Silvia Escobar Bustamante
Expediente 1384/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Silvia Escobar Bustamante
- Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
*pral. 1384/2015 mesa amp. 1-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a nueve de diciembre de dos mil quince. Como se desprende de autos, y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de treinta de octubre del año en curso (fojas 21-23), que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, promovido por SILVIA ESCOBAR BUSTAMANTE, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en cita, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que el referido auto ha causado ejecutoria. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ese proveído estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del proveído relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Por otra parte, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción IV, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
*PRAL. 1384/2015 MESA AMP. 1-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta de octubre de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese el oficio número 943, firmado por el presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes; mediante el cual rinde el informe justificado que le fue requerido; se tiene como prueba documental, la que exhibe, consistente en copia certificada deducida del expediente A.I.487/2015(660/2013), de su índice; la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza y será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Visto el estado de autos, se provee: Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, el diecisiete de septiembre pasado y remitido el día siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional (foja 2), SILVIA ESCOBAR BUSTAMANTE, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, que hizo consistir en (foja 3): ".La indebida omisión por parte de la autoridad responsable, al no dictar el laudo dentro del término de diez días a partir del cierre de instrucción, establecido en el párrafo Segundo del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo." El presidente de la Junta responsable, al rendir su informe justificado (foja 15), aceptó la existencia del acto que se le atribuye, agregando, en lo que interesa, lo siguiente: "ES CIERTO EN PARTE EL ACTO RECLAMADO QUE NOS ATRIBUYE. En efecto, es cierto en parte el acto reclamado que se nos atribuye, por cuanto a que efectivamente, no se dictó el laudo dentro de los diez días a partir del cierre de instrucción. Así como también en la fecha de la presentación de la demanda promovida por SILVIA E COBAR BUSTAMANTE, no se había dictado laudo, en el expediente 660/2013, Sin embargo en fecha 08 de Octubre de año 2015, se dictó laudo en el expediente 660/2013 promovido por SILVIA ESCOBAR BUSTAMANTE VS COMISIÓN FEDERAL ELECTRICIDAD Y OTROS.". Ahora bien, de las constancias que acompañó el presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, con su informe justificado (foja 16-20), las que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, textualmente, establece: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En el caso, de la documental que remitió el presidente de la Junta responsable (foja 16-20), aparece que el ocho del actual se dictó laudo en el expediente laboral número A.I.487/2015(0660/2013); de donde se advierte que el acto reclamado señalado en párrafos que anteceden, ha cesado en sus efectos, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -diecisiete de septiembre de dos mil quince- en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad (foja 2), existía el acto reclamado, empero, éste cesó en sus efectos cuando la Junta responsable emitió el laudo correspondiente. De ahí que es inconcuso que cesaron los efectos del citado acto reclamado, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo la tesis número II 1º C T 217 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 313, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, Octava Época, citada en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo". Y la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Circunstancia que impone sobreseer en este juicio de amparo, fuera de audiencia, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61 de dicho ordenamiento legal, ya que, en el caso, desapareció la violación alegada por la quejosa, toda vez que al haberse dictado el laudo en el expediente laboral número A.I.487/2015(0660/2013), se restituyó a aquélla en el pleno goce de su derecho fundamental violado. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la quejosa o la prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la tesis número XIV 1° 13K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 10). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
NOTIFICACION A LA QUEJOSA.- Número de expediente: 1384/2015 Acuerdo: *PRAL. 1384/2015 MESA AMP. 1-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta de octubre de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese el oficio número 943, firmado por el presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes; mediante el cual rinde el informe justificado que le fue requerido; se tiene como prueba documental, la que exhibe, consistente en copia certificada deducida del expediente A.I.487/2015(660/2013), de su índice; la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza y será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Visto el estado de autos, se provee: Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, el diecisiete de septiembre pasado y remitido el día siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional (foja 2), SILVIA ESCOBAR BUSTAMANTE, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, que hizo consistir en (foja 3): ".La indebida omisión por parte de la autoridad responsable, al no dictar el laudo dentro del término de diez días a partir del cierre de instrucción, establecido en el párrafo Segundo del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo." El presidente de la Junta responsable, al rendir su informe justificado (foja 15), aceptó la existencia del acto que se le atribuye, agregando, en lo que interesa, lo siguiente: "ES CIERTO EN PARTE EL ACTO RECLAMADO QUE NOS ATRIBUYE. En efecto, es cierto en parte el acto reclamado que se nos atribuye, por cuanto a que efectivamente, no se dictó el laudo dentro de los diez días a partir del cierre de instrucción. Así como también en la fecha de la presentación de la demanda promovida por SILVIA E COBAR BUSTAMANTE, no se había dictado laudo, en el expediente 660/2013, Sin embargo en fecha 08 de Octubre de año 2015, se dictó laudo en el expediente 660/2013 promovido por SILVIA ESCOBAR BUSTAMANTE VS COMISIÓN FEDERAL ELECTRICIDAD Y OTROS.". Ahora bien, de las constancias que acompañó el presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, con su informe justificado (foja 16-20), las que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, textualmente, establece: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En el caso, de la documental que remitió el presidente de la Junta responsable (foja 16-20), aparece que el ocho del actual se dictó laudo en el expediente laboral número A.I.487/2015(0660/2013); de donde se advierte que el acto reclamado señalado en párrafos que anteceden, ha cesado en sus efectos, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -diecisiete de septiembre de dos mil quince- en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad (foja 2), existía el acto reclamado, empero, éste cesó en sus efectos cuando la Junta responsable emitió el laudo correspondiente. De ahí que es inconcuso que cesaron los efectos del citado acto reclamado, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo la tesis número II 1º C T 217 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 313, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, Octava Época, citada en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo". Y la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Circunstancia que impone sobreseer en este juicio de amparo, fuera de audiencia, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61 de dicho ordenamiento legal, ya que, en el caso, desapareció la violación alegada por la quejosa, toda vez que al haberse dictado el laudo en el expediente laboral número A.I.487/2015(0660/2013), se restituyó a aquélla en el pleno goce de su derecho fundamental violado. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la quejosa o la prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la tesis número XIV 1° 13K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 10). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
notificacion a la quejosa.- Número de expediente: 1384/2015 Acuerdo: *PRAL. 1384/2015 MESA AMP. 1-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, se provee: Toda vez que se encuentra transcurriendo el término de quince días, otorgado a las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, a efecto de que rinda el informe justificado requerido, según constancia de notificación que obra en autos (foja 5); por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE PRÓXIMO, para su celebración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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