Silvia Gonzalez Moreno
Expediente 1621/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1621/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Silvia Gonzalez Moreno
- Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que se ordenó el archivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original es depurable y el duplicado destruible, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Recaudador de Rentas de Lerdo, Durango, por medio del cual solicita que le sea remitida copia de la sentencia emitida en este juicio de amparo a fin de dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, mediante oficio con transcripción de este auto, remítasele la copia que solicita. Requerimiento a la parte quejosa. Por otra parte, en relación a la diversa solicitud de la autoridad oficiante, requiérase a la parte quejosa a efecto que dentro del término de tres días, contado a partir que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste si tiene registrada alguna cuenta bancaria, en caso de que así sea, proporcione el número de la cuenta, clabe interbancaria, sucursal, plaza y banco, así como también copia de cédula de identificación fiscal y copia del estado de cuenta bancario, a fin de que la autoridad responsable dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y pueda hacer la transferencia electrónica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL****************************************En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; autorizada mediante oficio CCJ/ST/5788/2022, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, asistida del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario con quien actúa y da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho, con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. La secretaria encargada del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. La secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. La secretaria encargada del despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, ********************RESULTANDO.****************************************PRIMERO. Presentación del juicio de amparo.********************Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ********************solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y el acto que a continuación se trascriben:********************"IlI.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Como autoridad responsable señalo a la siguiente: Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Boulevard Independencia número 450 poniente, colonia Los Ángeles, esquina Con calle Leona Vicario de esta ciudad de Torreón, Coahuila. ********************ACTOS RECLAMADOS.- A la autoridad que señalo como responsable le reclamo la omisión de otorgarme atención médica inmediata, toda vez que el día ******************** la suscrita me apersone al Hospital General de Zona No. 16, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el fin de recibir atención médica, sin embargo, la autoridad ahora señalada como responsable se ha negado a brindarme la atención médica."********************En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que el derecho humano que en su concepto se vulneró, son los contenidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************SEGUNDO. Trámite del juicio.********************La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número ********************, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente, se ordenó la apertura de los cuadernos incidentales y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo cual quedó cumplimentado.********************Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede.********************CONSIDERANDO ********************PRIMERO. Competencia. ********************Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en la negativa reclamada, es atribuida a una autoridad local, en donde este juzgado federal ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. ********************Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio, el cual es el siguiente: ********************I. La negativa de proporcionarle a la quejosa atención médica el ********************.********************Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto.********************Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente:********************"SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS."********************TERCERO. Certeza del acto.********************Es cierto el acto reclamado, no obstante la autoridad responsable lo negara, pues realizó manifestaciones que denotan su certeza.****************************************Sirve en sustento, el criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, de rubro y texto: ****************************************"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe."****************************************CUARTO. Procedencia del juicio constitucional. ********************Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia.********************Cesación de efectos. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que fue otorgada a la quejosa por parte de la autoridad responsable, una prórroga de vigencia de derechos por hasta sesenta días a partir del ********************, al grado de haber obtenido una concesión de la protección de la justicia federal.********************El citado dispositivo dispone:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************.********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;"****************************************La causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, al estar íntimamente ligada con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe satisfacer dos elementos, a saber: a) que el acto reclamado sea destruido en todas sus consecuencias de hecho y de derecho, al grado que compararse con una declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, derivado de una concesión de amparo, y, b) restituir a la parte quejosa, en su derecho fundamental vulnerado, al grado de dejar las cosas como si no se hubiera emitido el acto de molestia, ubicándola antes que aquello ocurriera; por lo cual, para actualizar dicha causal, el juzgador debe atender al análisis de la cuestión efectivamente planteada por la parte quejosa, en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, posteriores a presentación de la demanda.********************Ahora, a fin de realizar la comparativa entre lo reclamado y las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable, es necesario destacar que en la especie, las pruebas ofrecidas en el cuaderno incidental y en el principal, no pueden correlacionarse como hecho notorio en una decisión judicial, ello de conformidad con la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 7, de rubro y texto: ********************"PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver."********************Sin embargo, esta juzgadora tiene como hecho notorio el acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el incidente de suspensión derivado del presente asunto, conforme a la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2016, criterio que destaca lo siguiente:********************"HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente."********************Así, en dicho acuerdo se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento a la suspensión definitiva, a la que acompañó la vigencia de derechos en mención. ********************Consecuentemente, al realizar un análisis comparativo entre la negativa reclamada por la parte quejosa y las actuaciones efectuadas por la responsable, se desprende:********************Que fue otorgada por parte de la autoridad responsable una prórroga de vigencia de derechos por hasta sesenta días a partir del ********************.********************En ese contexto, se estiman satisfechos las exigencias contenidas en el artículo 77 de la Ley de Amparo, así como los elementos configurativos de la referida causal destacados anteriormente, pues desaparecieron los efectos del acto reclamado, en virtud que la responsable después de la presentación de la demanda, otorgó a la parte quejosa una prórroga de vigencia de derechos por hasta sesenta días a partir del ********************, al grado de compararse como si se hubiese concedido a la parte quejosa la protección constitucional, y se le restituyó en su derecho humano vulnerado, como si nunca hubiere existido el acto de molestia en calificación de negativa.********************Cobra sustento el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: ********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."********************En tales consideraciones, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo.********************Por lo expuesto y fundado, se:********************RESUELVE********************ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo.********************Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque no obra el informe justificado de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, ni el acuse de recibo del oficio mediante el cual se realizó dicha solicitud. Requerimiento. En obvio de dilaciones, requiérase al Administrador Local de Correos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informe el trato dado a la pieza postal que contiene el oficio 7400/2021; para tal efecto remítasele copia de la factura de depósito respectiva. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Comunica a autoridades. Se destaca a las partes que a partir de este momento procesal, de ser el caso de que la audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.
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