Silvia Ines Borja Arteaga

Expediente 661/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
661/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Silvia Ines Borja Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Principal 661/2022-V CUENTA. El treinta de enero de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio con evidencia criptográfica registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 1152. Conste. El Secretario César Barajas García Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, mediante el cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja administrativa 199/2022, realícese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y acúsese recibo. Hágase del conocimiento a las partes que el Tribunal de Alzada resolvió: "SE RESUELVE: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere. Notifíquese, (.)" Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo; por otro lado, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, a través del cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, el cual quedó registrado bajo el recurso de queja 199/2022, de su índice; circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado federal para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, la razón en la que la Actuaria Judicial adscrita hace constar la imposibilidad que tuvo para imprimir la constancia de notificación vía electrónica a la quejosa Silva Inés Borja Arteaga, el proveído de catorce de julio del año actual, por el motivo que expone. En consecuencia, se instruye nuevamente a uno de los actuarios judiciales adscritos para que notifique dicho proveído de manera electrónica, en el usuario "hiresca", mismo que proporcionó en su escrito inicial de demanda; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. COMO SE ORDENA EN AUTO QUE ANTECEDE SE NOTIFICA VIA ELECTRONICA EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 3969/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual remite por incompetencia la demanda con evidencia criptográfica, promovida por Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias, el original del juicio de amparo directo 367/2022, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al que se adjunta el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el cuaderno de antecedentes del juicio ordinario laboral 206/2022. Acúsese recibo. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 661/2022-V y fórmese expediente; en tal virtud, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, el promovente reclama el auto de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario laboral 206/2022, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en el que se declara incompetente para conocer de dicho juicio; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, de la demanda de amparo, se obtiene que el acto que por esta vía se reclama no genera una violación directa a los derechos fundamentales del peticionario, reconocidos en la constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros, ya que es de aquellos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Constitución; por tanto, acorde a la naturaleza del acto reclamado, cabe señalar que la incompetencia por declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considerar que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces, continuará conociendo del asunto. En esa tesitura, de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado no afecta algún derecho sustantivo que tutela la Carta Fundamental, puesto que aún se desconoce si el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, aceptará o no la competencia propuesta a su favor por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; por ende, a tal resolución, no le reviste el carácter de definitiva, pues será aquella en la que se asuma la competencia planteada, la que en su caso, afecte la esfera de derechos de la parte quejosa. Ello es así, pues de esta manera lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P.J.29/2015 (10a), Materia Común, visible en la página 22, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, en la que dispuso que en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, es decir deben entenderse referidos a aquellos actos en los que la autoridad, a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias. Sirve de apoyo a lo anterior por analogia la tesis VII.2o.T.6 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO." Dado el carácter que tiene la parte quejosa en el juicio laboral de origen, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Mejía Hernández, David Ernesto Rodríguez Rodríguez, Carlos Michel Espinoza Casarrubias, María Fernanda García Ramos, Juan Francisco Pérez Rodríguez, Edgar Radia Pérez y José Quinto Rodríguez; asimismo, proporciona número de teléfono y correo electrónico, para establecer contacto. Luego, como lo solicita expresamente el impetrante se le autoriza la consulta del expediente electrónico, con el usuario "hiresca", por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Tomando en consideración que el quejoso señalo domicilio procesal fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, y dada la determinación alcanzada en el presente proveído, por única ocasión, de conformidad con los artículos 3 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y el numeral 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena girar atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Chilpancingo, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a la parte quejosa Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias, este acuerdo, corriéndole traslado con copia del mismo. Hágase saber a dicho juzgador que se le otorga plenitud de jurisdicción para que tome las medidas necesarias a efecto de lograr la notificación. En el entendido que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12, incisos b) y g), del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal, la comunicación oficial será firmada mediante el certificado digital de firma electrónica. De igual forma, resulta innecesario solicitar el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación oficial por el medio de que se trata. Luego, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 3969/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual remite por incompetencia la demanda con evidencia criptográfica, promovida por Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias, el original del juicio de amparo directo 367/2022, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al que se adjunta el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el cuaderno de antecedentes del juicio ordinario laboral 206/2022. Acúsese recibo. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 661/2022-V y fórmese expediente; en tal virtud, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, el promovente reclama el auto de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario laboral 206/2022, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en el que se declara incompetente para conocer de dicho juicio; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, de la demanda de amparo, se obtiene que el acto que por esta vía se reclama no genera una violación directa a los derechos fundamentales del peticionario, reconocidos en la constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros, ya que es de aquellos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Constitución; por tanto, acorde a la naturaleza del acto reclamado, cabe señalar que la incompetencia por declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considerar que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces, continuará conociendo del asunto. En esa tesitura, de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado no afecta algún derecho sustantivo que tutela la Carta Fundamental, puesto que aún se desconoce si el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, aceptará o no la competencia propuesta a su favor por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; por ende, a tal resolución, no le reviste el carácter de definitiva, pues será aquella en la que se asuma la competencia planteada, la que en su caso, afecte la esfera de derechos de la parte quejosa. Ello es así, pues de esta manera lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P.J.29/2015 (10a), Materia Común, visible en la página 22, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, en la que dispuso que en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, es decir deben entenderse referidos a aquellos actos en los que la autoridad, a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias. Sirve de apoyo a lo anterior por analogia la tesis VII.2o.T.6 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO." Dado el carácter que tiene la parte quejosa en el juicio laboral de origen, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Mejía Hernández, David Ernesto Rodríguez Rodríguez, Carlos Michel Espinoza Casarrubias, María Fernanda García Ramos, Juan Francisco Pérez Rodríguez, Edgar Radia Pérez y José Quinto Rodríguez; asimismo, proporciona número de teléfono y correo electrónico, para establecer contacto. Luego, como lo solicita expresamente el impetrante se le autoriza la consulta del expediente electrónico, con el usuario "hiresca", por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Tomando en consideración que el quejoso señalo domicilio procesal fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, y dada la determinación alcanzada en el presente proveído, por única ocasión, de conformidad con los artículos 3 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y el numeral 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena girar atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Chilpancingo, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a la parte quejosa Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias, este acuerdo, corriéndole traslado con copia del mismo. Hágase saber a dicho juzgador que se le otorga plenitud de jurisdicción para que tome las medidas necesarias a efecto de lograr la notificación. En el entendido que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12, incisos b) y g), del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal, la comunicación oficial será firmada mediante el certificado digital de firma electrónica. De igual forma, resulta innecesario solicitar el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación oficial por el medio de que se trata. Luego, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe. DOS FIRMAS ELECTRONICAS"."Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 3969/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual remite por incompetencia la demanda con evidencia criptográfica, promovida por Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias, el original del juicio de amparo directo 367/2022, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al que se adjunta el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el cuaderno de antecedentes del juicio ordinario laboral 206/2022. Acúsese recibo. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 661/2022-V y fórmese expediente; en tal virtud, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, el promovente reclama el auto de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario laboral 206/2022, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en el que se declara incompetente para conocer de dicho juicio; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, de la demanda de amparo, se obtiene que el acto que por esta vía se reclama no genera una violación directa a los derechos fundamentales del peticionario, reconocidos en la constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros, ya que es de aquellos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Constitución; por tanto, acorde a la naturaleza del acto reclamado, cabe señalar que la incompetencia por declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considerar que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces, continuará conociendo del asunto. En esa tesitura, de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado no afecta algún derecho sustantivo que tutela la Carta Fundamental, puesto que aún se desconoce si el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, aceptará o no la competencia propuesta a su favor por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; por ende, a tal resolución, no le reviste el carácter de definitiva, pues será aquella en la que se asuma la competencia planteada, la que en su caso, afecte la esfera de derechos de la parte quejosa. Ello es así, pues de esta manera lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P.J.29/2015 (10a), Materia Común, visible en la página 22, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, en la que dispuso que en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, es decir deben entenderse referidos a aquellos actos en los que la autoridad, a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias. Sirve de apoyo a lo anterior por analogia la tesis VII.2o.T.6 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO." Dado el carácter que tiene la parte quejosa en el juicio laboral de origen, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Mejía Hernández, David Ernesto Rodríguez Rodríguez, Carlos Michel Espinoza Casarrubias, María Fernanda García Ramos, Juan Francisco Pérez Rodríguez, Edgar Radia Pérez y José Quinto Rodríguez; asimismo, proporciona número de teléfono y correo electrónico, para establecer contacto. Luego, como lo solicita expresamente el impetrante se le autoriza la consulta del expediente electrónico, con el usuario "hiresca", por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Tomando en consideración que el quejoso señalo domicilio procesal fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, y dada la determinación alcanzada en el presente proveído, por única ocasión, de conformidad con los artículos 3 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y el numeral 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena girar atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Chilpancingo, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a la parte quejosa Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias, este acuerdo, corriéndole traslado con copia del mismo. Hágase saber a dicho juzgador que se le otorga plenitud de jurisdicción para que tome las medidas necesarias a efecto de lograr la notificación. En el entendido que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12, incisos b) y g), del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal, la comunicación oficial será firmada mediante el certificado digital de firma electrónica. De igual forma, resulta innecesario solicitar el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación oficial por el medio de que se trata. Luego, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe. "RÚBRICAS". Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 3969/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual remite por incompetencia la demanda con evidencia criptográfica, promovida por Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias, el original del juicio de amparo directo 367/2022, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al que se adjunta el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el cuaderno de antecedentes del juicio ordinario laboral 206/2022. Acúsese recibo. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 661/2022-V y fórmese expediente; en tal virtud, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, el promovente reclama el auto de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario laboral 206/2022, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en el que se declara incompetente para conocer de dicho juicio; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, de la demanda de amparo, se obtiene que el acto que por esta vía se reclama no genera una violación directa a los derechos fundamentales del peticionario, reconocidos en la constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros, ya que es de aquellos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Constitución; por tanto, acorde a la naturaleza del acto reclamado, cabe señalar que la incompetencia por declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considerar que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces, continuará conociendo del asunto. En esa tesitura, de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado no afecta algún derecho sustantivo que tutela la Carta Fundamental, puesto que aún se desconoce si el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, aceptará o no la competencia propuesta a su favor por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; por ende, a tal resolución, no le reviste el carácter de definitiva, pues será aquella en la que se asuma la competencia planteada, la que en su caso, afecte la esfera de derechos de la parte quejosa. Ello es así, pues de esta manera lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P.J.29/2015 (10a), Materia Común, visible en la página 22, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, en la que dispuso que en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, es decir deben entenderse referidos a aquellos actos en los que la autoridad, a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias. Sirve de apoyo a lo anterior por analogia la tesis VII.2o.T.6 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO." Dado el carácter que tiene la parte quejosa en el juicio laboral de origen, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Mejía Hernández, David Ernesto Rodríguez Rodríguez, Carlos Michel Espinoza Casarrubias, María Fernanda García Ramos, Juan Francisco Pérez Rodríguez, Edgar Radia Pérez y José Quinto Rodríguez; asimismo, proporciona número de teléfono y correo electrónico, para establecer contacto. Luego, como lo solicita expresamente el impetrante se le autoriza la consulta del expediente electrónico, con el usuario "hiresca", por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Tomando en consideración que el quejoso señalo domicilio procesal fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, y dada la determinación alcanzada en el presente proveído, por única ocasión, de conformidad con los artículos 3 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y el numeral 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena girar atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Chilpancingo, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a la parte quejosa Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias, este acuerdo, corriéndole traslado con copia del mismo. Hágase saber a dicho juzgador que se le otorga plenitud de jurisdicción para que tome las medidas necesarias a efecto de lograr la notificación. En el entendido que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12, incisos b) y g), del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal, la comunicación oficial será firmada mediante el certificado digital de firma electrónica. De igual forma, resulta innecesario solicitar el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación oficial por el medio de que se trata. Luego, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 727/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, deducido del presente juicio de amparo; en consecuencia, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes y hágase la anotación correspondiente en el Libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas, que al efecto se lleva en este juzgado federal. Ahora bien, del estado procesal que guarda el presente sumario, se advierte que por auto de catorce de julio del año en curso, por incompetencia, se tuvo por recibida la demanda de amparo; no obstante, en dicho proveído se omitió pronunciarse en relación a la solicitud de que le sean practicadas las notificaciones de forma electrónica; por tanto, toda vez que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "hiresca", corresponde a Hiram Espinosa Casarrubias, se ordena notificar las actuaciones de carácter personal vía electrónica, por lo que deberá dársele de alta con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes; asimismo, se instruye a uno de los actuarios judiciales adscrito para que realice la notificación de dicho proveído de manera electrónica. Notifíque EN CUMPLIMIENTO AL AUTO QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA VÍA ELECTRONICAL EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DE ESTE AÑO, AL QUEJOSO, EN EL QUE SE ACORDÓ. Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 3969/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual remite por incompetencia la demanda con evidencia criptográfica, promovida por***, el original del juicio de amparo directo 367/2022, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al que se adjunta el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el cuaderno de antecedentes del juicio ordinario laboral 206/2022. Acúsese recibo. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 661/2022-V y fórmese expediente; en tal virtud, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, el promovente reclama el auto de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario laboral 206/2022, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en el que se declara incompetente para conocer de dicho juicio; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, de la demanda de amparo, se obtiene que el acto que por esta vía se reclama no genera una violación directa a los derechos fundamentales del peticionario, reconocidos en la constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros, ya que es de aquellos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Constitución; por tanto, acorde a la naturaleza del acto reclamado, cabe señalar que la incompetencia por declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considerar que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces, continuará conociendo del asunto. En esa tesitura, de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado no afecta algún derecho sustantivo que tutela la Carta Fundamental, puesto que aún se desconoce si el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, aceptará o no la competencia propuesta a su favor por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; por ende, a tal resolución, no le reviste el carácter de definitiva, pues será aquella en la que se asuma la competencia planteada, la que en su caso, afecte la esfera de derechos de la parte quejosa. Ello es así, pues de esta manera lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P.J.29/2015 (10a), Materia Común, visible en la página 22, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, en la que dispuso que en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, es decir deben entenderse referidos a aquellos actos en los que la autoridad, a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Silvia Inés Borja Arteaga, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinosa Casarrubias. Sirve de apoyo a lo anterior por analogia la tesis VII.2o.T.6 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO." Luego, como lo solicita expresamente el impetrante se le autoriza la consulta del expediente electrónico, con el usuario "hiresca", por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Tomando en consideración que el quejoso señalo domicilio procesal fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, y dada la determinación alcanzada en el presente proveído, por única ocasión, de conformidad con los artículos 3 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y el numeral 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena girar atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Chilpancingo, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a la parte quejosa *** este acuerdo, corriéndole traslado con copia del mismo. Hágase saber a dicho juzgador que se le otorga plenitud de jurisdicción para que tome las medidas necesarias a efecto de lograr la notificación. En el entendido que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12, incisos b) y g), del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal, la comunicación oficial será firmada mediante el certificado digital de firma electrónica. De igual forma, resulta innecesario solicitar el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación oficial por el medio de que se trata. Luego, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.

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