Silvia García Santiago

Expediente 613/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
613/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Silvia García Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para el quejoso el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria la citada determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dicha autoridad incluso no estaría legitimada para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que la autoridad responsable sólo podrá interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ella se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial y/o Actuaria Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    (.) TERCERO. EXISTENCIA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Al rendir informe justificado, la autoridad responsable Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, convino parcialmente con la existencia del acto que se le atribuye, según se advierte de su informe. Además, la autoridad responsable refirió en su informe de ley lo siguiente: "ES PARCIALMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA QUEJOSA, toda vez que efectivamente en este Órgano Jurisdiccional se encuentra en trámite al expediente *** del índice de este Juzgado, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por ****, con el carácter de endosatario en procuración de ****, ahora bien, respecto del acto que reclama por la falta de acuerdo del escrito de demanda fechado el once de octubre de dos mil veintiuno y recibido el trece del mismo mes y año, no es cierto el acto que se reclama, toda vez que mediante auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, recayó acuerdo a dicho escrito de Pedro Jorge Martínez Castellanos; mismo auto que fue debidamente notificado al actor, el diecisiete de junio del presente año. Para acreditar lo anterior, se adjuntan al presente informe, copias certificadas del auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, así como las constancias de notificación." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto del acto aquí reclamado, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de éste. A efecto de evidenciar lo anterior, se estima conveniente citar la porción normativa señalada, misma que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, se establece en primer término el significado de las palabras "cesar" y "efecto", que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Por lo que, la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, se refiere cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; en tal virtud para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada; por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, para que pueda operar o actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es menester que el acto reclamado en el presente juicio quedara sin efecto. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de proveer su escrito de demanda de once de octubre de dos mil veintiuno y recibido el trece del octubre del mismo año, por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Por tanto, para que opere la causa de improcedencia en comento, resulta necesario demostrar que la autoridad responsable cumpliera con la omisión reclamada por la parte quejosa; lo que así sucedió, pues conforme a las constancias que remitió la junta responsable, se advierte que: 1) El once de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa presentó un escrito inicial de demanda ante la autoridad responsable. 2) En fecha veintinueve de octubre del dos mil veintiuno, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, proveyó respecto de la admisión de la demanda presentada. 3) El citado acuerdo fue notificado a la parte quejosa vía correo electrónico el diecisiete de junio de dos mil veintidós. Lo relatado hace patente que, la autoridad responsable acordó en determinación de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el escrito de la parte quejosa presentado el trece de octubre del año anterior -cuya omisión constituye la materia de reclamo en el presente juicio de amparo-; la cual fue notificada el diecisiete de junio del actual. Lo que ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ya que esta se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en esta municipalidad, el treinta de mayo del año en curso; mientras que la determinación de la responsable si bien fue emitida el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, pero notificada hasta el diecisiete de junio del actual, donde acuerda el escrito objeto de la omisión reclamada. Atento lo relatado, toda vez que la responsable acordó el escrito del quejoso de once de octubre de dos mil veintiuno y presentado el trece del mismo mes y año, y ante la falta de controversia por dicha parte en cuanto la contestación emitida por la autoridad responsable, se considera, en el caso, que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que ??? tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía al caso la tesis VI.1o.T.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, legible en la página 2522, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del registro 2012413, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio en que se actúa, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de la misma ley de la materia. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación. Por otra parte, se autoriza al Secretario Judicial para que firme los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, endosatario en procuración de ***, contra la omisión reclamada a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa; que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que en proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve, el autorizado de las quejosas Virginia y Liliana, ambas de apellidos Bautista Reyes, exhibió dos billetes de depósito N 844959 y N 844960, que obran en la caja de valores del Juzgado, que amparan cada uno la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos, cero centavos, moneda nacional), para que surtiera efectos la suspensión definitiva, la cual ha dejado de surtir sus efectos, al haberse declarado ejecutoriada la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en proveído de once de abril de dos mil veintidós, ordenándose el archivo de este expediente como asunto concluido. En mérito de lo anterior, se dejan a su disposición los citados certificados de depósito; previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos. Se le apercibe que de no comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger las garantías precisadas, una vez que transcurra el término de dos años, previsto en los artículos 50 y 51 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declarará prescrita a favor del Erario Federal. Además, dígase a dicha parte que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias como la que pretende; por lo que deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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