Silvia Guadalupe Figueroa Partida

Expediente 1316/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1316/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Silvia Guadalupe Figueroa Partida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese oficio de director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS- SONORA", informa que se giraron instrucciones a fin de que se tomen las medidas de seguridad correspondientes a la integridad física del quejoso ... se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de once de octubre de dos mil veintidós, .. se ordena el archivo definitivo del presente juicio,...

  2. Principal

    requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas informe de manera específica las medidas que haya tomado para el efecto de proteger la integridad física del quejoso J en atención al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo once de octubre de dos mil veintidós.... se apercibe,...

  3. Principal

    Agréguese escrito .. se le tiene dando cumplimiento a la prevención acordada en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós... de conformidad con la fracción XX del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano, ... "2022, Año de Ricardo Flores Magón" JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA JUICIO DE AMPARO 1316/2022 MESA VI 33200/2022 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO ONCE, "CPS SONORA", CD (AUTORIDAD RESPONSABLE) En el juicio de amparo 1316/2022, promovido por SILVIA GUADALUPE FIGUEROA PARTIDA, en representación de su hijo Jesús Miguel Guardado Figueroa, se dictó el siguiente acuerdo: ".Auto. Hermosillo, Sonora; once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Silvia Guadalupe Figueroa Partida en representación de su hijo Jesús Miguel Guardado Figueroa, en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención acordada en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós. Del análisis del escrito este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en el probable traslado del Centro Federal de Readaptación Número Once "CPS Sonora", al Penal de Puente Grande ubicado en el Estado de Jalisco, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del presente juicio. Ello, pues no se agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. En efecto, el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] La fracción transcrita, contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de definitividad, que impone como obligación a los quejosos, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En atención a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio, recurso o medio de defensa mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En relación con el tema, el Capítulo V, denominado Traslados de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone: Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. (Lo destacado es propio). Por su parte, el Capítulo IV, relativo a Controversias ante el Juez de Ejecución, se encuentra el precepto 117, fracción III y último párrafo, de la referida legislación, que establece lo siguiente: Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: . III Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y . Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. Asimismo, en el Capítulo V llamado Procedimiento Jurisdiccional, están los numerales 122 a 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevén: Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. En efecto, el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. De igual manera, la legislación en cita establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, la parte interesada podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Establecido lo anterior, del análisis del escrito de cuenta, se advierte que el acto reclamado en este apartado lo constituye el probable traslado del Centro Federal de Readaptación Número Once "CPS Sonora", al Penal de Puente Grande ubicado en el Estado de Jalisco, atribuida a las autoridades que señaló como responsables en su escrito de demanda. Bajó las premisas expuestas, es dable concluir que contra dicho acto procede la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado. Es aplicable la tesis con registro electrónico 2023063, XXI/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de contenido siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10.a)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio Jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. En tales condiciones, si contra el acto aquí reclamado procede la controversia judicial y ésta no fue promovida por el quejoso, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto en su contra es improcedente, por no observarse el principio de definitividad que lo rige. Resta decir, que en el caso no se está en alguno de los supuestos que eximan a la parte quejosa de agotar dicho medio de defensa. Ello, en virtud de que como ya se dijo, existe la posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Además, porque el acto reclamado no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento; y finalmente, porque el medio de defensa está previsto en una Ley." En la misma tesitura, sirve de apoyo a lo anterior la tesis con registro digital 2023190, número 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. En las condiciones apuntadas, la demanda de derechos que se plantea resulta manifiesta e indudablemente improcedente, de conformidad con la fracción XX del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano, en términos de lo dispuesto en el un numeral 113, de dicha ley reglamentaria, únicamente respecto al acto reclamado consistente en el probable traslado del Centro Federal de Readaptación Número Once "CPS Sonora", al Penal de Puente Grande ubicado en el Estado de Jalisco. Sin que pase inadvertido para quien resuelve, la manifestación vertida por la parte quejosa en el antecedente único de su demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, en la que señala que la familia del impetrante ha recibido amenazas de muerte contra Jesús Miguel Guardado Figueroa. En ese aspecto, y en razón a que las amenazas provienen de un particular, se estima que están expeditos los derechos del directamente quejoso para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, y en su condición de persona con la libertad personal restringida por ser interno de un centro de reclusión, hacer del conocimiento de la autoridad penitenciaria tal circunstancia, para que se tomen las medidas preventivas necesarias. No obstante lo anterior, se ordena girar oficio al Centro Federal de Readaptación Social número 11 con sede en esta ciudad, para el efecto de que en razón a que el mencionado quejoso según refiere ha sido objeto de amenazas de muerte, se tomen las medidas conducentes que sus protocolos señalen para el caso en específico. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en el escrito de cuenta. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal y asimismo se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones ordenadas dentro del término que marca la ley. Hágase del conocimiento de las partes que de acuerdo a lo establecido por el artículo 9, en relación con el numeral 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Poder Judicial de la Federación, está obligado a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que tenga a su disposición; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, párrafo segundo, se les otorga un plazo de tres días para que ejerzan su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de lo dispuesto por el precepto 20, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el citado órgano de difusión gubernamental, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en concordancia con los arábigos 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de dos mil dieciocho; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, dentro del plazo referido, se entenderá que se oponen a la publicación de los mismos. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la Licenciada Lorena Cañez Holguín, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Arturo Claudio Planell Maldonado, Secretario con quien actúa, que autoriza y da fe. Doy fe." Dos firmas ilegibles. Lo que transcribo a Usted, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Hermosillo, Sonora; once de octubre de dos mil veintidós. A T E N T A M E N T E ARTURO CLAUDIO PLANELL MALDONADO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA.

  4. Principal

    Se tiene por recibida demanda de amparo ... fórmese expediente vía impresa y electrónica y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo bajo número 1316/2022.... requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días aclare su demanda en los términos que se señalan a continuación:..Precise de dónde provienen las amenazas de muerte en contra del quejoso aquí representado, toda vez que en el capítulo de antecedentes omite hacer tal aclaración, lo que resulta necesario a fin de que éste órgano constitucional se encuentre en aptitud de fijar sus alcances en relación con el acto reclamado....

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