Silvia Esperanza Martinez Y Romero
Expediente 2063/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2063/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Silvia Esperanza Martinez Y Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este asunto, el oficio 8705 signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia firmada el nueve de noviembre pasado, mismo que registró con el número 510/2022. Circunstancia de la cual este juzgado federal queda enterado, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de estos autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: para los efectos legales que procedan, agréguese a este expediente el escrito signado por Edward José Medina Ocampo, apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral tercero interesada "Banco Mercantil del Norte", Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios y córrase traslado a la parte quejosa, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y a las autoridades responsables, con entrega de una copia de dicho escrito. Hecho esto, envíese este expediente, junto con el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar al respecto. Notifíquese; personalmente a la quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 2063/2022-I-B, promovido por Silvia Esperanza Martínez y Romero; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintiséis de agosto de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el veintinueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Silvia Esperanza Martínez y Romero, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 2063/2022-I-B; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Finalmente, por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado y su actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad, lo hizo consistir la quejosa fundamentalmente, en: La orden de embargo de la cuenta bancaria de la Sociedad Nacional de Crédito, Banco Nacional de la Fuerza Aérea y Armada S.N.C., "Banjército". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Jueza Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado y actuaria adscrita a dicho juzgado, ambos sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; por lo que así deberá tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Como cuestión previa, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias que se allegaron al sumario deducidas del expediente 357/2021 relativo al juicio oral mercantil promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por escrito de doce de julio de dos mil veintiuno, presentado por Edward José Medina Ocampo, apoderado legal de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, promovió juicio oral mercantil en contra de la persona moral denominada "La Bodeguita del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, como deudor principal, y Sylvia Esperanza Martínez y Romero también conocida como Silvia Esperanza Martínez y Romero, Laura Olimpia Martínez Romero y María Guadalupe Martínez Romero, como fiadoras y obligadas solidarias, asimismo, solicitó las providencias precautorias de retención de bienes como acto prejudicial (fojas 1 a 8 del anexo). 2. La demanda fue turnada al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán y se admitió por auto de quince de julio de dos mil veintiuno, asignándole el número de expediente 357/2021, en el que la juez responsable, ordenó el emplazamiento de la parte demandada "La Bodeguita del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, como deudor principal, y Sylvia Esperanza Martínez y Romero también conocida como Silvia Esperanza Martínez y Romero, Laura Olimpia Martínez Romero y María Guadalupe Martínez Romero, como fiadoras y obligadas solidarias, asimismo, se admitió las providencias precautorias (fojas 67 a 69 del anexo), con las siguientes consideraciones: ".En otro aspecto y en cuanto a las PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DE RETENCIÓN DE BIENES que solicita respecto de la persona moral denominada LA BODEGUITA DEL CENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE como deudora principal y las ciudadanas SYLVIA ESPERANZA MARTÍNEZ Y ROMERO también conocida como SILVIA ESPERANZA MARTÍNEZ Y ROMERO, LAURA OLIMPIA MARTÍNE ROMERO y MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ ROMERO como fiadoras y obligadas solidarias, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1168, fracción II, 1175, 1176 y 1177 del Código de Comercio vigente, se admite las presentes Providencias Precautorias, al considerar que sí se justificaron los requisitos legales establecidos en la legislación de la materia, ya que el promovente acreditó con las pruebas relacionadas la justificación de las medidas precautorias, por haberse demostrado la existencia del crédito líquido y exigible, el valor principal de lo que se reclama y el temor fundado de que se oculten, dilapiden o enajenen los bienes propiedad de los hoy demandados hasta por la cantidad de TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL que es la suma total de las prestaciones reclamadas respecto de un convenio de reconocimiento de adeudo de fecha doce de mayo del dos mil quince y el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente de fecha veinte de abril del dos mil doce; al respecto este órgano jurisdiccional resuelve lo siguiente:." 3. Por razones actuariales de diez y once, ambos de agosto de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, hizo constar la imposibilidad de emplazar al juicio de origen a la parte demandada Sylvia Esperanza Martínez y Romero también conocida como Silvia Esperanza Martínez y Romero (fojas 70 y 71 del anexo). 4. El doce de julio de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo en el que se ordenó girar oficios a diversas instituciones de crédito, con el fin de retener los recursos existentes en cualquier cuenta bancaria de inversión o cheques, incluso productos de nóminas, así como las joyas y demás valores contenidos en cajas de seguridad que se encuentren a nombre de Sylvia Esperanza Martínez y Romero también conocida como Silvia Esperanza Martínez y Romero, y otros (foja 172 del anexo). 5. Luego, por auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, la responsable tuvo por recibido el oficio suscrito por el gerente de sucursal Mérida del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, a través del cual informó el aseguramiento de la cuenta bancaria número 8064386320, a nombre de Silvia Esperanza Martínez y Romero (folio 192 del anexo). Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. Establecidos los antecedentes del acto reclamado, se procede analizar el fondo del presente asunto, para ello en su único concepto de violación la parte quejosa, aduce esencialmente que se vulneran en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se le afecta su derecho de propiedad al ser embargada la cuenta bancaria. Es fundado el sintetizado concepto de violación formulado por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al advertirse que en la especie hubo una violación evidente de la ley que dejó sin defensa a la peticionaria de amparo, de acuerdo con las consideraciones legales que a continuación se exponen. Robustece a lo anterior el siguiente criterio: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." En efecto, como se demuestra en seguida, la juez responsable vulneró los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio, pues tramitó la solicitud de providencia precautoria de retención de bienes de plano, como acto prejudicial, cuando, al haberse pedido una vez iniciado el juicio, debió ser sustanciada vía incidental. Los numerales citados, disponen: "Artículo 1177.- Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio." "Artículo 1178.- Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código." Además, el artículo 1390 bis 1, del Código de Comercio, establece que las providencias precautorias promovidas en un juicio oral mercantil, se tramitarán en términos del Capítulo XI del Título Primero, Libro Quinto del Código de Comercio -De las providencias precautorias-. En estos términos, tenemos que las providencias precautorias pueden decretarse tanto como actos prejudiciales, como posteriores al inicio del juicio. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos descritos con antelación. En la segunda hipótesis -que es el supuesto en que encuadra el acto subyacente- la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez que al ser presentada la solicitud, conozca del juicio. Cabe puntualizar que, lo dispuesto por el artículo 1178, revela, en qué casos debe citarse a la persona contra quien se solicita una providencia precautoria, pues si bien, en su primera parte, señala que para dictar dicha providencia tratándose de actos prejudiciales, no se le citará, con posterioridad hace una salvedad, al disponer de manera implícita que sí se le citará, cuando la medida se solicite ya iniciado el juicio. En relación con el inicio del juicio, este se concibe cuando se presenta la demanda ante el juez, por ser el acto procesal con fuerza vinculante para constreñir a las partes a someterse a su jurisdicción. Ahora, el juicio oral mercantil, se entiende iniciado, con la presentación de la demanda, pues así se aprecia de los artículos 1390 bis 11 y 1390 bis 14 del Código de Comercio, que disponen que presentado tal escrito, se proveerá el auto admisorio, donde se ordenará el emplazamiento del demandado; actuación que por su naturaleza, revela el comienzo de la contienda. Aunado a lo anterior, el capítulo XXVIII de la legislación mercantil, establece lo relativo a los incidentes, y dispone -en síntesis-, que ambas partes pueden ofrecer pruebas, las que, de ser procedentes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia; y, que en la audiencia incidental se recibirán los alegatos de las partes, que podrán ser verbales, citando para dictar la interlocutoria que proceda. De lo que se desprende que, está prevista en la legislación, la tramitación especial que tienen las cuestiones incidentales en los juicios orales mercantiles, en la que ambas partes pueden probar y alegar, de acuerdo a sus intereses, para que, el juzgador pueda emitir la interlocutoria correspondiente. En suma, de la interpretación conjunta de los preceptos referidos, se obtiene que en el procedimiento oral mercantil, cuando se solicite el otorgamiento de medidas cautelares, una vez iniciado el juicio, la medida debe tramitarse en la vía incidental, con la participación de ambas partes. Por tanto, se puede colegir válidamente, que para la sustanciación del incidente debe estar emplazada la parte demandada, porque al haber iniciado el juicio, se debe integrar debidamente a la relación procesal, a fin de garantizar las prerrogativas procesales de ambas partes, como ofrecer pruebas y formular alegatos y que el juzgador esté en posibilidad de emitir en el momento procesal oportuno, la resolución que en derecho proceda. En este contexto, tenemos que en la especie, la demanda de juicio oral mercantil promovida por Banco Mercantil de Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, se recibió en el juzgado de origen el quince de julio de dos mil veintiuno, se admitió y ordenó el emplazamiento de la demandada. Asimismo, en ese mismo auto admitió la Providencias Precautorias, al considerar que sí se justificaron los requisitos legales establecidos en la legislación de la materia, ya que el promovente acreditó con las pruebas que relacionó, haber demostrado la existencia del crédito líquido y exigible, el valor principal de lo que se reclama y el temor fundado de que se oculten, dilapiden o enajenen los bienes propiedad de los demandados hasta por la cantidad de $3,144,214.64 (tres millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos catorce pesos con sesenta y cuatro centavos, moneda nacional) que es la suma total de las prestaciones reclamadas respecto de un convenio de reconocimiento de adeudo y el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. Después, por escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintiuno, el representante de la accionante en virtud de las Providencias Precautorias de Retención de Bienes aprobadas en el juicio de origen, solicitó se gire oficio a diversas instituciones de crédito para el embargo de cuentas bancarias de los demandados hasta por la citada cantidad. En auto de doce de julio de dos mil veintiuno, proveyó sobre los actos necesarios para identificar las cuentas bancarias sobre las cuales debería recaer la providencia precautoria, para lo cual, ordenó a diversas instituciones financieras, que debían embargar las cuentas bancarias de SYLVIA ESPERANZA MARTÍNEZ Y ROMERO y/o SILVIA ESPERANZA MARTÍNEZ Y ROMERO, hasta por la cantidad de $3,144,214.64 (tres millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos catorce pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional). A la fecha de esta actuación, aun no se lograba el emplazamiento de la demandada al juicio. De esta reseña, se advierte claramente que la juez natural obvió los requisitos establecidos en el Código de Comercio, porque la solicitud de providencia precautoria que se le realizó por la parte actora, se ubicó en el segundo supuesto del artículo 1177 de aquella ley, debido a que el juicio ya había iniciado. Es así que, debía darle el trámite incidental previsto en ese numeral, y no despachar de plano la medida, como lo hizo, porque no estaba ante un acto prejudicial en donde podía autorizar tales providencias sin audiencia de la contraparte, sino que, al haberse presentado y admitido la demanda, su obligación era llevar a cabo el emplazamiento de la demandada antes de proveer sobre el embargo de sus cuentas, y entonces proceder con la apertura del incidente que establece el código de la materia, en donde ambas partes pudieran hacer valer sus intereses y defensas. Ya que, si el secuestro judicial se promueve una vez comenzado el juicio, por la tramitación que debe dársele, propia de los incidentes, se requiere que el demandado haya sido llamado a juicio para que pueda defenderse en la incidencia de mérito, la cual, consecuentemente, sólo puede proponerse una vez que se haya practicado el emplazamiento. Es por ello, que, por haberse presentado iniciado el juicio, la solicitud de providencias precautorias debió sustanciarse en la vía incidental y con audiencia de la demandada. Y se pone de relieve que, no solo no se dio el trámite legal correcto a la solicitud, sino que la juez la despachó sin estar verificado aun el emplazamiento de la demandada al juicio. Pues incluso se advierte de las actuaciones naturales, las diversas razones actuariales de las que se desprenden la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento de la demandada SYLVIA ESPERANZA MARTÍNEZ Y ROMERO y/o SILVIA ESPERANZA MARTÍNEZ Y ROMERO, ordenada en el auto de radicación. De esta manera, se configuró en perjuicio de la quejosa una violación procesal trascendental, que estriba en que se ordenó el embargo de sus cuentas bancarias de manera ilegal. Lo que se corrobora del análisis de las razones que consideró la juez para otorgar la medida precautoria, ya que solo se cercioró de que estuvieran satisfechos los requisitos del artículo 1175 del código multicitado, que hace referencia a los casos en que la medida se concede de plano, sin que reparara en que, el momento procesal no permitía otorgar el embargo preventivo de esa manera, sino que debía operar la sustanciación prevista en los siguientes artículos -incidental-. Se comparte, por las razones que lo conforman, la tesis VI.2o.C.499 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1206, Novena Época, de rubro siguiente: "EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA MERCANTIL. DEBE QUEDAR SIN EFECTO SI CON MOTIVO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO SE ANULA TODO LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO, AL HABERSE TRAMITADO DICHA PROVIDENCIA PRECAUTORIA COMO UN INCIDENTE DENTRO DEL JUICIO Y NO COMO ACTO PREJUDICIAL." Lo anterior, pone de manifiesto la transgresión a las leyes del procedimiento, porque se inobservó el trámite previsto para la providencia precautoria de retención de bienes, cuando se solicita una vez iniciado el juicio, lo que coloca a la quejosa en evidente estado de indefensión, ya que conforme a esa tramitación especial, tiene derecho a comparecer en el incidente y hacer valer lo que a sus intereses convenga, para que el juez pueda pronunciarse sobre la medida de embargo. En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundado y suficiente el concepto de violación analizado, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, a SYLVIA ESPERANZA MARTÍNEZ Y ROMERO y/o SILVIA ESPERANZA MARTÍNEZ Y ROMERO, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. Sentido que se hace extensivo a los correlativos actos de ejecución dado que no se cuestionan por vicios propios. En otro aspecto, no se analizan los alegatos expresados por la parte tercera interesada, toda vez que no existe disposición legal alguna que obligue a tomarlos en cuenta, ya que tales manifestaciones están encaminadas a atacar el fondo del asunto y dado el sentido de esta sentencia, se torna innecesario su estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 80, Agosto de 1994, página 14, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Así, la Juez Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la parte conducente del proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil 357/2021, y todas sus consecuencias jurídicas, únicamente respecto de la aquí quejosa; y, 2. En su lugar dictar otro, en el que ordene el trámite correspondiente a la solicitud de providencias precautorias de retención de bienes, como acto dentro de juicio. En el entendido de que, la reposición del procedimiento es únicamente por lo que respecta a la aquí quejosa, debiendo quedar firmes todas las demás actuaciones respecto de los diversos codemandados que no acudieron al presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que establece lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2015693 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 99/2017 (10a.) Página: 287 EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Tal determinación se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la actuaria adscrito al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, porque no se combaten por vicios propios, aunado a que la citada actuaria deberá constreñirse a las indicaciones del juez responsable. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a SYLVIA ESPERANZA MARTÍNEZ Y ROMERO y/o SILVIA ESPERANZA MARTÍNEZ Y ROMERO, en contra de los actos atribuidos a la Juez Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y actuaria de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto y para los efectos de la consideración sexta de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
DOMIC-AUTORIZ- T.I.Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de este Circuito y sede, mediante el cual, remite el escrito signado por Edward José Medina Ocampo quien se ostenta como apoderado general para pelitos y cobranzas de la personal moral "Banco Mercantil del Norte" Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, parte tercero interesada en este asunto, personalidad que se le reconoce al tenor del artículo 11 de la Ley de Amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se acredita tener la personalidad reconocida ante la autoridad responsable, en autos del juicio oral mercantil 357/2021. Ahora bien, en relación a las manifestaciones que hace en el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se toman en consideración como alegatos, y relaciónense en la audiencia constitucional del presente juicio. Así mismo, téngase por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y como autorizados a las personas que señala en los términos que precisa. Por último, se autoriza la utilización de cámaras fotográficas, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.
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