Silvia Irene Ortega Barajas

Expediente 368/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
368/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Jueza de Control Adscrita Al Juzgado Único de Oralidad Penal, En la Ciudad de Leon, Guanajuato, Perteneciente A la Cuarta Region Con Sede En Esta Ciudad
  • Silvia Irene Ortega Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, nueve de junio de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de dieciocho de mayo de la presente anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, respecto al periodo de su vigencia, indíquesele a la aludida parte que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Devolución de disco compacto. Toda vez que es innecesario permanecer con el disco compacto, allegado por la Encargada de Sala de la Sede León, del Juzgado de Oralidad de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José de Jesús Rodríguez Montiel, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 18 DE MAYO DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. I. Se agrega comparecencia de ratificación. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la comparecencia que antecede, de la que se advierte que fue presente en el local de este Juzgado la quejosa Silvia Irene Ortega Barajas, a efecto de ratificar el contenido del escrito de recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el doce de mayo del año en curso, así como la firma que lo calza; en atención a ello, se acuerda: II. Se desahoga prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito mencionado en el párrafo que antecede, a través del cual la quejosa desahoga la prevención formulada en autos, por consiguiente se acuerda: III. Fijación de la litis. Ahora, de una lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama medularmente lo siguiente: La determinación emitida en audiencia celebrada el tres de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal 1P2020/2421, del índice del Juzgado de Oralidad de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, en la que se determinó apartar al licenciado Mariano González Lara, de su cargo como defensor particular de la quejosa Silvia Irene Ortega Barajas, tras haberse admitido el acto de investigación solicitado por la Fiscalía, consistente en recabar la entrevista como testigo del aludido abogado. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." IV. Se desecha demanda de amparo. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En su demanda de amparo, la quejosa reclama esencialmente de la autoridad responsable, la determinación emitida en audiencia celebrada el tres de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal 1P2020/2421, del índice del Juzgado de Oralidad de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, en la que se determinó apartar al licenciado Mariano González Lara, de su cargo como defensor particular de la quejosa Silvia Irene Ortega Barajas, tras haberse admitido el acto de investigación solicitado por la Fiscalía, consistente en recabar la entrevista como testigo del aludido abogado. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual se cita a continuación: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Dado que contra dicho acto reclamado procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 465. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Se afirma lo anterior, toda vez que del numeral invocado se extraen dos exigencias esenciales de procedencia: a) resoluciones de mero trámite y b) resueltas sin sustanciación. Luego, del análisis de la clase de resolución emitida por la Juez de Control en su determinación de tres de mayo de dos mil veintiuno, nos permite arribar a la conclusión de que se trata de una determinación de mero trámite y sin sustanciación. El artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 3, fracción VII, 133, fracción I, 252, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén la figura del Juez de Control, quien actúa durante las fases preliminares al juicio oral, en diversas acciones, principalmente para ponderar el correcto y necesario desenvolvimiento de la función de la justicia penal, con la preservación de los derechos y garantías; además de valorar entre otras facultades la legalidad y legitimidad de la intromisión estatal en los derechos fundamentales, frente a las necesidades de la persecución penal. Es por ello que, parte de su labor jurisdiccional, está enmarcada al respeto de los derechos fundamentales en las fases procesales iniciales, y dentro de esta categoría se extrae la tutela de una garantía de defensa adecuada, que opera en favor del investigado en términos de lo establecido en el diverso 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 121. Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para designar un nuevo Defensor. Si prevenido el imputado, no se designa otro, un Defensor público será asignado para colaborar en su defensa. Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución. En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio." Así como en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se cita a continuación: ".Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y (.)" De igual forma, se destaca la limitante legal a este derecho constitucional, contenida en el artículo 119 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual se cita: "...Artículo 119. Inadmisibilidad y apartamiento En ningún caso podrá nombrarse como Defensor del imputado a cualquier persona que sea coimputada del acusado, haya sido sentenciada por el mismo hecho o imputada por ser autor o partícipe del encubrimiento o favorecimiento del mismo hecho." De lo anterior, se aprecia una facultad que posee el Juez de Control, para garantizar una defensa adecuada en favor del imputado, que de advertir en cualquier intervención además de ser evidente una deficiencia que comprometa el derecho sustantivo de defensa adecuada, o de apreciar que la persona que funge como Defensor sea computada del acusado, haya sido sentenciada por el mismo hecho o imputada por ser autor o partícipe del encubrimiento o favorecimiento del mismo hecho, el órgano jurisdiccional, ante esa convicción, sin mayor sustanciación, puede inadmitir la petición de designación de Defensor o, en su caso, apartar a este de su cargado al actualizarse alguno de los supuestos citados con antelación y prevenir al imputado para que designe otro defensor y en caso de no hacerlo, designar al defensor público; de ahí que sin hacer uso de una interpretación adicional o fundamento legal, es viable arribar a la misma conclusión respecto a la procedencia del recurso de revocación, por tratarse de una determinación de mero trámite en uso de las atribuciones de tutela de derechos que otorga la ley al juzgador y sin mayor sustanciación al advertirla durante el desarrollo de su actividad jurisdiccional. Lo anterior es así, puesto que por "resoluciones de mero trámite" a que se refiere el invocado artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe entenderse aquéllas en las no trastocan la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refiere al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio, es decir, omiten analizar cuestiones de fondo del asunto; aunado a que por la expresión "sin sustanciación", utilizada por el legislador en dicho precepto, debe entenderse que son las resoluciones emitidas de plano, por no existir en la norma procesal, una tramitación especial para su dictado. Lo anterior, lo determinó así la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 331/2019, en la cual consideró lo siguiente: "(.) Por cuestión de metodología, conviene transcribir el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 465. (Se transcribe) De la disposición transcrita se desprende que, para la procedencia del recurso de revocación en el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, la determinación impugnada debe cumplir con dos requisitos; el primero, que atañe a cuestiones de mero trámite, es decir, aquellas que no resuelven el fondo del asunto y, el segundo, que sean resueltas sin sustanciación. Respecto del primer requisito, el cual si bien no fue tema de interpretación en las resoluciones de los órganos colegiados contendientes en esta contradicción, por una secuencia lógica normativa, debe decirse que las actuaciones de mero trámite son aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración, son cuestiones que impulsan el proceso, sin embargo, no trastocan la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refiere al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio. (.) En esa tesitura, la palabra sustanciación doctrinalmente supone la función jurisdiccional para llevar a cabo un proceso en sus etapas; de modo que, desde el punto de vista doctrinal, una determinación resuelta sin sustanciación es aquella que no sigue un procedimiento especifico, es decir, que se resuelve sin estar precedida de etapas procesales. Hasta aquí, podemos concluir que sustanciación indica la forma de resolver del tribunal, alude a la forma en que resuelve las cuestiones, ya sea de plano en la misma pieza de autos, sin una tramitación especial y de inmediato, o bien, con sustanciación en particular, como lo constituyen, por ejemplo, los incidentes. Ahora bien, desde el supuesto legal, esto es, desde la apreciación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sustanciación tiene un enfoque concreto y para su delimitación debemos remitirnos a la exposición de motivos expedida el cuatro de abril de dos mil trece, misma que en su parte medular, regulada en el punto trece, referente a los recursos que indica textualmente lo siguiente: "...El de revocación. Para decisiones de mero trámite, tomadas dentro o fuera de la audiencia; sin que en el primer supuesto haya precedido debate. De lo anterior se advierte que el recurso de revocación es procedente contra determinaciones de mero trámite; sin embargo, en la propuesta legislativa se hizo la precisión que dichas resoluciones, además del primer supuesto <mero trámite>, no debían estar precedidas por debate entre las partes, si se dictaban dentro de audiencia. Ahora bien, el legislador, en el texto vigente de la disposición legal que regula el recurso de revocación, finalmente sustituyó el segundo supuesto de procedencia, como inicialmente se planteó en la exposición de motivos, por el concepto "sin sustanciación"; de manera que en una interpretación teleológica del precepto normativo, el cual busca descubrir la finalidad y objetivo que originó su creación, es dable otorgar significado al concepto de sustanciación de la hipótesis normativa. En ese contexto, una resolución sin sustanciación se refiere a que se trate de determinaciones de mero trámite emitidas de plano, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un trámite específico a seguir previo a la emisión de su determinación, esto es, no contempla la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestar o contradecir la petición de la solicitante y, por tanto, el juzgador resuelve lo pedido de plano. En ese sentido, cabe destacar que si bien el principio de contradicción que rige el procedimiento en el sistema de justicia penal adversarial y oral, sustenta la intervención de las partes, no en todas las actuaciones judiciales o diligencias se otorga audiencia a los contendientes, debido a la trascendencia de la actuación, o bien, pueden existir actuaciones o acuerdos entre ellas que no lo ameriten. Dicho lo anterior, se podría concluir que, ante un enfoque teleológico normativo, buscando el fin del objeto del medio de impugnación bajo la luz de la voluntad del legislador, es inconcuso que la sustanciación a que refiere la disposición 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales implica que se trate de resoluciones emitidas de plano, por no existir en la norma procesal, una tramitación especial para su dictado; de manera que no se puede limitar únicamente a la falta de debate entre las partes contendientes, sino a la falta de un trámite específico previamente establecido. De tal modo que, si en la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Penales se propuso en la regulación del recurso de revocación, una revisión de los aspectos legales que pudieran haber sido inobservados o aplicados erróneamente por el juzgador, para producir la anulación del vicio, sin que la decisión del recurso modifique el fondo del asunto, se concluye que dicho medio de impugnación es procedente contra resoluciones que atañan a una cuestión de mero trámite, emitidas sin previamente seguir una tramitación especial. (.)" Dicha contradicción de tesis dio lugar a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 35/2020 (10a.) localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, agosto de 2020, Tomo III, página 2760, de rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." De lo anterior, se obtiene que Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las resoluciones sobre las cuales procede el recurso de revocación establecido en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son: Sin sustanciación siendo aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. De mero trámite son las que no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento y, por consiguiente, no trastocan la litis o el fondo del asunto. Lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo establecido por el numeral 217 de la Ley de Amparo, es obligatorio para este órgano jurisdiccional, además, cabe enfatizar que cualquier alegación con respecto a lo sostenido por el Alto órgano jurisdiccional mencionado al emitir su criterio jurisprudencial, implicaría argumentar en contra de lo ahí resuelto y ni el juicio de amparo ni su revisión, son el medio idóneo para ese fin. Luego, si la determinación reclamada emitida en la audiencia de tres de mayo de dos mil veintiuno, es considerada como una resolución de mero trámite (no analiza el fondo ni varía la Litis), con la característica de ser resuelta sin sustanciación (esto es, su emisión es de plano por no existir en el Código Nacional de Procedimientos Penales tramitación especial para su dictado), es recurrible por la vía del recurso de revocación, con el objeto de que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si esto es así, previo a instar el correspondiente juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio constitucional, la accionante de la queja constitucional debe agotar el recurso aludido de revocación; porque de no hacerlo, procede el desechamiento de la demanda de amparo. En efecto del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contiene el principio de definitividad del juicio constitucional, el cual ordena que antes de promover la demanda de amparo, el agraviado por un acto de autoridad debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar el acto recurrido. El principio de definitividad consiste en que por tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria. De tal manera que de la lectura a la fracción del precepto invocado, puede concluirse que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, d) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto, o bien, cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Luego, si en el caso en particular la quejosa no agotó el recurso ordinario, tal y como se advierte del disco compacto que contiene los archivos de audio y video de la audiencia celebrada el tres de mayo del año en curso, en la causa penal 1P2020/2421, el cual se tuvo por recibido en auto de diecisiete de mayo de la presente anualidad, procede desechar la demanda de amparo, porque no es optativo para la afectada, cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, es determinante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Además no se actualiza ninguno de los casos de excepción, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco de orden de aprehensión o reaprehensión, ni de autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, o resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, auto de vinculación a proceso, tampoco de aquellas que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni de persona extraña al procedimiento. Por tanto, en el caso, la quejosa debió agotar el medio de impugnación procedente antes de acudir al juicio de garantías y no lo hizo. Para sustentar tal precisión, es aplicable al caso por analogía, la tesis de jurisprudencia 85/2019, con número de registro 2021251, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página: 283, Décima Época, Tomo I, Libro 73, Diciembre de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". Se tiene como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el cual al resolver el recurso de revisión 488/2018, de su registro, lo hizo en semejantes términos a lo aquí determinado. Del mismo modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, puesto que se estima que el acto reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, por lo que hace al tema de la ejecución de imposible reparación es necesario abundar. De inicio, se tiene que el marco legislativo que prevé tal figura jurídica es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". Como se observa, el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales únicamente cuando tienen una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto. El legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que para ser calificados como de imposible reparación esos actos necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender, además de que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Entonces existen dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual su secuela puede consumarse en forma efectiva. Es aplicable en lo conducente, la tesis 2a. L/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página 1069, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." En ese tenor, el acto reclamado no vulnera su derecho sustantivo, dado que los actos procesales sólo tienen ejecución de imposible reparación cuando "afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales", de modo tal que al no encontrarnos en esa hipótesis, procede desechar la demanda de amparo. En efecto, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Tampoco vulnera el principio de progresividad, pues permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, lo que no ocurre en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página: 1070, de rubro y texto: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." No es óbice a lo anterior que ese derecho sustantivo reclamado por la quejosa (defensa adecuada), se encuentre plasmado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la violación de dicho precepto no necesariamente implica para efectos exclusivos del juicio de amparo una violación de carácter irreparable. Así las cosas, el hecho de que la Juez de Control responsable, determinara admitir un acto de investigación consistente en recabar la entrevista como testigo del defensor particular de la quejosa Silvia Irene Ortega Barajas y como consecuencia de ello, apartar del cargo al licenciado Mariano González Lara, defensor particular designado por la quejosa, al considerar que se actualizaba el último supuesto contenido en el artículo 119 del Código Nacional de Procedimientos Penales y requiriera a la impetrante, para que el término de tres días designara uno diverso, no son actos que tengan ejecución irreparable y que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, como ya se analizó. Máxime, que si no se cierra el plazo de la investigación complementaria (lo que se advierte del disco compacto que contiene los archivos de audio y video de la audiencia celebrada el tres de mayo del año en curso, en la causa penal 1P2020/2421), entonces las decisiones de la Juez de Control que considera constituyen violaciones al procedimiento, ya no le afectarían de forma alguna. Y además, la recurrente tendrá la oportunidad de nombrar otro abogado particular que elija. Lo que ocasionaría que la posible violación se extinguiría sin haber afectado los derechos fundamentales de Silvia Irene Ortega Barajas y sin dejar huella en su esfera jurídica. Es importante destacar que el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás, a saber: a. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; b. La etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y c. El juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia. Entonces, de acuerdo al procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. En ese orden, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa de investigación complementaria, empero después de declarada la terminación del plazo del cierre de la investigación complementaria, esto es, justo en el cierre de la fase. En tal virtud, contra de acto reclamado es improcedente el juicio de amparo indirecto, sin dejar pasar desapercibido que dicho acto deberá impugnarse al término de la etapa de investigación complementaria, esto es, al controvertir la determinación de la Juez de Control que ordene cerrar la etapa de investigación complementaria, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), publicada en la página 175 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2018868, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide - investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." Se resalta que se tiene como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la ley de la materia, la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, a través de la cual declara infundado el recurso de queja 168/2018, interpuesto contra el auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por esta juzgadora, dentro del juicio de amparo indirecto 758/2018-III, en virtud de que consideró que el acto reclamado consistente en la remoción del defensor particular del quejoso, no es un acto de imposible reparación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José Luis Sánchez García, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se recibe documental. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Encargada de Sala de la Sede León, del Juzgado de Oralidad de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de once de mayo del año en curso, remite un disco compacto que contiene los archivos de audio y video de la audiencia celebrada el **********, en la causa penal *****, de su índice. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la documental proporcionada, de lo que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    León, Guanajuato, catorce de mayo de dos mil veintiuno. I. Quejosa pretende desahogar prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado presuntivamente por la quejosa Silvia Irene Ortega Barajas, a través del cual pretende desahogar la prevención de demanda que se le formuló en proveído de once de mayo del año en curso; sin embargo, previo a proveer al respecto, se advierte a simple vista que la firma que lo calza, es notoriamente distinta a la que obra en el escrito inicial de demanda, tal como se evidencia a continuación: Escrito de demanda Ocurso aclaratorio II. Se requiere ratificación de firma. En consecuencia, antes de proveer respecto a la procedibilidad de su demanda de amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada con documento oficial y vigente en el cual conste su nombre completo para el efecto siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad, si el escrito con el que se da cuenta fue suscrito de su puño y letra, y de ser así, justifique la razón por la cual los rasgos de la firma que lo calza, son notoriamente distintos a los plasmados en su demanda de amparo. El anterior requerimiento se formula en razón de que la firma constituye la manifestación expresa de voluntad y es entendida como la suscripción que de un documento hace una persona mediante la colocación al calce de éste de las palabras o signos idóneos para identificarle y que por su carácter personalísimo, encuadra en aquellas cosas de las que solo un individuo puede disponer. En el entendido que de reconocer como suyo el grafismo que obra en dicho escrito y no justificar de manera convincente la razón de la discrepancia destacada, se tendrán por no hechas las manifestaciones a que se contrae el ocurso de cuenta, con las consecuencias que ello acarreé. Apercíbase a la quejosa de las penas previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización a quienes declaren con falsedad. La facultad de prevenir a la promovente del amparo tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue la quejosa, pues, como se precisó, diverge notoriamente con los rasgos plasmados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la quejosa llegare a realizar, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, aquella podría hacerse acreedora a la sanción antes dicha. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 385, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En el entendido de que si este órgano jurisdiccional aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, de oficio se practicará y desahogará prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad, con la salvedad de que se si acredita que dicha firma no fue plasmada de puño y letra por la directa quejosa, se tendrá como consecuencia por no presentado el escrito de cuenta y se dará vista al Agente Ministerio Público de la Federación adscrito para que por su conducto se inicie una carpeta de investigación por el o delitos que resulten. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/2017 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2016, publicada el viernes nueve de julio de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2014436, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no presentado el escrito de referencia, con las consecuencias legales que ello implique. Finalmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia, indíquesele que para la referida ratificación, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y atendiendo a los días que tiene para desahogar el requerimiento. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José Luis Sánchez García, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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