Silvia González Cuevas

Expediente 246/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
246/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Silvia González Cuevas
  • y Otros.
  • SILVIA GONZÁLEZ CUEVAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término concedido a la quejosa para que cumpliera con el requerimiento realizado en proveído de veinte del julio pasado -en reiteración del diverso de seis de julio del año actual-, sin que lo haya hecho. Ahora bien, del estado procesal se desprende que se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el estado de Guanajuato, realizara lo siguiente: "De inmediato, previo requerimiento a la quejosa de la documentación complementaria que alude en su informe justificado, esto es, acta de nacimiento, credencial oficial vigente, CURP, INE, hoja de datos generales y pago de derechos, expida el certificado parcelario a su favor, derivado de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil trece, dictada en el juicio agrario *************/2013, que fue inscrita en los asientos registrales de esa dependencia con el folio 1***************, y lo notifique personalmente a la parte interesada". Atento a ello, previa firmeza de la sentencia, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del oficio ****************, dirigido a la quejosa Silvia González Cuevas y su autorizado, en el cual le requirió la documentación siguiente: Acta de nacimiento, CURP, INE Hoja de datos generales y Pago de derechos Lo anterior, a fin de estar en aptitud de expedir el certificado parcelario materia de reclamo; misiva que cuenta con firma de recepción del autorizado de la quejosa referencia. En tal virtud, en proveído de veintisiete de mayo del presente año, se requirió a la autoridad responsable para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, para que expidiera el certificado parcelario a favor de la peticionaria de amparo. Así, mediante oficio registrado con folio 10379, la citada responsable comunicó a este juzgado federal que la quejosa no había presentado la información que le fue requerida por esa autoridad mediante oficio *************, de diecinueve de mayo pasado; la cual es indispensable para expedir el certificado parcelario materia de la sentencia protectora. En atención a lo anterior, por acuerdo de seis de julio del presente año, al tener esta juzgadora la certeza de que la solicitante del amparo sí tiene conocimiento del requerimiento que le hizo la responsable, pues del citado oficio se aprecia que fue notificado y recibido por Saúl Núñez Ramírez, autorizado de la accionante; en consecuencia, se le requirió para que dentro del término de tres días acudiera ante el Registro Agrario Nacional en el estado de Guanajuato y cumpliera con la documentación que le fue requerida a través del multicitado oficio, lo cual le fue notificado personalmente el siete de julio siguiente. Después, mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, esta potestad federal requirió por última ocasión a la quejosa Silvia González Cuevas para que dentro del término de tres días, acudiera ante el Registro del Registro Agrario Nacional en el estado de Guanajuato y cumpliera con la documentación que le fue exigida, y acreditara documentalmente a este el cumplimiento dado ante la responsable; o bien, manifestara el impedimento legal que tuviera para hacerlo. Sin embargo, como se anunció en párrafos precedentes, se obtiene que la autoridad responsable requirió a la quejosa la documentación que especificó en su misiva, a fin de expedir el certificado parcelario materia de la sentencia protectora sin que la amparista haya acudido a presentar los documentos ante la responsable y tampoco justificó o manifestó el impedimento legal que hubiere tenido para hacerlo. De la reseña que antecede, se desprende que en este caso no es posible llevar a cabo el cumplimiento de la ejecutoria. A efecto de justificar la consideración anterior, es conveniente precisar que, por una parte, el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, página: 490, con registro digital 2014210; de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Por otra parte, el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, se concluye que la Ley de Amparo prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) La imposibilidad material o jurídica; y 2) La inexistencia de materia para su ejecución. En ese sentido, el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original. La hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para reestablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. Tales premisas son suficientes para demostrar que, en el caso concreto, no existe materia para la ejecución de la sentencia. Ello, toda vez que en proveídos de seis y veinte de julio del año en curso, se requirió a la quejosa para que acudiera ante la responsable a presentar la documentación indicada e indispensable para expedir el certificado parcelario correspondiente. Entonces, si bien es cierto que se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos precisados con antelación, también lo es que se requirió que presentara los documentos mencionados a fin de que la autoridad responsable estuviera en aptitud de acatar el fallo y expedir el certificado parcelario materia de reclamo; empero, si la quejosa no acudió a presentar la documentación y pago de derechos, como le fue requerido por la autoridad responsable, es indudable que no es factible dar cumplimiento a la ejecutoria, pues tales circunstancias irradian en la voluntad de aportar dicha documentación ante la autoridad responsable. De ahí que se declare sin materia el presente asunto para efectos del cumplimiento de la sentencia dictada. Archivo y clasificación del expediente Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, que establece: "Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término concedido a la quejosa para que cumpliera con el requerimiento realizado en proveído de veinte del julio pasado -en reiteración del diverso de seis de julio del año actual-, sin que lo haya hecho. Ahora bien, del estado procesal se desprende que se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el estado de Guanajuato, realizara lo siguiente: "De inmediato, previo requerimiento a la quejosa de la documentación complementaria que alude en su informe justificado, esto es, acta de nacimiento, credencial oficial vigente, CURP, INE, hoja de datos generales y pago de derechos, expida el certificado parcelario a su favor, derivado de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil trece, dictada en el juicio agrario *************/2013, que fue inscrita en los asientos registrales de esa dependencia con el folio 1***************, y lo notifique personalmente a la parte interesada". Atento a ello, previa firmeza de la sentencia, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del oficio ****************, dirigido a la quejosa Silvia González Cuevas y su autorizado, en el cual le requirió la documentación siguiente: Acta de nacimiento, CURP, INE Hoja de datos generales y Pago de derechos Lo anterior, a fin de estar en aptitud de expedir el certificado parcelario materia de reclamo; misiva que cuenta con firma de recepción del autorizado de la quejosa referencia. En tal virtud, en proveído de veintisiete de mayo del presente año, se requirió a la autoridad responsable para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, para que expidiera el certificado parcelario a favor de la peticionaria de amparo. Así, mediante oficio registrado con folio 10379, la citada responsable comunicó a este juzgado federal que la quejosa no había presentado la información que le fue requerida por esa autoridad mediante oficio *************, de diecinueve de mayo pasado; la cual es indispensable para expedir el certificado parcelario materia de la sentencia protectora. En atención a lo anterior, por acuerdo de seis de julio del presente año, al tener esta juzgadora la certeza de que la solicitante del amparo sí tiene conocimiento del requerimiento que le hizo la responsable, pues del citado oficio se aprecia que fue notificado y recibido por Saúl Núñez Ramírez, autorizado de la accionante; en consecuencia, se le requirió para que dentro del término de tres días acudiera ante el Registro Agrario Nacional en el estado de Guanajuato y cumpliera con la documentación que le fue requerida a través del multicitado oficio, lo cual le fue notificado personalmente el siete de julio siguiente. Después, mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, esta potestad federal requirió por última ocasión a la quejosa Silvia González Cuevas para que dentro del término de tres días, acudiera ante el Registro del Registro Agrario Nacional en el estado de Guanajuato y cumpliera con la documentación que le fue exigida, y acreditara documentalmente a este el cumplimiento dado ante la responsable; o bien, manifestara el impedimento legal que tuviera para hacerlo. Sin embargo, como se anunció en párrafos precedentes, se obtiene que la autoridad responsable requirió a la quejosa la documentación que especificó en su misiva, a fin de expedir el certificado parcelario materia de la sentencia protectora sin que la amparista haya acudido a presentar los documentos ante la responsable y tampoco justificó o manifestó el impedimento legal que hubiere tenido para hacerlo. De la reseña que antecede, se desprende que en este caso no es posible llevar a cabo el cumplimiento de la ejecutoria. A efecto de justificar la consideración anterior, es conveniente precisar que, por una parte, el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, página: 490, con registro digital 2014210; de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Por otra parte, el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, se concluye que la Ley de Amparo prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) La imposibilidad material o jurídica; y 2) La inexistencia de materia para su ejecución. En ese sentido, el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original. La hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para reestablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. Tales premisas son suficientes para demostrar que, en el caso concreto, no existe materia para la ejecución de la sentencia. Ello, toda vez que en proveídos de seis y veinte de julio del año en curso, se requirió a la quejosa para que acudiera ante la responsable a presentar la documentación indicada e indispensable para expedir el certificado parcelario correspondiente. Entonces, si bien es cierto que se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos precisados con antelación, también lo es que se requirió que presentara los documentos mencionados a fin de que la autoridad responsable estuviera en aptitud de acatar el fallo y expedir el certificado parcelario materia de reclamo; empero, si la quejosa no acudió a presentar la documentación y pago de derechos, como le fue requerido por la autoridad responsable, es indudable que no es factible dar cumplimiento a la ejecutoria, pues tales circunstancias irradian en la voluntad de aportar dicha documentación ante la autoridad responsable. De ahí que se declare sin materia el presente asunto para efectos del cumplimiento de la sentencia dictada. Archivo y clasificación del expediente Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional.".

  3. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de seis de julio pasado, se requirió a la quejosa Silvia González Cuevas, para que presentara ante la autoridad responsable Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, la documentación que le fue requerida a fin de expedir el certificado parcelario materia de la sentencia protectora y lo acreditara documentalmente a este juzgado. Sin que hasta el momento la parte quejosa haya cumplido al respecto, no obstante que fue notificada el siete de julio reciente, por conducto de su autorizado. Se requiere por última ocasión. Atento a lo anterior, toda vez que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo es de orden público, requiérase por última ocasión a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, acuda ante el Registro del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato y cumpla con la documentación que le fue exigida, como se advierte de la siguiente imagen: Así también, para que dentro del mismo plazo acredite documentalmente a este juzgado el cumplimiento dado ante la responsable; o bien, manifieste el impedimento que tenga para hacerlo. Subsiste apercibimiento. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de seis de julio del año en curso, en el sentido que de no hacerlo, se le tendrá por desinteresada en obtener el certificado parcelario materia de reclamo y, en su oportunidad, este juzgado resolverá lo conducente.

  4. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, que a la letra dice: Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de seis de julio pasado, se requirió a la quejosa Silvia González Cuevas, para que presentara ante la autoridad responsable Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, la documentación que le fue requerida a fin de expedir el certificado parcelario materia de la sentencia protectora y lo acreditara documentalmente a este juzgado. Sin que hasta el momento la parte quejosa haya cumplido al respecto, no obstante que fue notificada el siete de julio reciente, por conducto de su autorizado. Se requiere por última ocasión. Atento a lo anterior, toda vez que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo es de orden público, requiérase por última ocasión a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, acuda ante el Registro del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato y cumpla con la documentación que le fue exigida, como se advierte de la siguiente imagen: Así también, para que dentro del mismo plazo acredite documentalmente a este juzgado el cumplimiento dado ante la responsable; o bien, manifieste el impedimento que tenga para hacerlo. Subsiste apercibimiento. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de seis de julio del año en curso, en el sentido que de no hacerlo, se le tendrá por desinteresada en obtener el certificado parcelario materia de reclamo y, en su oportunidad, este juzgado resolverá lo conducente.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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