Silvia Espinosa Prieto

Expediente 819/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
819/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Silvia Espinosa Prieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como, la primera certificación de cuenta, se obtiene que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el que contaba la quejosa Silvia Espinosa Prieto, para impugnar el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, transcurrió del uno al siete de julio del año en curso; ello, tomando en consideración que fue notificada electrónicamente de dicho auto, el treinta de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, queda firme el proveído de veinticuatro de junio del presente año; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, visto el estado procesal que guarda el presente juicio, así como, la segunda certificación secretarial de cuenta, se aprecia que el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, para que ocurriera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos para emplazar a juicio a la tercera interesada María Guadalupe Cobos Criollo y, acreditara la entrega para su publicación, transcurrió del veintiséis de mayo al veintidós de junio de dos mil veintiuno; lo anterior, tomando en consideración, que se notificó electrónicamente el veinticinco de mayo del año en curso. Precisado lo anterior, se constata que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 27 fracción III, inciso b), párrafo segundo, 5° fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( .). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.). III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.). b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.). III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (...). c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; (.)". De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en el que habiéndose dispuesto el emplazamiento de un tercero interesado por medio de edictos, no se pueda realizar tal diligencia ante la omisión de la parte quejosa de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, originándose el impedimento constitucional de esta autoridad jurisdiccional para estudiar el fondo del asunto, pues tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, las determinaciones que en ésta se adopten, pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado en mención, al estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye el presupuesto procesal de mayor importancia. En el caso, de las constancias de autos a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria como lo establece el diverso 2° de la Ley de Amparo, se advierte que no fue posible lograr el emplazamiento de la tercera interesada María Guadalupe Cobos Criollo; razón por la cual, en auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y exacto de dicha tercera, sin que proporcionara domicilio diverso. Por tal motivo, en proveído de diecinueve de febrero del presente año, este órgano jurisdiccional se avocó a la búsqueda del domicilio de la referida tercera interesada, para lo cual, se requirió a diversas dependencias, apercibiendo a la parte quejosa que en caso de resultar infructuosa la búsqueda y de no demostrar su insolvencia económica se procedería al emplazamiento por edictos a su costa. Luego, se aprecia que tampoco fue posible emplazar a la aludida tercera interesada en los domicilios proporcionados por la dependencias; por ello, el seis de mayo del presente año, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada María Guadalupe Cobos Criollo, por medio de edictos a costa de la quejosa, al no demostrar su insolvencia económica, motivo por el cual, se dejaron a su disposición por el plazo de veinte días dichos edictos; plazo que transcurrió del veintiséis de mayo al veintidós de junio de dos mil veintiuno; sin que acreditara la entrega de los edictos para su publicación. Lo anterior, evidencia la contumacia en que incurrió la peticionaria de garantías, impidiendo con ello cumplir con un presupuesto procesal, cuyo incumplimiento de esa obligación provoca que no pueda tener por llamados al juicio constitucional a los gobernados interesados en la subsistencia del acto reclamado, lo que hace que el suscrito esté imposibilitado legalmente para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en este juicio de garantías. Aunado, a que la parte quejosa no acreditó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y, de las constancias de autos no existen indicios que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." (Época: Décima Época; Registro: 2009913; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I; Materia(s): Constitucional, Común; Tesis: P./J. 22/2015 (10a.); Página: 24). "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." (Época: Novena Época; Registro: 164074; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXII, Agosto de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 108/2010; Página: 416). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 27 fracción III, inciso b), párrafo segundo, 5° fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que, resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que, el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas treinta minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Jorge Alberto Cuevas López, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/1612/2021, de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con la Secretaria Sofía Velasco García, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    "... Visto el estado de autos, así como, la primera certificación de cuenta, se obtiene que el plazo cinco días con el que contaba la parte quejosa para controvertir el auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, en el que, se ordenó el emplazamiento a juicio de la tercera *******, por medio de edictos, a su costa, trascurrió del veintiséis de mayo al uno de junio del actual, al haberse efectuado la notificación de manera electrónica, el veinticinco de mayo pasado. En ese sentido, queda firme el auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, para los efectos legales conducentes. No obstante, a efecto de que la parte quejosa esté en aptitud de controvertir el presente acuerdo, .... se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Enseguida, de la revisión del expediente electrónico del juicio en que se actúa, no se aprecia la notificación a la Agente del Ministerio Público de la Federación del auto de seis de mayo pasado, en el que, se ordenó el emplazamiento a juicio de la tercera interesada ********, por medio de edictos, a costa de la impetrante. En consecuencia, se instruye al actuario llevador de este expediente para que vincule la constancia respectiva. Finalmente, se tiene por hecha la segunda certificación secretarial de cuenta, para los efectos conducentes...."

  3. Principal

    "... Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que se encuentra pendiente que se genere la constancia de notificación electrónica a la quejosa ******, del proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el emplazamiento a juicio de la tercera *******, por medio de edictos. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Ahora, es importante señalar que .... es opcional para las partes acudir al desahogo de las audiencias constitucionales, pues las mismas pueden llevarse a cabo, incluso, sin contar con la presencia de éstas. Por tal motivo, no se genera la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a que se refiere el numeral 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La cual, sólo será procedente siempre y cuando se actualice el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, en el que la parte quejosa pueda alegar verbalmente; es decir, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada, o bien se encuentre pendiente el desahogo de probanzas o incidentes que ameriten la presencia física o virtual de las partes en la audiencia constitucional...."

  4. Principal

    "... Agréguese el oficio del Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, informa que en su base de datos, no encontró registro alguno a nombre de la tercera interesada María de Guadalupe Cobos Criollo, Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se aprecia que en auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó requerir a las autoridades 1) Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, 2) Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 3) Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 4) Administrador de Soporte Comercial de Teléfonos de México (TELMEX), Sociedad Anónima Bursátil, 5) Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), 6) Gerente Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, División Sureste 7) Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte y 8) Titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente "1", para que proporcionaran el domicilio actual a nombre de la tercera interesada María Guadalupe Cobos Criollo, resultando infructuosa la búsqueda. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno por tanto, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por reenvío de su numeral 2º; emplácese a este juicio de amparo como tercera interesada a María Guadalupe Cobos Criollo, mediante edictos, a costa de la parte quejosa; toda vez que de las constancias de autos no se advierte su insolvencia económica. Los edictos contendrán una relación sucinta de la demanda, y serán publicados por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación de la República, haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de veinte días, contados del siguiente al de la última publicación; se fijará, además, en la puerta de este Juzgado copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado el lapso citado, no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda representarles, se seguirá el juicio haciéndole las ulteriores notificaciones por lista que se fijará en la puerta del Juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse. También deberá hacerse de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por el plazo de veinte días, se dejan en la Secretaría de este órgano jurisdiccional y a disposición de la quejosa Silvia Espinosa Prieto, los edictos que deberá recoger para su publicación; apercibida que de no hacerlo y acreditarlo se sobreseerá este asunto, de conformidad con lo estatuido en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo 27 fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 22/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Común, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 24, con registro digital 2009913, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo..."

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