Silvia Esther Pajarito Ríos

Expediente 880/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
880/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Silvia Esther Pajarito Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de junio de dos mil veintiuno. Se remiten autos. Visto el oficio de cuenta, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, atento a lo solicitado, remítanse los autos originales del presente sumario y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, con las actuaciones que se generen a partir del presente proveído, toda vez que analizada la secuela procesal, en auto de doce de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del mismo como asunto concluido. Intégrese expediente físico. Finalmente, se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de abril de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que fue notificado el cuatro del mismo mes y año. Pronunciamiento. Por tanto, este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el quince de octubre de dos mil veinte, en la cual se concedió la protección constitucional para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "De no existir impedimento legal para tal efecto, acredite que dictó el proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio laboral 594/2015-F, de su índice, y que lo elevó a la categoría de definitivo dentro del plazo que establece la Ley Federal del Trabajo, ordenando hacerlo del conocimiento oportuno de las partes." En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se le concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto lo siguiente: Que la Junta responsable dictó el proyecto de resolución en forma de laudo el veinte de octubre de dos mil veinte, seguidamente el trece de noviembre de ese mismo año, mediante sesión de discusión lo elevó a la categoría de laudo, ordenando hacerlo del conocimiento de las partes. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo, donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 18, en su inciso b), y dos últimos párrafos, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo general en cita, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista cumplimiento. Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente y el Secretario General de la Onceava Junta Especial de a Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual remite una constancia, a fin de demostrar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de octubre de dos mil veinte. Señala domicilio. Vistos los escritos electrónicamente de cuenta, enviados por el autorizado de la parte quejosa Francisco José Ramírez Verduzco, en atención a lo que solicita, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando nuevo domicilio procesal el indicado en su ocurso y revocando el anterior. Tribunal de Alzada confirma sentencia. Visto el oficio que suscriba la secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1866/2016, de la estadística local, treinta y seis cuadernos de pruebas y una impresión de la resolución pronunciada en sesión vía remota de once de septiembre de dos mil veinte, dentro del recurso de revisión 39/2018, del índice del Tribunal oficiante, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Es improcedente el incidente de falsedad de documentos promovido por la parte quejosa, en términos del considerando tercero de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la unión ampara y protege a Patricia Campos González, en contra de los actos precisados en los resultandos primero y segundo de esta resolución, para los efectos precisados en la parte final del penúltimo considerando del presente fallo. Cuarto. Queda sin materia la revisión adhesiva." Anotaciones. En consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Cuaderno de antecedentes. Asimismo, con relación al cuaderno de antecedentes que se formó, se ordena glosar al presente sumario únicamente las fojas que contienen firmas autógrafas en original, siendo innecesario adjuntar el resto, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos, por lo que se ordena su destrucción, sin mayor trámite. Efectos. Toda vez que la resolución dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el once de septiembre de dos mil veinte, en la que, se confirma y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. La autoridad responsable Congreso del Estado de Jalisco, deberá dejar insubsistente el acuerdo legislativo 543-LXI-16, de veintiuno de junio de dos mi dieciséis y en su tugan emitir otro, en el que ordene al Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, que analice la información que remitió mediante oficio 1794/2016, de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, para que emita la opinión sobre la actuación y desempeño de la entonces Magistrada, hoy quejosa. 2. El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, deberá analizar toda la información que remitió a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Jalisco, a través del oficio 1794/2016, de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, de su índice, para que ésta estuviera en aptitud de construir su dictamen de ratificación o no ratificación como magistrada, empero, dejando de tomar en cuenta el informe rendido por el Magistrado Adrián Joaquín Miranda Camarena, Presidente de la Quinta Sala Unitaria del citado Tribunal, de diez de marzo de dos mil catorce y, emita la opinión sobre la actuación y de desempeño de la entonces magistrada, hoy quejosa, para que sea enviado con la demás información que fue requerida por la citada Comisión legislativa, mediante el oficio CJJO/135/2016, de catorce de junio de dos mil dieciséis. 3. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Jalisco, una vez que cuente con aquél dictamen técnico sobre el desempeño y actividad de le quejosa durante su encargo de Magistrada, emitido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la propia entidad, analice el expediente y emita un dictamen de evaluación de ésta en el que se explique sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, los motivos de la ratificación o no ratificación de Patricia Campos González, explicación que deberá realizarse de forma personalizada e individualizada, refiriéndose a la actuación en el desempeño del cargo de la quejosa, en donde se debe examinar si fue o no apegada a los principios de eficiencia, probidad, honorabilidad, honestidad invulnerable, buena fama, ética probada y profesionalismo, lo cual se puede obtener, como por ejemplo, si tenía o no rezago en los asuntos por resolver, en cuanto a las sentencias que pronunció, examinar el porcentaje de las que conservaron el sentido; inclusive en caso de resultar necesario, emprender una investigación de campo, en donde se interrogue a abogados que litigan en dicho tribunal, para obtener la información respecto a la fama pública de que goza la magistrada; también se deberá explicar claramente el procedimiento que el órgano legislativo estableció para la evaluación correspondiente y señalar con precisión los criterios y parámetros objetivos tomados en cuenta para tal evaluación, como podrían ser: a) productividad de la magistrada en cuanto a los asuntos que le fueron turnados y resolvió durante su encargo, b) si contaba con rezago, c) excitativas de justicia promovidas en contra de la ponencia de esa magistrada, d) juicios de amparo y recursos promovidas en contra de las resoluciones dictadas por la magistrada, e) cuántas de las sentencias que pronunció conservaron el sentido, f) asistencias, licencias y faltas en el periodo que desempeñó el cargo, g) si hay alguna queja en su contra, con motivo de su actuación como Magistrada y h) fama pública como funcionaría, además de los elementos (documentos, informes, dictámenes, etcétera) que sustentaran esa decisión, expresar los datos que como resultado se obtengan de esos criterios, parámetros, procedimientos y elementos, que se tomaron en cuenta para la evaluación individualizada respectiva y contener una argumentación objetiva, razonable, suficientemente expresada e incluso lógica, respecto de la forma en que fueron aplicados los criterios, parámetros, procedimientos y elementos a cada caso concreto, a fin de sustentar la decisión; ese órgano está facultado en caso de encontrar deficiente la integración del expediente administrativo de la quejosa, para allegarse de todos los elementos que sirvan para dar sustento al dictamen que se encuentra obligado a emitir, por lo que consecuentemente tiene atribuciones para realizar las indagaciones, recabar datos, informaciones y opiniones de particulares. que sean necesarias para tal efecto; posteriormente, ese dictamen deberá ser sometido a consideración del Pleno del Congreso del Estado, para que se desahogue de acuerdo a la agenda legislativa; y emita el acuerdo legislativo correspondiente, en la inteligencia de que, en el supuesto de no compartir el dictamen de la Comisión, deberá de cumplir con las garantías de fundamentación y motivación, pues como lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que el Congreso Estatal cuenta con facultades para decidir sobre la ratificación de /os magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, la autoridad emisora debe explicar sustantiva y expresamente, así como de manera objetiva y razonable, los motivos por los que determina la ratificación o no ratificación de la quejosa, y además dicha justificación deberá realizarse de forma personalizada e individualizada, refiriéndose a la actuación en el desempeño del cargo, es decir, deberá existir una motivación reforzada de ese acto de autoridad. En la inteligencia de que la concesión obedece a vicios formales, no así de fondo, por lo que no abarca los actos de ejecución, porque, de momento, la situación jurídica queda subjúdice a las resultas de la nueva decisión del Congreso Estatal; en tanto, para no dejar acéfalo el cargo del Magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, que preside la Quinta Sala, el tercero interesado Adrián Joaquín Miranda Camarena debe seguir ocupando esa plaza, toda vez que su nombramiento queda subjúdice a la decisión del Congreso Estatal. Es innecesario emitir mayores pronunciamientos en relación con los alegatos formulados por la autoridad tercero interesada. Congreso del Estado de Jalisco, toda vez que los mismos no forman parte de la litis en el juicio de amparo, ni en ellos se alegó alguna causal de sobreseimiento, por lo que no precisan ser atendidos por este órgano de control constitucional. . [.].". Requerimiento a la autoridad responsable. Así, debe precisarse, que tal acto por su naturaleza, se estima que, no es susceptible de dar cumplimiento en tres días, en virtud de lo estipulado en párrafos que anteceden. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Congreso del estado de Jalisco, Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Jalisco y Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para que, dentro del plazo de diez días, den cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. Ello de manera electrónica en línea, o a través del correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, además, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. Respecto del Congreso del estado de Jalisco, como del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el Tribunal responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de dos mil doce, Tomo cuatro, página tres mil quinientos quince, que al rubro dice: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". En cuanto a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Jalisco, en acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado de Jalisco, quien resulta ser superior jerárquico de la citada autoridad, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este Juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio las ordenes, se les impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Ello de manera electrónica en línea, o a través del correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Exhorto para tramitar el "juicio en línea". De conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, en relación con el 12/2020, antes citados, a efecto de continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", se exhorta a la parte quejosa para que solicite la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones que en su momento se dicten. Al igual, de conformidad con la diversa fracción II, del citado artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, anteriormente citado, se invita a la parte quejosa para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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