado registro de atención. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice y analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, siempre y cuando la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, este órgano jurisdiccional considera que siendo el acto reclamado de naturaleza negativa, la concesión de esta medida suspensiva conlleva a ordenar a la autoridad responsable que realice la devolución del vehículo marca Chevrolet, modelo 2020, color negro, con número de serie LSGHD52H5LD098869, placas DNP-541-C del Estado de Chiapas, dentro de los autos del registro de atención 2513-089-501-2021, lo cual, en su caso, correspondería a los efectos que debería traer una sentencia estimatoria de la protección de la justicia federal en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, resultando en consecuencias nugatorias de esta última por agotarse invariablemente su objeto. DECISIÓN En relatadas consideraciones, procede negar la suspensión definitiva del acto reclamado, pues de lo contrario se le darían efectos restitutorios totales, los cuales coincidirían y son propios de la sentencia constitucional que se dicte en el juicio de amparo principal, en valoración de los planteamientos y pruebas de todas las partes. Aunado a lo anterior, tampoco resulta procedente conceder la medida cautelar, toda vez que el acto reclamado deriva de un registro de atención a cargo del Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Rezago Número Cuatro, con sede en esta ciudad, iniciado en contra de la quejosa Silvia Pérez Méndoza y otro, por el delito en materia de transporte público, cuyos hechos se continúan investigando. Por tanto, debe tomarse en consideración que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone los requisitos para conceder la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, y precisa expresamente que no serán objeto de suspensión la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. En ese sentido, se advierte que el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales clasifica el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial, cuyo objeto durante el desarrollo de ésta, es mantener el bien en el estado en que materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito. Además, respecto al aseguramiento de un vehículo, los artículos 236 y 237 del citado Código Nacional disponen lo siguiente: "Artículo 236. Objetos de gran tamaño. Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser videograbados o fotografiados en su totalidad y se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito." "Artículo 237. Aseguramiento de objetos de gran tamaño. Los objetos mencionados en el artículo precedente, después de que sean examinados, fotografiados, o videograbados podrán ser devueltos, con o sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito." De dichos preceptos, se colige que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público su devolución con o sin reservas después de realizadas las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito. Bajo ese contexto, en atención a la naturaleza del acto reclamado, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, pues con ello se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular. Sin que lo antepuesto implique soslayar los intereses de la parte quejosa en la presente incidencia, ya que en términos del artículo 139, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esta podrá modificarse y operar también con efectos restitutorios provisionales, cuando se cumplan las condiciones que prevén los artículos 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así quede demostrado en el incidente en que se actúa. Al respecto ilustra la tesis sostenida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital 2021675, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, página 1791, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DEVOLVERLO DERIVA DE LA EXISTENCIA DE DILIGENCIAS MINISTERIALES PENDIENTES. Conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, lo que converge con el esclarecimiento de los hechos, que es uno de los objetivos del proceso penal, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la misma Constitución. Por su parte, el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales catalogo el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial y su objeto, durante el desarrollo de ésta, es mantener el bien en el estado en que materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito. En este sentido, como el aseguramiento es de un vehículo automotor, los artículo 236 y 237 del citado Código Nacional prevén que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público su devolución con o sin reservas, después de realizadas las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito. Ahora, si el Ministerio Público niega la solicitud de devolución, porque faltan diligencias y/o actos de investigación que realizar, esta contestación forma parte de las circunstancias facticojurídicas que el órgano jurisdiccional de amparo debe ponderar como parte de la naturaleza del acto reclamado, al resolver sobre la suspensión provisional a petición de parte. En este orden, en atención a la naturaleza del acto reclamado, es improcedente conceder la suspensión provisional con los efectos restitutorios provisionales que prevé el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que el vehículo automotor asegurado sea entregado temporalmente al quejoso que acreditó su propiedad en la carpeta de investigación, si de los datos contenidos en la demanda de amparo y los documentos que la acompañan, se colige que el Ministerio Público negó su devolución porque existen diligencias ministeriales pendientes; pues de concederse la suspensión provisional con esos efectos, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular. Lo anterior no implica soslayar los intereses del quejoso en el incidente de suspensión, ya que la resolución de la suspensión provisional deberá tener efectividad como medida cautelar instrumental, en términos del artículo 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, para conservar la materia del juicio, impidiendo que el acto se consume irreparablemente; aunado a que, como lo dispone el párrafo segundo de ese precepto, podrá modificarse y operar también con efectos restitutorios provisionales, cuando se cumplan las condiciones que prevén los artículo 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así se demuestre en el incidente de suspensión, ante el órgano jurisdiccional de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto; se, RESUELVE: ÚNICO. Se niega a Silvia Iris Pérez Méndoza, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando único, inciso A) de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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